Portada » Historia » Avances de las tropas de José Bonaparte
Carlos IV apartó del gobierno a los ministros ilustrados, confiando en Manuel Godoy.
La ejecución del monarca francés, Luis XVIO, impulsó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia, en coalición con otras monarquías absolutas. La derrota de las tropas españolas fue inapelable y la paz subordinó a España a los intereses franceses. A partir de este momento y desde el ascenso de Napoleón al poder, la política española vaciló entre el temor a Francia y el intento de pactar con ella para evitar el enfrentamiento. La alianza con Francia trajo consigo el conflicto con Gran Bretaña (batalla de Trafalgar).El desastre naval en dicha batalla acentuó la crisis de la Hacienda Real, agravada por la reducción de ingresos, especialmente los del comercio colonial por el descenso de tráfico marítimo.
Godoy recurríó al endeudamiento y al aumento de las contribuciones y planteó reformas como la desamortización de tierras eclesiásticas que provocaron una amplia oposición. La nobleza y la Iglesia se mostraron contrarias a Godoy. Por otro lado, la subida de impuestos al campesinado, trajo el descontento popular, que se vio incrementado pos la escasez y el hambre. La incapacidad para resolver esta situación alimentó motines y revueltas. En 1807 Godoy firma un tratado con Napoleón, en el cual se autorizaba a los ejércitos a entrar en España para atacar Portugal, aliada de Gran Bretaña. El 18 de Marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez, ciudad donde se encontraban los reyes, quienes aconsejados por Godoy, y temerosos de que la presencia francesa terminase en una invasión del país, se retiraban hacia el sur. El motín con participación popular, perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV. Los amotinados consiguieron los objetivos, pero los hechos evidenciaron una crisis profunda en la monarquía española.
Carlos IV y Fernando VII fueron llamados por Napoleón a Bayona, sin mayor oposición, abdicaron ambos en la persona de Napoleón, el cual nombra a su hermano José rey de España, convocó Cortes a fin de aprobar una Constitución que acabase con el Antiguo Régimen y ratificase el nombramiento de José I (código de Bayona). José inició una experiencia reformista que pretendía liquidar el Antiguo Régimen, entre otras medidas se encuentran, la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras de la Iglesia y la desvinculación de mayorazgos y tierras de manos muertas. Todas sus actuaciones estaban subordinadas a las necesidades militares de la conquista y la violenta actuación de las tropas napoleónicas, lo que puso al grueso de la población en su contra. El 2 de Mayo de 1808 el resto de la familia real que permanecía en palacio, se preparaba para partir hacia Bayona. Una multitud espontánea se congregó ante el palacio para impedir su partida y se alzó de forma espontánea contra la presencia francesa.
La revuelta fue duramente reprimida, pero su ejemplo provocó un movimiento de resistencia popular.
La Juntas fueron primero locales y estaban formadas sobre todo por personalidades partidarias de Fernando VII, que pretendían canalizar la agitación popular, las necesidades de coordinación comportaron la creación de Juntas provinciales que asumieron la soberanía en ausencia del rey, declararon la guerra a Napoleón y buscaron el apoyo de Gran Bretaña. Las Juntas enviaron representantes a Aranjuez para formar una Junta Suprema Central que coordinase la lucha y dirigiese el país.
El inicial carácter desorganizado de la resistencia parecía confirmar las previsiones de Napoleón de que la invasión sería rápida y fácil. Pero la resistencia de ciudades sometidas a sitios impidió el avance hacia el Levante, y la derrota de los invasores en Brue y en Bailén tuvo un impacto inmediato. En Enero de 1809 José I entraba de nuevo en Madrid y durante 1809 el dominio francés se extendíó por todo el territorio.
La residencia a la invasión se realizó mediante forma espontánea, popular y más eficaz de lucha armada, las guerrillas. Las guerrillas hostigaban al ejército por sorpresa, sometiendo a los franceses a una presión y desgaste continuos. En 1812 el curso de la guerra quedó afectado por la campaña de Napoleón en Rusia, que obligó a retirar miles de efectivos de la Península. Ante esto la guerrilla apoyada por el ejército británico (general Wellington) consiguieron la victoria en Arapiles. Incapaz de mantener los dos frentes, Napoleón decidíó pactar el fin del conflicto con los españoles y permitir el retorno de Fernando VII.
La invasión obligó a las diferentes corrientes ideológicas a tomar partido frente a la presencia francesa. Los afrancesados colaboraron con José I, procedentes en su mayoría del despotismo ilustrado, partidarios del programa reformista, apostaban por un poder fuerte para modernizar España, al final de la guerra muchos tuvieron que exiliarse. El grueso de la población se conoce como el frente patriótico, que se opusieron a la invasión. La mayor parte fue el clero y la nobleza, deseaban la vuelta de Fernando VII y el absolutismo. Los ilustrados reían que con la vuelta de Fernando VII se podría emprender un programa de reformas y la modernización del país. Finalmente los liberales veían en la guerra la oportunidad de realizar un cambio de sistema político.
La Junta Suprema Central se había mostrado incapaz de dirigir la guerra y decidíó disolverse en Enero de 1810, no sin antes iniciar un proceso de convocatoria de Cortes para que los representantes de la nacíón decidieran sobre su organización y su destino. Mientras se reunían las Cortes se manténía una regencia formada por cinco miembros y asimismo, se organizó una consulta al país sobre las reformas a realizar en las Cortes. El proceso de elección de diputados a Cortes y su reuníón en Cádiz fueron difíciles dado el estado de guerra, y en muchos casos se optó por elegir sustitutos entre las personas presentes en Cádiz. Las Cortes se abrieron en Septiembre de 1910 y el sector liberal consiguió su primer triunfo al forzar la formación de una cámara única, frente a la tradicional representación estamental. En su primera sesíón aprobaron el principio de soberanía nacional, es decir, el reconocimiento de que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes. La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano, la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, el derecho de petición, la libertad civil, el derecho de propiedad y el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nacíón española. La estructura del Estado correspondía a una monarquía, basada en la división de poderes y no en el derecho divino. El poder legislativo, representaba la voluntad nacional y poseían amplios poderes. El mandato de los diputados duraba dos años y eran inviolables en el ejercicio de sus funciones. El sufragio era universal masculino e indirecto. El monarca era la cabeza del poder ejecutivo. Las decisiones del monarca debían ser refrendadas por los ministros, quienes estaban sometidos a responsabilidad penal. La administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales y se establecían los principios básicos de un Estado de derecho. Asimismo el territorio se dividía en provincias, para cuyo gobierno interior se creaban las diputaciones provinciales. Se creaba la Milicia Nacional a nivel local y provincial. El texto constitucional plasmaba el compromiso existente entre los sectores de la burguésía liberal y los absolutistas, al afirmar la confesionalidad católica del Estado. Las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. Procedieron a la supresión de los señoríos jurisdiccionales, distinguíéndolos de los territoriales, que pasaron a ser propiedad privada de los señores. También se decretó la eliminación de los mayorazgos y la desamortización de las tierras comunales, con el objetivo de recaudar capitales para amortizar deudas públicas. Se votó la abolición de la Inquisición, y la libertad de imprenta, que en lo referente a la religión continuaba bajo control de la Iglesia y condicionada por unas juntas de censura. Cabe señalar la libertad del trabajo, la anulación de gremios y la unificación del mercado. Este primer liberalismo marcó las líneas básicas de lo que debía ser la modernización española. Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar un marco legislativo mucho más avanzado de lo que hubiera sido posible en una situación de normalidad. La obra de Cádiz no tuvo una gran incidencia práctica, la situación de guerra impidió la efectiva aplicación de lo legislado, y al final de la guerra, la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y condujo al retorno del absolutismo.
El 1 de Enero de 1820 el coronel Rafael del Riego al frente de una compañía de soldados se sublevó y recorríó Andalucía proclamando la Constitución de 1812, la pasividad del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey a aceptar la Constitución. Inmediatamente se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron una importante obra legislativa, restaurando una gran parte de las reformas de Cádiz. Asimismo impulsaron la liberalización de la industria y el comercio, con la eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías, potenciando así el desarrollo de la burguésía. Por último iniciaron la modernización política y administrativa del país, de acuerdo con el modelo de Cádiz. Se formaron ayuntamientos y diputaciones electivos y se reconstruyó la Milicia Nacional, con el fin de garantizar el orden y defender las reformas constitucionales. Todas estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía, Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y desde el primer momento, paralizó cuantas leyes pudo. Pero las nuevas medidas liberales del Trienio provocaron el descontento de los campesinos ya que se abolían los señoríos jurisdiccionales, pero no les facilitaban el acceso a la tierra. De forma que los campesinos más pobres e indefensos ante la nueva legislación capitalista se sumaron a la agitación antiliberal. Las tensiones se produjeron también entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales y los exaltados que planteaban la necesidad de reformas radicales, favorables a las clases medias y populares. La Santa Alianza que atendiendo a las peticiones de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España. Los Cien Mil Hijos de San Luis, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Alarmadas por la constante agitación en que vivía España, las potencias restauradoras consideraban necesarias reformas moderadas, proclamar una amnistía para superar la situación de violencia y organizar una administración con el fin de dotar de estabilidad a la monarquía. Fernando VII inició una feroz opresión frente a los liberales, muchos de los cuales marcharon hacia el exilio. La otra gran preocupación de la monarquía fue el problema económico. Las dificultades de la Hacienda agravadas por la pérdida definitiva de las colonias americanas, forzaron a un estricto control del gasto público, dado que era imposible aumentar la recaudación sin tocar los privilegios fiscales de la nobleza. A partir de 1825, el rey acuciado por los problemas económicos buscó la colaboración del sector moderado de la burguésía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas y de los sectores ultramontanos de la corte, ya muy descontentos con el monarca porque no había restablecido la Inquisición y no actuaba de forma más contundente contra los liberales. En 1827 en Cataluña se levantaron los partidarios realistas que reclamaban mayor poder y defendían el retorno a las costumbre y fueros tradicionales. En la corte dicho sector que gozaba de importante poder en círculos nobiliarios y eclesiásticos, se agruparon alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.