Portada » Historia » Desamortización en España: Impacto y Consecuencias en el Siglo XIX
La desamortización es el acto jurídico por el cual los bienes amortizados dejan de serlo, volviendo a tener la consideración de bienes libres de propiedades particulares ordinarias. Hay que distinguir entre la desvinculación, donde los bienes se hacen libres de sus poseedores, y la desamortización, donde los poseedores pierden los bienes, que pasan al Estado y allí se convierten en bienes nacionales. El Estado los vende a particulares y, cuando llegan a los compradores, se convierten en bienes libres. Todo proceso de desamortización debe ir acompañado de disposiciones legales y debe ser realizado únicamente por el poder político.
La desamortización se hace con el fin de sanear las deudas públicas. Cuando hablamos de desamortización, la relacionamos con Mendizábal y el siglo XIX.
La desamortización de Mendizábal se produce durante la regencia de María Cristina. Comenzó con el decreto del 8 de marzo de 1836. En un segundo decreto, en 1837, se pusieron en venta los bienes procedentes de las órdenes femeninas y clero secular. El objetivo de estas medidas era crear una copiosa familia de propietarios y, además, crear y fundar el crédito público. Mendizábal y todos los liberales querían consolidar el régimen liberal y ganar las guerras carlistas.
La desamortización de Madoz se inició por el decreto del 1 de mayo de 1855. Esta es la llamada desamortización civil, se llamó así porque interrumpió una guerra civil. Aumentaron los bienes desamortizados y las ventas se aceleraron mucho desde el principio por el gran interés de los compradores. Este interés se debe a que los bienes de la desamortización antigua habían aumentado de valor y, sobre todo, por la paz que disfrutaba la nación desde la Vicalvarada. Se produjo porque el Estado necesitaba recaudar fondos para la fabricación del ferrocarril.
La ley de 1837 decía que se admitían en las subastas los compradores que pagaban en efectivo y que abandonaban el dinero mediante la compra de títulos de deuda pública.
Joaquín Costa: opinaba que fue un desastre político y económico, ya que la revolución democrática del siglo XIX solo se podía haber hecho por reparto de bienes.
Florez Estrada: pedía que no se realizasen las ventas a particulares, sino que se repartiesen entre los agricultores.
Marcelino Menéndez Pelayo: solo se quedaron beneficiados los agiotistas y los jugadores de bolsa. Según estas críticas, se perdió la ocasión de una verdadera reforma agraria y se crearon los problemas contemporáneos del campo. En las dos primeras críticas, las pequeñas propiedades se consideran más productivas. Menéndez Pelayo, aparte de la mala distribución de la tierra, también se quejaba del aumento de la población.
Gerald Brenan: al quitarle al clero los bienes, se le privó de su independencia económica.
Raimon Carr: privó a los municipios pequeños de los recursos fiscales para mantener su independencia frente al Estado.
Jaume Vicens Vives y Francisco Tomás y Valiente: consideran la desamortización como una medida impuesta por la Revolución Francesa.
Jordi Nadal: piensa que fue un fracaso para la reforma agraria y el relevo para la oligarquía.
Richard Herr: dice que ni produjo un cataclismo ni una revolución burguesa, pero que algunos aprovecharon la ocasión.
Miguel Artola: se le da más importancia, tanto por la inversión de capitales como por los cambios en el campesinado y en los sistemas de explotación.
Miguel Gómez: no fue un fracaso, aunque no cumplió sus objetivos de sanear la economía y consolidar el sistema político. Sí que transformó la agricultura y las estructuras económicas. Se habla de una oportunidad perdida para reformar la estructura de la tierra.