Portada » Historia » Chuleta estatuto de autonomía transición
Durante la Transición uno de los mayores problemas que se plantearon fue la reforma de la estructura territorial del Estado. La reivindicación histórica de las autonomías protagonizadas por vascos y catalanes (herencia de la II República) impulsó el nacionalismo tras la muerte de Franco y obligó a plantearse como tarea fundamental la reforma administrativa y territorial del País Vasco. Diversos factores como los Hechos de Vitoria, el crecimiento de la oposición, Montejurra y el terrorismo de ETA provocarán la dimisión de Arias Navarro iniciándose el Gobierno de Adolfo Suárez. Éste comenzará una “reforma dentro del sistema” mediante la Ley para la Reforma Política, el indulto para los presos políticos sin delitos de sangre (que excluye a la mayor parte de los presos de ETA). En 1977 se legaliza la Ikurrina y poco después, tras la legalización de los partidos políticos, se convocan las primeras elecciones generales. En el País Vasco ganará el PNV seguido del PSOE mientras que a nivel estatal lo hace UCD. La articulación de las aspiraciones nacionalistas se convertirá en uno de los grandes retos del Gobierno de Adolfo Suárez. En Junio de 1977 se constituye una Asamblea de Parlamentarios Vascos encargados de elaborar el proyecto preautonómico. En Enero de 1978 se froma el Consejo General Vasco, un ente preautonómico presidido por Ramón Rubial cuya primera tarea fue designar una comisión mixta para iniciar las primeras transferencias de competencias en lo referente a la agricultura, la industria, el comercio y el urbanismo. En Diciembre de 1978 se somete la Constitución a referéndum que, pese a que recoge algunas de las reivindicaciones nacionalistas, contó con la oposición del PNV a causa de la afirmación de la invisibilidad de la nacíón española. Este partido se uniría a los nacionalismos más extremos en la campaña por la abstención en el referéndum constitucional. En Noviembre de 1978 el Consejo General Vasco insta a la Asamblea de Parlamentarios Vascos a que elaboren un proyecto de Estatuto de Autonomía que definiera la nacionalidad vasca y sus competencias. Su aprobación consensuada en Madrid daría lugar a la radicalización de algunas ideologías como en el caso de la izquierda radical que se unificaría en Herri Batasuna (HB). En Diciembre de 1978 fue presentado en Guernica y ante las Cortes. E 1979 los parlamentarios vascos ratificaron el Estatuto en las diputación vizcaína con la oposición de HB. A pesar de la abstención en el referéndum constitucional el PNV acepta la Constitución de la que iba a nacer el Estatuto, el acuerdo político significó un acoplamiento más riguroso a ésta.
Durante éste mismo año el gobierno de Adolfo Suárez hace públicos los puntos de disconformidad con el Estatuto iniciándose un proceso negociador entre el presidente y Carlos Garaikoetxea, el nuevo presidente del Consejo General vasco y del PNV. Finalmente se impuso el nacionalismo moderado y el reformismo gubernamental. En Octubre de 1979 el Estatuto fue sometido a Referéndum que contó con un 54% de participación y un 40,23% de abstenciones y un 5.14% de votos en contra demostrando el fuerte pluralismo de la sociedad vasca. Tras la aprobación del Estatuto se celebraron las primeras elecciones autonómicas en el que se produjo la vitoria del PNV quedando Herri Batasuna en segundo lugar, que decidíó no participar institucionalmente. Se constituyó un gobierno del PNV con Carlos Goikoetxea como presidente. El principal problema al que se tuvo que enfrentar el Estatuto de 1979 fue la LOAPA (Ley Orgánica Armonizada del Proceso Autonómico) defendida por UCD y PSOE que reducía las competencias que el estado debía transferir a las Comunidades Autónomas. Sin embargo el proyecto sería considerado inconstitucional y acabaría desapareciendo. El Gobierno transmitíó la creación de la Policía Autónoma Vasca además firmó la Ley de Territorios Históricos de 1983 por la que se regulaban las competencias de las instituciones comunes (Gobierno y Parlamento Vasco) y de las tradicionales de los territorios, las juntas generales y las Diputaciones Forales. Establecíó una descentralización en aspectos fiscales y la regulación de los servicios sociales.
La aprobación del estatuto supónía una victoria para las provincias vascas en el proceso de autonomía, tras una etapa franquista en la cual ésta no se consideró. Fue el segundo estatuto aprobado en la historia del País Vasco tras el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936, aprobado en plena Guerra Civil que apenas pudo hacerse vigente. En definitiva, el País Vasco accedíó al grado máximo de autonomía recogido en la Constitución (art. 151) de forma inmediata y democrática. Pero la rapidez con la que se elaboró el Estatuto ha hecho que, años después, existan lagunas en el articulado que han generado discrepancias entre las instituciones del territorio Vasco.