Los Tratados Internacionales, Fuentes Reglamentarias y Otras Fuentes

1. Los Tratados Internacionales

Todo tratado tiene una doble dimensión jurídica:

• Dimensión internacional: Implica que la negociación previa a la firma y ratificación se despliegan y tienen efectos internacionales. En España, tanto la negociación y la firma como la ratificación están reguladas en el Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados.
• Dimensión nacional: Implica la aceptación de los efectos internos derivados del compromiso tanto para los poderes públicos como para los ciudadanos. Está regulada en los artículos 93, 94.1, 94.2, 96 y 95 de la Constitución Española y el 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Fase nacional de elaboración de los Tratados Internacionales

El titular de la potestad legislativa en este caso es el Gobierno de la Nación, aunque el consentimiento final lo ha de dar el Rey (art. 63.2 CE). Las Cortes Generales también intervienen dependiendo del tipo de tratado.

Tipos de tratados contemplados en la Constitución Española

• Regulados por el artículo 93 CE: Estos tratados se autorizan por ley orgánica. En estos tratados se atribuye a una organización internacional el ejercicio de competencias de la Constitución Española.
• Regulados por el artículo 94.1 CE: La ratificación exige la autorización del Parlamento, otorgada por ambas cámaras, aunque no adopta forma de ley. Regula la autorización del artículo 155 del Reglamento del Congreso: La solicitud será presentada por el Gobierno al Consejo, dentro de los 90 días siguientes al acuerdo del Consejo de Ministros. El acuerdo del Congreso deberá ser adoptado en 70 días.
• Regulados por el artículo 94.2 CE: El Gobierno debe informar a las Cámaras de dicha resolución. Se trata de tratados que no se encuadran en los artículos 93 y 94.1 CE.

2. La Potestad Reglamentaria del Gobierno

La potestad reglamentaria tiene su fundamento en el artículo 97 de la Constitución Española. Es una norma escrita que ostenta la calidad de norma jurídica, que tiene origen en el Gobierno o las Administraciones Públicas, y su control corresponde a la jurisdicción ordinaria. Existen potestades reglamentarias atípicas.

Principios

• Jerárquico: El reglamento es de rango inferior a la Constitución Española y a la ley.
• De legalidad: Las reservas de ley no pueden ser reguladas por reglamento.

Tipos de potestades reglamentarias

• Ordinaria: Su base normativa es la Constitución Española en los artículos 97 y 106.1. El sujeto ejerciente es el Gobierno (estatal o autonómico).
• Derivada: Su base normativa es la ley. El sujeto ejerciente es la instancia administrativa designada por la habilitación legal.

Tipos de reglamentos

• Ejecutivos: Vinculados a una ley, artículo o grupo de artículos cuya materia desarrollan en el marco de unos límites establecidos por la norma legal de referencia.
• Independientes: Regulan una materia carente de regulación legal, pero están sometidos a la Constitución Española y a las restantes leyes vigentes.
• De necesidad: Solo se admiten cuando deriven de la aplicación del Derecho de excepción, basado en el artículo 116 CE.

Límites a la potestad reglamentaria

Estos límites se fundamentan en un principio: existen ciertos ámbitos materiales cuya regulación fundamental queda reservada por ley a la Constitución Española. Las materias prohibidas por el artículo 23 de la Ley del Gobierno son las reservas de ley, lo que impide la regulación incluso en ausencia de legislación.

Titularidad de la potestad reglamentaria

Sus titulares son: el Gobierno estatal (art. 97 CE), los Gobiernos autonómicos (art. 152 CE), los entes locales (art. 140 CE y 141.2 CE), las administraciones independientes y los entes corporativos.

Control de la potestad reglamentaria

El control reglamentario es llevado a cabo mediante control difuso y control concentrado, control directo y abstracto. Podemos diferenciar dependiendo de quién aplica el control:

• Tribunales ordinarios (art. 106.1 CE): Realizan un control de la legalidad.
• Tribunal Constitucional (art. 161.2 CE): Realiza un control constitucional.

La Incorporación del Derecho de la Unión Europea al Ordenamiento Jurídico Español

2. Características del Ordenamiento Jurídico Comunitario

El Derecho comunitario originario está compuesto por los tratados constitutivos y todas las normas convencionales adoptadas por los Estados miembros de la UE que modifiquen esos tratados.

Características

Son normas de Derecho Internacional, puesto que tienen supremacía sobre el Derecho comunitario derivado. Su dimensión constitucional deriva de su carácter supremo y del contenido de los tratados. La eficacia de estos tratados es directa porque surten efecto de idéntica manera en todos los Estados miembros, creando derechos y obligaciones que contemplan el patrimonio jurídico de los particulares.

Tipos de tratados

• Tratados constitutivos o fundacionales (ej.: EURATOM)
• Tratados de reforma de los Tratados constitutivos (ej.: Acta Única Europea)
• Tratados de adhesión (ej.: La Europa de los 10 + Grecia en 1981)

El Derecho comunitario derivado está integrado por directivas y reglamentos. La diferencia básica entre estos reglamentos es que el reglamento tiene efectos directos en todo el territorio europeo, mientras que la directiva no tiene ese efecto directo.

• Reglamentos (art. 249 TCE): Tiene alcance general, regulando relaciones definidas de forma abstracta.
• Directivas (art. 249 TCE): Imponen a los Estados miembros una obligación de resultado.

3. Las Relaciones entre el Ordenamiento Comunitario y el Ordenamiento Interno

España no se integró en la Comunidad Europea hasta 1986. Por aquel entonces no se habían establecido unos requisitos básicos para formar parte de la Comunidad Europea. España quería formar parte de la Comunidad Europea, y esto se refleja en el artículo 93 de la Constitución.

El artículo 93 de la Constitución Española

Este artículo hacía una previsión de cara a la entrada en la Comunidad Europea. Era una previsión adecuada para el momento en el que se redactó la Constitución, pero en la actualidad no es suficiente. El reparto de competencias se da por ley orgánica y para incorporar Derecho comunitario. El problema se da a la hora de resolver un conflicto entre normas comunitarias y estatales. Todo el Derecho comunitario tiene un efecto de primacía sobre el Derecho de los Estados, por lo que el Derecho comunitario está por encima del estatal. Hasta la redacción de la Constitución Europea no se plantea el problema de la primacía.

El artículo 95 de la Constitución Española

Este artículo diferencia la supremacía de la primacía. La diferencia se encuentra en que la supremacía dota de un rango superior a la norma en cuestión, sin tener en cuenta una serie de limitaciones, mientras que la primacía se mueve con esos límites. Los límites son controlados por el Tribunal Constitucional y están estipulados en la Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2004.