Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza: Régimen Constitucional en España

La regulación constitucional de las libertades educativas se remonta a nuestro primer código constitucional, que pretende homogeneizar la enseñanza y reconducirla al ámbito de las funciones propias del Estado. El artículo 27 de la Constitución Española revela la heterogeneidad de las normas que el precepto acoge: algunos apartados consagran derechos de libertad, otros imponen deberes, otros se hallan a mitad de camino entre las garantías de una institución y la proclamación de un derecho fundamental, mientras que también hallamos derechos de prestación.

Principios Constitucionales del Sistema Educativo

Los principios constitucionales del sistema educativo son:

1. Principio de no monopolio educativo por el Estado: Reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de enseñanza, tanto pública como privada.
2. Principio de constitucionalidad: El sistema educativo ha de configurarse de acuerdo con los principios y valores de la Constitución y asentarse en los derechos y libertades reconocidos por ella.
3. Principio de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica: Debe ponerse en conexión con el de compensación de las desigualdades en la educación, cuyo fin establece la necesidad de que los poderes públicos desarrollen una serie de actuaciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situación desfavorable.
4. Principio de participación: Prevé la participación de todos los sectores integrantes de la comunidad escolar (profesores, padres y alumnos) en la gestión y control de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos.
5. Principio de responsabilidad educativa de los poderes públicos: Se manifiesta constitucionalmente tanto en la programación general de la enseñanza y en la creación de centros docentes como en la inspección y homologación del sistema educativo.
6. Principio de autonomía universitaria.
7. Principio de compartición competencial en materia educativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas: El sistema educativo debe estar homologado en todo el territorio. Estas competencias normativas del Estado requieren de unas competencias ejecutivas, ya que el sistema educativo único que proclama la Constitución no es solo un resultado que haya que conservar, sino un objetivo que continuamente hay que lograr.

El Derecho a la Educación

El artículo 27.1 comienza proclamando que «Todos tienen el derecho a la educación». Este precepto compromete a los Estados parte a conceder a los súbditos extranjeros residentes en su territorio el acceso a la enseñanza en las mismas condiciones que a sus propios nacionales.

El derecho a la educación incorpora una dimensión prestacional en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar su efectividad y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda. La carga prestacional de la educación pesa sobre los poderes públicos, y esto lo debería constatar el juez de la Constitución con ocasión de un recurso de amparo por su supuesta vulneración del derecho a la educación.

El contenido del derecho a la educación puede ser sistematizado del modo que sigue:

1. Derecho de acceso a las enseñanzas regladas: Integra el derecho educativo, que comprende las enseñanzas del régimen general. Este derecho incluye el acceso a los niveles superiores de educación en función de las aptitudes y vocación de cada uno, sin que en ningún caso el ejercicio de este derecho pueda hallarse sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica. En definitiva, el derecho a la educación no se agota con el acceso a la enseñanza básica, sino que también se manifiesta en la posibilidad de acceder a cualquier enseñanza reglada.
2. Derecho a la educación básica gratuita: La gratuidad de la enseñanza básica es una meta procurada por los convenios internacionales que se han ocupado del tema. Se trata de sentar las condiciones precisas para que el ejercicio del derecho a la educación pueda ser una realidad eficaz. Nuestra ley superior determina que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y se extiende a lo largo de un periodo de 10 años de escolaridad, iniciándose a los 6 y finalizando a los 16 años.
3. Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad: Reconoce a los alumnos que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Este desarrollo de la personalidad debe orientarse hacia el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
4. Derecho a una evaluación objetiva del rendimiento escolar: Los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad.
5. Derecho a la calidad de la enseñanza: El derecho a la educación reconocido por la Constitución tiene una mera dimensión formal.
6. Derecho a un tratamiento disciplinario exento de arbitrariedad: Es un derecho de particular relevancia. Como dijera el juez de la Constitucionalidad, de nada serviría reconocer el derecho a la educación en el texto constitucional si luego fuese posible sancionar arbitrariamente a los alumnos dentro de los centros por faltas disciplinarias cuya consecuencia última pudiera ser la expulsión del centro.

La Libertad de Enseñanza

Se ha identificado con la libertad de creación de centros docentes, aunque en otros ordenamientos la expresión «libertad de enseñanza» no se contempla en tal sentido. La libertad de enseñanza consagra la libertad de creación de centros docentes y la libertad de cátedra. Así, la libertad de enseñanza acoge una pluralidad de contenidos que encuentra su razón de ser en la propia dualidad de libertades y puede ser efectivamente entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas u opiniones.

Pero los contenidos de esta libertad de enseñanza hallan igualmente la razón de ser en el mismo objeto de la enseñanza: actividad encaminada de modo sistemático, y con un mínimo de continuidad, a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores. Como dice el Tribunal Constitucional, la libertad de enseñanza implica, de una parte, el derecho a crear instituciones educativas y, de otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente el derecho de enseñar a desarrollarla dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan.

De esta forma, la libertad de enseñanza no abarca solo la exclusión de todo monopolio del Estado con la consiguiente apertura de la enseñanza privada, sino también el correlativo derecho del centro docente a transmitir sus conocimientos e ideas en libertad, que no es sino una particularización de la libertad de expresión ejercida en el ámbito educativo.

La Libertad de Creación de Centros Docentes

La Constitución reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. La titularidad de estos derechos se contempla por la ley superior con una notable amplitud: toda persona física o jurídica es titular del mismo. Se ha excluido de esa titularidad a:

1. Los que presten servicios en la administración estatal, autonómica o local (circunstancia que el juez de la Constitución consideró fundada en el principio de neutralidad de la administración).
2. Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos.
3. Aquellas personas que hayan sido privadas del ejercicio de este derecho por sentencia judicial firme.
4. Las personas jurídicas en las que las personas precedentemente citadas desempeñen cargos rectores o sean titulares de 20% o más del capital social.

La libertad de creación de centros docentes incluye la posibilidad de crear instituciones educativas que se sitúen fuera del ámbito de las enseñanzas regladas. En el primer caso, la libertad que nos ocupa está limitada por el respeto a los demás derechos fundamentales, por la necesidad de proteger a la juventud y a la infancia, y por el respeto a los principios constitucionales que, como los del Título Preliminar, no consagran derechos fundamentales. En el segundo caso, cuando la creación de centros docentes se ubica dentro del ámbito de las enseñanzas regladas, a los límites anteriores hay que añadir la necesidad de que dichos centros se acomoden a los requisitos que el Estado imponga respecto de cada nivel.