Portada » Historia » Crisis de la Restauración y Advenimiento de la II República
Alfonso XIII encargó la formación del gobierno al general Dámaso Berenguer, quien restableció las libertades políticas, disolvió la Asamblea Nacional y repuso en sus cátedras a los profesores sancionados. En este periodo, la sociedad española había cambiado y ya no era propensa a dejarse controlar. El republicanismo cobró auge y aumentó el número de sus partidarios.
En agosto de 1930, los partidos republicanos acordaron el Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo era proclamar la República. Se constituyó un comité revolucionario encargado de preparar el cambio de régimen mediante un levantamiento militar con apoyo civil. En octubre, los socialistas acordaron adherirse y participar en el futuro gobierno de la República.
Ese mismo año, encabezados por José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala, se publicó el manifiesto titulado Agrupación al Servicio de la República, en el que instaban al reto de los intelectuales a contribuir a la instauración de un régimen republicano que sustituyese a la monarquía.
Se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Republicanos y socialistas las plantearon como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. El resultado se interpretó como un rechazo a la monarquía y dio paso a la proclamación de la República el 14 de abril de 1931.
El 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá-Zamora proclamó la II República en Madrid con un gobierno provisional creado por el Pacto de San Sebastián. Éste estaba presidido por Alcalá-Zamora y sus miembros, que representaban a las clases medias profesionales, la pequeña burguesía y los líderes obreros socialistas, eran:
En junio de 1923, un grupo de generales llegó al acuerdo de dar un golpe de Estado e instaurar un gobierno fuerte con Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, a la cabeza. Primo de Rivera se sublevó el 12 de septiembre contra el Gobierno y el golpe triunfó sin hallar apenas oposición.
Primo de Rivera publicó sus intenciones en un manifiesto: la dictadura como un régimen transitorio y afirmó que una vez extirpados los males del país se retornaría a la normalidad constitucional. Siguiendo la teoría de Joaquín Costa del cirujano de hierro, anunció su propósito de resolver los graves problemas que padecía la sociedad española: liberar al país de la vieja política, destruir el caciquismo, poner fin al desgobierno y a la amenaza del separatismo. La opinión pública acogió favorablemente el golpe, que contó con el apoyo de los sectores empresariales, principalmente los bancos y la Iglesia.
El 15 de septiembre, el rey Alfonso XIII encargó a Primo de Rivera la formación de un nuevo gobierno y le cedió el cargo de presidente y de ministro único (Directorio Militar).
Las noticias de la Revolución Bolchevique (octubre de 1917) provocaron admiración y entusiasmo entre la clase obrera y pánico entre la burguesía. La conflictividad social seguía aumentando en el contexto de crisis (menos pedidos → se produce menos, bajan los salarios, se cierran fábricas), tanto en el campo como en la ciudad, especialmente en Andalucía y Barcelona. Llegó a haber hasta 3000 huelgas. A este problema se une la enorme mortandad que provocó la gripe de 1918.
El movimiento obrero, especialmente anarquista, se radicalizó (un congreso anarquista en Sants aprobó la utilización de la acción directa y, por lo tanto, el rechazo a la vía política y a la negociación). La burguesía utilizó procedimientos violentos e ilegales para frenarlo. Creó Guardias Cívicas –“somatens” en Cataluña– para colaborar con la policía y con el ejército en la represión, además de contratar a pistoleros y guardaespaldas. Además, financió el llamado Sindicato Libre, una organización antirrevolucionaria encargada de frenar el crecimiento de la UGT y de la CNT.
El momento álgido de la conflictividad se produjo en Barcelona en 1919, cuando estalló la huelga de La Canadiense, compañía que abastecía de luz a la ciudad, y que dejó prácticamente paralizada a Barcelona durante 44 días. El gobierno conservador de Maura, en abril de 1919, dio vía libre a los militares y la actuación de los empresarios, sobre todo con cierres patronales y con la utilización del Sindicato Libre. La ciudad se sumió en enfrentamientos sangrientos entre pistoleros de uno y otro bando.
Finalmente, el recrudecimiento de la guerra de Marruecos terminó por causar el fin del régimen parlamentario. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, primero Francia y a continuación España reanudaron la ocupación de Marruecos. El general Berenguer, el Alto Comisario, se encargó del control, con un ejército que no estaba bien preparado y compuesto por tres grupos de personas: regulares (tropas indígenas), soldados de reemplazo y la Legión, fundada en 1921 por Millán Astray, Sanjurjo y Franco.
En verano de 1921, tras una acción militar mal planificada en el Rif por el general Fernández Silvestre, que era amigo del rey, el líder guerrillero Abd el-Krim atacó Annual, provocando la huida de las tropas españolas, muriendo en torno a 13 000 hombres. En pocos días se perdió toda la zona que había sido ocupada durante años con grandes esfuerzos. La opinión pública reclamaba responsabilidades por la derrota.
Cánovas había conseguido que los militares no tuvieran una participación activa en la vida política y se habían olvidado los pronunciamientos, pero el desastre del 98 y la radicalización del nacionalismo provocaron la reaparición del ejército en la vida política. Sin embargo, los militares regresan no como un grupo que apoya a un general, sino como oficiales jóvenes que se presentan como salvadores de la nación; es un ejército conservador que defenderá el orden social.
El ejército era un cuerpo burocrático; el excesivo número de oficiales ocasionaba un enorme gasto al Estado, y ante los fracasos militares aumentaban las críticas. Además, sólo los altos mandos disfrutaban de buen nivel de vida. A este problema socioeconómico se une la decisión del gobierno de primar los ascensos por méritos de guerra, lo que favorecía a los militares que servían en África frente a los peninsulares.
Los oficiales comenzaron a unirse para defender sus reivindicaciones en el movimiento de las Juntas de Defensa. En el Manifiesto de las Juntas del 1 de junio de 1917 se daba un ultimátum al gobierno para que aceptara sus reivindicaciones profesionales y económicas. El gobierno, incapaz de restablecer la disciplina, dimitió el 8 de junio y el Rey entregó el gobierno al conservador Eduardo Dato, que accedió a las exigencias militares y reconoció las Juntas como órganos representativos del Ejército. El 25 de junio se emitió un nuevo Manifiesto por parte de las Juntas en el que se exigía una “regeneración” de la vida política. Desde febrero estaban clausuradas las Cortes. El 1 de julio, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, convocó a todos los senadores y diputados españoles a una Asamblea de Parlamentarios para el 19 de julio; ni los partidos del turno ni los mauristas acudieron a la convocatoria. Esta asamblea acordó la formación de un gobierno provisional y la celebración de Cortes constituyentes que reformasen la constitución en sentido descentralizador y de autonomía para las regiones. Los militares no los iban a apoyar por recelo hacia los nacionalistas, republicanos e izquierdistas. El gobierno respondió con la detención de los parlamentarios, aunque fueron puestos en libertad enseguida. Cuando estalló la huelga general y se calmó la situación, ante la amenaza de cambio social, la Lliga entraría a formar parte del gobierno de coalición o concentración.
En marzo de 1917, las dos centrales sindicales, UGT y CNT, convocaron una huelga general, uniendo a reivindicaciones laborales peticiones de supresión de la monarquía e instauración de un gobierno republicano. Se inició una huelga de ferroviarios en Valencia que se convirtió en huelga general en agosto. Este problema coincidió con la crisis militar y la parlamentaria. Clase política, militares y obreros exigían cambios que no se produjeron. El Ejército, ante la violencia provocada por la huelga general, se puso del lado del gobierno, disparó contra los obreros, provocando el fracaso de este movimiento.
El gobierno largo de Antonio Maura (1907-1909) puso en funcionamiento el proyecto de regeneracionismo conservador, que se trataba de reformas políticas, pero sin alterar las bases del régimen. Con el objetivo de propiciar limpieza electoral, erradicar el caciquismo y lograr el apoyo de las clases medias, se aprobó en 1907 la Ley Electoral, que declaraba el voto obligatorio, pero que en la práctica no tuvo su deseado efecto.
El proyecto más importante de Maura fue la reforma de la Ley de Administración Local, que pretendía acabar con el caciquismo. Contemplaba una mayor autonomía local y la posibilidad de crear mancomunidades. Otro objetivo era satisfacer las aspiraciones autonomistas de Cataluña. Pero suscitó la oposición de los liberales y no fue aprobada. Su programa incluyó una política económica de intervención estatal y protección y fomento de la industria nacional; y en sus medidas sociales incluyó la creación del Instituto Nacional de Previsión. Otro de sus proyectos fue la Ley de Represión del Terrorismo contra los anarquistas, que fracasó ante la oposición de los republicanos.
Alfonso XIII llamó a formar gobierno a José Canalejas, que intentó la regeneración del sistema. La modernización del Estado pasaba primero por separar la Iglesia del Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia, incluyendo el fin del monopolio de las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza e implantando una enseñanza laica. Canalejas trató de negociar con el Vaticano una nueva Ley de Asociaciones Religiosas. Mientras tanto, se aprobó la Ley del Candado (1910), que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, lo que casi provocó la ruptura de las relaciones entre España y la Santa Sede. Los efectos de la política laicista fueron muy limitados. Más productiva fue su política de reformas sociales, que regulaban las relaciones laborales y mejoraban las condiciones de vida y de trabajo. Se aprobó la ley de reclutamiento, que estableció el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra. En Marruecos, la política de Canalejas adoptó una posición militar y diplomática firme, lo que contribuyó a tranquilizar el conflicto.
El gobierno largo de Antonio Maura (1907-1909) puso en funcionamiento el proyecto de regeneracionismo conservador, que se trataba de reformas políticas, pero sin alterar las bases del régimen. Con el objetivo de propiciar limpieza electoral, erradicar el caciquismo y lograr el apoyo de las clases medias, se aprobó en 1907 la Ley Electoral, que declaraba el voto obligatorio, pero que en la práctica no tuvo su deseado efecto.
El proyecto más importante de Maura fue la reforma de la Ley de Administración Local, que pretendía acabar con el caciquismo. Contemplaba una mayor autonomía local y la posibilidad de crear mancomunidades. Otro objetivo era satisfacer las aspiraciones autonomistas de Cataluña. Pero suscitó la oposición de los liberales y no fue aprobada. Su programa incluyó una política económica de intervención estatal y protección y fomento de la industria nacional; y en sus medidas sociales incluyó la creación del Instituto Nacional de Previsión. Otro de sus proyectos fue la Ley de Represión del Terrorismo contra los anarquistas, que fracasó ante la oposición de los republicanos.
Alfonso XIII llamó a formar gobierno a José Canalejas, que intentó la regeneración del sistema. La modernización del Estado pasaba primero por separar la Iglesia del Estado, la libertad religiosa y el control de la Iglesia, incluyendo el fin del monopolio de las órdenes religiosas en el campo de la enseñanza, e implantando una enseñanza laica. Canalejas trató de negociar con el Vaticano una nueva Ley de Asociaciones Religiosas. Mientras tanto, se aprobó la Ley del Candado (1910), que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, lo que casi provocó la ruptura de las relaciones entre España y la Santa Sede. Los efectos de la política laicista fueron muy limitados. Más productiva fue su política de reformas sociales, que regulaban las relaciones laborales y mejoraban las condiciones de vida y de trabajo. Se aprobó la ley de reclutamiento, que estableció el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra. En Marruecos, la política de Canalejas adoptó una posición militar y diplomática firme.