Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939)

Análisis de la Ley

Artículo 1: Define los sujetos de aplicación de la ley (personas físicas y jurídicas) y delimita los delitos a las actividades realizadas entre el 1 de octubre de 1934 y el 18 de julio de 1936. La ley amplía su alcance a hechos anteriores, criminalizando la oposición al levantamiento militar. La inclusión de la expresión «o con pasividad grave» abarca a la población que permaneció en la zona republicana.

Artículo 2: Señala la ilegalización de los partidos del Frente Popular (PSOE, PCE, POUM, Esquerra Republicana y CNT), los partidos nacionalistas y aquellos que «se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional.»

Artículo 3: Establece la pérdida de bienes y derechos de las organizaciones declaradas fuera de la ley, incluyendo todas las fuerzas políticas y sindicales que apoyaron a la República.

Contexto Histórico

La Guerra Civil finaliza el 1 de abril de 1939. Previamente, el régimen franquista ya había establecido directrices. El proyecto político de Franco se institucionaliza en 1938 con la formación del primer gobierno, donde Franco se convierte en «Caudillo de España».

El franquismo, inspirado en el fascismo italiano, se caracterizó por la represión y la persecución ideológica. Se establecieron procedimientos para responsabilizar a quienes perjudicaron al bando franquista (Decreto del 13 de septiembre de 1936 y Decreto-Ley del 10 de enero de 1937), formalizados con la Ley de Responsabilidades Políticas.

Esta ley, primer paso hacia la institucionalización de la represión, fue seguida por la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940). El ejército fue el principal ejecutor hasta la creación del Tribunal de Orden Público (1963).

La represión franquista, brutal, buscaba infundir miedo. Hubo numerosas ejecuciones y encarcelamientos. Muchos presos fueron destinados a Batallones de Trabajadores, realizando trabajos forzados.

La ley implicó la confiscación de bienes de los derrotados, incluyendo propiedades de partidos, sindicatos y exiliados. Se excluyó del empleo a quienes apoyaron la República y se realizó una depuración de funcionarios.

Conclusión

La represión fue una constante del régimen de Franco. Esta política, junto al hambre y la miseria, condujo a la pasividad política. La represión causó un enorme número de exiliados, incluyendo gran parte de la intelectualidad española, impactando la producción cultural de la posguerra.

Ley para la Defensa y Protección de la Industria Nacional

que comentamos fue un instrumento para el impulso de la producción industrial nacional, que se complementó, en noviembre de 1941, con la creación el INI, que era una herramienta del dirigismo y proteccionismo económico destinado a las industrias de base, pesadas y estratégicas./ Para el conjunto de la economía Franco tenía su programa para llevar a cabo una política nacionalista y estatal que fomentara un rápido desarrollo económico que superara las destrucciones ocasionadas por la guerra, manteniendo la estructura de la propiedad privada, pero bajo un fuerte control del Estado y hasta cierto punto, de propiedad pública.Esta política económica tuvo grandes dificultades para el abastecimiento de productos básicos. Para superarlos se creó la Comisaría de abastecimientos y transportes, y se recurrió a las cartillas de racionamiento. Esta situación propició el fenómeno del estraperlo o mercado negro de productos básicos. El resultado fue una economía débil y deficitaria./ En 1959 se acabó la política autárquica, dando lugar a la etapa del desarrollo, iniciada con el Plan de Estabilización de ese año.