Principales problemas del modelo de seguridad en España

1- España carece de políticas públicas para responder a la inseguridad ciudadana. Su actuación es reactiva y enfocada a la represión de delitos, pero poco más. Hay problemas que requieren la elaboración de políticas integrales y transversales, a través de programas y planes de actuación, que deben articularse con la participación de todas las Administraciones Públicas y no sólo a través de sus FCSE.

2- Las funciones asignadas actualmente a las Policías Locales o resultan excesivas o suponen un importante desaprovechamiento de recursos. Existe un error al establecer las mismas funciones para todos los cuerpos de policía local.

3- Con el marco normativo actual no se ofrecen alternativas a los pequeños municipios para el adecuado ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. La mejor alternativa es posibilitar la mancomunización de servicios de Policía Local bajo determinados criterios, o bien generalizar la constitución de Policías Autonómicas con cierta dependencia funcional de los Alcaldes en el ámbito rural.

4- No son proporcionales los recursos económicos que los Ayuntamientos reciben del Estado en relación a su contribución a la seguridad pública. Resulta absolutamente urgente y necesario desarrollar una política decidida de aportación de recursos económicos de la Administración Central y las CC.AA a los Ayuntamientos.

5- El modelo actual desprecia un elemento esencial para articular las políticas de seguridad pública: la participación ciudadana.

Posibles soluciones para mejorar la seguridad ciudadana

a) Reforzar las competencias municipales en seguridad ciudadana

Cada vez más, se constata la necesidad de actuar en determinados problemas de manera rápida y decidida en el ámbito de la Ciudad. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P) viene reclamando, de manera reiterada, que sean los Alcaldes los que tengan una autoridad reconocida y ejecutiva en la coordinación de los CFSE que actúan en su territorio.

b) Ampliar las funciones de las Policías locales

Hay que establecer límites y distribuir competencias, con el objetivo último de ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible, bajo los criterios de eficacia y eficiencia. Desde esta perspectiva, además de las funciones actualmente atribuidas a las Policías Locales, se deberían ampliar en los municipios de población superior a los 20.000 habitantes, siguiendo los siguientes criterios:

Extender sus funciones a:

1. Las problemáticas relacionadas con los conflictos urbanos que, por proximidad al entorno familiar, escolar y de convivencia, generan alarma social y demandan una respuesta integral que también requiere de la actuación policial.
2. Las problemáticas e infracciones penales relacionadas con el entorno doméstico, atendiendo la problemática de la mujer, menores y mayores.
3. Las problemáticas medioambientales, tanto en el ámbito penal como en el administrativo.
4. Todas las infracciones penales relacionadas con la seguridad del tráfico y las asociadas a las mismas.
5. Los conflictos cuya génesis y desarrollo se radique, de forma estática y continuada, en el ámbito de la ciudad, despierten la sensibilidad social y conlleven la alteración de la convivencia.
6. Otorgar a estas Policías Locales pleno carácter de Policía Judicial.
7. Establecer sistemas que garanticen, de manera automática, el trasvase de la información obtenida por las Policías Locales a los bancos de datos estatales.

c) Crear y desarrollar planes y políticas públicas y globales de seguridad ciudadana desde los municipios

La experiencia demuestra que son los sistemas vinculados a la proximidad de la gestión -plurales y más descentralizados- los que mejor permiten la ejecución de políticas públicas integrales basadas en la protección de los derechos y libertades y en la potenciación de los aspectos preventivos, participativos, y de solidaridad, y no sólo en los aspectos puramente reactivos. Son necesarias políticas urbanas integradoras y estrategias para intentar actuar sobre las causas de la delincuencia y de la inseguridad. Por eso, las políticas de prevención y desarrollo social deben ser siempre el vértice de cualquier experiencia innovadora y progresista, y no únicamente utilizar políticas de reacción al delito. Es necesario desarrollar políticas transversales que contribuyan a la modificación de la percepción de la inseguridad. Para ello se deben asumir principalmente:

c1) Políticas de prevención

Buena parte de los problemas que tienen una fuerte incidencia en la seguridad ciudadana, como la marginalidad, la inmigración, las drogodependencias, la violencia y el ocio juvenil, el vandalismo urbano, la violencia de género, etc., son problemas que no tienen una solución estrictamente policial, sino que requieren ser abordados de manera integral, a través de políticas integrales. En concreto, serían productivas las siguientes políticas de prevención en el ámbito municipal:

Programas de:

• Integración y prevención de problemas multiétnicos, favoreciendo la plena integración de los colectivos inmigrantes.
• Lucha contra la violencia de género.
• Prevención de la violencia infanto–juvenil, con especial atención a la prevención de los comportamientos asociales en el entorno socioescolar.
• Prevención del racismo y la xenofobia en las etapas escolares de primaria y secundaria.
• Educación en valores y convivencia entre la población escolar.
• Políticas de prevención del vandalismo urbano y de medidas educativas que favorezcan su evitación.
• Integración de los conceptos de seguridad y prevención en la planificación urbanística, favoreciendo el diseño de espacios que favorezcan la convivencia y adaptando los espacios públicos a las necesidades sociales.
• Las nuevas formas de ocio y las problemáticas que llevan asociadas deben ser tratadas con políticas y programas que den respuesta a las demandas de los jóvenes y contribuyan a la convivencia urbana. Para ello deberán desarrollarse programas de ocio de calidad y de ocio alternativo.
• Programas de prevención de las drogodependencias.
• Programas integrales de protección a los mayores, que den respuesta, entre otros, a los graves problemas que este colectivo tiene en el ámbito de la seguridad.

c2) Políticas de proximidad

El Municipio es la Administración que posee las mejores condiciones posibles para desarrollar las políticas de prevención de la delincuencia. Solo desde los Ayuntamientos se puede desempeñar un papel crucial en la mejora, la eficacia y la eficiencia de las políticas de prevención. Los programas de Policía de Proximidad deben desarrollarse a través de las Policía Local, a través de las siguientes acciones:

1. Desarrollar la Policía de Barrio o de Distrito, como gestores de la seguridad y de la prevención.
2. Crear unidades de convivencia (residencias, centros de día, casas de acogida, centros de atención especializada, viviendas tuteladas).
3. Asumir las funciones de Policía Turística en aquellos municipios donde esta actividad constituya un modo de vida y fuente de riqueza para la ciudad.
4. Las Policías Locales deben ser contempladas como Policía Judicial al servicio de la Justicia.
5. Las Policías Locales deben tener capacidad para dar respuesta al pequeño y próximo delito de la ciudad, que supone la base de la intranquilidad urbana.

c3) Políticas de participación ciudadana

El concepto de responsabilidad compartida no sólo debe aplicarse al ámbito institucional, sino que también debe extenderse a los ciudadanos a través de sus entidades representativas. Se ha de buscar una gestión de la seguridad transparente y hecha de cara a los ciudadanos. Para ello, cabría potenciar la realización de foros de participación, discusión, canalización de propuestas de políticas públicas y evaluación de programas así como la dotación de redes en las que los ciudadanos den información sobre aspectos relativos a la seguridad o inseguridad que aprecien en su día a día.

d) Designación de presupuestos de dinero razonables para cumplir con las funciones asignadas

e) Mejorar la coordinación entre los distintas FCS