La Proclamación de la II República

La proclamación de la II República estuvo precedida por una serie de acontecimientos que tuvieron lugar tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1931.

Alfonso XIII nombró al general Berenguer como nuevo jefe de Gobierno. Se pretendía volver al sistema constitucional anterior a la dictadura como si nada hubiera pasado, obviando que tanto la clase política como la opinión pública identificaban al rey con la dictadura. Así, Berenguer no contó con el apoyo ni de conservadores ni de liberales, teniendo además que hacer frente a la crisis económica de forma infructuosa. En agosto de 1930, republicanos y nacionalistas catalanes y gallegos (más tarde se sumó el PSOE) firmaron el Pacto de San Sebastián con el fin de derribar a la monarquía e instaurar un régimen parlamentario plenamente democrático. Para ello formaron un Comité Revolucionario, encabezado por el ex-ministro monárquico, Alcalá-Zamora. El Comité estimó que la mejor forma de derribar la monarquía era con un pronunciamiento militar secundado por una huelga general. Sin embargo, tanto la sublevación militar, iniciada en Jaca, como la huelga fracasaron, siendo los líderes militares fusilados y los políticos encarcelados (diciembre, 1930). Pese al revés, la causa republicana continuó ganando adeptos. Un grupo de intelectuales, como Ortega y Gasset, Machado, Marañón o Pérez de Ayala, crearon la Asociación al servicio de la República, visibilizando el rechazo del mundo de la cultura al rey. En Cataluña, Francesc Maciá y Lluis Companys fundaron Esquerra Republicana, contraria al colaboracionismo de la Lliga Regionalista con la monarquía. En febrero, Alfonso XIII sustituyó a Berenguer por el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales para abril de 1931. Pese a su carácter municipal, las elecciones se convirtieron en un plebiscito para la monarquía. La votación se celebró el 12 de abril. Aunque los partidos monárquicos obtuvieron más votos, la coalición republicano-socialista ganó ampliamente en las grandes ciudades, donde las elecciones eran verdaderamente libres. Alfonso XIII marchó al exilio a Italia. Así, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República. Al mismo tiempo, Francesc Maciá (líder de Esquerra) autoproclamó unilateralmente la República Catalana Independiente, aceptando solo echar marcha atrás ante la promesa de las nuevas autoridades de conceder grandes cotas de autonomía a Cataluña.

El Gobierno Provisional (abril-diciembre 1931)

Tras la marcha de Alfonso XIII se constituyó un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora (conservador y católico), que contaba con representantes de todas las corrientes del Pacto de San Sebastián: republicanos moderados (Partido Radical de Alejandro Lerroux) y de izquierdas (Acción Republicana de Azaña), socialistas (Prieto, Largo Caballero) y nacionalistas catalanes y gallegos (Casares Quiroga). Alcalá-Zamora convocó elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar una Constitución y elegir un Gobierno que reemplazase al provisional. Aunque el principal cometido del gobierno provisional era la redacción de un proyecto de Constitución y organizar las elecciones a Cortes Constituyentes, durante su breve existencia aprobó numerosas medidas que sentaron las bases de las transformaciones llevadas a cabo durante el Bienio Reformista:

• Reforma militar: el ministro Manuel Azaña fue responsable de la aprobación de un Decreto que exigía a los oficiales jurar que servirían fielmente a la República, pudiendo aquellos que lo deseasen solicitar retirarse del Ejército con los haberes correspondientes.
• Reforma agraria: se estableció la necesidad de contratar como braceros a los vecinos del municipio preferentemente, y se presentó al Gobierno un proyecto de reforma agraria.
• Reforma laboral: se aprobó la Ley de Jurados Mixtos.
• Reforma territorial: se aprobaron en sus respectivos territorios los Estatutos de autonomía para el País Vasco y Cataluña, si bien las Cortes nacionales rechazaron el primero, por lo que tuvieron que transcurrir cinco años hasta que pudo volver a ser presentado.

A pesar del clima pacífico de la proclamación de la II República y las primeras semanas, el rechazo de los conservadores a las medidas del Gobierno y el impacto de la crisis económica provocaron las primeras huelgas y choques con las fuerzas de orden público. El conflicto más grave fue el enfrentamiento con el sector más reaccionario de la Iglesia encabezado por el cardenal Segura, que degeneró en la quema de iglesias en Madrid y otras ciudades. La imagen de la Segunda República quedó muy dañada y perdió apoyos entre la burguesía y los intelectuales.

El Impacto de los Acontecimientos Internacionales

La Primera Guerra Mundial

España se declaró neutral durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en sintonía con su política de aislacionismo internacional adoptada desde 1898. Sin embargo, partidos políticos, intelectuales y opinión pública se dividieron entre germanófilos (conservadores) y aliadófilos (liberales e izquierdas, aunque los anarquistas calificaron el conflicto de imperialista y se declararon neutrales) respecto a la guerra, y sus posiciones se reflejaron en duros enfrentamientos en la prensa de la época. La neutralidad impulsó la economía española: el aumento de la demanda de los países beligerantes favoreció las exportaciones y con ello el desarrollo de la agricultura y de la producción industrial (sobre todo en Cataluña y País Vasco). Sin embargo, mientras los beneficios empresariales crecieron espectacularmente, los trabajadores perdieron poder adquisitivo debido a la inflación, mientras los salarios permanecieron estables y el coste de los productos subió notablemente, ya que gran parte de la producción se destinó a los países combatientes donde alcanzaban precios muy elevados como consecuencia de la guerra. El malestar popular fue inevitable y acentuó la crisis social que vivía el país en 1917. El descontento se mantuvo al finalizar la guerra, pues el fin de las exportaciones agrarias e industriales provocó el cierre de fábricas y minas, aumentando el paro y la conflictividad.

La Revolución Rusa

La decadencia de los partidos dinásticos se acentuó tras el asesinato de Canalejas, pues ni conservadores (Dato) ni liberales (Romanones) acometieron las reformas necesarias para frenar la descomposición del sistema. La situación fue especialmente grave en 1917, cuando se desencadenó un triple conflicto que podría haber liquidado el régimen político de la Restauración de haber coincidido en sus objetivos:

• Crisis militar: en 1916, oficiales de graduación media crearon las Juntas de Defensa, asociaciones corporativas que reclamaban mejoras salariales y rechazaban tanto la política de ascensos por méritos de guerra (que beneficiaba a los militares destinados en Marruecos, conocidos como «africanistas»), como la propuesta de reforma militar, que reducía el número de oficiales y eliminaba la escala cerrada como sistema de promoción. Ante la presión militar, Alfonso XIII reemplazó al Gobierno Liberal por uno presidido por el conservador Eduardo Dato, que atendió las demandas de los junteros (excepto la política de ascensos en épocas de guerra). La crisis evidenció la intromisión de la Corona en los Gobiernos, la capacidad de coacción del estamento militar sobre el civil y las disensiones internas entre militares africanistas y peninsulares.
• Crisis política: para denunciar la falta de representatividad del turnismo, Cambó (Lliga Regionalista) solicitó al Gobierno la convocatoria de Cortes para reformar la Constitución de 1876. Ante la negativa de Dato, Cambó convocó en Barcelona la Asamblea de parlamentarios, que reunió a nacionalistas, socialistas y republicanos. La Asamblea pidió un cambio de Gobierno y Cortes constituyentes que estableciesen un Estado democratizado. Aunque sus solicitudes no fueron atendidas y la Asamblea fue disuelta por la Guardia Civil por orden gubernativa, su convocatoria reflejó la profunda crisis del sistema.
• Crisis social: ante el deterioro de las condiciones de vida de los obreros por la Primera Guerra Mundial, UGT y CNT convocaron una huelga general revolucionaria para reivindicar mejoras laborales y políticas. Solucionada la crisis militar con la aceptación de las peticiones de las Juntas de Defensa, Dato contó con la ayuda del Ejército (que hizo que la huelga fracasara) y desató una dura represión (encarcelamiento de Largo Caballero y otros líderes sindicalistas).

Aunque la Restauración sobrevivió a la crisis de 1917, el deterioro del sistema era evidente y se complicó aún más por la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial y las expectativas revolucionarias creadas por la Revolución soviética. La conflictividad creció (aumentó la sindicación y las huelgas) y para hacer frente a la situación se constituyeron Gobiernos de concentración en los que participaron conservadores, liberales y la Lliga regionalista (el propio Cambó fue ministro en dos ocasiones). Los Gobiernos aprobaron leyes de contenido social (sistema público de pensiones, jornada laboral de 8 horas en la industria) ante el temor a una insurrección revolucionaria, pero estas medidas no consiguieron impedir la confrontación. Las mayores tensiones se produjeron durante el Trienio Bolchevique (1918-1921) en el campo andaluz, protagonizadas por las reivindicaciones de los jornaleros, así como en el sector industrial catalán. En Barcelona la conflictividad derivó en una espiral de gran violencia cuando patronal y Gobierno impulsaron el pistolerismo a través de los sindicatos amarillos y la Ley de Fugas para neutralizar el intenso movimiento huelguístico dominado por la CNT, a lo que los anarquistas respondieron con atentados. En estos años se sucedieron los asesinatos de obreros (Salvador Seguí, líder anarquista), empresarios y políticos (Eduardo Dato).

Finalmente, el general Primo de Rivera aprovechó el descrédito de los partidos (11 Gobiernos en 5 años), la inestabilidad social, el temor al auge del catalanismo y la indignación por el papel del Ejército y la Corona en las derrotas militares en Marruecos (desastre de Annual) para justificar el golpe de Estado de septiembre de 1923, que liquidó definitivamente el sistema político de la Restauración.