Constitución nacional Art 75 inc 2:

Declaraciones, convenciones y pactos complementarios de derechos y garantías.

Inc 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.

Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes

La declaración americana de los derechos y deberes del hombre.

La declaración universal de derechos humanos

La convencíón americana sobre derechos humanos

El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales

El pacto internacional de derechos civiles y políticos y su protocolo facultativo

La convencíón sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio

La convencíón internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial

La convencíón sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

La convencíón contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La convencíón sobre los derechos del niños

Características:

Tienen jerarquía constitucional

No derogan articulo alguno de la primera parte de la constitución

Son complementarios a los derechos y garantías.

Solo pueden ser denunciados por el poder ejecutivo nacional, previa aprobación de 2/3 de los miembros de cada Cámara.

Los demás tratados y convenciones, luego de ser aprobados por el congreso, luego deben ser aprobados por las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara, para gozar de jerarquía constitucional.

Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Adoptado por la asamblea general de las naciones unidas en 1979.

ART 1:

Los funcionarios cumplirán en todo memento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contras actos ilegales.

La expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” son todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía.

En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende a los funcionarios de esos servicios.

Se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que necesitan ayudan inmediata.

El propósito es abarcar todos los actos violentos, de depredación y nocivos, también la gama de prohibiciones de la legislación penal. Además a la conducta de personas que no puede incurrir en responsabilidad penal.

ART 2:

los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetaran y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.

Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional( Declaración universal de los derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, la declaración de las naciones unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, etc)

En los distintos países, deben indicarse las disposiciones regionales o nacionales que determinen y protejan esos derechos.

ART 3:

podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

El uso de la fuerza por los funcionarios debe ser excepcional, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda los límites.

El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza con un principio de proporcionalidad

El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Debe hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. Se debe emplear cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro la vida de otras personas y no pueda reducirse. Cuando se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

ART 4:

las cuestiones de carácter confidencial se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan lo contrario.

ART 5:

ningúnfuncionario, podrá infligir, instigar o tolerar ninguna acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Esta prohibición dimana de la declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En la declaración se define la tortura como: “todo acto por el cual el funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras”.

El término “tratos o pneas crueles, inhumanos o degradantes” extiende la protección contra todo abuso sea físico o mental.

ART 6:

los funcionariosaseguraran la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y proporcionar atención médica cuando se precise.

La atención médica se proporcionara cuando se necesite o solicite.

Los funcionarios deben tener en cuenta la opinión de ese personal cuando recomiende un tratamiento apropiado

Los funcionarios proporcionaran también atención médica a las víctimas.

ART 7:

los funcionarios no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán a todos los actos de esa índole y lo combatirán.

Cualquier acto de corrupción, cualquier abuso de autoridad, son incompatibles con la profesión de funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

La definición de corrupción abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable, en el desempeño de sus funciones o con motivo de estas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de estos una vez realizado u omitido el acto.

La expresión “acto de corrupción” abarca la tentativa de corrupción.

ART 8:

los funcionarios respetaran la ley y el presente código. También harán lo posible por impedir cualquier violación al código y la ley.

Informaran de la cuestión a sus superiores o a cualquier autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.

Si la legislación contiene disposiciones más estrictas que las del código, se aplicaran esas disposiciones más estrictas.

El articulo tiene por objeto que haya disciplina interna en el organismo de la seguridad pública y la de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos básicos.

No se aplicaran sanciones administrativas ni de otro tipo a los funcionarios por haber informado de que ha ocurrido o va a ocurrir una violación del presente código. El término “autoridad u organismo apropiado” se refiere a toda autoridad o todo organismo que tenga facultades para examinar reclamaciones y denuncias de violaciones del presente código.

En algunos países los medios de información para las masas cumplen funciones de control a las descritas en el inciso anterior.

Los funcionarios que observen disposiciones del presente código merecen respeto, el apoyo total y la colaboración de la comunidad y del organismo de ejecución de la ley en que prestan sus servicios, así como la de los demás funcionarios.