Clasificación de los bienes de dominio público

Bienes de dominio público por naturaleza

Bienes de dominio público por afectación

Bienes de dominio público por naturaleza

Se declaran como tales por la CE y la Ley e integran los bienes que reúnan las características propias de su denominación (Aguas, playas…). Para su declaración es necesaria la reserva de Ley estatal. Estos bienes, concretamente, son:

• Los que establece la CE
• Zona marítimo-terrestre, playas, mar territorial y recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

• Los que establece la Ley
• Aguas superficiales y subterráneas, minas y espacio radioeléctrico.

Bienes de dominio público por afectación

Son bienes de dominio público artificial, fruto de la obra humana, y comprende:

• Bienes afectos al uso público
• Son grandes infraestructuras viarias destinadas al uso público por los ciudadanos (carreteras, puentes, calles, parques…).

• Bienes afectos al servicio público
• Son los que sirven de soporte físico a la explotación de un servicio público (obras de defensa militar, vías de tren, aeropuertos, hospitales, bibliotecas…).

Afectación, desafectación y mutación demanial

La afectación supone la vinculación a una finalidad pública del bien, es decir, su uso público o su utilización por un servicio público. Esta afectación puede ser:

• Expresa
• Implícita
• Presunta

La desafectación implica que el bien deja de estar afectado a un uso general o a un servicio público, perdiendo su carácter demanial, pasando a ser bien patrimonial de la misma AP. La desafectación debe ser expresa. En los casos de bienes de dominio público por naturaleza no cabe su desafectación. La mutación demanial supone el cambio del concreto servicio público o tipo de uso público al que estaba afecto el bien, con simultánea afectación a otro distinto, que implica que el bien nunca deja de ser dominio público.

Régimen jurídico del dominio público

El dominio público debe inspirarse en los 3 principios clásicos:

• Inalienabilidad
• Imprescriptibilidad
• Inembargabilidad

Estos principios garantizan, básicamente, que los bienes de dominio público no puedan ser objeto de apropiación por ningún particular. Aun así, la AP tiene determinadas obligaciones para la conservación de los bienes de dominio público:

• Proteger y defender su patrimonio.
• Mantener un inventario general de bienes y derechos, en el que deberán inscribirse todo ellos, especificando su naturaleza, su identificación y el uso de destino.
• Inscribir todos los bienes en el RP, salvo los demaniales no susceptibles de inscripción.

La LH obliga a los RP a comunicar a la AP las inscripciones relacionadas con inmuebles limítrofes a los bienes demaniales. La LPAP recoge potestades para la plena defensa de los bienes demaniales:

• Potestad de investigación de los bienes y derechos de los que la AP sospeche que pueden ser suyos, a fin de determinar de quién es realmente la titularidad de los mismos.
• Potestad de recuperación de oficio del bien demanial que le fuera arrebatado o fuera objeto de ocupación ilegal.
• Potestad de deslinde, que le permite deslindar los límites de los bienes inmuebles por un procedimiento administrativo, sin necesidad de acudir al procedimiento judicial.
• Desahucio administrativo, por el que la AP puede desalojar a cualquier ocupante de sus bienes, cuando el título en cuya virtud detentaba la posesión se extinga o haya caducado.
• Potestad de policía demanial, por la que la AP puede vigilar determinadas actuaciones que ponen en peligro la integridad de los bienes demaniales e impedir las mismas.
• Potestad sancionadora, que le permite sancionar a los que causen daños a los bienes de dominio público o que hagan un mal uso de los mismos. También pueden establecerse determinadas zonas de protección para preservar la integridad física del bien demanial.