Evolución Histórica y Conceptual del Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo surge como consecuencia de la evolución del poder y su relación con los ciudadanos. En las monarquías absolutas, el poder estaba fuertemente centralizado. Tras la Revolución Francesa, aunque el poder siguió centralizado, el descontento popular llevó a una reacción ideológica liderada por pensadores como Montesquieu, que abogó por la división de poderes, y Rousseau, que defendió el principio de legalidad.

El Estado creó instituciones como municipios y provincias, y un órgano para fiscalizar al poder ejecutivo: el Consejo de Estado Francés. Se reconoció que a la Administración no se le podían aplicar las mismas normas que a los ciudadanos, lo que dio origen al Derecho Administrativo. El principio de legalidad se transformó para defender los derechos individuales y sociales. La ley, que antes estaba por encima de todo, pasó a ser un mínimo indispensable para todas las Comunidades Autónomas con la intervención del Tribunal Constitucional.

Concepto de Derecho Administrativo

Concepción Subjetiva

Explica el Derecho Administrativo destacando el sujeto.

• Subjetiva Orgánica: Las actividades que lleva a cabo la Administración no son distintas de las de otros poderes públicos.
• Actividad principal: reglamentaria, similar a la función legislativa.
• Resuelve recursos contra actos administrativos, actuando como poder judicial.
• Materializa decisiones del ejecutivo, siendo la base del poder ejecutivo.

El Derecho Administrativo es la ciencia jurídica que estudia la organización que se encuentra en la base del poder ejecutivo.

• Subjetiva Personalista: Solo la Administración actúa como persona jurídica y puede entablar relaciones jurídicas con terceros. La cara del Estado es la Administración.

Concepción Objetiva

Define el Derecho Administrativo distinguiéndolo de otros. Es singular, parcial y subordinado.

Bases Constitucionales del Derecho Administrativo

• Principio de legalidad: La Constitución acoge una Administración sujeta a Derecho.
• Principio de legalidad social: La Administración tiene un carácter social.
• La Administración trata de conciliar el principio de autonomía y el principio de unidad.

Singularidades de la Sumisión de la Administración al Derecho

• Antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es necesario recurrir ante la propia Administración en vía administrativa.
• La actuación de la Administración se presume legítima; no caben interdictos para retener la situación posesoria.
• Cuando la Administración actúa como demandada, su posición es más favorable que la de demandante.
• El régimen de bienes de la Administración goza de una protección especial, destacando la inembargabilidad de sus bienes.

Las Fuentes del Ordenamiento Jurídico

El ordenamiento jurídico es un conjunto de normas, reglas y principios que forman un sistema y se caracterizan por su permanencia.

Las fuentes del ordenamiento jurídico son la Constitución, la costumbre y los principios generales del Derecho. Estos últimos pueden entenderse desde una postura iusnaturalista, como valores que emanan de la conciencia del individuo, o desde una postura positivista, como valores recogidos en la Constitución.

El Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea

Reglamentos

Son actos con rango de ley que expresan la capacidad de legislar de los Estados miembros.

• Tienen alcance general, afectando a todos, Estados y ciudadanos.
• Son de obligado cumplimiento.
• Son directamente aplicables en los Estados sin necesidad de actos de ejecución.

Directivas

Son una manifestación de la capacidad de legislar de forma compartida.

• No tienen alcance general; el destinatario es el Estado.
• No vinculan en todos sus elementos, sino en el resultado a alcanzar.
• No son directamente aplicables a los ciudadanos hasta que el Estado las adapte al Derecho interno.

Resoluciones

Son actos singulares similares a un acto administrativo.

• No tienen alcance general; solo obligan a los destinatarios.
• Son obligatorias en todos sus elementos.
• Si el destinatario es una persona física o jurídica particular, vinculan directamente.
• Si el destinatario es un Estado, dependerá del contenido de la Resolución, pero generalmente necesitará medidas de adaptación y/o desarrollo.