Consecuencias Accesorias y Extinción de la Responsabilidad Criminal

6.1. Consecuencias Accesorias

El Código Penal de 1995 destina un nuevo título del Libro I, el Título VI, a lo que llama “consecuencias accesorias”. Aquí se incluyen, por una parte, el comiso de los instrumentos y efectos del delito, y por otra, un elenco de medidas previstas para entidades colectivas sin personalidad jurídica. El comiso era en los Códigos anteriores una pena accesoria.

El Comiso

(o confiscación) consiste en la pérdida de los efectos provenientes del delito o los instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como las ganancias obtenidas. Por ejemplo: si una persona roba un coche, claro está que no permanecería en su posesión.

Aparece regulado en los artículos 127 y 128 del Código Penal (CP).

Aspectos más característicos del comiso

(basándonos en dichos artículos):

• Se imponen en los delitos o faltas dolosos. En la reforma de 2010 se extendió a los delitos imprudentes, con dos requisitos: pena privativa de libertad superior a un año y carácter potestativo para el Juez o Tribunal.
• Se requiere que el acusado haya sido condenado a una pena, cualquiera que sea ésta (“toda pena”).
• La excepción del comiso está reconocida en el CP: “Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente”.
• En cuanto al destino de lo decomisado, el CP establece lo siguiente:
  1. Se venden, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado.
  2. Si no fueran de lícito comercio, se estará a lo dispuesto en los reglamentos, o en su defecto, se inutilizarán.
• Por último, el artículo 128 prevé que el Juez o Tribunal podrá renunciar o reducir parcialmente el comiso, cuando los efectos o instrumentos sean de lícito comercio y su privación resulte desproporcionada con la naturaleza y gravedad de la infracción penal, o en su caso, se hayan satisfecho las responsabilidades civiles. Es lo que ocurre a veces en los delitos imprudentes cometidos mediante un vehículo a motor, cuyo comiso, atendiendo a su valor, puede resultar desproporcionado.

Medidas para entidades colectivas

El artículo 129 prevé las consecuencias accesorias que pueden ser aplicadas a las entidades colectivas sin personalidad jurídica, como pueden ser comunidades de bienes o agrupaciones deportivas sin personalidad jurídica.

Entre estas medidas podemos destacar:

• Suspensión de las actividades
• Clausura de sus locales
• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas

6.2. Extinción de la Responsabilidad Criminal

El artículo 130 del CP establece las causas que determinan la extinción de la responsabilidad criminal:

• Por la muerte del reo, ya que la responsabilidad penal es personal.
• Por el cumplimiento de la condena, es decir, cuando la condena ha sido totalmente cumplida, se extingue la responsabilidad criminal.
• Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo establecido en el artículo 85.2 del CP. En este caso, transcurrido el plazo de suspensión de la pena, sin que el autor haya vuelto a delinquir, y, en su caso, cumplidas las reglas de conducta fijadas por el juez, éste acordará la remisión definitiva de la pena.
• Por el indulto, que consiste en la remisión total o parcial de la pena impuesta, o su sustitución por una pena más leve, aunque la persona siga siendo culpable. No hay que confundirlo con la amnistía, la cual supone el perdón del delito (y con ello de la pena). El indulto puede ser solicitado por el propio condenado, pero también puede hacerlo el Tribunal sentenciador. Lo otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.
• Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.
• Por la prescripción: el paso del tiempo produce determinados efectos extintivos de la responsabilidad penal. Los periodos de tiempo que determinan la prescripción de los delitos varían según la gravedad de la infracción y están establecidos en el artículo 131 del CP. En cuanto a la prescripción de la pena o medida de seguridad, se prescribe la pena no ejecutada impuesta por sentencia, prescribiendo el derecho del Estado o del particular a reclamar su cumplimiento. Los períodos aparecen en el artículo 133 del CP.

6.2.1 Cancelación de antecedentes penales

Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener la cancelación de sus antecedentes penales. La misma supone la cancelación de la inscripción de las condenas impuestas en el Registro Central de Penados y Rebeldes, y aparece regulada en los artículos 136 y 137.

Para la cancelación de la pena, deben cumplirse unos requisitos, que una vez satisfechos permiten alcanzar este derecho, de oficio o a instancia de parte:

1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el Juez o Tribunal, salvo que hubiera mejora de la situación económica del reo.
2. No haber delinquido durante los plazos fijados en el CP:
   • 6 meses, para penas leves.
   • 2 años, para penas menos graves que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes.
   • 3 años para el resto de penas menos graves.
   • 5 años para las penas graves.

El Ministerio de Justicia e Interior accede a la concesión previo informe del Juez o Tribunal.