Portada » Derecho » Cibertransparencia y corrupción: un análisis del impacto tecnológico en la administración pública
La prensa informa constantemente sobre escándalos de desvío de fondos públicos. Estos casos tienen un denominador común: la malversación de recursos que compromete la inversión en derechos sociales, resultando en servicios deficientes o inexistentes. Un aspecto positivo es la divulgación de estos fraudes. La historia ha experimentado cambios gracias a descubrimientos como la escritura, que permitió la evolución de la comunicación oral a la gráfica, y la máquina de vapor, que impulsó la industria. En el siglo XX, la popularización de los libros y la prensa, y actualmente el acceso a la informática, representan avances en la comunicación. La telemática permite la transmisión rápida y global de información, lo que implica poder.
Esto presenta dos vertientes:
La publicidad de la información permite el control ciudadano sobre los actos del Estado y fomenta la participación popular. La publicidad es un deber de la administración pública y se complementa con el derecho a la información de los ciudadanos. Esta combinación fortalece los principios de legalidad, moralidad y efectividad, esenciales para un Estado democrático de derecho. Un objetivo clave de las democracias es facilitar la comunicación directa entre la administración y los ciudadanos, lo que profundiza la democracia, la transparencia y la eficiencia de la actividad pública.
El derecho suele ser represivo, actuando después del hecho, lo que a menudo resulta en daños irreparables.
La cibertransparencia ofrece un enfoque preventivo mediante la divulgación de datos públicos. Es una vía de doble sentido:
La información disponible electrónicamente facilita el control preventivo, estimula la participación popular, transparenta el ejercicio del poder y fortalece la democracia. Esto reduce el desvío de fondos y mejora las prestaciones sociales. La cibertransparencia promueve la transparencia, la publicidad, la inteligencia colectiva, el aprendizaje cooperativo, nuevas formas de organización social y mayor responsabilidad pública.
Históricamente, los jueces dependían del gobernante e impartían justicia por delegación. En la Edad Media, el rey era el juez supremo. En la Edad Moderna, la burocratización de los órganos judiciales trajo consigo la venta de cargos, la corrupción y la utilización del aparato judicial como herramienta política. Tras la Revolución Francesa, la separación de poderes asignó un rol específico a los jueces, aunque persisten problemas como su independencia.
¿Respecto a quién deben ser independientes los jueces? Owen Fiss plantea tres tipos de independencia: