LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA: EL PERÍODO PRECONSTITUCIONAL (1975-1978)

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey y conservó al frente del gobierno a Arias Navarro, que incorporó a reformistas como Fraga a su gabinete, del que se esperaba la aceleración de las reformas. Sin embargo, el programa presentado ante las Cortes se limitaba a proponer unas leyes muy restrictivas que no contemplaban la existencia de partidos políticos y que decepcionaron a todos los demócratas. Por ello, la oposición definíó un programa común para todas las fuerzas antifranquistas, unidas en Coordinación Democrática, que propónía la ruptura democrática. Asimismo, se promovieron movilizaciones populares para reclamar libertades democráticas y amnistía para los presos políticos. Los conflictos laborales fueron en aumento. Las huelgas generales en Cataluña, País Vasco y Madrid fueron reprimidas con gran contundencia por el gobierno y los empresarios, siendo especialmente graves los sucesos ocurridos en Vitoria (Marzo 76).  

Esta situación, el asesinato de estudiantes en las manifestaciones y sucesos como los de Montejurra polarizaron las posturas dentro de la clase política procedente del franquismo. Los inmovilistas (partidarios de la continuidad del régimen, la represión policial y la acción de grupos paramilitares), con el visto bueno de la monarquía, fueron desplazados del gobierno por los reformistas, que promovían una reforma progresiva desde las instituciones franquistas. Arias Navarro fue forzado a dimitir en Junio del 76 y el presidente de las Cortes, Fernández-Miranda, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez, un reformista procedente del Movimiento que, tras acceder a la presidencia del gobierno, inició contactos con las fuerzas democráticas, promulgó un indulto para los presos políticos y propuso la Ley de Reforma Política, que reconocía los derechos fundamentales y la soberanía popular y prevéía un sistema electoral democrático. Este proyecto significaba establecer una Asamblea bicameral elegida por sufragio universal, es decir, el desmantelamiento de las Cortes franquistas, que eran las que debían aprobarlo. Por ello, el gobierno tuvo que garantizar a muchos procuradores franquistas que mantendrían su estatus económico y social, que no se les pediría responsabilidades políticas y que no se legalizaría el partido comunista. La Ley fue aprobada sin problemas por las Cortes y sometida a referéndum en Diciembre del 76. Aunque la oposición de izquierdas pidió la abstención por considerarla insuficiente, ésta no pasó del 30% y la Ley fue aprobada por el 81% de los votantes.

En los meses siguientes, una serie de decretos prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales permitiendo la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos (excepto el comunista) y una amplia amnistía para delitos políticos. Sin embargo, la clara apuesta del PCE por el proceso democrático y su fuerte presencia social hicieron que Suárez decidiera su legalización en Abril, lo que provocó una crisis de gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.

Los partidos de izquierda que se presentaron eran los que habían vertebrado la oposición al régimen franquista (PSOE, PCE…). A la derecha, Fraga creó Alianza Popular. Desde el gobierno se constituyó la UCD, cuyo líder era Adolfo Suárez. Las elecciones generales, celebradas en Junio del 77 con una alta participación, dieron el triunfo a la UCD. A pesar de no contar con mayoría absoluta, Suárez constituyó el 1^er gobierno democrático de España tras la Guerra Civil.

LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA Y EL PERIODO CONSTITUYENTE

En las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931, celebradas mediante sufragio universal masculino, las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades. El 14 de Abril, los concejales de Éibar primero y los de otras ciudades después proclamaron la República y la población salíó a la calle para celebrarlo, lo que hizo que Alfonso XIII renunciara a la potestad real y partiera hacia el exilio.

En Madrid se constituyó un gobierno provisional formado por los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián que proclamó el mismo 14 de Abril la Segunda República española y que convocó elecciones a Cortes constituyentes para el 28 de Junio.

El gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia (amnistía para presos políticos, libertades políticas y sindicales y designación de altos cargos de la administración) y proyectó algunas reformas que contaron con un amplio apoyo popular y con la animadversión de propietarios, ejército e Iglesia.

La coalición republicano-socialista vencíó en las elecciones generales (con alta participación) y se formaron las nuevas Cortes, que ratificaron a Niceto Alcalá Zamora como jefe del gobierno y nombraron una comisión encargada de elaborar un proyecto de constitución (aprobado en Diciembre de 1931 tras intensos debates).

La Constitución de 1931, de marcado carácter democrático y progresista, establece que todos los poderes emanan del pueblo: poder legislativo reside en las Cortes unicamerales, con atribuciones muy amplias; poder ejecutivo recae en el gobierno (formado por Consejo de Ministros y jefe de gobierno) y en el presidente de la República (jefe del Estado y representante institucional); poder judicial se confía a unos jueces independientes. El Estado se configura de forma integral, pero se acepta la posibilidad de constituir gobiernos autónomos. Se reconoce una amplia declaración de derechos y libertades (igualdad absoluta ante la ley, la educación, el trabajo; no discriminación por origen, sexo o riqueza), la facultad del gobierno para expropiar bienes, se define el trabajo como una obligación social, se establece el voto desde los 23 años, se concede el voto a las mujeres y se afirma la laicidad del Estado (ninguna religión oficial, se reconoce el matrimonio civil y el divorcio).

La Constitución fue aprobada por amplia mayoría, aunque existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha en lo referente a la cuestión autonómica y religiosa. Esta última provocó la dimisión de los sectores católicos del gobierno, por lo que Manuel Azaña sustituyó en la jefatura del gobierno a Niceto Alcalá Zamora (que pasó a ser presidente de la República).

LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA:

LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

La primera tarea de las Cortes elegidas en Junio 77 fue la elaboración de una Constitución democrática. Para ello, se eligió una Ponencia formada por diputados de todos los partidos con representación en las Cortes (excepto la minoría vasca, que renunció) que inició una política de consenso (negociación y acuerdo entre las fuerzas políticas) para resolver las cuestiones claves para la construcción de la democracia.

La Constitución fue sometida a referéndum en Diciembre 78 y aprobada por una amplia mayoría. De carácter progresista, presentaba una cierta ambigüedad, fruto del consenso. La carta magna define España como un Estado social y democrático de Derecho organizado como una monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene una función representativa y el ejército está sometido al poder civil, fija la aconfesionalidad del Estado, abole la pena de muerte, contiene una amplia declaración de derechos y libertades (huelga, libre sindicación), recoge los principios rectores de la política social y económica (libertad de mercado, posibilidad de planificación económica con la intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público), reconoce como lengua oficial el castellano y las lenguas propias en las Comunidades Autónomas e instaura un Tribunal Constitucional y los mecanismos de reforma del texto.

Su Título VIII regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita el proceso de creación de Comunidades Autónomas, que tuvo dos etapas. En la primera, se concedíó la preautonomía a las regiones cuyos representantes la solicitaron: Cataluña (en Septiembre 77 se restablecíó la Generalitat bajo la presidencia de Josep Tarradellas y se creó un gobierno provisional formado por los partidos parlamentarios catalanes que defendían la autonomía), País Vasco (en Enero 78 se formó un Consejo General Vasco) y Galicia (en Marzo 78 se creó una Xunta provisional). La segunda comenzó cuando la Constitución establecíó la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas que se regirían por un Estatuto de Autonomía y que contarían con órganos legislativos elegidos por sufragio universal (parlamentos autónomos) y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos).

Para ello, existían dos procedimientos: uno más lento previsto en el art. 143, por el que se regirían la mayoría de las Comunidades Autónomas, y otro más rápido y completo previsto en el art. 151, al que accedieron directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) y Andalucía (en Abril 78 había creado la Junta de Andalucía y decidíó por referéndum construir la autonomía por la vía rápida). Navarra se regiría por un mecanismo especial partiendo de su peculiar sistema foral.

El régimen autonómico quedó plasmado jurídicamente mediante la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que conténían las competencias y las instituciones de las Comunidades Autónomas: los de Cataluña y País Vasco en 1979, los de Galicia y Andalucía en 1981, los del resto de Comunidades entre 1982 y 1983 y, por último, en 1995 se regularon regíMenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.   

GRÁFICA REFERÉNDUM LEY DE REFORMA POLÍTICA

La amplia mayoría de los españoles (94’2%) vota que sí a la siguiente pregunta: ¿Aprueba el proyecto de Ley para la Reforma Política?’’.

Esta ley fue ideada por Torcuato Fernández-Miranda, que era presidente de las Cortes franquistas. Se pretendía desmantelar la dictadura para instaurar un régimen democrático con una Constitución partiendo de las leyes vigentes y sin ruptura. Esta ley fue votada en Noviembre por las Cortes franquistas, que aprobaron una reforma que implicaba su disolución. Reconocer el sí significaba reconocer la soberanía popular (es decir, el derecho del pueblo español a elegir a sus representantes) y aceptar que se instauraría un sistema bicameral y se iniciaría un proceso de reforma constitucional. La ley también regula la convocatoria de elecciones.

El referéndum fue posible gracias a la fuerza reformista y la voluntad del rey Juan Carlos y el apoyo de la mayor parte de los procuradores de las Cortes, a los que se les garantizó que mantendrían su estatus económico y social, que no se les pediría responsabilidades políticas y que no se legalizaría el partido comunista.

Los votos en contra son muy pocos y se atribuyen al sector más conservador (búnker), contrario a la propuesta. Este sector hizo campaña bajo el lema ‘‘Franco hubiera votado no’’. El no significa rechazar el cambio.

Casi el 80% participa en el referéndum por la gran importancia de la pregunta y por la gran campaña de sensibilización que se realizó bajo el lema ‘‘Habla, pueblo, habla’’.

El 22% que se abstiene está compuesto por la oposición agrupada en Coordinación Democrática, que luego pasa a llamarse Plataforma de Organismos Democráticos (socialistas, comunistas, sindicatos, partidos nacionalistas, democristianos, socialdemócratas…). Estos partidos representan la ruptura y la ley les parecía insuficiente, pero obviamente no iban a votar que no. Aunque seguían ilegalizados, se toleró que llamaran a sus partidarios a abstenerse. A pesar de la abstención, el gobierno tuvo éxito y la convocatoria triunfó.

CCL

El resultado del referéndum hizo posible el proceso de transición, con todos sus problemas y tensiones. Entre Enero y Abril de 1977 se resuelven los expedientes de legalización de todos los partidos políticos (UCD, PSOE, Alianza Popular e incluso el PCE). En Junio de 1977, se celebran las primeras elecciones desde 1936.

LOS GOBIERNOS DEL PSOE

Tras las elecciones de 1982, Alianza Popular pasó a ser el principal partido de la oposición, la UCD continuó su declive hasta desaparecer y el PCE promovíó la creación de IU. El PSOE, que obtuvo mayoría absoluta, se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas, teniendo que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar únicamente en 1993. Felipe González fue el elegido para ser presidente del gobierno.

El cambio socialista se concretó en un amplio programa de reformas para luchar contra la crisis económica, racionalizar las administraciones públicas y avanzar hacia el Estado del bienestar. La reconversión bancaria estuvo dirigida a garantizar la estabilidad financiera. La reconversión industrial permitíó el saneamiento financiero y la adaptación tecnológica, pero provocó el cierre de empresas y un aumento del paro que desencadenaron conflictos laborales (Altos Hornos del Mediterráneo, astilleros gallegos, andaluces y vascos). En el ámbito social, cabe destacar la despenalización de ciertos supuestos del aborto, la reforma educativa (Ley de Reforma Universitaria, LODE, LOGSE), la consolidación del Estado de las Autonomías (la distribución de competencias presentó dificultades: la LOAPA fue considerada inconstitucional y se sustituyó por la LPA), la integración de España en la CEE en 1986 tras la firma del Tratado de Adhesión (para lo que España tuvo que adecuarse a la normativa comunitaria), la reforma del ejército para acabar con el golpismo (reducción de la plantilla, subordinación al poder civil) y la lucha contra el terrorismo de ETA (Pacto de Ajuria Enea en 1988).

Los sindicatos (primero CCOO y en 1988 UGT) se opusieron a las reformas económicas sufridas por los trabajadores y convocaron una huelga general con alta participación. El gobierno respondíó con medidas sociales y laborales entre 1990 y 1995 (asistencia sanitaria gratuita, protección contra el desempleo, sistema público de pensiones).

A principios de los 90, las trayectorias del PSOE y de UGT empezaron a divergir, al mismo tiempo que dentro del partido aparecían dos corrientes políticas a raíz de las disensiones entre los dos líderes: los renovadores (seguidores de Felipe González) y los guerristas (seguidores de Alfonso Guerra). A la división interna se unieron varios casos de corrupción atribuidos a personas vinculadas con el gobierno (Luis Roldán, Juan Guerra, Mariano Rubio) y la ‘‘guerra sucia’’ contra el terrorismo, es decir, la tolerancia de las autoridades con los GAL, grupos de pistoleros que atentaron contra presuntos etarras.

La recesión económica de carácter mundial iniciada en 1992 incrementó la inflación y el paro. Esta crisis, unida a los problemas anteriormente mencionados y el debilitamiento del liderazgo de Felipe González, frenó la popularidad del gobierno socialista.

LOS GOBIERNOS DE LA UCD

Durante la primera legislatura de la transición, España sufríó las consecuencias de una grave crisis económica desencadenada por una gran subida del precio del petróleo que derivó en una crisis industrial, haciendo que el paro aumentara muy rápidamente.

Para afrontar estos problemas y construir el sistema democrático, los principales partidos firmaron en Octubre 77 los Pactos de la Moncloa. En el terreno político, el gobierno se comprometíó a regular la vida pública según los principios democráticos, plasmados posteriormente en la Constitución. En el terreno económico, se intentó reducir la inflación y poner en práctica un programa de reformas (fiscal, laboral, tributaria y de la Seguridad Social) para repartir equitativamente los costes de la crisis.  

No obstante, algunos sectores siguieron recurriendo a la violencia para desestabilizar el país y obstaculizar la construcción democrática: los involucionistas organizaron manifestaciones y grupos violentos y crearon agrupaciones de pistoleros, algunos militares promovieron intentonas golpistas (‘‘Operación Galaxia’’) y, por último, grupos terroristas de extrema izquierda (GRAPO, FRAP, Terra Lliure, ETA…) secuestraron o atentaron contra miembros de las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad y personalidades vinculadas al franquismo, estimulando aún más el involucionismo.

Tras aprobarse la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones (Marzo 79) que nuevamente ganó la UCD. Siguiendo la línea reformista de los Pactos de la Moncloa, en 1980 se promulgó el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la división interna del partido gobernante, su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales y autonómicas en detrimento de los partidos de izquierda, la moción de censura que el PSOE presentó en Mayo del 80 y que el gobierno ganó con escaso margen (quedando la actividad gubernamental y las reformas paralizadas) y el cuestionamiento de su liderazgo incluso dentro de UCD forzaron la dimisión de Suárez como presidente del gobierno y del partido en Enero de 1981.

El 23 de Febrero, durante la votación de investidura de Calvo Sotelo como su sucesor, un grupo de guardias civiles al mando de Tejero irrumpíó en el Congreso. En Valencia, Milans del Bosch sacó los tanques a la calle para imponer un Golpe de Estado militar tramado por mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares y algunos políticos involucionistas. Pretendían paralizar el proceso democrático y otorgar al ejército un papel relevante en el posterior gobierno, pero el rey comparecíó en televisión apoyando el régimen constitucional y el golpe fracasó.

La política de Calvo Sotelo, parecida a la de Suárez, incluyó la firma del Acuerdo Nacional de Empleo para contribuir a la estabilidad democrática desde el mundo laboral, la aprobación de la Ley de Divorcio, la retirada de la Ley de Autonomía Universitaria, la petición de ingreso de España en la OTAN con la oposición de los partidos de izquierda y la aprobación (tras un pacto con el PSOE) de la LOAPA para impedir que los poderes entregados a las autonomías fueran excesivos. Sin embargo, la progresiva desintegración de UCD y el abandono de Suárez para crear su propio partido (CDS) forzaron a Calvo Sotelo a disolver el Parlamento y convocar, para Octubre 82, unas nuevas elecciones que dieron la victoria al PSOE, marcando el final de la transición y dando inicio a la consolidación definitiva de la democracia en España.