La Aplicación del Derecho

La aplicación del Derecho comprende el conjunto de actividades destinadas a ajustar la realidad social a los preceptos de las normas jurídicas. Su objetivo principal es ordenar la vida social de manera efectiva.

Descripción del Proceso de Aplicación del Derecho

Este es un análisis del proceso mental que sigue un operador jurídico al dictaminar un caso. Teóricamente, se siguen estos pasos:

1. Fijación de los hechos concretos: Se establece la «materia prima» a tratar. Todo caso jurídico es una historia, y los hechos deben ser verificados en cuanto a su existencia y circunstancias. Esto constituye el «supuesto fáctico» o caso.
2. Selección de la norma aplicable: Esta tarea es compleja debido a la extensión y organización fragmentaria de las normas. En el sistema de Derecho continental, se utiliza un método deductivo y sistemático. En el sistema anglosajón (common law), se basa en el análisis de leading cases, con énfasis en el método inductivo.
3. Interpretación: Se determina el significado jurídico de la norma. Se reconstruye el supuesto de hecho contemplado por la norma para decidir si el supuesto fáctico planteado se ajusta a ella.
4. Aplicación en sentido estricto: Se asocia la consecuencia jurídica al caso planteado.

Manifestación real de estos pasos: En la práctica, estos pasos se entremezclan. Existe una relación dialéctica entre la fijación de los hechos y la elección de la norma. A menudo, los hechos se elaboran para que encajen, y la norma se selecciona o descarta mediante un proceso de prueba y error (Larenz), hasta encontrar la adecuada.

Concepción de la aplicación del Derecho: No se trata de una simple subsunción del caso al supuesto de hecho de la norma, sino de una tarea de individualización y elaboración del Derecho (CASTÁN TOBEÑAS). Es una visión más amplia, que considera el Ordenamiento Jurídico (OJ) en su conjunto, sin limitarse a la norma jurídica particular. Se busca que el Derecho cumpla su función ordenadora.

La Interpretación de las Normas

La interpretación es crucial para fijar el sentido de las normas, tanto legales como consuetudinarias. La teoría de la interpretación se centra en las normas legales, dado que son escritas en el Derecho contemporáneo.

El artículo 3.1 del Código Civil (CC) regula los medios de interpretación, aunque con cierta controversia sobre su oportunidad y valor jurídico. La oportunidad es dudosa porque lo esencial es interpretar correctamente, independientemente del método. El valor jurídico es limitado debido a la amplitud de la formulación y porque no tiene sentido alegar únicamente el incumplimiento del art. 3.1 CC.

Los criterios hermenéuticos del art. 3.1 CC son:

• El sentido propio de las palabras: Criterio gramatical.
• El contexto: Criterios gramaticales y sistemáticos (posición de la norma en el OJ).
• Los antecedentes históricos y legislativos: Criterio histórico. Los antecedentes históricos son las leyes anteriores; los legislativos son los trabajos preparatorios del procedimiento legislativo.
• La realidad social del tiempo en que [las leyes] han de ser aplicadas: Criterio sociológico. Se deben considerar las circunstancias sociales del momento. Este criterio permite la evolución de la interpretación, pero su abuso puede generar inseguridad jurídica.
• El espíritu y la finalidad de las normas: Criterio lógico (ratio legis, la razón de ser de la norma) y teleológico (la finalidad pretendida).

Interpretación restrictiva y extensiva: La interpretación restrictiva reduce el ámbito de aplicación de la norma respecto al significado gramatical del texto. La interpretación extensiva amplía dicho ámbito.

Se considera que las normas prohibitivas, sancionadoras y limitativas de la capacidad de obrar y del libre ejercicio de los derechos no son susceptibles de interpretación extensiva. Sin embargo, estas reglas tienen un valor relativo, ya que lo fundamental es determinar el verdadero sentido de la norma.

La Integración del Derecho

Concepto

Es la actividad que busca soluciones jurídicas para casos no contemplados directamente por las normas vigentes, es decir, colmar las «lagunas del Derecho». No se trata de un vacío en el OJ, sino de la capacidad del OJ para autointegrarse y encontrar una solución. Por lo tanto, es más preciso hablar de «lagunas legales».

En el Derecho español, se recurre a los Principios Generales del Derecho (PGD) y a la analogía, ya que los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver todos los asuntos, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (la jurisprudencia tiene valor complementario).

La Argumentación Jurídica, en General

Planteamiento

La decisión del juez se impone no por ser la mejor o más justa, sino porque tiene la potestad para hacerlo (LACRUZ). El Derecho opera en el ámbito de las soluciones razonables, no de las verdades abstractas, por lo que es necesario considerar la «lógica jurídica».

Algunos Tipos de Argumentación

Algunos argumentos comunes en el Derecho son:

1. Argumento de reducción al absurdo: Si las consecuencias prácticas de una proposición son contradictorias o insensatas, se rechaza.
2. Argumento a fortiori: Si una norma se aplica a un caso, con mayor razón se aplicará a otro similar. Se basa en el merecimiento. Tiene dos variantes: a minori ad maius (para desventajas) y a maiori ad minus (para ventajas).
3. Argumento a contrario: Si el legislador impuso una consecuencia en un caso y no en otro, se entiende que quiso excluirla en el segundo. Inclusio unius, exclusio alterius.
4. Argumento analógico: Se refiere a la analogía.

La Analogía

Es un procedimiento de integración que consiste en aplicar una norma a un caso no previsto, pero que presenta una igualdad jurídica esencial con los casos sí previstos. Se distingue entre analogia legis (expansión de una sola norma, de lo particular a lo particular) y analogia iuris (expansión de un conjunto de normas, abstrayendo el principio normativo, de lo general a lo particular). La analogia iuris se relaciona con los PGD, por lo que la analogía se manifiesta principalmente en la analogia legis.

El Derecho español regula la analogía en el art. 4.1 CC: «Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón». La aplicación analógica requiere una laguna legal, igualdad jurídica entre los supuestos y la inexistencia de una prohibición legal (art. 4.2 CC).

Eficacia del Derecho

La eficacia del Derecho se refiere al cumplimiento de su finalidad de ordenar la convivencia social. Los efectos de las normas son las características que permiten que cumplan esta finalidad. La teoría clásica distingue entre eficacia general obligatoria, eficacia sancionadora y eficacia constitutiva.

La Eficacia General Obligatoria de las Normas

Es el deber jurídico de cumplir las normas. Los destinatarios deben observar la conducta prevista, ordenando así la vida social.

En el Derecho español, el art. 6.1,1 CC establece que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». Es un PGD para garantizar la efectividad de las normas. Existen reglas especiales, como el art. 6.1,2 CC, que indica que el error de derecho solo producirá los efectos que las leyes determinen.

La exclusión voluntaria de la ley aplicable se contempla en el art. 6.2 CC. En ciertos casos, los destinatarios pueden acordar no someterse a la ley prevista, en virtud del principio de autonomía privada.

La Eficacia Sancionadora de las Normas

Las normas prevén una reacción jurídica ante el incumplimiento. Esta reacción puede estar en la propia norma o en una norma ad hoc. En general, las consecuencias de la violación son la calificación del acto como ilícito y la imposición de la sanción (pena, ejecución forzosa, nulidad, etc.).

Las modalidades de violación y sanción se establecen, con carácter general, en el art. 6.3 CC.

La Eficacia Constitutiva de las Normas

Expresa el efecto organizador del Derecho. La realidad social se convierte en realidad jurídica.

Los Límites de la Eficacia de las Normas Jurídicas

Cuadro General de Límites

La eficacia de las normas está limitada por el espacio y el tiempo.

• Eficacia en el tiempo: Desde la entrada en vigor hasta la extinción o derogación. La sucesión de leyes se resuelve mediante el Derecho Transitorio.
• Eficacia en el espacio: El territorio del Estado. La coexistencia de diversos OJ genera conflictos de leyes, resueltos por el Derecho Internacional Privado.

La Entrada en Vigor de las Leyes

Es el momento en que la ley comienza a tener vigencia, produce efectos y se aplica. El art. 2.1 CC establece que las leyes entrarán en vigor a los veinte días (vacatio legis) de su completa publicación en el BOE, salvo disposición en contrario.

Finalización de la Vigencia de las Leyes

Existen límites intrínsecos (ley con plazo de vigencia o para circunstancias excepcionales) y extrínsecos:

La derogación es la declaración del legislador del cese de la vigencia de una ley.

• Derogación tácita: Sin manifestación expresa del legislador. No se admiten dos normas que regulen lo mismo: lex posterior derogat anterior (art. 2.2 CC).
• Derogación expresa: Con manifestación explícita del legislador (art. 2.2 CC). Puede ser específica (se enumeran las leyes derogadas) o genérica (se usa una frase ritual). La voluntad derogatoria se recoge en las disposiciones derogatorias. La derogación plantea el problema de determinar su alcance concreto, lo que a menudo requiere una interpretación de la ley nueva y la antigua.

El Problema de la Transición de las Leyes

En la sucesión de leyes, se debe determinar la eficacia de la ley nueva sobre lo producido bajo la anterior. Las normas de Derecho Transitorio son «el conjunto de reglas destinadas a determinar la eficacia de la ley en el tiempo, o, lo que es igual, a resolver los conflictos que pueden ocurrir entre la ley nueva y la anterior derogada por ella, adaptando los preceptos de la ley nueva a los estados de Derecho nacidos al amparo de la ley anterior» (CASTÁN TOBEÑAS). Se recogen en las disposiciones transitorias.

Las disposiciones formales indican qué ley aplicar; las materiales regulan directamente el supuesto de hecho transitorio.

Una ley es irretroactiva si solo se aplica a actos posteriores a su entrada en vigor. Es retroactiva si se aplica a situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior.

Grados de retroactividad:

• Grado máximo: La ley se aplica a efectos agotados, pendientes y futuros.
• Grado medio: La ley afecta a efectos pendientes y futuros.
• Grado mínimo: Solo a efectos futuros.

El legislador determina la retroactividad o irretroactividad de la ley. Su poder solo está limitado por reglas constitucionales sobre la irretroactividad de ciertos tipos de leyes.