Portada » Historia » Crisis del Petróleo, Neoliberalismo y Transiciones Democráticas: Impacto en Argentina y el Mundo
En la década de 1970, Estados Unidos y otros países industrializados enfrentaron una profunda crisis económica caracterizada por la escasez de petróleo, alta inflación y desempleo. La guerra de Vietnam había generado una fuerte inflación y un bajo crecimiento en EE.UU. La devaluación del dólar afectó a los países exportadores de petróleo, lo que llevó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a aumentar los precios y reducir la producción, en respuesta al apoyo estadounidense a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Esta situación desencadenó una crisis global con desaceleración económica, alta inflación y desempleo.
En este contexto, se comenzaron a cuestionar las políticas de intervención estatal. Surgió el neoliberalismo, una corriente de pensamiento que defiende el libre mercado como el mejor regulador de la economía y rechaza las políticas de bienestar y redistribución de ingresos. Los neoliberales argumentaban que la ayuda estatal desincentivaba el trabajo. Por ello, impulsaron reformas para beneficiar a las empresas, como la flexibilización laboral, la desregulación de la economía y la privatización de empresas estatales. Estas medidas, sin embargo, redujeron los derechos de los trabajadores y modificaron la relación entre el Estado y el mercado.
Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos implementaron políticas neoliberales que incluyeron la desregulación económica, privatizaciones y reducción de impuestos para los más ricos. Sin embargo, aumentaron los impuestos al consumo para la mayoría, lo que generó una mayor desigualdad económica y social. Thatcher, en particular, aplicó medidas drásticas para reducir la inflación y el déficit fiscal, como aumentar las tasas de interés, privatizar sectores clave y reducir los servicios sociales, lo que causó un alto desempleo y fuertes protestas sociales.
A fines de la década de 1970, Reagan ganó las elecciones en Estados Unidos prometiendo fortalecer al país. Implementó políticas de recorte de ayuda social y reducción de impuestos a los ricos, lo que aumentó la desigualdad. Redujo los gastos sociales, pero incrementó el gasto militar, disparando el déficit público. Combatió la inflación subiendo las tasas de interés, lo que atrajo capital extranjero.
En Argentina, las Fuerzas Armadas culparon al Estado intervencionista y a las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) de la inestabilidad social. Buscando imponer orden y disciplina, tomaron medidas como la intervención de sindicatos, la prohibición de huelgas y la congelación de salarios.
José Alfredo Martínez de Hoz lideró un cambio económico basado en la apertura al mercado y la especulación financiera. Se debilitó la industria local al eliminar los aranceles de importación y permitir la entrada de productos extranjeros baratos. Se reformó el sistema financiero, liberando las tasas de interés y reduciendo los controles del Banco Central, lo que favoreció la especulación y aumentó la dependencia del sector financiero.
Las políticas económicas de Martínez de Hoz tuvieron un impacto negativo en la industria local, especialmente en sectores como el textil, la electrónica y la metalmecánica. Otras industrias, como la celulosa, el aluminio, el petróleo y el cemento, crecieron gracias a beneficios estatales, la diversificación de actividades y los contratos con el gobierno para obras públicas. El sector agropecuario experimentó un auge en las ventas a la URSS durante el embargo cerealero de Estados Unidos, lo que permitió a Argentina aumentar sus exportaciones.
Estas políticas favorecieron la «bicicleta financiera»: las altas tasas de interés hacían más rentable invertir en especulación financiera que en actividades productivas.
El fin de la Guerra Fría y la caída de la URSS marcaron un nuevo orden internacional basado en la globalización capitalista. En América Latina, el avance hacia la democracia entró en una etapa de consolidación.
El presidente estadounidense George H.W. Bush presentó la «Iniciativa para las Américas», un programa para promover políticas neoliberales en la región: disciplina presupuestaria, privatización, apertura comercial y flexibilización laboral. La idea central era que el libre mercado era clave para el crecimiento y la estabilidad. Para implementarlo, se lanzó el Plan Brady, que reestructuró la deuda latinoamericana bajo condiciones que exigían la liberalización económica.
En 1983, Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), ganó las elecciones tras una campaña centrada en la democracia y los derechos humanos. Asumió con el desafío de investigar los crímenes del terrorismo de Estado. Sancionó decretos que enjuiciaban tanto a los guerrilleros de la década de 1970 como a las juntas militares, aunque fue criticado por algunos defensores de los derechos humanos. Creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe «Nunca Más» fue clave para el juicio a las juntas militares.
Alfonsín heredó una grave situación económica de la dictadura: alto endeudamiento, inflación, desempleo y especulación financiera. Junto a su ministro de Economía, Bernardo Grinspun, intentó mejorar la situación con medidas como el aumento de salarios, la renegociación de la deuda externa y la creación de políticas de asistencia social. Sin embargo, la inflación y la especulación continuaron.
Tras la renuncia de Grinspun, se implementó el Plan Austral, que logró estabilizar la economía temporalmente. Sin embargo, la inflación regresó y se implementó el Plan Primavera, que promovía más privatizaciones y una reducción del gasto público, lo que provocó protestas sindicales.
En 1989, la hiperinflación afectó gravemente los salarios. La desocupación y la pobreza aumentaron, y se produjeron saqueos en supermercados. Se adelantaron las elecciones presidenciales, en las que triunfó Carlos Menem, del Partido Justicialista (PJ), quien había prometido una «revolución productiva». Alfonsín propuso un cogobierno con el peronismo, pero Menem lo rechazó y asumió la presidencia.
Menem enfrentó una crisis económica grave y demandas de las fuerzas armadas. Aunque había prometido mejorar la situación, sus medidas agudizaron las desigualdades sociales y se apartaron de los principios tradicionales del peronismo. Se alió con sectores liberales y empresarios, y se acercó a Estados Unidos. Reestructuró la deuda externa y estableció el Mercado Común del Sur (Mercosur). En relación con las fuerzas armadas, enfrentó problemas debido a los juicios por crímenes de la dictadura y a los levantamientos de los «carapintadas». Para calmar la situación, concedió indultos a militares y guerrilleros, y tomó medidas que debilitaron al ejército, como la reducción del presupuesto militar y la eliminación del servicio militar obligatorio.
Menem adoptó un modelo económico neoliberal, siguiendo las recomendaciones del Consenso de Washington. Este modelo incluía la desregulación de la economía, la apertura al comercio y las finanzas, la flexibilización laboral, la privatización de empresas públicas y la reducción de la intervención del Estado. Para implementar estas medidas, se aprobaron leyes como la Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica.
Aunque al principio la política económica tuvo éxito en controlar la inflación y generar un superávit fiscal, a largo plazo resultó negativa para la población. Las privatizaciones destruyeron empleos y afectaron a localidades que dependían de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y los ferrocarriles. La apertura comercial provocó el cierre de industrias y un aumento de la desocupación, lo que llevó a un colapso en la producción industrial y los servicios públicos.
La política de Menem generó confusión en el movimiento obrero. Algunos sindicatos, como los trabajadores de empresas privatizadas (telefónicos, ferroviarios y petroleros), resistieron estas políticas con huelgas. Otros, como la Confederación General del Trabajo (CGT), se adaptaron y apoyaron al gobierno a cambio de ventajas, como el control de las obras sociales y puestos en los directorios de las empresas privatizadas.
Dentro del sindicalismo surgieron diferentes grupos:
La CTA luchó contra el deterioro del salario docente y la política educativa del gobierno. Surgieron los movimientos piqueteros, formados por desocupados que cortaban rutas y realizaban protestas.
La reforma de la Constitución de 1994 le permitió a Menem postularse nuevamente. A pesar de la crisis, ganó las elecciones. Su segundo mandato estuvo marcado por problemas económicos, como una creciente recesión, el aumento de la deuda externa y la desocupación, además de conflictos internos en el gobierno. Las denuncias de corrupción, relacionadas con Domingo Cavallo (ministro de Economía) y el caso del periodista José Luis Cabezas, empeoraron la imagen del gobierno. Las protestas sociales, como los cortes de ruta, aumentaron y la economía continuó deteriorándose.
En las elecciones de 1999, el gobierno de Menem estaba muy debilitado por la corrupción y la crisis económica. La Alianza opositora, compuesta por la UCR y otros partidos, ganó con la fórmula de Fernando de la Rúa y Carlos «Chacho» Álvarez. El gobierno de la Rúa decidió mantener la política de convertibilidad (1 peso = 1 dólar), con la esperanza de superar la recesión económica sin cambiar esta medida. Se enfocaron en hacer pequeños cambios y gobernar de manera honesta y sensata, sin darse cuenta de la gravedad de la situación económica.
Se formó un gobierno de coalición. En su gabinete, De la Rúa intentó equilibrar intereses de distintos sectores políticos, nombrando ministros cercanos a su pensamiento, pero también a figuras del alfonsinismo y del Frente País Solidario (FREPASO). José Luis Machinea fue designado ministro de Economía. Las diferencias entre los miembros del gabinete causaron tensiones que afectaron la estabilidad del gobierno.
Enfrentando una recesión económica más profunda, De la Rúa optó por aumentar los impuestos en lugar de hacer un ajuste fiscal severo. Esta medida redujo el consumo y afectó la actividad económica.
La reforma laboral impulsada por la Alianza fue una de las más importantes y estuvo condicionada por las demandas del FMI. Incluyó medidas como la extensión del período de prueba laboral a seis meses, la reducción de los aportes patronales y la descentralización de los convenios colectivos. Esta reforma dividió al movimiento obrero: la CGT, liderada por Rodolfo Daer, respaldó al gobierno, mientras que Hugo Moyano encabezó una central disidente que organizó protestas.
En mayo de 2000, el gobierno lanzó más medidas de ajuste: recortes salariales a empleados públicos, reducción de jubilaciones de privilegio y ajustes en gastos políticos. Se anunciaron reformas en las obras sociales y revisiones a los contratos de empresas privatizadas. Estas medidas se aplicaron de manera limitada y afectaron principalmente a los trabajadores públicos.
De la Rúa buscó recuperar apoyo político y confianza internacional firmando un acuerdo con el FMI, llamado «Blindaje Financiero», que otorgaba a Argentina 40 mil millones de dólares para pagar deudas y atraer inversiones. A cambio, el gobierno se comprometió a congelar el gasto público por cinco años y firmó el Pacto Federal con las provincias, aumentando las transferencias a cambio de que no incrementaran sus gastos.
Ricardo López Murphy asumió como ministro de Economía y anunció recortes que afectaban a ministerios y universidades, generando un fuerte rechazo social y político. La CTA y otros sectores sindicales convocaron huelgas y protestas. Incluso dentro del propio radicalismo surgieron críticas.
De la Rúa reemplazó a Murphy por Cavallo, quien adoptó medidas para combatir la recesión, enfocándose en mejorar la competitividad mediante reducciones impositivas y créditos. Sin embargo, sus políticas no lograron reactivar la economía ni cumplir con los compromisos financieros del país.
Cavallo implementó la Ley de Déficit Cero, que redujo salarios y jubilaciones, y limitó el gasto público según la recaudación. Esto agravó la crisis en las provincias, que empezaron a emitir bonos propios para cubrir gastos.
Cavallo reestructuró la deuda externa con el «Megacanje», que postergó pagos pero aumentó los intereses. La situación empeoró con una fuga de capitales. Para frenarla, impuso el «corralito bancario», limitando las extracciones de efectivo a 250 pesos semanales y restringiendo el envío de dinero al exterior. Esto desató una fuerte protesta social, especialmente entre los sectores medios y los pequeños empresarios.
La crisis en Argentina llegó a su punto máximo con saqueos, protestas y represión. De la Rúa decretó el Estado de Sitio, lo que generó aún más rechazo social. Tras la renuncia de Cavallo, el 20 de diciembre de 2001, miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo, enfrentando una violenta represión. Ese mismo día, sin apoyo político ni social, De la Rúa presentó su renuncia, dejando su mandato inconcluso.