CAPÍTULO V

Puntos Relevantes del Informe del Auditor Superior de la Federación sobre la Revisión de la Cuenta Pública del Año 2007, Hecho Público en Marzo de 2009

Los resultados fueron comunicados a los entes fiscalizados en diferentes reuniones de reconfronta y confronta, los que, al no ser aclarados, pasaron a formar parte del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007.

Las instituciones fiscalizadas cuentan con 45 días hábiles para presentar la documentación comprobatoria para solventar las observaciones, pues de lo contrario, previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de responsabilidades, las sanciones resarcitorias o las denuncias de hechos que en cada caso procedan.

Atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de Vigilancia, y al Programa de Mejora Continua instrumentado por la ASF, el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2007 reporta los siguientes aspectos relevantes:

• El número de auditorías se incrementó en un 28%, al pasar de 754 revisiones en la Cuenta Pública 2006 a 962 en la del año 2007.
• Se aumentó el número de auditorías de Desempeño en 118 revisiones, el 164 %, y las de Regularidad y Cumplimiento Financiero en 101, es decir el 16%.
• Como consecuencia de lo anterior, el presente Informe aumentó en 12 volúmenes con respecto a la Cuenta Pública 2006.
• En relación a las acciones promovidas, destaca el incremento del 267 % en los pliegos de observaciones, al pasar de 316 a 1,159, y del 194 % en las Promociones para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, al pasar de 555 a 1,632 acciones de este tipo.
• De los 1,159 pliegos de observaciones y de las 1,632 promociones de responsabilidad administrativa, el 84% (971) y el 64% (1,045), respectivamente, corresponden a estados, municipios y el gobierno del Distrito Federal.
• La cuantificación monetaria de las observaciones ascendió a 60,723.6 millones de pesos, que incluyen 18,867.4 millones de pesos, el 31 %, que corresponden a Estados, Municipios y Gobierno del Distrito Federal. Los montos observados no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.
• De conformidad con lo que establece el artículo 31, fracción c, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se detectaron operaciones no registradas, registradas erróneamente, o no reveladas con suficiencia y consistencia en los estados financieros de los entes fiscalizados o en la Cuenta Pública Federal, tal como lo establecen los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.
• Se continuó con la realización de auditorías horizontales, dentro de las que destaca la efectuada al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual fue aplicada a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
• En relación a los Ramos Generales 23 y 33, a través del cual se transfieren recursos federales a estados y municipios, se practicaron 544 auditorías, de las cuales, 394 fueron realizadas por la ASF, mientras que las 150 restantes fueron efectuadas por las Entidades de Fiscalización de los Congresos Locales.
• Derivado del proceso de fiscalización efectuado en los últimos 7 años, la ASF ha logrado recuperaciones por 33,718 millones de pesos, que representan 33 veces el presupuesto anual de la Institución. De estas recuperaciones, 2,028 millones de pesos corresponden a la Cuenta Pública 2007, obtenidas en el curso de la revisión, las cuales corresponden en su mayoría a estados y municipios.

Formando parte de estos 33,718 millones de pesos, destacan, por su importancia, 10,856 millones de pesos del rescate bancario; 2,458 millones del Derecho de Trámite Aduanero; 1,580 millones del Sindicato de PEMEX; 1,481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6,800 millones de estados y municipios.

Estas recuperaciones cuentan con los soportes documentales que las acreditan, devienen de la acción fiscalizadora y se refieren a procesos concluidos, cuyos montos han sido resarcidos al patrimonio público.

La ASF fue sometida igualmente a una revisión internacional entre Pares, de la cual obtuvo un Dictamen favorable por parte del equipo auditor, integrado por la Contraloría General de los Estados Unidos de América (GAO), la Auditoria General del Reino Unido (NAO) y las Oficinas Auditoras Generales de Canadá (OAGC) y de Puerto Rico (OCPR). Dicho Dictamen, reconoce la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, el cumplimiento de las normas y el rigor técnico de las auditorías de desempeño que se practican.

Complementariamente, la Institución se ha sometido a auditorías de carácter externo llevadas a cabo por despachos de profesionales independientes, con el fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de sus recursos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el buen desempeño institucional.

Adicionalmente, y como resultado de su actuación, la ASF ha señalado reiteradamente diversas áreas de opacidad y riesgo en el Estado Federal Mexicano, las cuales requieren ser atendidas con urgencia para avanzar en los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Resaltan, de ellas, los subejercicios presupuestales que existen al término de cada año fiscal, así como los que observan los recursos que se transfieren a estados y municipios a través de los Ramos Generales 23 y 33. Los subejercicios generan disponibilidades que, en algunos casos, son transferidas como aportaciones a fondos, fideicomisos o a otras partidas que en ocasiones no están sujetas a control legislativo.

El círculo vicioso se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos, como los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derechos de Trámite Aduanero; y Fondos y Fideicomisos, entre otros.

Finalmente, se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado Federal Mexicano delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente.