La España del siglo XVI El imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.

Al morir Isabel I, su hija Juana fue proclamada reina de Castilla, pero Fernando siguió gobernando en Aragón. Al morir el marido de Juana, esta enloqueció y Fernando se hizo también con el gobierno de Castilla.

Al morir Fernando, fue proclamado rey Carlos I, con una herencia inmensa. Carlos llegó desde Bélgica rodeado de una corte de amigos, consejeros y eclesiásticos que ocuparon los cargos y no hablaban castellano ni conocían el país. Convocó a las cortes de Aragón, Castilla y Cataluña para que le reconociesen como rey.

Cuando falleció su abuelo, Carlos heredó también su cargo de emperador, por eso fue conocido como Carlos I de España y V de Alemania.

En Europa central, se acababa de producir la rebelión religiosa, Francia aspiraba al dominio de Italia y el Mediterráneo estaba amenazante la expansión del Imperio turco. Bajo estas circunstancias, Carlos I se impuso la misión de mantener la monarquía cristiana y universal. Para defender esta idea, se vio envuelto en continuas guerras y llevó una vida itinerante, así que prestó más atención a Occidente que a España.

Las Comunidades surgieron en Castilla donde las Cortes reclamaron a Carlos I más atención a los asuntos del reino, pero el monarca sólo las convocó para pedir dinero para su coronación como emperador. En 1520, marchó hacia Alemania y una serie de ciudades se sublevaron contra la monarquía y ofrecieron la Corona a Juana la Loca, la madre de Carlos I.

Este movimiento agrupa a un sector de los hidalgos y de las clases medias urbanas. Los comuneros reclamaban la protección de la industria nacional, el respeto a las leyes del reino y una mayor participación política. El regente Adriano de Utrecht, reunió un ejército que derrotó a los comuneros en Villalar y sus principales dirigentes fueron ajusticiados.

Las Germanías estallaron paralelamente en la Corona de Aragón. Fueron una revuelta de artesanos, pequeños burgueses y campesinos contra la nobleza y el alto clero. Pedían la democratización de los cargos municipales, una mejora de los arrendamientos campesinos y la protección del monarca frente a los abusos de los poderosos. Pero Carlos I se alió con la nobleza y las Germanías fueron derrotadas.

La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.

Felipe II, hijo de Carlos I, fue heredero del trono de España, así como de sus posesiones en América y Filipinas y, además, de los Países Bajos, el Franco Condado, Milán, Nápoles y Sicilia. Además, en 1580, tras una disputa con Don Antonio, consiguió hacerse rey de Portugal.

Su política interior se basó en la intolerancia religiosa, extinguiendo las comunidades de protestantes, prohibiendo cursar estudios en universidades extranjeras e importar libros. También publicó un índice de libros prohibidos e impuso la necesidad de licencia del Consejo de Castilla para editar libros religiosos.

Hubo una rebelión, conocida por la rebelión de las Alpujarras, llevada a cabo por los moriscos en respuesta a un decreto que les prohibía el uso de su lengua, sus costumbres, bailes e indumentarias tradicionales. La revuelta fue sofocada y se decretó la dispersión de los moriscos granadinos por toda Castilla.

También se dio la revuelta de Aragón. El secretario de Felipe II fue acusado de asesinato y traición y el rey mando encarcelarlo, pero este huyó a Zaragoza acogiéndose a la jurisdicción del Justica de aquel reino. Éste se negó a entregarlo a Felipe II y entonces pidió a la Inquisición de Zaragoza que le detuvieran por un falso delito de herejía. Los aragoneses impidieron el traslado de Antonio Pérez a la cárcel inquisitorial. Felipe II, en respuesta, envió a un ejército para que acabe con las alteraciones y matar al Justicia de Aragón, pero Antonio Pérez logró huir.

En cuanto a los conflictos externos, consiguió una gran victoria para la cristiandad participando en la Liga Santa, que derrotó a los turcos en la batalla de Lepanto. El conflicto más grave fue la insurrección de los Países Bajos, por motivos políticos y religiosos que supuso una trágica e inútil sangría de hombres, dinero y prestigio para los Habsburgo, prolongándose durante ochenta años. Fracasó en su ataque a la anglicana Inglaterra con la Armada Invencible.

El modelo político de los Austrias. La unión de reinos.

Monarquía: nunca fue un estado unitario. La corona unía diversos reinos y cada reino tenía sus propias leyes, instituciones, etc. En los siglos XVI y XVII se va volviendo absolutista.

Consejos: entidades cuyas funciones eran elevar informes al monarca para que tomase la decisión oportuna y resolver asuntos de su jurisdicción por delegación del Rey.

-De estado: fueron creados por Carlos I. Los integrantes son de distintos reinos, eran presididos por el rey y se encargaban de asuntos exteriores, guerras, paces y todo lo relacionado con las grandes cuestiones de Estado.

-Territoriales: se encargaban de los asuntos de cada reino. Además de los existentes en tiempos de Carlos I y Felipe II, se crearon los de Indias, Italia, Flandes y Portugal.

-Técnicos: Inquisición, órdenes militares, Hacienda y Guerra.

-Secretarios de los Consejos: actuaban de puente entre el Rey y los Consejos y el secretario del Rey era el secretario de Estado.

Cortes: se celebran por reinos, tienen carácter estamental y sólo son convocados cuando el Rey quiere algo.

Virreyes: tenían poder civil, militar y judicial. Había en Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia Mallorca, Nápoles, Sicilia y en América (Nueva España, Perú y Río de la Plata).

Audiencias: surgieron las nuevas audiencias de Cerdeña, Canarias y Mallorca. En el reinado de Felipe II, la de Santiago se trasladó a la Coruña. Las cancillerías eran de Valladolid y Granada.

Ejército: depende del Rey, es mercenario y está compuesto por soldados de diversas nacionalidades.

Gobiernos municipales: prosigue la tendencia a la desaparición de los usos democráticos por el control de las oligarquías locales y la venta de cargos municipales para recaudar impuestos.

Economía y sociedad en la España del siglo XVI.

En el siglo XVI hubo un gran incremento continuado de la población en Castilla, mientras que en la Corona de Aragón no hubo aumento prácticamente.

La agricultura tuvo un alza constante, a pesar de la concentración en manos de nobles y clérigos de las escasas tierras de labor. La expansión económica de este siglo no mejoró este aspecto.

A principios del siglo XVI, se produjo una expansión de la industria artesanal. Surgieron la metalurgia vasca y la de construcción naval, pero destacan los gremios textiles. La monarquía favoreció a los exportadores de lana y otorgó protección a los industriales textiles flamencos. El mercado interior y el americano quedaron en manos de competidores extranjeros.

El comercio creció centrándose en las ciudades castellanas y en los puertos del Atlántico, mientras que la Corona de Aragón y los puertos mediterráneos tuvieron una decadencia debida a la presencia turca.

En Castilla, la producción fue incapaz de abastecer la demanda de productos. La gran cantidad de oro y plata circulante provocaron un alza de los precios. La monarquía permitió la importación de todo tipo de productos del extranjero pero, pese a todo esto, la estructura económica de Castilla no se transformó.

En cuanto a la sociedad, el mayor valor era ser hidalgo.

La nobleza (5% de la población) abarcaba desde los títulos de Castilla y Grandes de España hasta los caballeros e hidalgos con haciendas mucho más precarias. Fueron, además, habituales las compras de títulos.

El clero (5 ó 10%) se dividía en alto y bajo. El alto clero mantenía la misma situación que la nobleza y el bajo clero una parecida a los campesinos. El señorío (posesión vinculada a una familia o institución eclesiástica) era la forma más extendida y sólida de su preeminencia social.

Entre los no privilegiados, los pecheros (sujetos al pago de tributos y a la justicia ordinaria) eran campesinos y población urbana. De esos, la vida de los propietarios agrarios o los grandes mercaderes y maestros de gremio era de mucha mayor calidad que la de los jornaleros o el proletariado.

Por último, estaban los moriscos y judíos conversos, que intentaban ocultar su origen ya que la limpieza de sangre era indispensable para el prestigio social, la pertenecía a la nobleza y el desempeño de cargos públicos.

La España del siglo XVII Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos. EXPULSION

Tras la muerte de Felipe II, se sucedieron tres reinados cuyos monarcas renunciaron a ejercer las tareas de gobiernos, que pasaron a manos de los validos. Muchos de ellos utilizaron el poder en su propio beneficio, aumentando el nivel de corrupción e ineficacia de la administración de la Corona. Felipe III tuvo un breve reinado y su valido fue el Duque de Lerma. Durante su reinado, se produjo la expulsión definitiva de los moriscos, por razones como el temor a una invasión turca provocada por éstos, el rechazo que sufrían de la población cristiana. Además de el afán de la monarquía de demostrar su fuerza en el interior para compensar la imagen que dio la tregua con Holanda. Esto supuso 300.000 moriscos menos, que eran en su mayoría campesinos y artesanos.

La parte central del siglo XVII, estuvo ocupada por Felipe IV, cuyo valido fue el conde-duque de Olivares. Éste pretendió integrar a todos los reinos en un solo Estado común. Su intento fracasó y originó enfrentamientos y graves revueltas internas. Los reinos periféricos rechazaban las pretensiones unitarias y centralistas, la alta nobleza se quejaba del escaso protagonismo que les concedía el autoritarismo del valido y las clases populares denunciaban su agotamiento económico y la presión fiscal que sufrían.

La dinastía de los Austrias acabó con el reinado de Carlos II.

La crisis de 1640.

Las revueltas de 1640 fueron la de Portugal y la de Cataluña.

Ambas se debieron a las pretensiones del conde-duque de Olivares de una mayor centralización de fortalecimiento de la monarquía y una contribución equitativa al esfuerzo exterior de la Corona, tanto en hombres de armas como en impuestos.

La de Portugal finalizó tras dos años con la independencia definitiva de la Corona española.

La de Cataluña, además, detonó cuando Olivares, en plena Guerra de los Treinta Años, abrió un frente contra los franceses en los Pirineos, obligando a los catalanes a contribuir al gasto militar y alojar a los soldados, a lo que los catalanes se habían negado. Entonces se produjo el Corpus de Sangre, con la entrada de los segadores armados en Barcelona. Tuvieron el apoyo de Francia y duró más de diez años. Finalizó con la rendición de Barcelona al ejército real.

El ocaso del Imperio español en Europa.

La Guerra de los Treinta Años fue un conflicto que enfrentó a protestantes y católicos pero también fue una pugna política contra el dominio en Europa de los Habsburgo austriacos y españoles. Se inició con la rebelión protestante de Bohemia. España acudió en auxilio y, a pesar de algunas victorias iniciales, las derrotas de los tercios españoles se sucedieron muy pronto.

Los contendientes, agotados por la larga guerra, pactaron la Paz de Westfalia, donde se aceptó el principio de que los intereses de los Estados y su propia religión prevalecerían sobre el Imperio romano-germánico. En 1650, España reconoció la independencia del territorio norte de los Países Bajos, que pasó a llamarse Provincias Unidas de Holanda. LA guerra con Francia continuó y no acabaría hasta la Paz de los Pirineos, en la que la monarquía española cedió territorios que tenía al norte de los Pirineos.

Evolución económica y social.

El siglo XVII se caracterizó en toda Europa por una fuerte crisis social y económica. En los territorios hispánicos esta crisis fue todavía más profunda. La población disminuyó, debido al flujo migratorio al nuevo continente, a las bajas por las guerras y epidemias y a la expulsión de los moriscos.

En el terreno económico, la agricultura empeoró y se produjo una despoblación de las tierras a la vez que subían los impuestos. Se redujo, debido a esto, el número de ganado y la industria y el comercio padecieron una depresión.

La situación de las finanzas públicas no permitía mejorar el panorama. Los gastos aumentaban y ni el aumento de los impuestos, ni las devaluaciones de la moneda, ni la constante emisión de deuda pública pudieron salvar al Estado de la bancarrota. El recurso a la plata y el oro americanos fue cada vez más difícil al agotarse parte de las minas y descender drásticamente la llegada de metales preciosos.

Se evidenció que la mentalidad aristocrática había imposibilitado rentabilizar la riqueza proveniente de América. Sólo los territorios periféricos, especialmente los de la Corona de Aragón sufrieron la crisis con menor intensidad.

La Crisis del Antiguo Régimen. La crisis de 1808. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal.

Carlos IV confió el poder a Manuel Godoy, lo que mostraba la desconfianza que tenía en la nobleza. La ejecución de Luis XVI impulsó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia. Se produjo la derrota de las tropas españolas y se firmó la paz de Basilea, que subordinó España a los intereses franceses. Desde el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, la política española vaciló entre el temor a Francia y el intento de pactar con ella para evitar el enfrentamiento. Las alianzas con Francia derivaron en conflicto con Gran Bretaña. Las hostilidades se desarrollaron en dos fases y la batalla de Trafalgar constituyó el hito más relevante. La armada franco española fue destrozada.

El desastre naval acentuó la crisis de la Hacienda real. Godoy recurrió al endeudamiento y al aumento de las contribuciones y planteó reformas, que resultaron ineficaces y provocaron una amplia oposición de la nobleza y la Iglesia. Además, los impuestos sobre el campesinado provocaron el descontento popular, que aumentaba por las epidemias y, sobre todo, por la falta de articulación del mercado interior. Esto llevó a motines y revueltas, que responsabilizaban a Godoy de la situación.

En 1807, Godoy firmó el tratado de Fontainebleau en el que autorizaba a los ejércitos napoleónicos a entrar en España para atacar Portugal. A cambio, se pactaría un futro reparto de Portugal entre España y Francia y se crearía un principado para Godoy. Los franceses entraron en la península y contaban con la aprobación de las autoridades borbónicas pero con la irritación de la población.

El 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, que contaba con participación popular pero era dirigido por la nobleza y el clero. Buscaban la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV.

Los amotinados consiguieron sus objetivos pero los hechos evidenciaron una crisis profunda en la monarquía española. Carlos IV escribió a Napoleón y reclamó su ayuda para recuperar el trono. Éste decidió invadir España, ocupar el trono y anexionar el país al Imperio.

Napoleón llamó a Carlos IV y Fernando VII, quienes abdicaron en éste, que nombró a José Bonaparte rey de España y convocó las Cortes para aprobar una Constitución que acabase con el Antiguo Régimen. El nuevo código de Bayona reconocía la igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a los cargos públicos.

José Bonaparte inició una serie de reformas con el fin de acabar con el Antiguo Régimen, como por ejemplo la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras de la Iglesia o la desvinculación de los mayorazgos. Esta reforma contó con escasos apoyos, ya que gran parte de la población española no estaba de acuerdo con que gobernase este señor y estaban en contra del nuevo monarca.

El 2 de mayo de 1808 se produjo una revuelta contra la presencia francesa que fue duramente reprimida, pero produjo un movimiento de resistencia popular que frenó el avance de las tropas imperiales.

Surgieron Juntas ante el vacío de poder creado por las abdicaciones de Bayona. Las locales estaban formadas por partidarios de Fernando VII, que pretendían canalizar la agitación popular y las provinciales asumieron la soberanía, declararon la guerra a Napoleón y buscaron el apoyo de Gran Bretaña.

En septiembre las Juntas enviaron representantes a Aranjuez, aprovechando la retirada de los franceses de Madrid tras la derrota de Bailén, para formar una Junta Suprema Central que coordinase la lucha y dirigiese el país. Era una forma de gobierno radicalmente nueva. La Junta reconoció a Fernando VII como el rey legítimo de España y asumió la autoridad hasta su retorno. Ante el avance francés, la Junta huyó a Sevilla y de ahí a Cádiz, que era la única ciudad que resistía el asedio francés.

La resistencia de algunas ciudades inmovilizó parte del ejército francés y se produjo la derrota de los invasores en dos ocasiones, lo que tuvo un impacto inmediato: se impidió la conquista de Andalucía, forzaron a José I a abandonar Madrid y los soldados se replegaron al norte del Ebro. Napoleón se desplazó a España para dirigir la contraofensiva con un ejército.

Entonces, el ejército tradicional era incapaz de oponerse al avance de las tropas francesas, por lo que se realizó mediante guerrillas: pequeños grupos locales de entre 30 y 50 miembros que atacaban por sorpresa a las tropas enemigas. Esto sometió a los franceses a una presión y un desgaste permanentes.

En 1812, Napoleón inició una campaña en Rusia y le obligó a retirar miles de efectivos de la Península. Incapaz de mantener los dos frentes, Napoleón decidió pactar el fin del conflicto con los españoles y permitir el retorno de Fernando VII (Tratado de Valençay).

La invasión francesa provocó que se definiesen determinados grupos. Una minoría eran los «afrancesados», formada por intelectuales, altos funcionarios y nobles, que colaboraron con la monarquía de José I. La mayoría eran procedentes del despotismo ilustrado. Al final de la guerra, muchos tuvieron que huir ante la persecución iniciada por Fernando VII.

El grueso de la población era «el frente patriótico», compuesto por la mayor parte del clero y la nobleza, que deseaban una vuelta al absolutismo bajo la monarquía de Fernando VII, pero también había algunos ilustrados que creían que con la vuelta de Fernando VII se podría emprender un programa de reformas y la modernización del país dentro de los cauces del Antiguo Régimen. Los liberales veían en la guerra la oportunidad de realizar un cambio en el sistema político y transformarlo en uno liberal, basado en una constitución como norma suprema.

Las cortes de Cádiz y la constitución de 1812.

La Junta Suprema Central fue incapaz de dirigir la guerra y decidió disolverse, convocando unas cortes. Mientras, se mantenía una regencia formada por cinco miembros y se organizó una «consulta al país» sobre las reformas a realizar por las Cortes. Predominaba la idea de que la desastrosa acción de los gobiernos de Carlos IV había provocado la ruina de España.

El proceso de elección de diputados y su reunión en Cádiz fueron difíciles. El ambiente liberal de la ciudad influyó en que gran parte de los elegidos tuvieran simpatías por esas ideas. Cuando las Cortes finalmente se abrieron y el sector liberal consiguió su primer triunfo al forzar la formación de una cámara única, aprobaron el principio de soberanía nacional.

La Constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812 y fue conocida como «la Pepa». Contiene una declaración de derechos del ciudadano (libertad de pensamiento y opinión, igualdad de los españoles ante la ley…). La nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de ambos hemisferios.

La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes. El poder legislativo, que recaía en las Cortes unicamerales, representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes. El mandato duraba dos años y eran inviolables en el ejercicio de sus funciones. El sufragio era universal masculino e indirecto. El monarca era la cabeza del poder ejecutivo, poseía la dirección del gobierno e intervenía en la elaboración de las leyes. La administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales y se establecían los principios básicos de un Estado de derecho.

Otros artículos planteaban la reforma de los impuestos y la Hacienda, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio y la implantación de una enseñanza primaria, pública y obligatoria. El territorio se dividía en provincias, para cuyo gobierno interior se creaban las diputaciones provinciales, se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos para el gobierno de los pueblos y se creaba la Milicia Nacional. Afirmaba la confesionalidad católica del Estado.

Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen: supresión de señoríos jurisdiccionales, que pasaron a ser propiedad privada de los señores, eliminación de los mayorazgos y desamortización de las tierras comunales. También se abolió la inquisición y la libertad de imprenta, pero la religión continuaba bajo el control de la Iglesia. Finalmente, cabe señalar la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado.

Sin embargo, las leyes y decretos aprobados por las cortes no tuvieron una gran incidencia práctica y, al final de la guerra, la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y condujo al retorno del absolutismo.

Fernando VII, absolutismo y liberalismo.

Los liberales dispusieron que Fernando VII viajara directamente a Madrid para jurar la Constitución y aceptar el nuevo marco político. Pero los absolutistas se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo para que mostrase su adhesión incondicional al monarca. Fernando VII, seguro de la debilidad del sector liberal, traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta al absolutismo.

La monarquía procedió a la restauración de las antiguas instituciones del régimen señorial y de la Inquisición. Era una vuelta al Antiguo Régimen, en un contexto internacional marcado por la derrota de Napoleón y la creación de la Santa Alianza, que garantizaba la defensa del absolutismo y el derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del liberalismo.

A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentaron rehacer un país destrozado por la guerra, con la agricultura deshecha, comercio paralizado, las finanzas en bancarrota y las colonias luchando por su independencia. Sus gobiernos fracasaron uno tras otro. Las elevadas pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado y significaron la paralización del comercio y de la producción manufacturera. Además, la Hacienda real entró en bancarrota por falta de recursos económicos.

A esto hay que añadir el cambio de mentalidad de muchos grupos sociales en los últimos años: el campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales, la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas y negocios y la integración de jefes de la guerrilla en el ejército originó un sector liberal partidario de reformas que protagonizaría en el futuro numerosos pronunciamientos. Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a los problemas, enderezar la Hacienda o hacer frente a los movimientos independentistas en las colonias. Pronunciamientos militares liberales, revueltas en las ciudades y amotinamientos campesinos evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta.

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey a aceptar dicha Constitución. Se formó u nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes.

Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron rápidamente una importante obra legislativa. Restauraron gran parte de las reformas de Cádiz, disminuyeron el diezmo y reformaron el sistema fiscal, el código penal y el ejército. Además, impulsaron la liberalización de la industria y el comercio y se llevó a cabo una modernización política y administrativa del país. Se formaron ayuntamientos y diputaciones electivos y se reconstruyó la Milicia Nacional como cuerpo armado de voluntarios, formado por las clases medias urbanas con el fin de garantizar el orden y defender las reformas constitucionales.

Todas estas reformas suscitaron la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y paralizó cuantas leyes pudo, recurriendo al derecho de veto que le otorgaba la constitución y conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder mediante la intervención de las potencias absolutistas en España.

Sin embargo, las nuevas medidas liberales provocaron el descontento de los campesinos, ya que se abolían los señoríos jurisdiccionales, pero no les facilitaban el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios y los campesinos en arrendatarios. No se produjo tampoco una rebaja sustancial de los impuestos y se monetizaron las rentas y los diezmos. Por esto, los campesinos, más pobres e indefensos ante la nueva legislación capitalista, se sumaron a la agitación antiliberal. Las tensiones también se produjeron entre los propios liberales, que estaban los moderados y los exaltados (los primeros menos radicales que los segundos).

Al final intervino la Santa Alianza, que encargó a Francia la intervención en España. Los Cien Mil Hijos de San Luis irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Las potencias restauradoras consideraban necesarias algunas reformas moderadas, proclamar una amnistía y organizar una administración eficaz.

Fernando VII no se avino a estas peticiones y se produjeron represiones contra los liberales. Se depuraron la administración y el ejército y durante una década se persiguió a los partidarios de las ideas liberales.

Las dificultades de la Hacienda agravadas por la péridad definitiva de las colonias americanas forzaron a un estricto control del gasto público. A partir de 1825, el rey buscó la colaboración del sector moderado y concedió un arancel proteccionista para las manufacturas catalanas.

Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas y de los sectores ultramontanos de la corte, ya muy descontentos con el monarca porque no había restablecido la Inquisición y no actuaba de forma más contundente contra los liberales. En Cataluña hubo un levantamiento reclamando mayor poder para los ultraconservadores y defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales. Dicho sector se agrupó alrededor del hermano del rey.

En 1830 se produjo el nacimiento de una hija del rey, Isabel. La Ley Sálida impedía el acceso al trono de las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción.

En 1832, presionaron al monarca para que repusiera la Ley Sálica. Todo esto se trataba de la lucha por imponer un modelo u otro de sociedad. Alrededor de don Carlos estaban las fuerzas más partidarias del Antiguo Régimen y opuestas a cualquier forma de liberalismo. María Cristina comprendió que si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo. Nombrada regente durante la enfermedad del rey, formó un nuevo gobierno de carácter reformista, decretó una amnistía que supuso la vuelta de 100.000 exiliados liberales y se preparó para enfrentarse a los carlistas.

En 1833 Fernando VII murió, reafirmando en su testamento a su hija como heredera del trono y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta la mayoría de Isabel. El mismo día, don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el norte de España y poco después en Cataluña. Comenzaba así la primera guerra carlista.