2.1. Concepto de legitimación

A veces, los habitantes de un país obedecen al Estado por miedo a un castigo fácilmente imaginable. En muchos otros casos, en cambio, los ciudadanos obedecen sin sentirse amenazados, considerando que es su deber hacerlo. Esto pasa cuando el Estado goza de autoridad.
Además del Estado, también pueden tener autoridad los padres so­bre los hijos, la profesora sobre los alumnos o el entrenador sobre los jugadores.

Tener autoridad es tener derecho a mandar o derecho a dirigir. Al­guien tiene autoridad cuando los demás le obedecen no porque se sientan intimidados, sino porque reconocen el derecho del otro a man­darles. Es decir, autoridad no es sinónimo de poder, sino de poder le­gitimado.

Además, la legitimación de algo, en este caso la legitimación del po­der, coincide con su justificación. Esta justificación logra darle senti­do y aceptabilidad. Así, si un atracador nos obliga a darle nuestro dinero amenazándonos con una pistola, probablemente obedeceremos, pero no reconoceremos ninguna legitimidad a su poder. En cambio, cuando acatamos las leyes de nuestro país, convencidos de que ése es nues­tro deber, entonces reconocemos que el poder del Estado está justifi­cado

El poder y la autoridad

Hemos definido el poder como la capacidad de influir y modificar la conducta de los demás de acuerdo con lo que consideramos adecuado.

En este sentido, poseen poder tanto el profesor que nos obliga a estar callados bajo amenaza de castigo como el que lo consigue convencién­donos de los beneficios de estar atentos. En ambos casos, logran modi­ficar nuestro comportamiento.

Sin embargo, sólo el segundo de los profesores posee la autoridad au­téntica, pues solo él consigue ser escuchado sin usar amenazas ni castigos y, por tanto, logra que se le reconozca su derecho a mandar.

Atenas: la primera democracia

El primer sistema democrático del que tenemos noticia se remonta a los siglos IV y V antes de Cristo, en la antigua Atenas. En estos siglos se produjo un fenómeno político y social. En Atenas, los ciudadanos estaban íntimamente comprometidos con la marcha política de su ciudad, pues podían y debían tomar parte en las decisiones públicas y en la elaboración de las leyes. El procedimiento para que todos pudiesen intervenir consistía en la celebra­ción de asambleas en la plaza pública. En estas asam­bleas, podían dar su opinión todos los ciudadanos y todos eran escuchados.

Además los ciudadanos atenienses tenían la posibilidad de acceder a un car­go ejecutivo; también  existían sorteos para elegir los cargos. La justicia era impartida por un jurado elegi­do al azar entre los miembros de la sociedad.

La democracia ateniense era una democracia directa, porque los ciudada­nos participaban, sin intermediarios ni representantes, en la legislación y el Gobierno. Pero, este sistema tenía algunas deficiencias. Por una par­te, los derechos y privilegios democráticos estaban restringidos a una cuar­ta párte de la población. Ni las mujeres, ni los extranjeros ni los esclavos tenían derecho a voto. Por otra parte,: la influenciabilidad del pueblo. La opinión de la mayoría podía ser fácilmente manipulada por los demagogos.

Hasta el siglo XVIII con la guerra de la Independencia americana y la Re­volución Francesa, no hallamos ningún planteamiento político similar. Se­rá el movimiento liberal, encabezado por la burguesía, el que reaccionará frente al absolutismo y pedira mayor libertad y justicia. Sin embargo, hasta el siglo XX no podemos hablar, de la existencia de Estados democráticos, ya que hasta esta época no se da una participa­ción real de toda la población. Hasta entonces, el derecho a voto estaba reservado a una minoría privilegiada ya que estaba limitado a una parte de la población .A diferencia de la democracia ateniense, las democracias actuales son representativas. Los que gobiernan y establecen las leyes no son los ciu­dadanos, sino unos representantes que los ciudadanos han elegido. Los procedimientos de participación directa son: el refe­réndum (cuando se pide al ciudadano su voto acerca de alguna cuestión de especial importancia) y el jurado popular (mediante el cual los ciuda­danos participan en la administración de justicia). ca­racterísticas de las democracias representativas actuales:

• Sufragio universal. Todas las personas adultas tienen derecho a vo­tar, independientemente de su profesión, sexo o condición social.
• Sistema de partidos. Los representantes que pueden escogerse per­tenecen a partidos diferentes (existe diversidad de opciones). Esto ga­rantiza el pluralismo político. Sin embargo, en ocasiones sucede que los representantes no actúan siguiendo su propia conciencia, sino la dis­ciplina de partido.
• Estado constitucional. La existencia de una Constitución garantiza el sometimiento del sistema democrático a la ley. La Constitución es un límite para los representantes que, a la hora de legislar, han de tener como referencia lo que ésta dicta. Además, evita que la democracia se convierta en una dictadura de la mayoría, pues le impone ciertos lími­tes, entre ellos, la protección de las minorías.
• División de poderes. Como ya hemos visto, constituye un freno a los abusos de poder.

Respeto a las libertades individuales. Una de las funciones de la democracia es proteger las libertades de las personas: libertad de aso­ciación, de lugar de residencia, de elección de profesión… De éstas, la más destacable es la libertad de expresión: libertad para expresar una opinión, aunque ésta se oponga al Gobierno o al sistema.

CIUDADANIA

En la Antigüedad, la ciudad era una comunidad política, así que ser ciu­dadano significaba participar en la vida política de la propia comunidad. En la actualidad, las comunidades políticas han evolucionado y configu­ran los modernos Estados, de manera que suele decirse que los ciudadanos pertenecen a un Estado.

En la democracia ateniense se originó este concepto. Se ha­bla por primera vez de ciudadanos, aunque sólo eran consi­derados como tales los varones libres (es decir, los que no eran esclavos) y nacidos en antiguas familias de la ciudad. Así pues, la ciudadanía era una noción muy restringida.

• En el Imperio Romano se profundizó en la noción de ciudada­no, de manera que las leyes detallaban con exactitud los privi­legios y deberes de un ciudadano. Éste poseía derechos públicos (derecho de voto, de acceder a cargos públicos y de apelar al pueblo contra la sentencia de un magistrado) y priva­dos (derecho a comerciar y a contraer matrimonio legal).

• Los es­clavos y extranjeros quedaron siempre excluidos de la ciudadanía.
• A raíz de la Revolución Francesa, se publicaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se reconocía, por primera vez, la categoría de ciudadano sin distinción de clase social, a la vez que se proclamaba su libertad y igualdad. No desaparecía la discriminación de sexos: la mujer continuaba sin po­seer derechos de ciudadanía.

En las democracias actuales, son considerados ciudadanos todos los hombres y las mujeres mayores de edad . Por lo menos es así si nos atenemos a lo estipulado por la ley. Es el caso,  de inmigrantes, que ven cuestionados sus dere­chos y deberes con la comunidad a la que han acudido a vivir y trabajar.