1. Clasificación:

Se trata de una selección del articulado del Real Decreto redactado por Juan Álvarez de Mendizábal, ministro de Hacienda por esas fechas del gobierno progresista de José Mª Calatrava. Se trata del preámbulo y de dos artículos del Decreto de Desamortización. Es una fuente histórica directa y primaria, y un documento jurídico, con un marcado carácter político-circunstancial y de acusada naturaleza económico-social, así como un documento público, esencial para el conocimiento de uno de los aspectos fundamentales de la revolución burguesa en España, la desamortización y la transformación de la propiedad. Este decreto forma parte de la legislación promulgada en el contexto de la primera guerra carlista (1833-1839). Esta legislación puso fin a los fundamentos del Antiguo Régimen en España y sentó las bases del nuevo Estado liberal.

1. Análisis:

El texto es un fragmento del decreto de desamortización de Mendizábal de 1836, por el que se declaran en venta los bienes de algunas comunidades religiosas, en la persecución de un doble objetivo: disminuir la deuda pública y estimular la producción agraria con la conversión de las tierras amortizadas en propiedad privada.

En el texto destacamos las siguientes ideas principales:

– En el preámbulo vemos los objetivos que se proponía el gobierno con la desamortización: una justificación del interés nacional de poner a la venta la masa de bienes que han sido declarados bienes nacionales (art. 1). El fin prioritario es sanear la Hacienda Pública, fuertemente endeudada, entregando esos bienes a cambio de títulos de deuda. En segundo lugar, al convertir esos bienes –sobre todo la tierra- en propiedad privada y plena, se abriría un proceso de creación de riqueza, pues esos bienes inmuebles podrán salir al mercado, ser capitalizados, aumentar su productividad, etc.

– En el artículo 1 se especifican los bienes sujetos al proceso desamortizador: los de las comunidades y corporaciones religiosas, tanto las extinguidas como cualquier otras que el Estado considere oportuno.

– Por último, se hace mención a los bienes que quedarán excluidos en la aplicación de este decreto: los edificios de interés público o considerados parte del legado cultural y artístico del patrimonio nacional (art. 2).

1. Contexto histórico:

La desamortización de Mendizábal se enmarca históricamente en la Regencia de Mª Cristina (1833-1840), que garantizará las prerrogativas sucesorias de su hija, la futura Isabel II, ante la oposición de los partidarios del hermano de Fernando VII, Carlos Mª Isidro, que se levantarán en armas en la primera guerra carlista.

Bajo la regencia destaca la continuidad de Cea Bermúdez como ministro hasta 1834, que actúa como un déspota ilustrado, sin modificar la estructura del Estado absolutista. Durante este periodo destaca la nueva división provincial de Javier de Burgos, con lo que pretendían objetivos centralizadores y uniformadores.

Estas reformas resultaron insuficientes para los liberales, muchos de los cuales habían vuelto del exilio tras la amnistía decretada por Mª Cristina, y por ello se vio obligada a llamar al gobierno a Martínez de la Rosa. Éste tenía como principal objetivo realizar una transición hacia el liberalismo, pactada entre los sectores reformistas ilustrados y los  reformistas más moderados, que se concreta con la promulgación del Estatuto Real en 1834. A pesar de sus limitaciones, el Estatuto Real inicia la construcción del Estado liberal, poniendo en funcionamiento las Cortes, y favoreció el surgimiento de las tendencias políticas que darían lugar a los primeros partidos de corte liberal: moderado y progresista.

Los progresistas, a través de un movimiento juntista, conseguirán subir al poder, lo que origina el nombramiento de Mendizábal como primer ministro en 1835. Sus principales retos son solucionar la grave situación de la Hacienda y la guerra carlista.  Para ello, pondrá en práctica un proyecto de amplia repercusión histórica: la desamortización de los bienes eclesiásticos y su posterior venta en pública subasta.

La desamortización no era algo nuevo en España: con anterioridad a este decreto de Mendizábal, se produjeron varias desamortizaciones: la de Godoy (1798), ministro de Carlos IV, la de la Guerra de Independencia (1808-1814) y la del Trienio Liberal (1820-1823).

En cuanto a las causas de las desamortizaciones, ya los reformistas ilustrados del siglo XVIII insinuaron la necesidad de cambiar el sistema señorial de propiedad de la tierra. En el Antiguo Régimen una gran parte era de manos muertas, es decir, estaban vinculadas a dominios monásticos, o a municipios y mayorazgos. Además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, estaban fuera del mercado, y por ello no podían ser capitalizadas. Si se quería promover la reforma agraria, el primer paso era que pasaran a ser propiedad privada, y susceptibles de mejoras técnicas. La desamortización de estos bienes permitiría al Estado, incautándose de ellos y vendiéndolos en pública subasta, disminuir su déficit y amortizar la deuda pública. Además, para lograr el establecimiento del Estado liberal era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos proporcionados por la desamortización, y el apoyo social de la burguesía al régimen liberal.

Mendizábal será destituido en 1836, dando paso al gobierno Francisco Javier de Ísturiz, de tendencia moderada, pero un levantamiento de los sargentos de La Granja harán que la Regente jure la Constitución de 1812 hasta que se elabore otro texto constitucional, y que se forme otro gobierno progresista, a cuyo frente se situará Calatrava. Su tarea consistirá en concluir la obra iniciada por Mendizábal, nombrado ministro de Hacienda, para derribar los vestigios del Antiguo Régimen: profundizó la desamortización de las propiedades del clero, promulgando una ley en 1837 por la que se ponían en venta los bienes del clero secular, y abolió los gremios, el diezmo y el régimen señorial. En 1855 otra desamortización, la de Pascual Madoz, denominada de “desamortización general”, ampliará el proceso poniendo en venta los bienes del Estado y municipales.

1. Conclusiones:

Como conclusión, podemos destacar las consecuencias que tuvieron las desamortizaciones:

• La burguesía compradora se convirtió en terrateniente. Pero el proceso de desamortización no consiguió que las tierras se repartieran entre los campesinos, es decir, no fue una verdadera reforma agraria, sino una medida para conseguir dinero para los planes del Estado.
• A medio y largo plazo, consiguió que aumentara el volumen de producción agraria, al trabajar los nuevos propietarios tierras que hasta ahora no se habían cultivado.
• Se estima que el volumen total de tierras desamortizadas alcanzó el 50% de la tierra cultivable, lo que conllevó una expansión de la superficie cultivada y una agricultura más productiva. Además, en algunas zonas se realizaron inversiones, mejoras y especialización de los cultivos