EL DECRETO LEGISLATIVO (Arts. 82, 83 y 85)

Las Cortes son el sujeto que tiene la potestad legislativa y pueden delegar en el Gobierno la potestad para dictar normas con rango de ley.

Es el Constituyente el que autoriza a las Cortes para que en aquellos supuestos en que pudiera delegar esa potestad legislativa que le es propia la pueda delegar al Gobierno.

El único límite material del Decreto legislativo es que no puede invadir reserva de Ley Orgánica.

Los decretos legislativos pueden ser:

• Innovadores: es el que proviene de une Ley de Bases y su objeto es la formación de textos articulados. Crea norma jurídica nueva
• Recopilador: proviene de una Ley Ordinaria, no crea norma jurídica nueva. Su función es recoger en una sola norma preceptos vigentes de una materia, que se encuentran dispersos por el ordenamiento jurídico

Las condiciones para la delegación es que tiene que realizarse mediante ley de bases o ley ordinaria, pero debe decirse de forma expresa, sobre materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

Se prohíbe por la Constitución que el Gobierno a su vez pueda delegar en otro ente. La delegación se agota por su uso: si el Gobierno dicta el decreto en 3 meses y tenía 6, no puede dictar otro, aunque se haya dejado algo. Una corriente minoritaria dice que sí puede hacerlo, si no hay contradicción

Las leyes de bases no podrán autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo y delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Si no se cumplen estos principios, el decreto es inconstitucional.

La ley ordinaria debe especificar si debe crearse:

• Un decreto legislativo que solo recopila, yuxtapone sin cambiar el contenido de los preceptos
• Un decreto con las normas harmonizadas, aclarando los preceptos aunque NO se permite que se cambie la norma, porque el decreto no crea norma jurídica nueva

Si un decreto legislativo se olvida de recoger preceptos, según parte de la doctrina, estos serian derogados, porque el decreto legislativo se convierte en excluyente, pero eso es un problema. Así lo más sencillo es considerar que esos preceptos siguen vigentes y simplemente se aplican.

El art. 82.6 establece dos formas de control del decreto legislativo:

• Político: no obligatorio, siendo las Cortes el sujeto de control. La materia que se examina lo incluye todo: si incurre en alguna inconstitucional, si ha sido dictado fuera de plazo, si sigue las bases, si recoge todos los preceptos o si ha harmonizado correctamente

Si las Cortes descubren alguna irregularidad que lo convierte en inconstitucional, eso no tiene ningún efecto sobre el decreto, pero pueden plantear la cuestión de inconstitucionalidad al TC, o bien dictar una ley que derogue a dicho decreto

• Jurisdiccional, los tribunales:

El Decreto Legislativo es una norma con rango de ley, por lo que el control de su constitucionalidad corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Pero el art. 82.6 habla expresamente de “tribunales”, lo que parece indicar que este control de constitucionalidad también lo pueden hacer los Tribunales Ordinarios. Este hecho ha intentado ser interpretado por la doctrina con resultados diversos:

• Según algunos, el citado artículo solo habla de “competencias”, sin que atribuya control ninguno a los Tribunales, por lo que este control solo puede ser realizado por el Tribunal Constitucional
• Otros se fundamentan en el art. 163 que establece la llamada “cuestión de inconstitucionalidad”, que consiste en que culaquier Tribunal cuando examina una ley, o norma con rango de ley, aplicable al caso que intenta resolver y considera que es en parte o en su totalidad contraria a la Constitución, la remitirá al Tribunal Constitucional, para que este decida sobre la constitucionalida de la norma con rango de ley (siendo el único órgano competente para hacerlo). La cuestión de inconstitucionalidad también la pueden plantear las partes que intervengan en el proceso. Es decir el control de los Tribunales Ordinarios sobre el decreto legislativo se limita a poner en funcionamiento el mecanismo de control, que queda siempre en manos del Tribunal Constitucional
• La última posibilidad es considerar que un juez ordinario podría dejar sin aplicación un decreto legislativo manifiestamente inconstitucional, porque no cumple los requisitos que establece la Constitución (por ejemplo entra en materia reservada a ley orgánica, o ha sido elaborado fuera de tiempo).

Parte de la doctrina sostiene que si nos encontramos ante un decreto legislativo así, en realidad no lo es, sólo tiene mera apariencia, porque para ser decreto legislativo, el Gobierno ha tenido que cumplir los requisitos que imponía la Ley de Delegación (ya sea una Ley de Bases o una Ley Ordinaria). Por tanto, no nos hallamos ante un decreto legislativo sino ante un reglamento, elaborado de acuerdo a la potestad reglamentaria del Gobierno, y que como norma de rango inferior a  la ley puede ser controlada por los Tribunales Ordinarios