Procedimientos Selectivos (Artículo 61)

Los procedimientos selectivos pueden ser: oposición, concurso-oposición y concurso, cuando la ley lo autorice expresamente. Las pruebas deben guardar relación con las tareas y funciones, y se podrán valorar los servicios prestados en las Administraciones Públicas (AAPP). Tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, a excepción de los procedimientos de promoción interna.

Oposición

Realización de exámenes competitivos según un programa previo, otorgándose las plazas a los candidatos que obtengan las mejores puntuaciones en pruebas de aptitud. Aunque pueden ser excesivamente memorísticas, tienen muchos beneficios por su objetividad y proporcionan conocimientos especializados que los opositores obtienen previamente, y que no necesita costear la Administración. Han de ser adecuadas al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebas podrán consistir en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, o en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras. Las pruebas de acceso podrán completarse con la superación de cursos, periodos de prácticas, etc.

Regla general: en todos los procesos selectivos, los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. Podrá existir una relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos.

Concurso

Las plazas se otorgan en función únicamente de la valoración competitiva de los méritos aportados por los candidatos.

Concurso-oposición

Es una combinación de los anteriores y deberá incluir una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, junto con la valoración de los méritos de los aspirantes. La puntuación será proporcionada y no determinará, por sí misma, el resultado del proceso selectivo (artículo 61.3).

Se debe garantizar en los ejercicios escritos, y siempre que sea posible, el anonimato.

Las Bases de Convocatoria y los Procedimientos de Selección

Una vez consentidas o firmes, vinculan a la Administración y a los Tribunales, que han de juzgar las pruebas selectivas, y a quienes participen en las mismas. Son actos administrativos generales, ya que tienen una pluralidad indeterminada de personas como destinatarios (artículo 59.5, letra a) LRJPAC). Aplican los Reglamentos sobre el acceso del personal a la función pública.

• Se podrá recurrir en amparo si por efecto directo de la aplicación de aquellas bases se vulneraron los principios de igualdad y de mérito, y se ha agotado la correspondiente vía administrativa previa.
• Posibilidad de que, aprobadas las bases y publicada la convocatoria, pueda la Administración anular la misma. Supuestos:
  1. Que hayan nacido derechos subjetivos de los aspirantes admitidos (las listas de aspirantes admitidos y excluidos determinan ese nacimiento de los derechos subjetivos, artículo 105.1 Ley 30/92, y no cabe revocación).
  2. Que no hayan nacido derechos subjetivos de los aspirantes admitidos (sí permite revocación).
• Cumplidas las bases de la convocatoria y elevada propuesta por el Tribunal Calificador a favor de quien obtuvo la mayor puntuación, la Administración no podrá apartarse de ella y menos aún designar a otro aspirante.
• La Administración no tiene atribuciones para declarar desierto un concurso al que se presente un único aspirante que demuestre reunir las condiciones fijadas para aspirar a la plaza, aunque la Administración entendiera que carecía para ello de méritos suficientes.
• La norma que obliga a la Administración a acatar las propuestas de los Tribunales Calificadores no alcanza a los casos en los que éstos hayan cometido manifiesta infracción de las bases de la convocatoria.
• La no aportación en plazo de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria para el nombramiento de funcionario de carrera no justifica la exclusión del aspirante aprobado cuando tales documentos obran en poder de la Administración por desempeñar los mismos servicios en contratación laboral.
• Es nulo computar méritos no incluidos en el baremo y no especificar la puntuación asignada a cada aspirante en relación con cada uno de los apartados de que consta el baremo.

Impugnación: tanto en vía administrativa como en vía judicial. También podrán impugnarse por los aspirantes los actos de trámite que impidan su continuación en el proceso selectivo. La Administración misma puede revisar de oficio los actos si incurren en nulidad de pleno derecho, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley 30/92. Cabe anular las decisiones discrecionales en caso de que se demuestre voluntad viciada del órgano.

Pérdida de la Condición de Funcionario

Renuncia a la Condición de Funcionario (Artículo 64)

La Pérdida de la Nacionalidad

La Jubilación Total del Funcionario (Artículo 67)

• Jubilación voluntaria: Siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de la Seguridad Social aplicable.
• Jubilación forzosa: Se declara de oficio al cumplir el funcionario la edad legalmente establecida, actualmente sesenta y cinco años de edad. Salvo para los funcionarios que tengan establecidas normas específicas de jubilación que fijen una edad superior, podrán solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad, sobre lo que la Administración resolverá de forma motivada.
• Jubilación por incapacidad permanente: Tiene lugar cuando se produce la declaración que le inhabilita para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o cuando se reconoce una pensión de incapacidad permanente absoluta o permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.
• Jubilación parcial: La solicita el funcionario siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de la Seguridad Social que le sea aplicable. Después de los 60 años, requiere haber cotizado al menos 15 años, de los cuales al menos dos en los últimos 15 años anteriores a la fecha de la jubilación parcial, estar contratado a jornada completa y concertar con la empresa un contrato a tiempo parcial con reducción de jornada y salario entre un 25% y un 85%.