Portada » Formación y Orientación Laboral » Guía Completa sobre Derechos y Obligaciones Laborales en España
Los principales derechos y deberes están recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de los Trabajadores.
Se conoce como poder de dirección la facultad que tiene el empresario para disponer la organización del trabajo, mientras que el poder disciplinario es la facultad que tiene el empresario para sancionar al trabajador por las faltas cometidas.
Los trabajadores pueden desobedecer las órdenes del empresario de manera justificada cuando las órdenes afecten a su vida privada, si son peligrosas y suponen un riesgo grave para su salud, cuando atenten a su dignidad personal y cuando sean ilegales.
Las sanciones impuestas no podrán consistir en reducción de las vacaciones o de los derechos al descanso, ni en multas, aunque se permite la suspensión de empleo y sueldo. La máxima sanción es el despido. Antes de aplicar una sanción hay que comprobar que la falta no ha prescrito.
El empresario puede adoptar las medidas que estime oportunas para vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, pero siempre respetando la dignidad e intimidad de las personas y la legalidad vigente en cada momento. El Tribunal Constitucional ha entrado a valorar en varias sentencias las medidas de control y vigilancia realizadas por los empresarios.
No se permite la instalación de videocámaras en aquellas zonas excluidas (vestuarios, servicios, comedores, etc.) ni la de sistemas de audio en zonas de trabajo. La empresa podría escuchar comentarios indiscriminados y ajenos a su interés y sería intimidad personal.
El empresario puede hacer registros sobre el trabajador, sus taquillas o sus cosas particulares, solo podrá hacerlo cuando tenga la seguridad o sospecha y tenga pruebas de que se está atentando contra la propiedad privada de la empresa y compañeros. Se harán en el centro de trabajo y en horas de trabajo, se respetará la intimidad del trabajador y tendrá que estar un representante legal de los trabajadores.
Los sistemas informáticos de la empresa son controlados por el empresario. Existe un hábito social de tolerancia con usos moderados de los medios facilitados al trabajador. El empresario ha de advertir de la existencia de controles.
El empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador mediante un reconocimiento cuando se alegue para justificar sus faltas de trabajo. El empresario podrá denunciar esta situación vía inspección sanitaria.
Es competente para conocer los recursos de amparo que puedan presentarse por vulneración de derechos fundamentales en la relación laboral como por ejemplo, los derechos de libre sindicación, derecho a la huelga, dignidad e intimidad de las personas, la no discriminación, etc.
Conoce los recursos de casación contra las sentencias de las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y para la unificación de la doctrina.
Conoce los procesos en materia sindical y colectiva cuando su ámbito sobrepasa el de una autonomía.
Conoce los recursos de suplicación contra las resoluciones de los Juzgados de lo Social.
Conocen los conflictos de trabajo individuales y colectivos, siempre que el ámbito de ellos no supere la provincia.
Tiene como principales funciones desarrollar la política laboral mediante los órganos del Ministerio de Trabajo y las consejerías de las comunidades autónomas y velar por el cumplimiento de la normativa laboral mediante la inspección de trabajo. La Constitución Española establece que es competencia del Estado, en materia laboral y de Seguridad Social, legislar sobre los criterios y principios básicos. Los principios son idénticos en todo el territorio nacional para evitar la discriminación sobre la pertenencia a una comunidad autónoma u otra.
La intervención del Estado en el ámbito laboral, es realizada por el Gobierno a través del Ministerio de Empleo, su máximo responsable político y administrativo es el ministro.
Las comunidades autónomas pueden dictar disposiciones legales y reglamentarias para el desarrollo, dentro de su ámbito territorial, pero siempre respetando las bases fijadas para todo el territorio nacional.
La inspección de trabajo es un órgano de la Administración del Estado cuya finalidad es vigilar el cumplimiento de la legislación laboral. Los inspectores pueden suspender los trabajos que se realicen sin cumplir las normas de seguridad e higiene y levantar actas de infracciones.