Portada » Ciencias sociales » Dependencia en España: Situación Actual, Servicios y Prestaciones
La situación de la dependencia en España se caracteriza por la resolución de las necesidades de las personas dependientes a través de diversos medios: familia, vecinos, voluntariado y, en menor medida, la administración pública. Las familias o el sector informal proporcionan la mayor asistencia, superando al sector público, voluntario o comercial.
Las vidas de los cuidadores están llenas de obstáculos y suponen una sobrecarga con poca ayuda. La cultura y las pautas de comportamiento del modelo tradicional de familia han favorecido la inhibición del sector público. Con mayor frecuencia, son mujeres quienes asumen este rol, y por tanto, son ellas quienes sufren las consecuencias de un trabajo que exige largo tiempo, desgaste emocional y físico, sin reconocimiento profesional.
Según el IMSERSO, el porcentaje de mayores que presentan dependencia importante se sitúa entre el 10 y el 15%. La familia es la que asume la mayor parte del cuidado (72% de la ayuda). En la mayoría de las familias, es solo una persona la que asume esta responsabilidad. Ocho de cada diez cuidadores son mujeres entre 45 y 65 años. Por cuestiones culturales, se considera que la mujer está mejor preparada, ya que tiene capacidad de abnegación, sufrimiento y voluntariedad. Los hombres participan más en el cuidado, como cuidadores o ayudantes.
Las obligaciones de los cuidadores están llenas de dificultades, ya que resulta difícil conjugar la vida laboral con la familiar. La crisis financiera del Estado, que ha reducido el gasto social, y los programas de protección social no han mejorado la situación. Los cambios sociales y demográficos pueden estar reduciendo la capacidad para atender a los dependientes, a la par que aumenta el número de personas que precisan asistencia.
El hito histórico que permitió el desarrollo de los servicios sociales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad fue la Convención de Derechos Humanos en 1950. La Carta Social Europea (1961) y su revisión en 1996 amplían los derechos y han institucionalizado logros en materia de protección a dependientes. La Carta Social Europea reconoce que las personas con discapacidades tienen derecho a la independencia, la integración social y la participación.
El objetivo del Consejo de Europa es promover la cohesión social, conjugando los principios de igualdad de derechos y necesidades especiales (recomendación). Algunas actividades realizadas desde los años 50 hasta la actualidad por el Consejo de Europa en materia de discapacidad se han convertido en estructuras permanentes que analizan y estudian aspectos relacionados con la dependencia, los más destacados:
Entre los retos de la UE se encuentra la necesidad de hacer frente a las necesidades de los dependientes. El objetivo es la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, así como los recursos sociales y humanos con los que cuentan los implicados, en un contexto de incremento previsto de la demanda de servicios. Uno de los grandes retos de la UE y los países es la atención integral en cuidados de larga duración. La atención integrada es un acuerdo equilibrado de negociaciones, reglamentaciones e incentivos que orienten a las distintas partes en la provisión de cuidados hacia la coordinación, cooperación y consenso en un sistema bien organizado de atención, en el que se cuide al usuario de modo continuado, comprensible, flexible y que responda a sus necesidades.
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, en la Comunidad Autónoma Andaluza, supone una ampliación en el Sistema Público de Servicios Sociales. Al inicio de su implantación, se anunció que la dotación económica inicial sería de 128 millones de euros y que se atenderían entre 36.000 y 42.000 usuarios. En Andalucía, la población dependiente severa y grave es de unas 250.000 personas, y hay otras 250.000 que necesitan ayuda.
La Junta de Andalucía considera que lo más positivo de la Ley es el desarrollo del derecho subjetivo de ciudadanía. Los servicios sociales en Andalucía, en particular, y en España, en general, no contemplan la satisfacción de las necesidades sociales como derechos, sino que actúan de forma residual. La puesta en marcha y el desarrollo en Andalucía de servicios pueden incrementar los niveles de empleo a tiempo total, lo que tendría un efecto positivo en la economía regional.
Para disfrutar de los servicios del SAAD, es necesario obtener una valoración positiva de la dependencia. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de establecer órganos de valoración propios, que emiten un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia. El dictamen incluye la Clasificación de la Dependencia en grados:
El Catálogo de Servicios del SAAD incluye los servicios de prevención de situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal:
El SAAD establece Prestaciones Económicas que se pueden obtener con la dependencia: