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B9–1 Define en qué consistíó el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. El comienzo del reinado de Alfonso XIII, está caracterizado por las protestas que un importante grupo de intelectuales del periodo final del Siglo XIX lanzan con dureza contra el mundo de la restauración, denunciando los vicios del sistema dominado por una oligarquía política, y realizando una serie de propuestas para la modernización política, social y económica de España. Joaquín Costa, académico de la historia y fuerte apoyo de la Institución Libre de Enseñanza, fue el primero en criticar, siguiendo la tradición krausista con la que se identificaba, la falta de veracidad del sistema liberal; y para llevar a cabo la regeneración del país apeló a la irrupción en la vida española de una personalidad fuerte que actuara como el “cirujano de hierro”. La actitud de Joaquín Costa puede considerarse como el inicio del protagonismo en la vida española de un revisionismo en lo político, social y moral, que ha sido conocido históricamente con el término de “regeneración”, que indicaba un deseo general de superar el retraso y renovar la vida nacional. El regeneracionismo trascendíó el pensamiento de sus creadores y llegó a tener un protagonismo de decisiva importancia en la vida española a lo largo del Siglo XX. Cuando Alfonso XIII accedíó al trono en 1902, ya existe una inquietud entre las élites sociales y políticas por el fenómeno regeneracionista, que es aprovechado por el régimen de la Restauración para intentar dar autenticidad y estabilidad a sus políticas propias del turnismo de tradición conservadora o liberal. A la nueva línea de actuación seguida se la denominó revisionismo, desde el poder, ya que los gobiernos, tanto liberales como conservadores, se propusieron realizar una «revisión» del sistema político, modificando lo imprescindible para rectificar sus mayores defectos y adaptarlo a algunas de las demandas de la sociedad española.
«revolución desde arriba», para evitar la revolución desde abajo, y las principales medidas adoptadas fueron: • Creación del Instituto Nacional de Previsión, embrión de un futuro sistema de Seguridad Social. Su cometido era promover y facilitar los seguros sociales colectivos para paliar la lamentable situación de los trabajadores que, obligados por la vejez a dejar de trabajar, carecían de medios de subsistencia. En lo sucesivo, mediante el seguro conocido como «retiro obrero», el trabajador, a cambio de una cotización durante su vida laboral activa, podía jubilarse con derecho a una pequeña pensión. Su verdadera eficacia no se alcanzó hasta 1919, año en que este seguro de vejez se hizo obligatorio y a las cuotas de los obreros se añadieron las de sus patronos y un suplemento estatal. • Promulgación de la Ley de Huelga, que pretendía regular el ejercicio de este derecho para evitar al máximo los perjuicios que de él podían derivarse. Pero era una ley más orientada a controlar las huelgas que a garantizar el derecho a ejercerlas, razón por la cual su incumplimiento fue frecuente. Promulgación de la Ley de Reforma Electoral, cuya justificación era eliminar el fraude y garantizar la limpieza de las elecciones. Pero la realidad era muy distinta. Se introdujo el voto obligatorio, cuyo verdadero propósito era movilizar a los indiferentes, potenciales votantes moderados, y contrarrestar así el voto de republicanos y socialistas. Sin embargo, la novedad de mayor trascendencia fue la introducida en el artículo 29, según el cual en aquellas circunscripciones donde el número de candidatos fuese igual al número de escaños en disputa, estos se adjudicarían directamente sin proceso electoral. De este modo, en las circunscripciones pequeñas (las más fáciles de controlar) ya no sería necesario recurrir a prácticas fraudulentas en el día de las elecciones, pues bastaría con asegurarse de que solo se presentaban los candidatos que «debían salir».
el Protectorado compartido de Marruecos El Convenio entre España y Francia de 1912 había convertido las zonas de influencia en Marruecos de ambos países en un Protectorado compartido. La parte del Protectorado español, en el norte de Marruecos, comprendía una zona mucho más pequeña y pobre que la del Protectorado francés. El territorio fue dividido en dos comandancias militares –la de Ceuta y la de Melilla–, separadas entre sí por la bahía de Alhucemas, por lo que el principal objetivo era dominar dicha bahía para unir ambas zonas. Pero el escaso interés del territorio explica la política vacilante de los gobiernos, que alternaron fases de intervención militar con otras de paralización de movimientos. A ello se añadía la impopularidad de la guerra y la división existente dentro del propio ejército entre un sector «africanista», que aspiraba a beneficiarse con los ascensos por méritos de guerra, y un sector «juntista», que coincidía con las Juntas Militares de Defensa en el rechazo a ese sistema de promoción
Las reformas propuestas abarcaban un amplio abanico de cuestiones, pero el asesinato de Canalejas en 1912 a manos de un anarquista interrumpíó el proceso de reformas en curso y marcó el final de los intentos de regeneración interna del sistema político de la Restauración. Entre las principales medidas adoptadas se pueden señalar las siguientes: • Jornada laboral de nueve horas en las minas, regulación del trabajo de las mujeres y ley de accidentes de trabajo. • La supresión del impuesto de consumos, que fue la medida de mayor trascendencia, pues se trataba de un impopular tributo sobre determinados artículos, algunos de primera necesidad, que supónía una carga añadida a la precaria situación económica de las clases trabajadoras. Este impuesto fue sustituido por uno nuevo, más progresivo, aplicado a las rentas urbanas. • La Ley de Reclutamiento (1912), que establecía el servicio militar obligatorio y acababa parcialmente con la práctica clasista de la cuota (pago de una elevada cantidad dinero para quedar exento del servicio militar). La cuota no desaparecíó, pero en lo sucesivo solo serviría para reducir el periodo del servicio militar a cinco o diez meses, según la cuantía de la cuota, en vez de los tres años que debían cumplir quienes no la pagaban. Sin embargo, en caso de guerra la incorporación a filas era obligatoria para todos. Además, intentó la secularización del Estado (“Ley del Candado” de 1910, por la que no se podían establecer nuevas órdenes religiosas). Pero hay que tener en cuenta que el regeneracionismo fue un fenómeno mucho más amplio, que supuso también el desarrollo de ideas capaces de movilizar a la opinión pública en contra de los partidos del turno. Por tanto, en otros movimientos políticos también se manifestaron ideas regeneracionistas.
B9–2 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. Republicanismo.
Era el principal grupo de oposición política y constituyó la minoría parlamentaria de oposición más numerosa. Su fuerza era notable en las zonas urbanas, donde el voto podía expresarse con mayor libertad y la influencia caciquil era mucho más reducida. Con el nuevo siglo se produjo una evolución del republicanismo histórico en el que perdieron protagonismo los partidos y los líderes hegemónicos del periodo anterior. Este nuevo republicanismo se caracterizó por ser un amplio movimiento social, de carácter reformista, que agrupó a sectores de la burguésía librepensadora y a amplias capas de las clases populares. En 1903, con la finalidad de dar unidad al republicanismo, nacíó la Uníón Republicana, coalición que intentaba agrupar a los diferentes grupos republicanos alrededor de Nícolás Salmerón. Su programa tenía como fin último la convocatoria de Cortes Constituyentes y la proclamación de la República. En 1908 (año de la muerte de Salmerón) se funda en Santander el Partido Republicano Radical, liderado por Alejandro Lerroux, que se escinde de la Uníón Republicana debido a la entrada de republicanos en la coalición catalanista Solidaridad Catalana, en la que Lerroux no había querido integrarse. El partido presentaba desde su fundación un discurso profundamente demagógico, anticlerical y supuestamente revolucionario, que calaba muy bien entre las clases populares barcelonesas. Con el tiempo fueron generando un pensamiento cada vez más anticatalanista, a la vez que moderan su discurso y su ideario para tratar de acceder a los votantes de la burguésía urbana. Tras los sucesos de la Semana Trágica (1909) trasladan su sede a Madrid. También como escisión de la Uníón Republicana nace en Valencia, en 1908, el Partido Republicano Autonomista de Vicente Blasco Ibañez. El Blasquismo es un movimiento populista y anticlerical que presentaba notables semejanzas con el lerrouxismo. Su principal diferencia con el Partido Republicano Radical fue su carácter autonomista y la pretensión del establecimiento de una república española democrática. En 1912 Melquiades Álvarez y Gumersindo de Azcárate fundaron el Partido Reformista, que se declaraba republicano y tenía en sus filas a intelectuales de mucho prestigio como José Ortega y Gasset, Santiago Ramón y Cajal. Su ideario, algo difuso, defendía el progreso y la justicia social. Y sus posiciones, menos exaltadas que las de los socialistas o anarquistas, les permitieron ganarse el apoyo de ciertos sectores de un amplio abanico social; aunque no consiguió una implantación efectiva ni entre las clases medias ni entre los trabajadores, teniendo menos implantación social que el Partido Radical. El PSOE Era un partido republicano, pero con una marcada identidad propia por su ideario socialista. Su crecimiento fue constante y su estrategia consistía en participar en el juego político parlamentario, sin renunciar por ello a la revolución social. Como respuesta a la represión que el Gobierno llevó a cabo tras la Semana Trágica, en 1909 se constituyó la Conjunción Republicano-Socialista, que integraba a diversos grupos republicanos (entre ellos los tres analizados anteriormente) y al Partido Socialista Obrero español (PSOE). En las elecciones de 1910 esta alianza obtuvo 27 escaños y ganó en Madrid, Barcelona y Valencia; lo que permitíó por primera vez el acceso a las Cortes de un socialista: el fundador del partido, Pablo Iglesias Posse
B9–2 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. Nacionalismo catalán El catalán era el nacionalismo de mayor relevancia en las primeras décadas del Siglo XX. Dominado por la Lliga Regionalista, fundada en 1901. Esta formación política consideraba que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su reivindicación de la autonomía de Cataluña. Este era el partido de la burguésía catalana y no contó con el apoyo de la clase obrera, ya que no atendía a las reformas sociales. Practicó una política pactista colaborando en ocasiones con los partidos del turno (Conservadores y Liberales). La victoria en las elecciones municipales de 1905 de la Lliga Regionalista alarmó al ejército, que veía peligrar la unidad del país. El gobierno liberal presidido por Segismundo Moret apoyó al ejército y promulgó la Ley de Jurisdicciones, que establecía que los delitos contra la nacíón y el ejército serían juzgados por tribunales militares. El nacionalismo catalán reacciónó con la formación de una coalición electoral llamada Solidaritat Catalana (Solidaridad Catalana), que incluía a todas las fuerzas políticas catalanas (Lliga Regionalista, Partido Republicano Federal y parte de la Uníón Republicana), así como a otras fuerzas como los carlistas Partido Católico Nacional. La coalición consiguió una clara victoria electoral, en 1907, frente a los partidos del turno. Durante los años siguientes, el catalanismo moderado, representado por La Lliga, alternó etapas de colaboración con el gobierno central con otros momentos de activa oposición. Entre 1914 y 1924, La Lliga llegó a controlar la Mancomunidad de Cataluña, organismo administrativo que coordinaba el funcionamiento de los municipios catalanes. Con la guerra social desatada en Cataluña a partir de Febrero de 1919, debida al enfrentamiento entre la CNT y las fuerzas del orden público, hizo que La Lliga Regionalista se fuese decantando cada vez más por planteamientos sociales frente a la reivindicación puramente nacionalista. Este cambio provocó la aparición de nuevas formaciones nacionalistas: Acció Catalana y Estat Català. La última será una de las formaciones que, en 1931, participan en la formación de Esquerra Republicana de Cataluña.
De carácter arcaizante y esencialmente vizcaíno, el nacionalismo vasco era muy distinto del catalán en planteamientos y arraigo social. Su única expresión seguía siendo el Partido Nacionalista Vasco (PNV), apoyado en la pequeña burguésía bilbaína, ultraconservadora y recelosa del progreso y la industrialización. Tras la muerte de Sabino Arana en 1903, se inició un duro y largo enfrentamiento entre el sector independentista y defensor de las ideas aranistas, y otro más moderado, liberal y posibilista que optaba por la autonomía vasca dentro de España. Con la nueva estrategia del sector autonomista, el nacionalismo vasco, se extendíó desde Vizcaya al resto de las provincias vascas. En 1911 se creó un sindicato nacionalista y católico, Solidaridad de Trabajadores Vascos. En 1916, el PNV pasó a denominarse temporalmente Comunión Nacionalista Vasca, se aproximó a la burguésía industrial, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayoritaria en el País Vasco. Sus primeros éxitos electorales fueron en 1917 y 1918, cuando por primera vez se presentó a las elecciones generales, y obtuvo seis de los siete escaños de Vizcaya. En 1921 se escindíó el grupo con tendencias más independentistas (Aberri). Unos y otros se reagruparon en 1930 bajo la denominación tradicional de Partido Nacionalista Vasco.
Experimentó un notable desarrollo cultural, pero estaba todavía lejos de consolidarse como fuerza política. El intento más serio en este sentido fue la creación de Solidaridad Gallega en 1907, que, como su precursora catalana, no era un verdadero partido político, sino una agrupación, en este caso fundamentalmente de campesinos, que se limitó a participar en las elecciones municipales de algunos lugares. Tampoco tuvo demasiado impacto la fundación en 1910 de Acción Gallega, que intentó liderar sin éxito el movimiento agrarista gallego.
Estuvo localizado en Sevilla, en torno al Ateneo de esta ciudad. Su más apasionado impulsor y principal ideólogo fue Blas Infante, considerado el «padre de la patria andaluza», pero sus intentos de conseguir una mayor autonomía de gobierno para Andalucía no llegarían a verse coronados por el éxito
Tras el Desastre de Annual, el ejército español era materialmente incapaz de recuperar el territorio perdido. Por ello se optó por una política de contención orientada a impedir la expansión de la zona rebelde. Durante la dictadura de Primo se aborda con decisión el problema del protectorado. Además de la impopularidad del conflicto, el propio ejército estaba dividido entre los africanistas, partidarios de seguir la lucha, y los abandonistas. El propio dictador se había pronunciado desde hacía tiempo en contra de continuar las operaciones en Marruecos. Pero la liquidación de la guerra se debíó, fundamentalmente, no a la iniciativa de Primo de Rivera, sino a la del dirigente rifeño Abd-el-Krim, que cometíó el error táctico de atacar a los franceses en 1925. Esto propició una contundente actuación militar hispano-francesa (el Desembarco de Alhucemas en 1925), cuya consecuencia fue la rendición de Abd-el-Krim. De esa forma se despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927).
B9–3 Explica las repercusiones de la IGM y la Revolución Rusa en España. Las repercusiones económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial (1914–1918), con sus efectos sobre la economía de los países en conflicto, convirtió a casi todos ellos, tradicionalmente productores y exportadores, en países importadores. Los efectos políticos y sociales que para España tendrá el conflicto, constituyeron un punto de inflexión que marca el comienzo de la caída del régimen de la Restauración. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial (1914), el gobierno del conservador Eduardo Dato declaró la neutralidad española, respaldada por todos los partidos. A pesar de la neutralidad oficial, las fuerzas políticas y los sectores sociales mejor informados y con inquietudes políticas se dividieron en dos bandos: Germánófilos y aliadófilos. En general, los sectores más conservadores de España se declararon Germánófilos (partidarios de los Imperios Centrales: alemán y austrohúngaro); mientras que los sectores más liberales y la izquierda simpatizaron con los aliados, representantes de los principios democráticos: Francia, Gran Bretaña y EEUU. Solo los anarcosindicalistas y una minoría socialista calificaron la guerra como un enfrentamiento entre imperialismos, sin inclinarse por uno u otro bando. La neutralidad favorecíó una espectacular expansión de la economía. España se convirtió, entonces, en abastecedora de los países beligerantes, a los que suministró materias primas y productos industriales. Sin embargo, los grandes beneficios de las empresas no repercutieron en aumentos salariales equivalentes; mientras la burguésía industrial y financiera se enriquecíó con los beneficios extraordinarios de la guerra, las clases trabajadoras sufrieron un fuerte descenso de su nivel de vida, a pesar del alza de los salarios, por la escasez y por la subida vertiginosa de los precios en productos de primera necesidad debido a una inflación descontrolada. Esta situación agravó las diferencias sociales de la época y provocó una gran agitación social y el auge del movimiento obrero, movilizado ante la situación de contraste que se estaba produciendo en un momento de euforia de la economía española. Es en este clima cuando en 1917 la UGT y la CNT organizaron una huelga general, a la que el gobierno respondíó de forma muy enérgica.
El triunfo en 1917 de la Revolución Rusa insufló un notable entusiasmo en las organizaciones obreras y en los años sucesivos se incrementó la agitación social, cuyas manifestaciones más evidentes fueron: • El «trienio bolchevique» en Andalucía (1918-1920), fase de actividad revolucionaria provocada por la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa. Bajo la dirección de los dos grandes sindicatos (UGT y CNT) se sucedieron las huelgas, se ocuparon campos, se repartieron tierras y se tomaron ayuntamientos. Pero la declaración del estado de guerra y una dura represión pusieron fin a la revuelta social en 1920. • La violencia creciente en Cataluña, donde, a pesar del fracaso de la huelga general de 1917, el crecimiento de la CNT continuó de forma ininterrumpida y se impuso como corriente mayoritaria la anarcosindicalista –más violenta y partidaria de la acción directa–, frente a la corriente sindicalista, más moderada y pragmática. En consecuencia, las huelgas, sabotajes y atentados se sucedieron continuamente. La patronal catalana, por su parte, respondíó con igual dureza (frente a la huelga obrera, el lock-out o cierre temporal de la empresa por decisión del dueño; y frente a la acción directa o «terrorismo rojo», el «terrorismo blanco» o contratación de pistoleros y bandas armadas para asesinar a dirigentes obreros y sindicales). No obstante, en este contexto de presión de un movimiento obrero cada vez más fuerte, el gobierno se vio obligado a adoptar algunas medidas de carácter social, como la tradicional reivindicación de la jornada de ocho horas en la industria (1919) o la creación del Ministerio de Trabajo (1920). Por otra parte, el triunfo de la Revolución Rusa y la fundación en 1919 de la Tercera Internacional o Internacional Comunista (Komintern) supusieron también una nueva división ideológica dentro de las filas del socialismo: • Al año siguiente, un grupo de las Juventudes Socialistas decidíó transformarse en Partido Comunista de España, según las directrices de Moscú. • El PSOE y la CNT optaron por enviar representantes a la Uníón Soviética para que se informaran de lo que estaba ocurriendo allí. La CNT optó por no adherirse a la Tercera Internacional. Asimismo, el PSOE, tras analizar en un congreso los informes de sus enviados –uno a favor de la adhesión y otro en contra–, también renunció por mayoría a la adhesión, pero un grupo minoritario se escindíó y fundó el Partido Comunista Obrero Español, que se unificó con el Partido Comunista de España (PCE) en 1921. La revolución rusa, unida a la crisis social agudizada por la recesión económica de posguerra, contribuyó al enorme crecimiento de los sindicatos y movilizó extraordinariamente a las clases trabajadoras. La Uníón General de Trabajadores (UGT) aumentó el número de sus afiliados de 160.000 en 1916 a 240.000 en 1921, y su presencia en el medio rural, sobre todo en Andalucía. La Confederación Nacional de Trabajo (CNT), de carácter anarcosindicalista, pasó de 80.000 afiliados en 1916 a 600.000 en 1920, más de la mitad en Cataluña.
La crisis general de 1917 tuvo diversas manifestaciones, pero todas ellas eran, en definitiva, el reflejo de un descontento extendido por una gran parte de la sociedad: desde los oficiales del ejército hasta la clase obrera, pasando por los representantes políticos excluidos del sistema.
Las Juntas Militares de Defensa eran asambleas de jefes y oficiales del cuerpo de Infantería surgidas a partir de 1916 para defender los intereses de sus miembros. Su creación se debíó al malestar provocado por dos cuestiones de carácter profesional: • La pérdida de poder adquisitivo de sus sueldos por la inflación. • La política de ascensos del Ministerio de la Guerra, que favorecía a los militares destinados en Marruecos, pues primaba los méritos de guerra por encima de la antigüedad en el cuerpo. A estos motivos se añadió después el rechazo a la pretensión del Gobierno de exigir a los oficiales pruebas de aptitud para los ascensos, lo que se consideraba humillante. En la primavera de 1917, el movimiento juntista se había extendido a todo el ejército y a todo el país y se desencadenó el conflicto: • El gobierno intentó disolver las Juntas, sin conseguirlo, pero los principales cabecillas del movimiento fueron arrestados. • El 1 de Junio se inició la rebelión militar con la presentación al gobierno del Manifiesto de las Juntas, que conténía todo un amplio repertorio de quejas, justificadas con un espíritu regeneracionista, y amenazaba con liberar a los cabecillas detenidos. Finalmente, el apoyo de Alfonso XIII a estas pretensiones fue determinante y el nuevo gobierno acabó por reconocerlas. La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona
La iniciativa en este caso provino de la Lliga Regionalista, dirigida por Francesc Cambó, que convocó a los parlamentarios catalanes a una asamblea en Barcelona el 5 de Julio. En ella se acordó solicitar al gobierno la convocatoria de unas Cortes Constituyentes para definir una nueva organización del Estado más representativa y que reconociera la autonomía de Cataluña. Al mismo tiempo y en previsión de que el gobierno no atendiera esta petición, se invitaba a todos los parlamentarios españoles a una nueva reuníón, también en Barcelona, para unos días después (el 19 de Julio). En esta segunda convocatoria, conocida como Asamblea de Parlamentarios, se ratificaron los acuerdos de la reuníón anterior en una proposición firmada por catalanistas, republicanos y socialistas. La Asamblea acordó la formación de un gobierno provisional, la celebración de las Cortes Constituyentes que reformasen la constitución para aprobar la autonomía para Cataluña. El gobierno se limitó a declarar inconstitucionales la Asamblea y sus pretensiones, y el movimiento se fue disolviendo en los meses siguientes debido a tres circunstancias: • La falta de apoyo de las Juntas Militares de Defensa, que se negaron a colaborar con catalanistas, republicanos y socialistas, con los que el ejército simpatizaba poco. • Las divergencias entre los propios asambleístas. Los catalanistas aspiraban principalmente a la autonomía, y su carácter conservador no era incompatible con la monarquía de Alfonso XIII, pero sí con cualquier pretensión de revolución social. En cambio, los republicanos y los socialistas aspiraban a transformaciones de mayor calado social. • La retirada de los catalanistas de Cambó, que aceptaron ocupar dos carteras ministeriales en el nuevo gobierno de coalición constituido el 1 de Noviembre. A partir de entonces, la Asamblea, que había mantenido un carácter moderado, quedó reducida a la acción republicana y socialista, lo que supuso su extinción.
En los primeros meses de 1917, la Uníón General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) habían mantenido contactos para preparar una huelga general contra el régimen político y contra el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. La convocatoria de la huelga general se tuvo que adelantar al 13 de Agosto, ya que una huelga de ferroviarios de Valencia precipitó los acontecimientos. El seguimiento fue total en Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya, Zaragoza y otras provincias; en cambio, en Andalucía se limitó a los trabajadores urbanos, pues los campesinos no la secundaron. Finalmente, en Agosto de 1917 estalló la huelga general, pero solo tuvo una especial incidencia en los centros industriales de Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, donde se produjeron los incidentes más graves. En las zonas rurales apenas tuvo incidencia. Pero la respuesta del gobierno fue muy enérgica: detuvo al comité de huelga y sacó las tropas a la calle. El ejército cumplíó la orden de disparar contra los obreros, y se produjeron cerca de 71 muertos y 2.000 detenidos en todo el país. Los miembros del comité de huelga fueron detenidos y condenados a cadena perpetua, que no llegaron a cumplir, pues al año siguiente salieron elegidos diputados.
B9–6 Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.
La dictadura Rivera régimen con un vago programa regeneracionista inspirado en el modelo intervencionista y corporativista de los regíMenes autoritarios en auge en la Europa de entreguerras. En 1923,Miguel Primo de Rivera acaudilló un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional, sin hallar prácticamente oposición. El rey Alfonso XIII le llamó para formar un nuevo gobierno y le concedíó el cargo de presidente y de ministro único.
proclamó el Estado de Guerra durante dos años, suspendíó la Constitución de 1876 (no la derogó), disolvíó las Cortes, prohibíó las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Impuso duras medidas represivas contra la CNT y el PCE. Una solución transitoria al desmoronamiento del sistema político, ya obsoleto, de la Restauración. Objetivos lema simple: «Menos política y más administración». Actuación gubernamental fue el resultado más de la improvisación de un verdadero programa político. Duró algo más de seis años favorable coyuntura económica internacional, de la que España se benefició indirectamente, y a los éxitos iniciales: • El restablecimiento del orden público. La crítica situación de conflictividad social que se vivía en el país, sobre todo en Barcelona, justificó la implantación del estado de guerra durante casi dos años. La política de represión se concretó la limitación de las libertades públicas, prohibición de reuniones y asociaciones, la censura de la prensa. Pero la medida más contundente fue la persecución a los anarquistas. • La resolución del problema de Marruecos. El dirigente rifeño Abd-el-Krim cometíó el error táctico de atacar a los franceses en 1925, contundente actuación militar hispanofrancesa consecuencia fue la rendición de Abd-el-Krim y la finalización de la guerra dos años después (1927). Mayor éxito que se apuntó el dictador, ya que satisfizo la demanda generalizada de acabar con la guerra y elevó el prestigio de los militares africanistas.
resueltos los dos grandes problemas que podían justificar la situación excepcional de la dictadura ante la opinión pública –la conflictividad social y la situación en Marruecos–, Primo de Rivera pudo haber permitido retorno a la normalidad constitucional. Pero no lo hizo, se propuso renovar su régimen la sustitución del directorio militar por un nuevo directorio civil, de carácter más técnico. Renovación del equipo de gobierno laintención de Primo de Rivera de poder. Para ello necesitaba transformar la dictadura en un nuevo régimen a su medida, cuyas bases principales fue estableciendo de forma escalonada en el tiempo: • Un partido propio, la Uníón Patriótica, creado en 1924, cuyo lema era: «Religión, patria y monarquía». • Una Asamblea Nacional Consultiva, formada en 1927 con el cometido de preparar y presentar una nueva legislación general y completa que habría de ser sometida a aprobación. No era, por tanto, un Parlamento representativo de la nacíón ni tenía función legislativa, sino que se limitaba a elaborar los anteproyectos de ley del nuevo régimen y a asesorar al gobierno. • Un anteproyecto de Constitución, presentado en 1929 por la Asamblea Nacional Consultiva, pero que no llegó a promulgarse. Tampoco era propiamente una Constitución, sino en todo caso una Carta otorgada. Sin embargo, estos intentos de erigir un nuevo régimen no obtuvieron apenas apoyos políticos. La dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. Su política económica se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico. Sus objetivos fueron impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayudas a las grandes empresas. También se crearon grandes monopolios estatales como CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y Telefónica. El fomento de las obras públicas aspectos más destacados de esta etapa.La dictadura debíó afrontar, desde sus mismos inicios, pero con más intensidad según se prolongaba en el tiempo, numerosas críticas, manifestaciones de oposición e incluso pronunciamientos militares. destacables las descalificaciones de intelectuales, como Unamuno, la huelga de universitarios de 1929, los pronunciamientos militares de inspiración republicana de 1924 y 1929, etc. La escasa conflictividad social del periodo se explica en parte por la represión (especialmente hacia la CNT), gracias al desarrollo de una amplia política social y de una legislación laboral, basada en la intervención y mediación por parte del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas (especialmente la UGT). Contó con la colaboración de los socialistas, que la consideraron ventajosa para consolidar tanto al partido como al sindicato. Como órgano auxiliar del partido, el Directorio creó el “Somatén”, una fuerza armada ciudadana con capacidad para apoyar a la policía y al ejército en momentos de conflictos internos. Cada vez más aislado políticamente, Primo de Rivera decidíó hacer una consulta a los capitanes generales para saber si contaba con su respaldo. Pero sus tibias respuestas le demostraron que estaba completamente solo y sin apoyos, por lo que el 28 de Enero de 1930 presentó su dimisión al rey. Le sucederá, en el gobierno de la conocida como “Dictablanda”, el general Dámaso Berenguer. 1930 fallece en París Miguel Primo de Rivera a causa complicaciones en su salud.
Perdido el Imperio ultramarino, España trató de participar en el reparto de África, beneficiando las grandes potencias europeas, como Inglaterra, Francia, Alemania o Bélgica. Marruecos se convirtió así en el nuevo objetivo colonial de España, lo que exigía llegar a acuerdos con Francia, zona pertenecía a su área de influencia. En 1904 se produce una declaración conjunta Franco-británica,establecimiento de fuerzas en Europa, a favor de una ocupación pacífica de Marruecos. En 1905 el Káiser alemán desembarco de tropas en Tanger para defender la independencia del sultán de Marruecos. Entente Franco-británica decide incluir a España en el reparto para evitar la entrada de los alemanes. En la Conferencia de Algeciras de 1906 Francia y España fijaron sus respectivas zonas de influencia. A España le correspondían dos zonas: la zona norte, que incluía las regíón occidental de Yebala (controlada desde Ceuta) y la oriental del Rif (controlada desde Melilla); y la zona sur,cabo Juby, que lindaba con la colonia saharaui española. La ocupación militar comenzó en Febrero de 1909, descontento popular a causa de los reclutamientos forzosos de tropas para una guerra que solo interesaba a una minoría. La zona que tenía España en Marruecos era la vigésima parte de la francesa, con menos del 10% de la población, y de muy escaso valor económico, carecía de una agricultura rica y de una hidrografía que la hiciera posible. La zona montañosa del interior estaba habitada por bereberes que, organizados en clanes y con vocación guerrera hacían uso de las armas y practicaban una guerra de guerrillas.
El 9 de Julio los rifeños atacaron una línea de ferrocarril próxima a Melilla, Maura decidíó reforzar militarmente la zona enviando un cuerpo de ejército. El 26 de Julio se reciben noticias a través de confidentes rifeños sobre la preparación de un potente ataque rebelde, vigilancia de la zona del Barranco del Lobo y del Alfer, situados en las estribaciones del monte Gurugú, próximo a Melilla. En la primera de las posiciones, emboscada que ocasionará numerosas bajas en el ejército español. Ante la necesidad de incrementar las tropas estacionadas en Melilla se llega a movilizar reservistas de Cataluña, acción esta que agudizó el clima de tensión social: socialistas y anarquistas huelga general y el gobierno respondíó deteniendo a los cabecillas socialistas y prohibiendo su prensa. En Barcelona, puerto donde debían embarcar las tropas, comenzaron la huelga y las manifestaciones, que se extendieron a otras localidades catalanas. La autoridad militar proclamó el estado de guerra y oleada de violencia callejera: durante casi una semana la población reacciónó levantando barricadas en las calles e incendiando iglesias y conventos. El 31 de Julio, la insurrección estaba prácticamente liquidada y se emprendíó una dura represión. Entre los muertos se hallaba el anarquista Ferrer Guardia, fue fusilado sin pruebas tras haber sido acusado como responsable de este levantamiento. Su fusilamiento produjo un gran escándalo internacional, que llevó a Alfonso XIII a pedir la dimisión del presidente del gobierno, Antonio Maura.
general Silvestre, comandante de Melilla, con el beneplácito real, comenzó un avance precipitado sobre el corazón del Rif con el objetivo de ocupar la bahía de Alhucemas, se encontraba el principal núcleo de resistencia en la cabila del clan de los Beni Urriaguel. Las fuerzas de la comandancia de Melilla error de distribuirse entre cerca de 140 puestos, grandes y en pequeños fuertes 130 kilómetros de zona ocupada. Los blocaos se situaban aprovechando los lugares altos desde los que se podía dominar militarmente mucho terreno, tenían muy serios problemas para el abastecimiento; especialmente del agua, cuya recogida implicaba una labor diaria dificultada y la ausencia de infraestructuras de almacenamiento. En 1921 las tropas españolas se encuentran en Annual, que iba a servir de campo base para un último avance hacia Alhucemas. A partir de este momento comenzarán problemas con la caída del Monte Abarrán y del puesto de Igueribén. Los rifeños con Abd-el-Krim a la cabeza están cada vez mejor organizados y provocan la retirada desordenada de la práctica totalidad de las tropas hacia Melilla, que huyen dejando armas, municiones y piezas de artillería al enemigo. 1921 se había perdido toda la zona ocupada durante años con grandes esfuerzos. El desastre se completó con la caída del campamento de Monte Arruit, a apenas 25 kilómetro de Melilla, que supuso la muerte de la mayoría de las últimas fuerzas que se retiraban. Murieron o desaparecieron más de 10.000 soldados, incluido el general Silvestre se suicida en el propio campamento de Annual primeros momentos de la desbandada. La práctica destrucción de todas las fuerzas de la comandancia, se materializó situación un grave peligro de ocupación plaza de Melilla. El desastre de Annual tuvo un efecto sobre la opinión pública semejante al de 1898 y caída del gobierno. Socialistas y republicanos no desaprovecharon la ocasión de atacar al régimen apuntando a la figura del rey como responsable directo, por su conocimiento y aprobación de los hechos. Para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades del desastre de Annual, investigación, larga y accidentada, que concluyó un informe conocido como Expediente Picasso. Días antes de que las Cortes se reunieran en pleno para tomar una decisión sobre asunto, el general Primo de Rivera dio Golpe de Estado en Cataluña e implantó la dictadura con el consentimiento del rey.
El crecimiento natural y la esperanza de vida Con la excepción de Cataluña, que había iniciado la transición a un régimen demográfico moderno en el Siglo XIX, en el resto de España esa transición no comenzó hasta el primer tercio del Siglo XX. Pero en el caso español no hubo primero un descenso de mortalidad al que siguiera tiempo después el descenso de la natalidad, sino que ambas disminuyeron de forma casi simultánea y en paralelo, por lo que no se produjo ninguna fase de aceleración del crecimiento demográfico. Los factores del descenso de la mortalidad fueron: • Las mejoras en alimentación, vestido y vivienda, así como las actuaciones sanitarias. • Las tradicionales crisis de subsistencias, epidemias y enfermedades endémicas desaparecieron o disminuyeron de forma considerable. La única epidemia de importancia de este periodo fue la conocida como «gripe española» de 1918-1919, que provocó la muerte de un elevado, aunque impreciso, número de personas. En consecuencia, la esperanza de vida pasó de 35 a 50 años en el primer tercio del siglo.
Otra novedad fue el incremento de la emigración exterior, sobre todo entre 1905 y 1914 (hasta la Primera Guerra Mundial), con destino prioritario a América Latina (Argentina, Cuba y Brasil) y Argelia. En cambio, en la segunda década predominaron de forma abrumadora las migraciones internas, del campo a las ciudades, que estaban en plena euforia productiva por los efectos de la Primera Guerra Mundial. El proceso migratorio interior estuvo íntimamente relacionado con el progreso del sector industrial y terciario y con el desarrollo urbano de este periodo. El proceso de urbanización comenzó en la segunda mitad del Siglo XIX y se aceleró a partir de las décadas de 1910 y 1920 por el desarrollo de la industria. En 1930 Madrid y Barcelona superaban ya el millón de habitantes y diez capitales de provincia, los 100.000 habitantes.
La distribución de la población por sectores económicos experimentó una gran variación, ya que la creciente demanda de mano de obra industrial provocó un aumento de la población ocupada en el sector secundario, con el consiguiente descenso del sector primario (trasvase de población del campo a la ciudad).
B9–4 Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927.
La dictadura de Primo de Rivera y el final de la guerra de Marruecos (1923-1927)Tras el Desastre de Annual, el ejército español era materialmente incapaz de recuperar el territorio perdido. Por ello se optó por una política de contención orientada a impedir la expansión de la zona rebelde. Durante la dictadura de Primo se aborda con decisión el problema del protectorado. Además de la impopularidad del conflicto, el propio ejército estaba dividido entre los africanistas, partidarios de seguir la lucha, y los abandonistas. El propio dictador se había pronunciado desde hacía tiempo en contra de continuar las operaciones en Marruecos. Pero la liquidación de la guerra se debíó, fundamentalmente, no a la iniciativa de Primo de Rivera, sino a la del dirigente rifeño Abd-el-Krim, que cometíó el error táctico de atacar a los franceses en 1925. Esto propició una contundente actuación militar hispano-francesa (el Desembarco de Alhucemas en 1925), cuya consecuencia fue la rendición de Abd-el-Krim. De esa forma se despejó el camino para la finalización de la guerra dos años después (1927).
B10–1 Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. Ante la pérdida de todos sus apoyos Primo de Rivera dimitíó en Enero de 1930 y Alfonso XIII nombró al general Berenguer para que hiciera la transición a la monarquía constitucional; el cambio fue tan lento que la oposición denominó a esta etapa la «Dictablanda». Ante el descontento, el General Berenguer dimite y el rey nombra al almirante Aznar, con el compromiso de convocar elecciones empezando por las municipales. Tras la caída de la dictadura, la pérdida de apoyos de la monarquía era manifiesta. La monarquía de Alfonso XIII, estrechamente vinculada al desacreditado sistema político de la Restauración y a la experiencia de la dictadura de Alfonso XIII, era incapaz de renovarse y satisfacer las demandas de una gran parte de la sociedad española.
Desde 1930, los principales partidos de la oposición al sistema político (republicanos y autonomistas gallegos y catalanes) habían acordado, mediante el Pacto de San Sebastián (17 de Agosto de 1930), al que se incorporaron después socialistas y anarquistas, instaurar la República y estudiar un estatuto de autonomía para Cataluña, para lo cual pretendían recurrir a un alzamiento militar apoyado por civiles. El 12 de Diciembre de 1930 tuvo lugar la Sublevación de Jaca, que consistíó en un pronunciamiento militar llevado a cabo por los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, que proclamaron la República en la guarnición de Jaca e iniciaron una marcha hacia Huesca; aunque finalmente fueron reducidos por las fuerzas gubernamentales siendo posteriormente juzgados y ejecutados. Estos hechos tuvieron su reflejo en la Sublevación del aeródromo madrileño de Cuatro Vientos el 15 de Diciembre con un resultado similar. Pero la causa inmediata de la caída de la monarquía y la proclamación de la República fue el resultado de las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931, en las que la Conjunción Republicano-Socialista se impuso en 41 de las 50 capitales de provincia, motivo por el cual Alfonso XIII decidíó abandonar España y el 14 de Abril de 1931 se proclamó la Segunda República.
Los efectos de la crisis económica mundial de los años treinta
Los efectos de la crisis económica mundial de los años treinta, cuya primera manifestación fue el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, fueron menores en España por su aislamiento respecto al sistema económico internacional y el carácter cerrado de su economía, ya que estaba fuertemente protegida del exterior por la política arancelaria, y gran parte de su producción se destinaba al mercado interior. De hecho, la depresión tardó más tiempo en afectar a España (1933 fue el año más crítico) y repercutíó menos que en otros países de Europa y América. Como la economía española en muchos aspectos dependiente países desarrollados, la crisis internacional tuvo tres consecuencias, que dificultaron la aplicación de algunos ambiciosos proyectos de reforma: • La contracción del comercio exterior. Las exportaciones disminuyeron en volumen, debido a las medidas proteccionistas adoptadas ante la crisis por los clientes tradicionales (Inglaterra y Francia), por el hundimiento de los precios en los mercados internacionales. • El colapso de las inversiones extranjeras en España. Un factor importante, además de la crisis económica internacional, fue también la incertidumbre provocada por el desarrollo de los acontecimientos en el interior del país. • La modificación de los flujos migratorios entre España y el exterior. La tradicional emigración de España a Francia y, sobre todo, a América se interrumpíó ante la crisis de estos países de destino; pero además aumentaron los retornos, lo que supuso un considerable incremento del desempleo en España. Sin embargo, aunque la economía de la Segunda República se desenvolvíó en un escenario de crisis internacional, sus principales problemas no vinieron tanto de la situación exterior como del comportamiento de los agentes internos: • La desconfianza y el boicot de terratenientes y capitalistas. • La movilización y conflictividad social de campesinos y obreros.
La reforma agraria La reforma agraria el proyecto económico y social de mayor magnitud que debía acometer la República con urgencia. Entretanto, para paliar la situación de los campesinos, el gobierno provisional adoptó algunas medidas encaminadas a proteger a arrendatarios y jornaleros. Una comisión técnica elaboró un primer informe sobre la reforma agraria, que fue presentado a las Cortes en Julio de 1931. Todos coincidían en la necesidad de acabar con la propiedad latifundista de bajo rendimiento. Discusiones durante más de un año, hasta la aprobación de la definitiva Ley de Reforma Agraria 1932. La tan anhelada reforma agraria, durante el primer bienio, fracaso por varias razones: se tardó demasiado tiempo en aprobar la Ley de Reforma Agraria, se empezó a aplicar de forma lenta y burocrática y las expropiaciones requerían la indemnización previa a los propietarios, dependían limitada capacidad de pago del Estado. En consecuencia, los resultados escasos e insatisfactorios, lo que decepciónó las aspiraciones populares, sin evitar los recelos de los terratenientes. Los campesinos, impulsados por el movimiento anarquista, recurrieron en muchos casos a la habitual práctica de la ocupación ilegal de tierras, al margen del calendario de la reforma.
B10–2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. La República supuso un cambio brusco de régimen, manifestó en el advenimiento de las masas ciudadanas a la vida pública. Puede decirse que la II República, la primera experiencia democrática española dado que en los momentos anteriores, el ambiente político siempre había estado imbuido de un liberalismo de carácter oligárquico, que se manifestó de una manera institucionalizada durante la etapa de la Restauración.
Los apoyos iniciales de la República abarcaban un amplio espectro político-ideológico y social: desde las clases trabajadoras hasta ciertos sectores de la burguésía; tanto de izquierdas como de centro e incluso de la derecha (autonomista o nacional). Todos ellos tenían en común su rechazo al corrupto sistema de la monarquía precedente y sus deseos de una profunda transformación del país, aunque en este último aspecto sus proyectos eran muy diferentes: unos aspiraban a un cambio revolucionario que acabara con las grandes desigualdades e injusticias sociales, mientras que otros solo pretendían una verdadera regeneración y modernización de España para terminar con su atraso secular. ●
Partidos republicanos o de «izquierda burguesa»: Acción Republicana de Manuel Azaña; Partido Radical-Socialista de Marcelino Domingo; ORGA (Organización Republicana Gallega); Esquerra Republicana de Catalunya, partido catalanista de izquierda. A partir de 1934 aparece Izquierda Republicana (como fusión de los tres primeros). Dentro de las izquierdas destacan los partidos y sindicatos obreros (PSOE, PCE y UGT); destacando el socialismo, ya desde su participación en el Pacto de San Sebastián. ● En el centro se sitúa el Partido Radical de Alejandro Lerroux que había venido perdiendo claridad ideológica en los últimos decenios, y se había convertido en un partido refugio de exmonárquicos descontentos con ideologías de centro-izquierda y republicanos de la derecha. ● Dentro de la derecha estaba la Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá Zamora, político que había tenido una larga tradición conservadora durante la última fase de la Restauración y que había terminado siendo uno de los pilares fundamentales, ya como republicano convencido, en el Pacto de San Sebastián de 1930. Además, apoyando abiertamente a la República, debido al carácter autonomista de la Constitución de 1931, habría que considerar al PNV (Partido Nacionalista Vasco).
• Los anarquistas. Inicial apoyo a la República, pronto declararon a esta –como a cualquier otra forma de Estado– enemiga de la clase obrera, más aún ante lo que consideraban excesiva lentitud reformas prometidas, sobre todo la agraria. La FAI y la CNT impulsaron la iniciativa obrera y campesina al margen del Estado y se sucedieron las agitaciones anarquistas,rurales como urbanas, ante las cuales la República respondíó con dureza (Sucesos de Casas Viejas). • Las derechas, que según su actitud frente a la República se pueden clasificar en tres grandes grupos:
A.- La derecha posibilista, cuya estrategia consistía en conquistar el poder por las urnas para convertir la República de izquierdas en una República conservadora. El más importante de estos partidos, la CEDA, fundada a finales de 1932, contaba con el apoyo de la Iglesia y amplios sectores católicos clases medias, alta burguésía y terratenientes, así como a pequeños y medianos campesinos.
B.- La derecha monárquica y antirrepublicana, que pretendía, en cambio, acabar con la República y restaurar la monarquía mediante la conspiración militar. Estaba representada principalmente por dos partidos: el Partido Carlista o Tradicionalista, manténía la tradición del carlismo decimonónico; y Renovación Española,1933,que agrupaba a un cierto número de militares y propugnaba el retorno a una monarquía autoritaria.
C.- La extrema derecha totalitaria, ideario se inspiraba en los modelos contemporáneos del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Eran grupos pequeños y muy minoritarios, de los cuales el más importante era Falange Española de las JONS, resultado de la fusión en 1934 de dos partidos anteriores y cuyo máximo dirigente era José Antonio Primo de Rivera (hijo del general dictador). Fue la organización más activa de la extrema derecha y utilizó el terrorismo de sus pistoleros contra miembros de sindicatos y partidos de izquierda. No obstante, en la primera fase de la República su papel era todavía poco significativo. • Un sector del ejército.
Una gran división entre partidarios y enemigos de la República. Las conspiraciones militares fueron continuas y la República adoptó una política de sanciones suaves que reflejaba su temor a la fuerza del ejército, la que llegó más lejos fue la sublevación del monárquico general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, se sublevó en Sevilla en el verano de 1932. Fue un golpe precipitado y con escasa coordinación, por lo que fue sofocado con facilidad. • La Iglesia.
A los pocos días de la proclamación de la República el primado de España, el cardenal Segura, manifestó públicamente su adhesión al desaparecido régimen monárquico unido a otros incidentes, provocó su expulsión de España. Política laicista de la República, plasmada en la Constitución y la normativa legal, la oposición de la Iglesia hacia el nuevo régimen. Pero ni todos los católicos antirrepublicanos ni todos los republicanos anticlericales
El primer bienio se caracterizó por una política general de reformas propósito modernización y la democratización.
El gobierno provisional elecciones a Cortes Constituyentes según la nueva ley electoral, formaban parte del censo todos los varones mayores de 23 años. Los resultados electorales clara victoria a los partidos que integraban el gobierno provisional, en especial a los de izquierdas. El texto constitucional elaborado nuevas Cortes definía a España como «una república democrática y de trabajadores» aprobado 1931.
La política religiosa nuevo marco de las relaciones Iglesia-Estado establecidas por la Constitución, la República adoptó: • La extinción, del presupuesto de clero y culto, que ya no tenía sentido tras la separación entre Iglesia y Estado. • La disolución de la Compañía de Jesús y la confiscación de sus bienes inmuebles. • La prohibición a las órdenes religiosas de ejercer la enseñanza. • El reconocimiento del matrimonio civil y del divorcio.
En la educación se empezó a actuar desde el gobierno provisional y se centraron los mayores esfuerzos en la enseñanza primaria, como básica y fundamental para sacar al país de su tradicional atraso. Las medidas se basaron en preceptos que ya estaban siendo desarrollados por la Institución Libre de Enseñanza, en un deseo de ampliar estas políticas educativas para que llegasen a todo el estado. El objetivo final era acabar con la hegemonía de la Iglesia en la enseñanza y establecer una educación primaria gratuita, laica y obligatoria. El principal problema la inexistencia de una infraestructura suficiente: faltaban casi tantas escuelas como las que había, y lo mismo ocurría con los maestros, que estaban muy mal pagados. En este sentido las realizaciones quedaron por debajo de las previsiones, aunque se crearon más de 10.000 escuelas y se incorporó a 7.000 nuevos maestros, aumentó el sueldo. En el plano cultural, se crearon las Misiones Pedagógicas,la finalidad de llevar la educación y la cultura al mundo rural. Grupos de artistas, intelectuales, maestros y estudiantes universitarios, que con carácter voluntario y desinteresado se dirigían a los pueblos, donde organizaban todo tipo de actividades culturales. En 1932 se creó el grupo de teatro universitario La Barraca, dirigido por García Lorca, que hacía giras por toda España representando obras del teatro clásico español.
Se crearon Delegaciones de trabajo, promovieron seguros sociales y se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo. Caballero, como ministro de trabajo, aprobó leyes que mejoraban la situación del trabajador, “Ley de Contratos de Trabajo” y la “Ley de Jurados Mixtos.” Jurados Mixtos nacen organismos de regulación de las relaciones laborales, integrados por patronos y obreros, y creados por la reforma laboral de Largo Caballero (UGT). Se basaron en los comités paritarios de la dictadura de Primo de Rivera, en los que también había intervenido la UGT y generaron un ambiente de rechazo por parte de la CNT. Durante el régimen republicano no llegó a haber ningún plan eficaz para la lucha contra el paro; aunque éste se vio en parte aliviado por el comienzo de un ambicioso plan de obras públicas que incluía la construcción de grandes terminales de ferrocarriles en Madrid y varios planes de obras hidráulicas. La política autonómica: el Estatuto de Cataluña Reconocidas las autonomías por la Constitución, durante este primer bienio solo se formalizó el Estatuto de Cataluña. compromiso adquirido por el gobierno provisional con Francesc Macià para que pusiera fin a la República catalana proclamada el mismo día que la República española, se encomendó la elaboración del proyecto de Estatuto a los propios catalanes, bajo la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña. El Estatuto que finalmente aprobó el Parlamento español recortaba y modificaba en parte el proyecto catalán, pero en líneas generales fue bien aceptado. En cuanto al País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y los carlistas elaboraron un proyecto de estatuto tan tradicionalista y poco democrático que fue abiertamente rechazado por la mayoría parlamentaria de izquierdas. Diferentes circunstancias impidieron un nuevo proyecto, por lo que el País Vasco no tuvo Estatuto de autonomía hasta los comienzos de la Guerra Civil. La reforma del ejército Esta reforma se convirtió en un asunto prioritario, de cuyo cometido se encargó Manuel Azaña, que asumíó el Ministerio de la Guerra en el gobierno provisional y lo retuvo también, junto con la presidencia, en el primer gobierno constitucional. Los objetivos de Azaña eran dos: ganarse la fidelidad del Ejército para la República y aumentar su eficacia. Con esa orientación, ya en los primeros días de la República se adoptó una serie de medidas: • Se colocó al frente de las principales capitánías generales a militares de confianza política. • Se publicó un decreto que permitía a todos los oficiales pasarse de forma voluntaria a la reserva sin disminución de sueldo, a lo que se acogieron más de 7.000. Con esta medida se pretendía alejar de las armas a un número importante de militares monárquicos y, al mismo tiempo, disminuir el excesivo número de oficiales que tenía el ejército español. A estas medidas iniciales siguieron otras durante el gobierno constitucional, que supusieron una importante reorganización del ejército y su sometimiento al poder civil. Por otra parte, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo adepto a la República, para mantener el orden público, sustituyendo al ejército en esta función.
A finales del mes de Junio de 1931 tuvieron lugar elecciones a Cortes Constituyentes, y los resultados dejaban ver de forma clara el cambio que se había producido en la vida política española. La izquierda obtiene un gran triunfo, con más de un centenar de escaños socialistas y una cifra similar entre Acción Republicana, Radicales-Socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña. Los radicales superan los noventa escaños y unos veinte los seguidores de Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora. El resto de escaños son residuales: uno monárquico (conde de Romanones) y algunos de tradicionalistas católicos y representantes agrarios. En Diciembre se aprobó y promulgó la Constitución de 1931. Por ella, España quedaba constituida en una República Democrática que contaba con una sola Cámara y se reconocía por primera vez en nuestra Historia el sufragio universal directo, igual y secreto para mayores de 23 años, incluyendo por primera vez el derecho de la mujer al voto. La Constitución de 1931 se halla en la línea del constitucionalismo democrático que pone el acento en la soberanía nacional, la proclamación de los derechos y libertades y la división de poderes. Entre sus principales carácterísticas destacan: • Definición a España como «una república democrática y de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia». • La declaración de derechos ciudadanos era muy amplia y superaba con mucho a las Constituciones más progresistas del Siglo XIX. • El Estado era único, pero admitía posibles autonomías regionales. • La propiedad privada de los medios de producción quedaba subordinada a los intereses de la economía nacional, por lo que se posibilitaban las nacionalizaciones de empresas o sectores económicos. • Las Cortes adquirían un gran poder, tanto legislativo como de control sobre el Gobierno, y constaban de una sola cámara elegida por sufragio universal; este, por primera vez, incluía también a las mujeres. • El Gobierno era responsable ante las Cortes, que podían retirarle su confianza en cualquier momento. • En materia religiosa, el Estado se declaraba laico, pero se reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión; aunque, entre otras cosas, se prohibía a la Iglesia ejercer la industria, el comercio y –lo más conflictivo– la enseñanza. • En relación con la enseñanza, la cultura aparecía como una función primordial del Estado, cuya obligación era extenderla a toda la población, sin discriminaciones de tipo económico.
Los asuntos más polémicos fueron los relativos a la Iglesia y a las autonomías, por la actitud beligerante de la derecha en estas cuestiones. También fue motivo de polémica el derecho a voto de la mujer. En los debates parlamentarios sobre la inclusión del sufragio femenino en la nueva Constitución, la más firme defensora fue la diputada Clara Campoamor (del Partido Radical), pero entre quienes manifestaron una mayor oposición estaba curiosamente una mujer, y de izquierdas, Victoria Kent (del Partido Radical Socialista), no porque rechazara por principios el sufragio femenino, sino porque consideraba que las mujeres españolas estaban aún demasiado influenciadas por el clero y, por tanto, su voto en ese momento se dirigiría mayoritariamente hacia la derecha antirrepublicana.
De igual forma que la derecha reacciónó contra la República de izquierdas con la sublevación militar del general Sanjurjo en 1932, tras la victoria electoral de la derecha en 1933 los socialistas se plantearon la posibilidad de una revolución popular, que, salvo en Asturias, no sería secundada por los anarquistas. Para entender este planteamiento de los socialistas, es necesario considerar también los acontecimientos que se estaban desencadenando en Europa, en especial la subida al poder de Hitler en Alemania (Enero de 1933) y la prohibición de todos los partidos políticos en Austria por el régimen totalitario de Dollfuss (Febrero de 1934). Estos hechos eran interpretados por amplios sectores de la izquierda como un adelanto de lo que podría ocurrir en España, dadas las similitudes de la situación política. El comienzo de la revolución se había fijado para Septiembre y después se aplazó a Octubre, pero el detonante fue la formación –el 4 de Octubre de 1934– de un nuevo gobierno más de derechas aún que los anteriores, ya que se incorporaban a él por primera vez tres ministros de la CEDA, aunque la presidencia del ejecutivo y la mayoría de las carteras las conservaba el Partido Radical.
La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente (5 de Octubre de 1934), por iniciativa de la UGT, y con escasa participación de la CNT se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. Los disturbios fracasaron en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. Solo adquirieron importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvieron corta duración. En Barcelona, además, se proclamó el día 6 de Octubre el Estado catalán dentro de la República Federal Española, que no pervivíó ni un solo día porque el ejército dominó la situación y suspendíó el gobierno autonómico, acusado de rebeldía. El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias, donde se había firmado un pacto de alianza regional –la Alianza Obrera– entre socialistas, anarquistas y comunistas, con el fin de «socializar los medios de producción» en un movimiento revolucionario conjunto. Los obreros consiguieron ocupar por las armas toda Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. Columnas de mineros armados de dinamita ocuparon los pueblos de las cuencas y tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil. Asimismo, sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios, que asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y electricidad. Terminaron sitiaron Oviedo dispuestos a defender la revolución y se enfrentaron a las fuerzas del orden. El gobierno envió desde África a la Legión y los regulares para reprimir el levantamiento. Estas fuerzas desembarcaron el día 10 en el puerto de Gijón al mando del general Yagüe. A ellas se sumarían las tropas que entraron desde Galicia comandadas por general López Ochoa, si bien toda la operación estuvo dirigida desde Madrid por el general Franco. El 18 de Octubre la rebelión había sido completamente sofocada.
El saldo final de víctimas mortales fue elevado: entre 1.000 y 2.000 insurrectos, según diferentes historiadores; unos 300 miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército; y más de 30 sacerdotes y religiosos. A partir de ese momento se produjo un giro aún más conservador en la política gubernamental. La represión posterior se caracterizó no solo por su dureza, sino también por su arbitrariedad. Se realizaron cerca de 30.000 detenciones y fueron numerosas las condenas a muerte, pero al final se indultó a los máximos responsables y se ejecutó a dirigentes secundarios. Oviedo fue la ciudad más castigada durante esta revolución. La Cámara Santa fue volada el día 11 y dos días después los revolucionarios atacaron y destruyeron otros edificios, como el de la Universidad, que perdíó su valiosa biblioteca. En cambio, fueron las fuerzas gubernamentales quienes quemaron el Teatro Campoamor. En cuanto a la autonomía de Cataluña, quedó suspendida temporalmente. Su restablecimiento fue gradual, pero ya no recuperó parte de sus competencias.
B10–6 Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra
Causas de la formación del Frente Popular:
La revolución de Octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, tanto de la izquierda como de la derecha. La izquierda, tras la represión que siguió a la revolución de Octubre de 1934, impulsó una concentración de fuerzas que desembocó en la creación del Frente Popular. También contribuyó a ello el avance del fascismo en Europa y la recomendación de la Internacional Comunista de frenarlo mediante la formación de frentes antifascistas integrados por todas las fuerzas de izquierdas. En las elecciones de Febrero de 1936, tras la experiencia del bienio conservador, la izquierda vio la necesidad de unirse contra la reacción de derechas y para conseguir una amnistía que sacara de la cárcel a los dirigentes populares detenidos tras la revolución asturiana. En consecuencia, se configuró el Frente Popular, que agrupaba a toda la izquierda: desde los republicanos de Azaña hasta los comunistas, con el apoyo incluso de los anarquistas. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA y por los monárquicos y tradicionalistas (Bloque Nacional), pero no lograron confeccionar una candidatura única.
Tras la victoria en las urnas del Frente Popular y tan solo cuatro días después de la formación del gobierno, se decretó la amnistía para todos los represaliados de la revolución de 1934, aunque las multitudes de las grandes ciudades ya los habían liberado de las cárceles nada más conocer el triunfo electoral. También se decretó el reingreso a sus puestos de trabajo. La siguiente medida fue la restauración plena del Estatuto de autonomía para Cataluña, suspendido tras la revolución de Octubre y solo parcialmente restablecido después. Lluis Companys, tras su liberación, volvíó a ocupar la presidencia de la Generalitat. Se retomó también, pero con verdadero ímpetu, la expropiación y adjudicación de tierras a los campesinos, al amparo de la reforma agraria de 1932: entre Marzo y Julio de 1936 se expropió y repartíó casi cinco veces más superficie de tierras que entre 1932 y 1934. Por último, el Congreso destituyó al presidente de la República, el conservador moderado Alcalá Zamora, y fue elegido para el cargo Manuel Azaña, quien, en consecuencia, tuvo que disolver el gobierno que había presidido hasta entonces y mandar formar nuevo gobierno, que, ante la nueva negativa de los socialistas a participar en él, estuvo compuesto por segunda vez solo por republicanos. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo. Muchos propietarios de tierras se opusieron a las medidas del gobierno; algunos empresarios industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales y la Iglesia volvíó a lanzar campañas contra la República. Falange Española asumíó un fuerte protagonismo y fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por lo militantes más exaltados de la izquierda. La creación de un clima de violencia era una estrategia que favorecía a los sectores decididos a organizar un Golpe de Estado militar contra la República
La Guerra Civil en el contexto europeo
Los historiadores han planteado en general la dimensión internacional de la Guerra Civil española bajo dos enfoques diferentes: • Considerarla como un prólogo de la Segunda Guerra Mundial. • Reducirla a un conflicto periférico, que podía aislarse para evitar su propagación al resto de Europa. Pero al margen de la importancia de la guerra española para el devenir de los acontecimientos internacionales, la intervención extranjera fue fundamental en el desarrollo del conflicto dentro de España.
Alemania, Italia y Portugal, países que manténían regíMenes fascistas o similares, apoyaron de forma directa a los militares sublevados: • La Alemania nazi de Hitler ofrecíó la ayuda más determinante en el ámbito militar, con la participación de la Legión Cóndor, un considerable número de pilotos y tropas (especialmente de artillería) con sus correspondientes equipos bélicos; e incluso ayuda económica directa. • La Italia fascista de Mussolini proporciónó una ayuda mayor incluso que la de Alemania en número de hombres (Corpo Truppe Volontarie) y valor económico. Destacó también el papel desempeñado por su Armada y su Aviación Legionaria. • El Estado Novo Portugués prestó una ayuda menor en diversas formas (desde la ayuda diplomática hasta el envío de voluntarios –Viriatos-), pero de especial importancia por su situación geográfica. Mención aparte merece el apoyo fundamental de la alta jerarquía de la Iglesia, en el terreno de la propaganda entre la población católica, tanto en España como en el resto del mundo.
Los únicos países que apoyaron a la República en el terreno militar fueron la Uníón Soviética y México: • La ayuda de la Uníón Soviética fue la más importante y decisiva a lo largo de toda la guerra, con aportaciones de material armamentístico (tanques y aviones); y colaborando en la formación técnica de pilotos y conductores de carros de combate. La participación directa de soldados soviéticos fue menos significativa. Los consejeros militares soviéticos desempeñaron un papel destacado en la organización táctica de la guerra, así como sus consejeros políticos, que ejercieron su influjo a través, sobre todo, del Partido Comunista. • México, presidido por Lázaro Cárdenas, cuya identificación ideológica con el régimen republicano era notoria, proporciónó también desde el primer momento armas, alimentos y apoyo diplomático. Por último, debe destacarse la participación en las filas republicanas de las Brigadas Internacionales, fruto de un verdadero movimiento de solidaridad antifascista, e integradas por cerca de 15.000 soldados efectivos que se iban renovando a medida que avanzaba la guerra. Entre los brigadistas había voluntarios de más de cincuenta países de Europa, América y Asía, que en su mayoría era de ideología progresista o de izquierdas (demócratas, socialistas, anarquistas y comunistas). En su articulación resultaron esenciales las organizaciones comunistas internacionales, como el Komintern. Tuvieron una importante función en la defensa de Madrid y en los diferentes campos de batalla.
Gran Bretaña quería evitar que, como ocurríó en la Primera Guerra Mundial, un conflicto local pudiera transformarse en una nueva guerra europea, que no estaba en condiciones de permitirse. Francia, gobernada por un Frente Popular, al principio de la guerra decidíó ayudar a la República, pero ante las presiones británicas y las divergencias internas firmó con Gran Bretaña un Pacto de No Intervención, que prohibía en ambos países la venta o tránsito de todo tipo de material militar con destino a España. A este compromiso, aunque con matizaciones, se adhirieron después otros veinticinco países europeos (entre ellos Alemania, Italia y Portugal) y se creó el Comité de No Intervención, con sede en Londres. Sin embargo, Alemania, Italia y Portugal continuaron ayudando militarmente a los sublevados, en contra de los compromisos adquiridos; en cambio, las potencias democráticas negaron su asistencia a la República. La Sociedad de Naciones y Estados Unidos
La República intentó que la Sociedad de Naciones interviniera contra Italia y Alemania por su participación directa en la contienda española. Pero tuvo que esperar más de un año para que se aprobase una resolución, que finalmente no fue aplicada. Para Estados Unidos, la guerra española era una prueba del avance del comunismo, por lo que su enfoque del conflicto se aproximaba más a los argumentos de los sublevados. Aunque oficialmente adoptó una política de no intervención y prohibíó la venta de armas a España, los abastecimientos de algunas empresas estadounidenses (Ford, General Motors, TEXACO) fueron fundamentales para el bando franquista.
Evolución política en la España republicana
La sublevación militar supuso la desarticulación inmediata del Estado republicano. Salvo en el País Vasco, donde el PNV tomó las riendas de la situación, en el resto de la zona republicana fueron las organizaciones obreras, que se habían hecho con armas o las habían recibido por parte del Estado, las que ejercieron realmente el poder. Las organizaciones obreras estaban divididas entre los partidarios de hacer la revolución al mismo tiempo que la guerra (anarquistas y algunos grupos marxistas) y los partidarios de unir todas las fuerzas para ganar la guerra primero y después hacer la revolución (socialistas y comunistas). En Septiembre de 1936 se constituyó un nuevo gobierno presidido por el socialista Largo Caballero y compuesto por republicanos, socialistas, comunistas y un nacionalista vasco, a los que se incorporaron dos meses después cuatro ministros anarquistas. Este nuevo gobierno de Largo Caballero se propuso dos objetivos fundamentales: crear un verdadero ejército con mando unificado y restablecer el poder del Estado, lo que exigía la disolución de los poderes locales de carácter revolucionario, que habían ido surgiendo desde el comienzo de la guerra. Ante el avance de las tropas franquistas, el gobierno se trasladó a Valencia en Noviembre de 1936. En Mayo de 1937, el nuevo gobierno del también socialista Negrín supuso un giro considerable en la estrategia política, que consistiría en dar la máxima prioridad a la guerra, reforzando el control del Estado y garantizando los envíos de armamento soviético. En 1938, Negrín, con el apoyo de los comunistas, la estrategia de resistir a la espera de que estallara la previsible guerra en Europa, frente a la opinión de quienes propónían negociar la paz con Franco. La Conferencia de Múnich alejaba las esperanzas de la República de integrar la guerra española en un conflicto internacional, que le proporcionase nuevos aliados. el coronel Casado –jefe del Ejército del Centro– precipitó el final de la contienda al sublevarse contra el gobierno en 1939, con la intención de negociar la paz con Franco. Solo aceptaba la rendición incondicional y el 28 de Marzo entraba sus tropas en Madrid.
B10–8 Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. Evolución política en la España franquista
Al convertirse el Golpe de Estado en una guerra prolongada, los sublevados necesitaban establecer alguna forma de organización política en los territorios ocupados. La muerte del general Sanjurjo, en accidente de aviación, el día 20 de Julio de 1936, mientras se dirigía a Burgos para dirigir la rebelión, planteó el problema del liderazgo en el territorio levantado en armas. El 24 de Julio se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el militar de más alta graduación, el general Miguel Cabanellas, con la misión de gobernar todo el territorio ocupado. Sin embargo, el poder efectivo lo ejercía cada general en su sector: Franco, en África; Queipo de Llano, en el sur; Mola, en el norte. Las primeras medidas decretadas por la Junta para los territorios ocupados iban dirigidas a acabar con las huellas de la República y no a levantar un nuevo modelo de Estado: se prohibieron los sindicatos, se disolvieron los partidos políticos, se establecíó una rígida censura de prensa y se destituyó a todos los cargos públicos republicanos; todo ello acompañado de una brutal represión. Posteriormente Franco, mediante hábiles maniobras políticas, consiguió que la Junta de Defensa le proclamara jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos el 1 de Octubre de 1936, y a partir de ese momento se inició una nueva etapa política en el bando sublevado, caracterizada por la progresiva concentración de poder en sus manos: • Por el Decreto de Unificación (Abril de 1937) todas las organizaciones políticas adeptas al levantamiento se fusionaron en una sola, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y Franco se convirtió en su jefe supremo. • Se constituyó en Burgos el primer gobierno con una estructura ministerial (Enero de 1938), en el que Franco asumíó la presidencia. De este modo se fue institucionalizando el nuevo régimen, marcadamente personalista, en el que Franco concentraba todo el poder y desempeñaba los más altos cargos: jefe de Estado y presidente del gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe del partido único (FET de las JONS).
Cuando comenzó la guerra, la República controlaba todas las zonas industriales –Cataluña, País Vasco y Asturias– y las principales ciudades –Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia–. En cambio, las zonas agrícolas eran insuficientes para alimentar a su población, que era más de la mitad. El desconcierto provocado por la guerra en los primeros meses, que supuso la pérdida del control político por parte de las instituciones legales de la República en favor de las organizaciones obreras, tuvo su correspondencia en el terreno económico: la República también perdíó el control sobre la economía, que pasó a depender en gran parte de las organizaciones obreras, sobre todo en las empresas confiscadas por la huida o el encarcelamiento de sus patronos. Las colectivizaciones de empresas privadas, que quedaban bajo la dirección de comités obreros, fueron una práctica habitual en Cataluña y Levante, donde el movimiento anarquista impulsaba a hacer la revolución al mismo tiempo que la guerra. Según sus planteamientos, la clase obrera lucharía con más entusiasmo contra el enemigo si estaba motivada por la defensa de sus conquistas revolucionarias. De todos modos, tanto por los efectos de la guerra misma como por la mala organización de muchas de las empresas colectivizadas, la industria en la zona republicana presentaba un estado caótico ya en 1937. Pero la experiencia revolucionaria más destacable se produjo en la agricultura, ya que los gobiernos republicanos aceleraron la reforma agraria. Sin embargo, también en este sector la mala organización de los anarquistas en sus experimentos colectivistas, sobre todo en Aragón, provocó graves problemas en el abastecimiento a las ciudades. En cuanto a la financiación de los costes de la guerra, la República se vio obligada a recurrir a dos soluciones: la emisión de deuda pública, que solo fue posible mientras se confió en la victoria republicana (hasta el verano de 1938); y el depósito en Moscú de las reservas de oro del Banco de España, que sirvieron para pagar el material de guerra a la Uníón Soviética, principal proveedor de la República.
Si al comienzo de la guerra la industria estaba bajo control republicano, los sublevados, en cambio, dispónían de la mayor parte de las tierras de cultivo, por lo que no tenían problemas importantes de abastecimiento. Sin embargo, sus carencias industriales explican el interés mostrado desde el principio de la guerra por ocupar la franja norte de la Península –Asturias y el País Vasco–, con sus recursos mineros y siderúrgicos. En contraste con lo que ocurría en la zona republicana, el control de la producción fue estricto en las zonas ocupadas por los sublevados, para lo cual contaban con la colaboración de los propietarios rurales, la banca y los grandes financieros. En cuanto a las tierras expropiadas, se restituyeron a sus antiguos propietarios y se anularon todas las disposiciones y actuaciones del republicano Instituto de Reforma Agraria. Respecto a la financiación de la guerra, el bando sublevado no dispónía de reservas metálicas como los republicanos, pero recibíó ayuda de los regíMenes fascistas de Italia y Alemania. Sus aportaciones en material militar alcanzaron una elevadísima cifra, cuyo plazo y modalidad de pago fueron negociados sin problemas con los dos países.
Como toda guerra de cierta duración, la española se cobró un alto precio en destrucciones materiales: carreteras, ferrocarriles, puentes, edificios y todo tipo de bienes se perdieron en distintas proporciones. La producción agraria disminuyó en algo más del 20%; y la industrial, en más del 30%. La renta per cápita cayó también casi en un 30% y hasta 1952 no se recuperó el nivel de antes de la guerra. A todo ello habría que añadir el valor económico de la ayuda militar proporcionada por los países extranjeros a los dos bandos, que de una forma u otra tuvo que pagarse. Cuantificar el total de las pérdidas y los gastos es prácticamente imposible, pero en cualquier caso es obvio que alcanzó una magnitud considerable.
Las cifras estimadas varían ostensiblemente de unos autores a otros. El número total de víctimas mortales durante la guerra pudo haber superado las 500.000, entre las víctimas de los frentes y las de la represión en las retaguardias. Los militares sublevados, cuando conquistaban un pueblo o ciudad, eliminaban sistemáticamente a miembros y simpatizantes de partidos y sindicatos de izquierdas, pero entre sus víctimas también fueron numerosos los maestros, tan apreciados por la República, y los intelectuales, entre los que sobresale la figura de Federico García Lorca, asesinado al principio de la guerra. Se calcula que la cifra de víctimas mortales de esta política de terror en la retaguardia de la zona controlada por los rebeldes pudo ascender a casi 120.000 personas. En la zona republicana, en especial en los primeros meses de la guerra, también fueron frecuentes las ejecuciones, aplicadas a cualquiera que resultara sospechoso de ayudar o simpatizar con los sublevados, para lo cual a menudo bastaba con tener opiniones conservadoras, ser sacerdote o religioso. En esta zona se calcula que el número de víctimas del terror estuvo en torno a 50.000 personas, de las cuales casi 7.000 eran sacerdotes o religiosos. No obstante, el número de ejecuciones en esta zona fue sensiblemente inferior al del otro bando y fueron, en la mayoría de los casos, iniciativa de organizaciones que actuaban por su cuenta y al margen del Estado –en ocasiones, simples partidas de asesinos–, sobre todo en los primeros meses de la guerra, cuando el poder del Estado era incapaz de controlar la actuación de las milicias armadas.
• Badajoz, donde los militares sublevados fusilaron a casi 4.000 personas tras la conquista de la ciudad en Agosto de 1936. • Por el lado republicano, Paracuellos del Jarama, donde fueron ejecutados, en Noviembre de 1936 y en circunstancias poco claras, varios cientos de presos pertenecientes al otro bando, trasladados de las cárceles de Madrid.
La dinámica de la guerra provocó excesos y crueldad en ambos bandos. Pero por desgracia el régimen franquista continuó aplicando la represión una vez acabada la guerra: • Entre 28.000 y 50.000 personas fueron fusiladas; y muchas más, encarceladas. • Un número impreciso de trabajadores de la Administración Pública –profesores, jueces, diplomáticos, etc.– fueron separados de sus cargos o sancionados de alguna forma. Por último, hay que mencionar el exilio: en torno a 500.000 españoles abandonaron el país para huir de la represión franquista, la mayoría con destino a Francia, México y Argentina; muchos de ellos para no regresar nunca. Desde los primeros días de la guerra, civiles de ambos bandos huían del territorio en el que se encontraban por temor a la persecución que podían sufrir por sus ideas políticas. Con el avance de las tropas franquistas, los grandes movimientos de refugiados se dieron sobre todo en la zona republicana. Los refugiados republicanos se concentraron especialmente en la zona de Levante y en Cataluña. La población de la zona norte, aislada del resto del territorio republicano solo pudo huir por mar hacia otros países. Ante la imposibilidad de evacuar al conjunto de la población civil, se optó por dar prioridad a los niños, de tal modo que cerca de 13000 fueron embarcados con destino a diversos países europeos, americanos y a la Uníón Soviética. Hacia el final de la guerra, población de toda España y miles de soldados en retirada se concentraron en Cataluña y cruzaron la frontera francesa, buscando refugio en el país vecino. Gran parte de esos refugiados fueron conducidos a campos de concentración improvisados. Cuando acabó la guerra, buena parte de esos refugiados regresaron a España, mientras que el resto iniciaría un largo y penoso exilio. Además de los movimientos de población propios del conflicto, el propio estado de guerra supuso el abandono del país por parte de una muy buena parte de la intelectualidad española, que en muchos casos no van a regresar hasta bien entrada la década de los sesenta.