El Derecho de Asilo en España

Concepto

El derecho de asilo es la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado conforme a la Convención de Ginebra de 1951. Consiste en la no devolución ni expulsión del país y en la adopción de medidas durante el tiempo de subsistencia de las circunstancias que motivaron la petición de asilo. Estas medidas incluyen la autorización de residencia, la expedición de los documentos necesarios, la autorización para desarrollar actividades laborales, profesionales o mercantiles, y la asistencia social y económica, entre otras.

Concepto de Refugiado

Se considera refugiado a toda persona perseguida o sancionada (o con temor fundado de que así se produzca) por otro Estado por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Este concepto ha de ser interpretado en sentido amplio.

Normativa Básica Aplicable

• Estatuto del Refugiado: Convención de Ginebra de 21 de julio de 1951.
• Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que sustituye a la Ley 5/1984, reformada por la Ley 9/1994.

El Derecho de Reunión

El derecho de reunión está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española (CE). Es un derecho autónomo y único, con tres modalidades de ejercicio:

1. La reunión en un local cerrado.
2. La manifestación o reunión en espacio abierto en la que el derecho se ejerce desplazándose por un lugar de tránsito público.
3. La concentración o reunión en lugar abierto y de tránsito público, pero de forma estática.

Está desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (LODR).

Definición de Reunión

Según el artículo 1.2 de la LODR, se entiende por reunión «la concurrencia concertada y temporal de más de veinte personas, con finalidad determinada».

El derecho se configura respecto de las reuniones pacíficas y sin armas. Cuando se incumple este requisito no estamos ante el ejercicio de un derecho fundamental, y el legislador puede tipificar y sancionar la actuación de quienes las convoquen o asistan a las mismas (artículos 513 y 514 del Código Penal).

Excepciones a la LODR

No están sujetas a lo establecido en la LODR:

• Las reuniones que celebran las personas físicas en sus domicilios.
• Las que se celebren en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.
• Las que celebran las distintas organizaciones y asociaciones que alcance sólo a sus miembros o a otras personas nominalmente invitadas.
• Las que celebran los profesionales con sus clientes.
• Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares.

La Ley se aplica supletoriamente para otros tipos de reuniones fuera de su ámbito de aplicación.

Titularidad del Derecho

Todas las personas son titulares del derecho de reunión. STC 236/2007.

Limitaciones

• Militares: La asistencia de militares de uniforme o haciendo uso de su condición militar a reuniones o manifestaciones públicas se regirá por su legislación específica.
• Jueces y Fiscales: Tienen prohibida la asistencia a las reuniones, manifestaciones o concentraciones con carácter o atributos oficiales.
• Reclusos en Centros Penitenciarios: Pueden tener limitado el ejercicio de este derecho. No se ha considerado inconstitucional la exigencia de autorización previa por razones de orden y seguridad del establecimiento (STC 71/2008).

Control y Límites del Derecho

• La Administración tiene la obligación positiva de custodiar el ejercicio del derecho de reunión.
• No se requiere autorización previa.
• En caso de concentraciones o manifestaciones en lugares de tránsito público, se debe realizar una comunicación previa a la autoridad.
• La autoridad solo podrá prohibir las reuniones cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes.
• Plazos: La comunicación debe realizarse entre treinta y diez días de antelación, como plazo mínimo. Este plazo se reduce a veinticuatro horas cuando existan causas extraordinarias y graves que lo justifiquen (artículo 8 LODR).
• La prohibición es una última opción, solo planteable en el supuesto de que, por las circunstancias del caso, no se puedan introducir las modificaciones (STC 66/1995).
• La notificación de la Administración debe producirse mediante una resolución motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación.
• Contra las modificaciones o la prohibición se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de cuarenta y ocho horas. El recurso se tramitará por el procedimiento preferente y sumario de protección de los derechos fundamentales de la persona (artículo 122 LJCA). El plazo para dictar sentencia es de 4 días.

Es fundamental una interpretación adecuada de la expresión “razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes”.

Según el artículo 5 de la LODR, la autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

• Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las leyes penales.
• Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
• Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

A esto se debe añadir la no comunicación previa o el incumplimiento del plazo en el caso de manifestaciones o reuniones en lugares de tránsito público.

El Derecho de Asociación

Ámbito de Aplicación

El artículo 22 de la CE regula el derecho de asociación, que abarca todo tipo de asociaciones. Algunas de ellas encuentran un tratamiento particularizado en otros preceptos de la Constitución, que les otorga una específica relevancia constitucional, como los partidos políticos (artículo 6), los sindicatos (artículo 7) o las confesiones religiosas (artículo 16.3).

La asociación puede definirse como la unión voluntaria y estable de varias personas, sin ánimo de lucro, para conseguir un fin común. Estos elementos deben interpretarse adecuadamente.

La Ley Orgánica 1/2002 establece el régimen general de las asociaciones, pero algunas tienen una regulación especial, como los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las iglesias y congregaciones religiosas o las federaciones deportivas, entre otras.

Dimensión Positiva y Negativa del Derecho de Asociación

La libertad positiva de asociación incluye:

• La libertad de crear una asociación o adherirse a las ya constituidas sin que los poderes públicos u otros particulares puedan poner trabas.
• La libertad de organizarse internamente en la forma que sus componentes estimen oportuno.
• La libertad de resolver autónomamente los conflictos que puedan surgir en su seno.

Según la regulación legal, las asociaciones han de tener una organización interna y un funcionamiento democrático, y reconocer el derecho de los asociados a impugnar los actos de la asociación.

La dimensión negativa del derecho conlleva la libertad de no asociarse, excluyendo la obligación de adherirse a una determinada asociación. El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado, de forma excepcional, la adscripción obligatoria a un ente asociativo, vinculada a la tradicional obligación legal de que determinados agentes económicos pertenezcan a corporaciones sectoriales, pero es necesario que esa corporación tenga encomendada una función pública y que no limite la libertad de asociación adicional en ese mismo ámbito.

Titularidad

Todas las personas son titulares del derecho de asociación. STC 236/2007.

Determinados grupos de ciudadanos tienen limitado el ejercicio del derecho por la actividad profesional que desarrollan:

• Los militares.
• Los jueces y magistrados.

En ambos supuestos, según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Asociaciones (LOA), el ejercicio del derecho se regirá por las normas específicas. En cualquier caso, debe entenderse que tienen limitada la libertad asociativa en relación a la función pública que desarrollan, pero no en otros ámbitos de la vida social completamente ajenos a su actividad profesional.

La Constitución de Asociaciones y su Inscripción Registral

El artículo 22.3 de la CE establece que «las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad».

• La asociación quedará válidamente constituida por el acuerdo de voluntades.
• La inscripción no tiene efectos constitutivos sino declarativos de la asociación ya constituida por el acuerdo de voluntades entre sus miembros.

Según el TC, el Registro «no tiene más funciones que las de verificación reglada, es decir, le compete exclusivamente comprobar si los documentos que se le presentan corresponden a materia objeto del Registro y reúnen los requisitos formales necesarios».

La obligación de inscripción es garantía tanto para los terceros que con ellas se relacionan como para sus propios miembros.

Asociaciones Ilegales y Prohibidas

Se consideran ilegales las asociaciones que persiguen fines o utilizan medios tipificados como delito (artículo 22.2 CE). El Código Penal tipifica como tales:

• Asociaciones que tengan por objeto cometer un delito o, después de constituidas, promuevan su comisión (artículo 515.1 CP).
• Específicamente, «las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas» (artículo 515.2 CP).
• «Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia» (artículo 515.5 CP).
• Las organizaciones de carácter paramilitar (artículo 515.4 CP).
• Las asociaciones que, sin perseguir fines delictivos, «empleen medios violentos o de control de la personalidad» (artículo 515.3 CP).

Las asociaciones secretas no están tipificadas como delito en el artículo 515 del CP, sino que están prohibidas directamente por la Constitución. Por ello, no son perseguibles criminalmente, pero no constituyen legítimo ejercicio del derecho de asociación.

El Control Judicial de las Asociaciones

«Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada» (artículo 22.4 CE).

El control judicial del derecho de asociación se extiende también al proceso de inscripción registral o a los actos de las asociaciones, limitando la libertad de autoorganización.

La Tutela Judicial Efectiva

El Artículo 24 de la Constitución Española consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye:

• Derecho de acceso libre a la jurisdicción.
• Derecho a la motivación de la resolución de fondo.
• Derecho a ejercitar los recursos legalmente previstos.
• Derecho a obtener la ejecución de la sentencia.
• Prohibición de la indefensión.

Naturaleza Jurídica

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales comprende a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. Al ser un derecho reconocido dentro de la Sección 1ª del Capítulo II, goza de una serie de mecanismos de garantía previstos en la Constitución, concretamente:

• Es necesario que el desarrollo legislativo se realice mediante una norma con rango de ley (artículo 53.1), que deberá tener el rango de Orgánica.
• Una ley contraria a su contenido puede ser susceptible de un recurso de inconstitucionalidad (Artículo 53.1).
• Los ciudadanos podrán proteger su ejercicio ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición del recurso de amparo (artículo 53.2).