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TEMA 9: ABSOLUTISMO FRENTE A LIBERALISMO: EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL REINADO DE FERNANDO VII
INTRODUCCIÓN
En virtud del Tratado de Valençay (1813), Fernando VII recobra la Corona y regresa a España en un clima de entusiasmo popular y aclamaciones. La restauración en el trono español se produce tras la derrota de los ejércitos napoleónicos en Europa. Las potencias vencedoras, reunidas en el Congreso de Viena, se proponen restablecer el absolutismo e impedir el surgimiento de nuevos movimientos revolucionarios. Sin embargo, las ideas liberales se habían extendido por todo el continente y Europa entera se debatió entre absolutismo y liberalismo. En España, el regreso del rey también desató este enfrentamiento. Fernando VII, que había abandonado el país como monarca absoluto, debía convertirse ahora en monarca constitucional. Pero desde su entrada en España, los partidarios del absolutismo le apoyaron para restaurar el viejo orden, máxime teniendo en cuenta que la fuerza real de los liberales y su implantación en el cuerpo social, era mucho más reducida de lo que su influencia en la obra legisladora de las Cortes de Cádiz podía hacer sospechar. Todo el reinado de Fernando VII estará marcado por los deseos de una parte de la población de imponer los principios del liberalismo recogidos en la Constitución de Cádiz y los esfuerzo del monarca y sus partidarios de imponer el poder absoluto del rey.
Fernando VII no se conformó con derogar toda la labor inspirada en los principios del liberalismo, sino que persiguió y atacó a los propios liberales, olvidando que ellos habían luchado contra los franceses para conseguir su regreso como rey legítimo. Muchos fueron arrestados y ejecutados, otros decidieron exiliarse a Francia o Inglaterra. La persecución de la que fueron objeto les obligó a pasar a la clandestinidad y a formar sociedades secretas siempre dispuestas a la conspiración.
Las conspiraciones protagonizadas por liberales no se producen exclusivamente durante el reinado de Fernando VII sino que se prolongan al de su heredera Isabel II y adoptan la forma de pronunciamiento militar. Los militares asumen el protagonismo como árbitros de la vida política en España e impulsores de los cambios de rumbo político, compensando así el escaso desarrollo y debilidad de la burguesía española, que por sí sola carecía de fuerzas para defender sus pretensiones políticas y económicas.
El triunfo de alguno de los numerosos pronunciamientos o la imposición del un férreo absolutismo marcarán las tres etapas en las que podemos dividir el reinado de Fernando VII.
Los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar el nuevo orden constitucional. Por ello dispusieron que viajara directamente a Madrid para jurar la Constitución. Fernando VII temió enfrentarse a quienes habían resistido durante seis años al invasor francés y aceptó estas condiciones. Pero los absolutistas se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo presentando al monarca un documento conocido como “El manifiesto de los persas”, un escrito en el que se animaba al rey a ignorar las propuestas liberales y restaurar la monarquía absoluta. Fernando VII, seguro ya de la debilidad del sector liberal y aclamado fervientemente por el pueblo, traicionó su promesa y, mediante el Decreto de 4 de mayo de 1814 anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, restauró el absolutismo y las viejas instituciones, incluida la Inquisición. Los principales dirigentes liberales fueron detenidos y ejecutados o marcharon al exilio.
España sufre una profunda crisis económica consecuencia de una guerra especialmente destructiva: campos destrozados, falta de mano de obra, industrias arruinadas y comercio colapsado.
Las elevadas pérdidas humanas merman la mano de obra hasta el punto de paralizar la industria y la agricultura, que también sufre la destrucción de los campos y la pérdida de las cosechas. La insurrección de las colonias americanas en demanda de su independencia agrava la situación porque a los gastos militares ocasionados por la guerra contra los franceses hay que añadir los necesarios para restablecer el control en América. Además, se interrumpen la llegada de suministros y de ingresos (impuestos, metales…) desde las colonias. La falta de recursos produce la bancarrota de la Hacienda española.
A estos problemas hay que añadir que los acontecimientos que se sucedieron entre 1808 y 1814 habían cambiado la mentalidad de muchos grupos sociales. El campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales y se sucedían las protestas ante la pretensión de volver a imponer los viejos tributos; la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas y negocios más allá de la rígida reglamentación gremial y gran parte de la burguesía urbana reclamaba la vuelta del régimen constitucional. Por último la incorporación de algunos jefes de la guerrilla en el ejército originó un sector liberal, partidario de las reformas, que protagonizaría en el futuro numerosos pronunciamientos. Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a los problemas a los que debía enfrentarse España. Pronunciamientos militares liberales (como los de Espoz y Mina en Navarra en 1814, Porlier en La Coruña en 1815, Lacy y Milans del Bosch en Barcelona en 1817…), algaradas en las ciudades y amotinamientos campesinos evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.
Tras los numerosos pronunciamientos fracasados que se suceden a lo largo de los seis primeros años de reinado de Fernando VII, el 1 de enero de 1820 se produce el pronunciamiento del general Rafael Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla).
Riego proclama la Constitución de Cádiz frente al ejército expedicionarios que se trasladaba a América para reprimir el movimiento independentista. Este pronunciamiento es apoyado, cuando parecía fracasar, por las guarniciones de La Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona, así como por numerosos levantamientos campesinos. El rey, acorralado en Madrid, jura la Constitución de 1812, iniciándose con ello el Trienio Constitucional o Liberal.
Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. El resultado fue una mayoría de diputados liberales que iniciaron rápidamente una importante obra legislativa, restaurando gran parte de las reformas de Cádiz para desmantelar el Antiguo Régimen:
Sin embargo, más allá de la elaboración de las leyes, apenas hubo tiempo u oportunidad para llevarlas a la práctica, ya que este segundo intento de revolución liberal tuvo una vida de apenas tres años, antes de quedar también frustrado ante los numerosos obstáculos y el ambiente hostil que rodea a los diferentes gobiernos liberales.
Pronto se evidenció que el monarca no apoyaba sinceramente la aplicación de la Constitución y utilizaba todos lo recursos que ésta le permitía para obstaculizar las reformas legislativas de las nuevas Cortes liberales (derecho de sanción de las leyes o de veto durante dos años).
Además entre las filas de los liberales se estaba generando la división entre “moderados” o doceañistas, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales (nobleza y burguesía propietaria), y “exaltados” o veinteañistas, que planteaban la necesidad de reformas radicales favorables a las clases medias y populares.
Por su parte, la oposición absolutista crece y se aglutina en torno a un grupo, conocido como “relistas” que, con la complicidad del propio rey intervienen en diferentes acontecimientos encaminados a restablecer el viejo absolutismo, como la sublevación de la Guardia Real en 1822, la organización de guerrillas en Navarra y Cataluña o la creación de la Regencia de Urgel, que pretendió actuar como gobierno legítimo frente al de Madrid.
Las nuevas medidas liberales provocaron también el descontento de los campesinos, ya que se la abolición de los señoríos no les facilitó el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios, y los campesinos, en arrendatarios que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban, con lo que perdían sus tradicionales derechos. Además, no se produjo una rebaja sustancial de los impuestos y la monetarización de las rentas y de los diezmos, antes pagados con productos agrarios, obligaba a los campesinos a conseguir dinero con la venta de sus productos. En una economía todavía de subsistencia, resultaba muy difícil vender a buen precio la producción y reunir la cantidad de dinero necesario para pagar las nuevas contribuciones.
Sin embargo, no fueron ni los conflictos ni las divisiones internas las que provocaron el fin del régimen liberal, sino la intervención de la Santa Alianza, reunida en el Congreso de Verona (1822) que, a petición de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España con el fin de restaurar el orden absolutista. En abril de 1823, unos 100.000 soldados franceses (los Cien Mil Hijos de San Luis), al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español (el ejército francés permanecerá en España hasta 1828 a cargo del erario público). Apoyado por las fuerzas francesas, Fernando VII restauró por segunda vez el absolutismo
Fernando VII declaró nulos todos los actos del Gobierno durante el Trienio Liberal y restauró de nuevo el absolutismo. La represión contra los liberales fue feroz mucho tuvieron que marchar al exilio para escapar de la muerte o de la cárcel. Se depuraron la administración y el ejército y, durante toda la década, se persiguió a los partidarios de las ideas liberales.
Al igual que en los primeros años de su reinado, Fernando VII está condicionado por las dificultades de la Hacienda, agravada por la pérdida definitiva de las colonias americanas.
A partir de 1825, el rey, acuciado por los problemas económicos, buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Esto provoca la oposición de los elementos más absolutistas, que se consideran marginados de la toma de decisiones. En Cataluña se levantaron partidas realistas (los Malcontents) que reclamaban mayor poder para os ultraconservadores y defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales. En la corte, dicho sector, que gozaba de gran influencia entre la nobleza y el clero, se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.
Fernando VII, viudo de su tercera esposa, se casa en 1829 con su sobrina María Cristina de Nápoles. El nacimiento de Isabel en 1830 parece garantizar la continuidad dinástica, pero este hecho dio lugar a un grave conflicto por la sucesión al trono. La Ley Sálica, de origen francés e implantada en España por Felipe V, impedía el acceso al trono de las mujeres.
Fernando VII, influido por su mujer, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción (marzo de 1830), que abrió el camino al trono a su hija y heredera. El sector más ultraconservador de los absolutistas, agrupados en torno a Carlos María Isidro y conocidos a partir de ese momento como carlistas, se negó a aceptar esa decisión, presionando fuertemente al monarca, gravemente enfermo,para que repusiera la Ley Sálica y nombrara heredero a su hermano. Aunque en un principio el monarca accedió a las peticiones de los carlistas, finalmente y ante la presión de su esposa, reimplantó la Pragmática Sanción. De esta forma, a la muerte del rey, sucedida el 29 de septiembre de 1833, queda como heredera su hija de tres años. Ese mismo día, Carlos María Isidro se proclama rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el Norte. Es la Primer Guerra Carlista.
Las guerras que se desencadenan tras la muerte de Fernando VII no constituían sólo una disputa acerca de quién era el legítimo monarca sino que se trata de una lucha por imponer un modelo u otro de sociedad. Alrededor de don Carlos se agrupaban las fuerzas partidarias del Antiguo Régimen y opuestas a cualquier forma de liberalismo. Por el contrario, María Cristina comprendió que i quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyo en los sectores más cercanos al liberalismo. Nombrada regente durante la enfermedad de su marido, se preparó para hacer frente a los carlistas nombrando un gobierno de carácter reformista y decretando una amnistía que supuso el regreso de los exiliados liberales. No pudo evitar, sin embargo, el estallido de una prolongada guerra civil que no hacía más que evidenciar el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo