Portada » Historia » El Reinado de Isabel II y las Guerras Carlistas: Una Época de Transformación en España
Fernando VII estableció la ley que permitía reinar a las mujeres. En su testamento, dejó como reina a su hija Isabel. Esto provocó que Carlos María Isidro, hermano del rey, quedara sin posibilidades de reinar, por lo que no aceptó dicha ley. Dos días después de la muerte de Fernando VII, el 1 de octubre de 1833, Don Carlos fue proclamado rey, apoyado por el Manifiesto de Abrantes. Así comenzó la Primera Guerra Carlista.
La guerra se divide en tres etapas:
María Cristina gobernó como regente durante la minoría de edad de su hija Isabel. Se vio obligada a apoyarse en el liberalismo, con la ayuda de Martínez de la Rosa, quien aprobó el Estatuto Real de 1834. Se convocaron elecciones, lo que provocó la rebelión de los progresistas. La regente entregó el gobierno a los progresistas, liderados por Mendizábal.
Mendizábal aprobó medidas de guerra y, sobre todo, adoptó las primeras decisiones para desmantelar el sistema legal del Antiguo Régimen. Esta política le enfrentó a los moderados y a la regente, forzando su dimisión. Un nuevo gobierno progresista obligó a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812, continuando con la demolición del absolutismo.
Las Cortes elaboraron la Constitución de 1837, intentando contentar a progresistas y moderados. María Cristina eligió jefes de gobierno moderados, provocando una nueva insurrección que acabó con su dimisión como regente, siendo sustituida por Espartero.
En 1842 estalló una insurrección en Barcelona. Los moderados y progresistas organizaron una sublevación militar que obligó a Espartero a dimitir.
Características del reinado de Isabel II:
Narváez fue el principal inspirador de la Constitución de 1845. Unas nuevas Cortes elaboraron esta constitución, que repartía el poder legislativo entre las Cortes y el rey. Los gobiernos moderados ampliaron la legislación ordinaria: limitaron el derecho a voto y la libertad de prensa, crearon la Guardia Civil, aprobaron el Código Penal y reformaron la Hacienda, además de mejorar las relaciones con la Iglesia. En 1849, progresistas radicales fundaron el Partido Demócrata para defender los derechos individuales y el sufragio universal. En 1854, las Cortes fueron suspendidas y el gobierno actuó de forma autoritaria.
Comienza con el golpe de Estado de la Vicalvarada, protagonizado por O’Donnell, quien publicó el Manifiesto de Manzanares, consiguiendo apoyo popular. Isabel entregó el gobierno a Espartero como ministro de Guerra. Se convocaron Cortes Constituyentes que elaboraron una nueva constitución, la de 1856 (que no llegó a entrar en vigor, «non nata»). Se aprobaron leyes económicas, como la Ley de Desamortización y la Ley de Ferrocarriles de 1855. En 1856, la agitación social provocó la ruptura entre Espartero y O’Donnell.
O’Donnell, presidente del gobierno en 1856, trajo de vuelta a Narváez y a los moderados al poder. Se volvió al régimen moderado de la Constitución de 1845. En esta etapa se aprobó la Ley de Educación (Ley Moyano, 1857).
Bajo el gobierno de O’Donnell, fue un periodo de estabilidad. Se emprendió una activa y agresiva política exterior para desviar la atención de los problemas internos y exaltar el patriotismo, con numerosas intervenciones militares.
O’Donnell dimitió. Los progresistas, dirigidos por el general Prim, denunciaron el sistema constitucional y a la reina. La crisis de la monarquía isabelina se debió a la grave crisis económica y a los acontecimientos políticos. En agosto de 1866, representantes progresistas firmaron el Pacto de Ostende para destronar a Isabel II y convocar Cortes Constituyentes por sufragio universal. La muerte de O’Donnell y Narváez dejó a Isabel indefensa. El movimiento revolucionario, «La Gloriosa», en septiembre de 1868, puso fin al reinado de Isabel II.