España en el Siglo XX: Dictadura, Guerra y Transformación Social

La Dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, mandó ocupar los servicios telefónicos de Barcelona y leyó un comunicado ante los periodistas dando un golpe de Estado. Dos días más tarde regresó Alfonso XIII, que estaba de vacaciones en San Sebastián, a Madrid, y aunque se le propuso acabar con los sublevados, este pidió tiempo para pensarlo y acabó por pedirle a Primo de Rivera que formase gobierno. La dictadura de Primo de Rivera surgió como la última oportunidad que tenía la monarquía de Alfonso XIII de sobrevivir. Entre sus causas están: la inoperancia de los Partidos del Turno, el estado de agitación social influido por la Revolución Rusa de 1917 (Trienio Bolchevique en Andalucía, terrorismo anarquista en Barcelona), el Desastre de Annual y el ejemplo del triunfo del Fascismo en Italia (1922). El Golpe de Estado de Primo de Rivera contó con el apoyo del empresariado catalán interesado en acabar con el peligro anarquista, de un sector del ejército partidario de la mano dura contra el desorden social y defensores de la unidad nacional frente a los ideales autonomistas de los nacionalistas y, sobre todo, del rey Alfonso XIII como único medio de perpetuar la monarquía.

La dictadura de Primo de Rivera tuvo dos fases:

1. El directorio militar (1923-1925): Se trataba de un gobierno formado por militares que suspendió la Constitución de 1876. Este primer periodo tuvo varios éxitos como el Desembarco de Alhucemas (1925) que llevó al triunfo en Marruecos gracias a la colaboración con los franceses. También se intentó solucionar el desorden público que había en España, para ello se implantó el estado de guerra durante casi dos años. Por otro lado, se limitaron las libertades públicas, se prohibieron reuniones y asociaciones y se censuró la prensa. Sin embargo, la más contundente de estas medidas fue la persecución de los anarquistas, que fueron condenados a la clandestinidad y su organización fue desarticulada.
2. El directorio civil (1925-1930): supuso un intento de perpetuar la dictadura en el tiempo, para ello, Primo de Rivera quiso crear un partido que le respaldase y le permitiese ganar unas futuras elecciones, la Unión Patriótica, formado por “notables locales” y no por auténticos políticos. En cuanto a la política económica, el Directorio civil practicó el intervencionismo: fomentó la producción nacional, se realizaron medidas de carácter proteccionista, realizó un ambicioso plan de obras públicas (electrificación de los ferrocarriles, ampliación y perfeccionamiento de la red de carreteras…), se impulsó una política hidráulica, se crearon los monopolios estatales (Compañía Arrendataria de Tabacos, Compañía Telefónica Nacional de España, Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA)). También se inició el turismo con la creación de la Red de Paradores Nacionales. Sin embargo, para acometer estos proyectos fueron necesarias grandes inversiones, que dispararon la inflación y la deuda pública.

Primo de Rivera, anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de enero de 1930 presentó su dimisión al rey, marchando a París donde murió dos meses más tarde. Alfonso XIII intentó entonces retornar al sistema de la Restauración, es decir, a la Constitución de 1876, nombró jefe de Gobierno al general Berenguer (enero 1930 – febrero 1931) iniciándose un período conocido sarcásticamente como la “Dictablanda”. Berenguer actuó con gran lentitud e indecisión, ralentizó la recuperación de las libertades políticas y fue posponiendo la convocatoria de elecciones por temor a perder el control de la situación. En agosto de 1930 republicanos, nacionalistas catalanes y gallegos, y socialistas firmaron el denominado Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a derrocar la monarquía e instaurar un régimen democrático. Para coordinar la labor de oposición crearon un Comité Revolucionario presidido por el republicano Niceto Alcalá Zamora. Alfonso XIII se vio cada vez más aislado. Muchos militares empiezan a ver con buenos ojos las posibilidades republicanas. Con esta situación, Berenguer dimitió el 14 de febrero de 1931 dando paso a un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. Se convocaron elecciones municipales en abril de ese mismo año y sus resultados dejaron clara la voluntad popular: la coalición republicana obtuvo una victoria aplastante en las principales ciudades. Alfonso XIII abdicó y abandonó España. Finalmente, el 14 de abril de 1931 fue proclamada la II República española.

El impacto de los acontecimientos internacionales: Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa

Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se inició una nueva etapa del reinado de Alfonso XIII, que alcanzó su punto más crítico en 1917. A partir de entonces, el sistema político experimentó un declive progresivo del que salió transitoriamente mediante la solución autoritaria de la dictadura. España no participó en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), (el gobierno español decidió mantener la neutralidad) aunque la opinión pública española se dividió entre aliadófilos y germanófilos. Sin embargo, la guerra tuvo efectos económicos y sociales muy importantes en España. Por un lado, la guerra ayudó al crecimiento de la economía de nuestro país: aumentó la producción industrial destinada tanto a la exportación como a cubrir las necesidades del mercado interior, gracias a la falta de competencia de los países europeos enfrentados en la Gran Guerra y aumentaron las exportaciones al convertirse España en suministradora de materias primas y alimentos para los contendientes. Sin embargo, no todos los efectos fueron positivos, el aumento de la demanda exterior provocó un ascenso generalizado de los precios, que no se compensó con un aumento paralelo de salarios. Por ello, las clases bajas perdieron poder adquisitivo, lo que llevó al deterioro de las condiciones de vida del proletariado y al aumento del descontento y la conflictividad social y del movimiento obrero. Todos estos problemas económicos y sociales se unieron al problema político y al descontento del ejército y, finalmente, provocaron la crisis de 1917. La primera manifestación de esta crisis fue la creación de las Juntas Militares de Defensa. Estas se formaron desde 1916 y se sublevaron a principios de 1917. El Manifiesto de las Juntas de Defensa supone la reaparición del protagonismo del ejército en la política, ya que son los garantes de la patria (unidad nacional, orden público, etc.). Alfonso XIII apoyó este movimiento, convencido de que el ejército era la mejor defensa contra la oposición política al Sistema de la Restauración. La Asamblea de Parlamentarios fue el segundo capítulo de la crisis. Se reunieron en Barcelona por iniciativa de Cambó y la Liga Regionalista y pretendía unir a toda la oposición (republicanos, nacionalistas y socialistas). Su intención era actuar como una verdadera asamblea constituyente que modificara el sistema de Cánovas, pero fracasó. El tercer capítulo fue la Huelga General promovida por socialistas y anarquistas, que protestaban por la pérdida de poder adquisitivo de los obreros. Además, reivindicaban un cambio del sistema político. La huelga tuvo éxito en las zonas urbanas, pero nada más. La respuesta del gobierno fue el uso de la fuerza con el ejército. Por último, entre 1918 y 1920 se produjo en Andalucía lo que se conoce como «trienio bolchevique». Una fase de actividad revolucionaria, provocada por la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida y la influencia de la Revolución Rusa. Bajo la dirección de los dos grandes sindicatos (UGT y CNT), se sucedieron las huelgas, se ocuparon campos, se repartieron tierras y se tomaron ayuntamientos. Pero la declaración del estado de guerra y una dura represión pusieron fin a la revuelta social en 1920. Acabada la coyuntura favorable de la guerra mundial, las industrias españolas, que no habían invertido nada en modernizarse y hacerse más competitivas, se vieron obligadas a reducir su producción, lo que llevó a numerosos despidos y aumento de la tensión social.

La Guerra de Marruecos y el desastre de Annual

La Guerra de Marruecos (1906-1927) tuvo su origen en la Conferencia de Algeciras (1906) donde las principales potencias acordaron el reparto de Marruecos entre Francia, que se quedó la mayor parte del territorio, y España que se apoderó de la montañosa franja norte del país (parte del Rif). Se trataba de una zona pobre y poblada por tribus belicosas que amenazaban constantemente los puertos de Ceuta y Melilla. Muy pronto aparecieron los conflictos con los indígenas que se agruparon bajo el liderazgo de Abd-el-Krim. El gobierno de Maura veía la conquista de El Rif como una cuestión de honor y prestigio nacional para olvidar el desastre del 98, además de por los intereses económicos en la zona. Pero terminó siendo un grave problema por la resistencia de los rifeños. El punto álgido del conflicto tuvo lugar en 1921 con el Desastre de Annual, cuando nuestro ejército fue derrotado y casi aniquilado por los rifeños en Annual después de que las tropas españolas se embarcaran en una acción mal planificada dirigida por el general Fernández Silvestre. Hubo más de trece mil muertos. El desastre de Annual provocó una terrible impresión en una opinión pública contraria a la guerra. Hubo grandes protestas en el país y los republicanos y socialistas se apresuraron a reclamar el abandono de Marruecos. La oposición acusó al gobierno y al rey, siendo esta la causa definitiva del golpe de estado del General Primo de Rivera (1923) tras el cual estableció una dictadura militar.

Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones

Con el fin del Antiguo Régimen se produjo un profundo cambio en la economía y en el modelo de sociedad. Para liberalizar el mercado eliminaron las trabas del modelo económico anterior con tres medidas: la supresión de los mayorazgos (1836), desapareciendo la protección de los patrimonios nobiliarios y la abolición del régimen señorial y desamortizaciones. Estas últimas consistieron en la expropiación, por parte del Estado, de las tierras eclesiásticas y municipales para su venta a particulares en pública subasta. En compensación por el patrimonio confiscado a la Iglesia, el Estado se hacía cargo de los gastos del culto y del clero. El verdadero proceso desamortizador se desarrolló a partir de 1837 en dos fases:

• Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837-1849): Mendizábal fue Primer Ministro y luego Ministro de Hacienda en los gobiernos progresistas de 1835–1836 en la Regencia de María Cristina. Llega al poder preocupado por garantizar el trono de Isabel II. Para ello era necesario ganar la guerra carlista, y no podía realizarse sin crédito. Debido a la mala situación de Hacienda, recurrió a otras fuentes de financiación, los bienes eclesiásticos. Como medida previa, en 1835, se disolvieron las órdenes religiosas, salvo las consagradas a la enseñanza o al cuidado de enfermos, y sus fincas se declararon bienes nacionales, es decir, propiedad del Estado. La desamortización de Mendizábal consistió en vender en subasta las tierras expropiadas a la Iglesia. Sus objetivos fueron: sanear la Hacienda, mediante la amortización parcial de deuda pública; financiar los gastos de las guerras carlistas; convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal, que necesitaba apoyo social frente a la amenaza carlista.
• Desamortización general de Madoz (1855-1867): tuvo lugar durante el reinado efectivo de Isabel II, en el bienio progresista. Incluía todo tipo de tierras (de la Iglesia y municipales). La situación política y fiscal no era tan grave como durante la desamortización anterior, por lo que sus objetivos fueron: reducir la deuda pública, financiar la construcción de las infraestructuras y mejorar la red de ferrocarriles.

La España rural del siglo XIX

El campo español en el siglo XIX estuvo marcado por el declive del sistema feudal, en donde la tierra estaba en manos de la nobleza y el clero, relegando a los campesinos a una situación de dependencia y pobreza. Incidiendo especialmente en zonas como Extremadura, Castilla y la Mancha o Andalucía. La agricultura era la principal actividad económica, pero debido a las técnicas utilizadas, los rendimientos de la tierra eran muy bajos. Además, la falta de infraestructuras y comunicaciones dificultaba el desarrollo de estas zonas, contribuyendo a un aislamiento social y económico. Debido a esta situación las nuevas ideologías obreras que estaban surgiendo en Europa, se arraigaron fácilmente entre los campesinos que demandaban una mejora de sus condiciones de vida.

Industrialización durante el siglo XIX

El gobierno de Isabel II pretendió impulsar un proceso de industrialización, que en nuestro país evolucionó con un ritmo tan lento que España quedó relegada como potencia industrial. Se debió principalmente:

1. La escasa capacidad productiva de las manufacturas tradicionales (excepto Cataluña), que abastecían mercados locales de bajo consumo.
2. La inexistencia de un mercado nacional, comunicado y unificado, que facilitara los intercambios comerciales.
3. La escasez de capitales españoles, que en una gran parte se destinaron a la compra de tierras desamortizadas, y no a la creación de nuevas industrias.

Cataluña fue la única zona donde triunfó la industrialización. La prosperidad de la industria algodonera catalana se debió a el temprano despegue industrial de Cataluña en el siglo XVIII, la iniciativa empresarial de la burguesía catalana, que supo modernizar sus industrias y la protección arancelaria. El sector lanero pasó a un segundo plano. En cuanto a la siderurgia, esta se convirtió en uno de los sectores más activos de la economía nacional exportando de materias primas (plomo, mercurio, cobre y hierro). El consumo de carbón, principal fuente de energía tras la Revolución Industrial, creció desde mediados de siglo, estimulado por la red de ferrocarriles, la navegación a vapor y la industrialización. Sin embargo, el carbón español era escaso, caro y deficiente.

El sistema de comunicaciones: el ferrocarril

La situación del transporte en el siglo XIX en España era desfavorable frente a otros países europeos. El transporte interior, estaba obstaculizado por los condicionantes geográficos. Sin embargo, el marítimo experimentó durante esta época importantes transformaciones como la mejora de los pueblos (Barcelona, Bilbao) y el desarrollo de la navegación. Además, se inició un programa de construcción de carreteras que facilitó el transporte terrestre, acortando tiempos y abaratando costes. No obstante, la auténtica revolución en transporte terrestre, fue la llegada del ferrocarril. Impulsado por la Ley General de Ferrocarriles de 1855, creada dentro de la política de modernización económica de los progresistas en el reinado de Isabel II. El ferrocarril tenía muchas ventajas sobre los medios de transporte terrestres tradicionales (capacidad de carga, velocidad y seguridad muy superiores…). Este medio de transporte barato animaría a la creación de industrias. Las primeras líneas construidas en España fueron algunos tramos cortos, como el de Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez o Langreo-Gijón. Entre 1855 y 1865 se crean rápidamente nuevas vías debido a la afluencia masiva de capital, tecnología y material extranjeros. En 1866 se inicia una crisis económica y el sector no verá un repunte hasta 1876 con la Restauración, coincidiendo con el desarrollo de la minería, ampliándose los tramos que conectaban las zonas mineras con el resto del país.

El comercio: Proteccionismo y librecambismo

A finales de siglo, España todavía no tenía un mercado interior único y bien articulado. El comercio exterior estaba influido por la pérdida de las colonias americanas y aumentó considerablemente a lo largo del siglo, aunque la balanza comercial se mantuvo deficitaria. Por otro lado, se impusieron dos tendencias comerciales distintas: el proteccionismo y el librecambismo. El proteccionismo, de elevados aranceles, era defendido por los fabricantes de algodón catalanes, los productores cerealistas castellanos y los industriales siderúrgicos vascos. El librecambismo, que defendía que el Estado debía intervenir lo menos posible en la economía y dejar que las fuerzas del mercado actuaran libremente, era apoyado en general por los comerciantes y las compañías ferroviarias, que esperaban de la rebaja de los aranceles un aumento del comercio y los transportes.

La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases

Durante el siglo XIX en España se produjeron una serie de acontecimientos políticos y sociales que favorecieron la llegada del Nuevo Régimen, con la soberanía nacional y la abolición de los estamentos y del absolutismo, lo que supuso una serie de transformaciones sociales que repercutieron en la demografía. Si se compara la evolución de la población española a lo largo del siglo XIX con la de otros países europeos, se aprecia en España un ritmo lento de crecimiento, pues pasó de 10,5 millones de habitantes en 1797, a 18,6 millones en 1900. La tasa de natalidad española, al finalizar el siglo, era del 34 por 1000, de las más altas de Europa. Sin embargo, si la relacionamos con la muy elevada mortalidad, se advierte que fue insuficiente para permitir un fuerte crecimiento de la población, como el que se estaba produciendo en los países más desarrollados. Aunque la mortalidad descendió a lo largo del siglo, al finalizar el mismo era del 29 por 1.000, la segunda más alta de Europa después de Rusia; y la esperanza media de vida no llegaba a los 35 años. Esta situación era debida a tres causas principales: las crisis de subsistencias (al menos doce a lo largo del siglo XIX), las epidemias (cólera, tifus y la fiebre amarilla) y las enfermedades endémicas (tuberculosis, la viruela, el sarampión, la escarlatina o la difteria).

Flujos migratorios y distribución de la población

La población española durante el siglo XIX continuó las dos tendencias iniciadas a finales de la Edad Media: el desplazamiento del norte hacia el sur y el abandono de la meseta central, salvo en el caso de Madrid, para concentrarse en la costa mediterránea y atlántica meridional. La explicación se encuentra en las ventajas económicas que ofrecían las regiones costeras: las tierras son más fértiles (valle del Guadalquivir, huerta levantina, valle del Ebro) que las de secano del interior; además, los transportes y las comunicaciones por mar eran más rápidos, baratos y seguros que las difíciles comunicaciones por el interior, carente de ríos navegables y salpicado de obstáculos montañosos. En consecuencia, la población levantina y meridional se duplicó entre 1787 y 1900, pasando del 39,5% de la población total al 44,9%. En cambio, tanto la población del norte como la del centro, en conjunto, descendieron del 60,5% al 55,1%.

El desarrollo urbano

El movimiento migratorio del campo a la ciudad revistió especial importancia por ir asociado a la revolución agrícola e industrial: la mano de obra sobrante en el campo, como consecuencia de la revolución agrícola, era absorbida por las industrias urbanas, en plena expansión con la revolución industrial. Sin embargo, durante el siglo XIX, España apenas modernizó su agricultura y su industrialización fue lenta, escasa y tardía, por lo que el éxodo rural se aplazó hasta finales del siglo y, sobre todo, a la centuria siguiente. En 1900 la gran mayoría de la población española era todavía rural (el 91% habitaba en localidades de menos de 100.000 habitantes). Aún así, el proceso de urbanización se aceleró notablemente en el último tercio del siglo XIX aunque de forma desigual. Crecieron espectacularmente Barcelona, Bilbao y Valencia y de manera más pausada Madrid, Zaragoza y Cartagena. La única excepción fue Cataluña que había iniciado su despegue industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, desmarcándose así del atraso económico general del resto de España.

Del mismo modo, la población catalana inició su propia transición al régimen demográfico moderno, en un proceso similar al de los países europeos más adelantados. La causa de esta diferencia es evidente: mientras en el resto de España la proporción de población campesina apenas varió a lo largo del siglo, en Cataluña descendió de forma constante y se trasvasó a las ciudades.

De la sociedad estamental a la sociedad de clases

En el plano social, la revolución liberal burguesa supuso el paso de la sociedad estamental (de grupos sociales, privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiados (tercer estado) a la actual sociedad de clases capitalista.

• Desaparecen los estamentos cerrados, con derechos y obligaciones diferentes. Ahora, el único criterio realmente importante de división social es el económico.
• Se clasifica a la población por su nivel de renta (clases altas, medias y bajas) o por su papel en el proceso de producción (burguesía industrial, clase obrera…).
• Además, las clases sociales son abiertas, permitiendo la movilidad vertical (ascenso o descenso de una a otra) que viene determinada por los cambios en la situación económica del individuo, y no por causas ajenas a él (como ocurría en la sociedad estamental).

En este contexto, la media y baja nobleza del Antiguo Régimen tendieron a desaparecer y mezclarse con los de su misma riqueza. La alta nobleza conservó sus títulos y se integró en los grupos dirigentes por sus propiedades territoriales y sus negocios. La alta burguesía fue la nueva clase que surgió al beneficiarse de la compra de tierras desamortizadas y con las inversiones en ferrocarriles e industrias. Se creó así una oligarquía terrateniente, industrial y financiera, resultado de la alianza entre vieja nobleza y nueva burguesía. Esta será la nueva clase dominante. Las clases medias eran un grupo muy heterogéneo formado por la pequeña burguesía (pequeños comerciantes, pequeños empresarios), funcionarios y profesionales liberales. En España este grupo era menos numeroso que en otros países. La mayoría de la población la seguía formando el campesinado, debido al escaso desarrollo industrial. Ellos fueron los grandes sacrificados de las reformas liberales, porque no se reconocieron sus derechos sobre las tierras señoriales y tampoco se les permitió acceder a las tierras desamortizadas. La nueva clase en aumento fue el proletariado urbano, sobre todo en las zonas industriales.

La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen

En 1902, con 16 años, Alfonso XIII asumió el poder finalizando la regencia de su madre María Cristina de Habsburgo. Su reinado (1902-1930) fue un periodo convulso en la Historia de España, en el que se produjo la crisis del Sistema de Cánovas. Al mismo tiempo se reforzaba la oposición republicana, nacionalista y del movimiento obrero, mientras la sociedad experimentaba los primeros indicios de modernización. Los primeros años del reinado de Alfonso XIII, entre 1898 y 1912 están marcados por el Regeneracionismo desde el poder (también denominado Revisionismo). Se trata de un intento de reformar el Sistema de la Restauración desde dentro y adaptarlo a las nuevas demandas sociales. Sin embargo, no cambió lo fundamental, pues fue incapaz de abrir el sistema político y hacerlo más participativo. Los protagonistas del Revisionismo fueron Maura y Canalejas.

1. Antonio Maura y la “revolución desde arriba”

   En 1899 volvieron al poder los conservadores de Francisco Silvela, que fue sustituido en la dirección por Antonio Maura, un antiguo liberal que apelaba a la movilización de masas, frente a la vieja política de élites. Sus planteamientos se resumían en lo que él denominaba “revolución desde arriba”. El objetivo esencial de su programa se centró en terminar con la farsa electoral y que los partidos fueran un verdadero cauce de expresión de la ciudadanía. Para ello aprobó la Ley electoral de 1907, que convertía el voto en obligatorio. Sin embargo, incluía el artículo 29 que permitía a los caciques continuar con sus manejos. Otras reformas fueron: la Reforma de la Administración (dentro de un plan de descentralización), la Ley de Bases para la Administración Local (que no consiguió ser aprobada en las Cortes), Ley de la Escuadra (para promover el desarrollo de los astilleros navales). Además, se legisló en materia de seguridad social (se fundó el Instituto Nacional de Previsión, se instauró el descanso dominical, y se reguló el derecho a huelga). El gobierno de Maura terminó con la Semana Trágica de Barcelona (entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909) que comenzó como una huelga general en la ciudad Condal y desembocó en una espiral de violencia (se incendiaron 60 iglesias, hubo 150 muertos). Tras una dura represión de la revuelta en la que hubo más de 1000 detenidos y 5 condenados a muerte, Maura presentó su dimisión.

2. José Canalejas y el regeneracionismo liberal

   Tras la caída de Maura, Canalejas, del partido Liberal, tomó el poder poniendo en marcha una serie de reformas. La más polémica fue la conocida como Ley del Candado (que prohibía el establecimiento sin permiso de nuevas órdenes religiosas, lo que hizo aflorar el sentimiento anticlerical). También reguló la jornada de trabajo, los contratos y promovió la Ley de Mancomunidades, suprimió el impuesto de consumos y modificó el sistema de reclutamiento militar. Su buena relación con Maura le llevó a pensar en la posibilidad de establecer un turno entre ambos al viejo estilo de Cánovas y Sagasta. Sin embargo, ambos carecían de la talla política de aquellos y de su capacidad para mantener unidas a las diferentes facciones y personalidades de sus respectivos partidos. La crisis interna de los dos partidos dinásticos propició que Alfonso XIII asumiera el protagonismo político. Además, esta idea se truncó en 1912, tras el asesinato de Canalejas en plena calle por un anarquista.

Junto a los dos principales partidos que protagonizaban la Restauración, surgieron otros, partidarios de eliminar el sistema. Los republicanos representaban la principal fuerza de oposición política al régimen, dentro de las Cortes y en el ámbito extraparlamentario. Su ideario, algo difuso, defendía el progreso, la justicia social y quería terminar con la monarquía. Y sus posiciones, menos radicales que las de los socialistas o anarquistas, les permitieron ganarse el apoyo de ciertos sectores de un amplio abanico social: desde la pequeña burguesía hasta trabajadores, así como algunos intelectuales de prestigio –Galdós, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal–. Durante el reinado de Alfonso XIII, el viejo republicanismo del siglo anterior se extinguió y surgieron dos nuevos partidos republicanos:

1. El Partido Radical, fundado por Lerroux en 1908, más izquierdista y anticlerical. Se definía como autonomista en lo político y socialista en lo social, lo que, unido a su discurso populista, le permitió ampliar sus apoyos sociales.
2. El Partido Reformista, creado en 1912 por Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate. Representaba un republicanismo más moderado, dispuesto incluso a admitir la monarquía, siempre que fuera verdaderamente democrática y mantuviera una política social. Su preocupación por la cultura y la educación atrajo a destacados intelectuales, pero tuvo menos implantación social que el Partido Radical.

Por otro lado, estaban los socialistas. Tanto en su rama política (PSOE) como sindical (UGT) mantuvieron un lento crecimiento. Su programa incluía la desaparición del capitalismo y la proclamación de la dictadura del proletariado. Además, pedían medidas concretas como: la jornada de 8 horas, el derecho a la huelga, el fin de la guerra de Marruecos etc. Tras la Semana Trágica, una coalición republicano-socialista hizo posible que Pablo Iglesias se convirtiera en diputado en 1910. Los anarquistas se movían entre el anarcosindicalismo y el terrorismo. La CNT llegó a ser el sindicato más numeroso de España. En cuanto a los nacionalismos, el que tenía una mayor implantación social era el catalán. El principal representante del catalanismo en la vida política desde 1901 fue la Lliga Regionalista, de ideología conservadora y cuyo principal objetivo era conseguir la autonomía para Cataluña. El mayor éxito que consiguieron fue la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914 (organismo que regulaba las tareas de las cuatro diputaciones catalanas y que consiguió, entre otras cosas, que el catalán fuera por primera vez una lengua pública en la administración junto con el Castellano). Por otro lado, estaba el nacionalismo vasco, cuya única expresión seguía siendo el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se apoyaba en la pequeña burguesía bilbaína, ultraconservadora y recelosa del progreso y la industrialización. Sin embargo, con la paulatina incorporación al PNV de nuevos elementos menos radicales respecto al independentismo y de espíritu algo más moderno, se ensanchó la base social del partido, aunque en su ideario pervivía el carácter tradicionalista de su fundador, Sabino Arana. El nacionalismo gallego experimentó un notable desarrollo cultural, pero estaba todavía lejos de consolidarse como fuerza política. Y el nacionalismo andaluz tuvo como impulsor y principal ideólogo a Blas Infante, considerado el «Padre de la patria andaluza», pero sus intentos de conseguir una mayor autonomía de gobierno para Andalucía no llegarían a verse coronados por el éxito, ni siquiera durante la Segunda República.

Institucionalización del régimen franquista. Relaciones internacionales y etapas políticas

Tras la victoria en la Guerra Civil se crea un nuevo Estado autoritario, nacionalista y católico y cuya imagen exterior gira en torno a la defensa de la religión y la lucha contra el comunismo. El giro de la Guerra Mundial en 1943 a favor de los aliados hizo que el Régimen abandonara cualquier apariencia de fascismo pasando a denominarse nacional catolicismo. De este modo enfatizó su aspecto católico y anticomunista y se alejaba del fascismo. Así mismo, para hacerse aceptable para los aliados, intentó dar una apariencia del parlamentarismo y pseudo-democracia denominándose una Democracia Orgánica, fundamentada en la familia, el municipio y el sindicato. También se establecieron las Leyes Fundamentales* con las que se logró la institucionalización del régimen franquista, a la vez que, de cara al exterior, se pretendía dar la sensación de que en España existía algo similar a una constitución. Este proceso de institucionalización culmina en 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado.

Relaciones internacionales

1. España durante la Segunda Guerra Mundial y la amistad con las potencias del Eje (Alemania e Italia) (1939-1945)

   Nada más terminar la Guerra Civil española estalló la Segunda Guerra Mundial. En la postura del régimen franquista ante este conflicto, una de las figuras clave será Ramón Serrano Suñer. Franco debería haber apoyado a Alemania e Italia en pago por la ayuda recibida, sin embargo, se declaró neutral debido a la situación ruinosa del país. Se produce entonces la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940 en la que Franco expresa la imposibilidad de España de entrar inmediatamente en el conflicto y el envío de la División Azul y la Escuadrilla Azul a Rusia (división española de voluntarios que combatían en Rusia contra el comunismo). Sin embargo, tras la entrada de Estados Unidos en la contienda tras el ataque japonés de Pearl Harbor en diciembre de 1941, Franco se alejó de las potencias fascistas y retiró a la división azul en octubre de 1943.

2. El aislamiento internacional (1945-1950)

   Al terminar la Segunda Guerra Mundial España sería sometida al aislamiento internacional por su colaboración con las potencias vencidas, Alemania e Italia. En 1946 la ONU decidió excluir a España de todos los organismos internacionales. Para ello dictó una Resolución condenando al régimen de Franco y recomendando a sus estados miembros la retirada de embajadores de Madrid. Solo seguía contando con el apoyo oficial de Portugal y Argentina.

   c) La Guerra Fría y la apertura a Occidente (1950-1959) En 1947 sería la ruptura definitiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética que dio origen a la Guerra Fría. La desconfianza creada por el expansionismo soviético en las zonas ocupadas por el ejército rojo durante la Segunda Guerra Mundial llevó al establecimiento de la doctrina Truman por el presidente de los EEUU por la que anunciaba que EEUU ayudaría a cualquier gobierno que hiciera frente a la amenaza comunista. También en 1947 EEUU estableció el programa de recuperación europeo conocido popularmente como el Plan Marshall. Washington ofreció la ayuda a todos los países europeos a excepción de la España de Franco. Al final, el recrudecimiento de la Guerra Fría hizo que EEUU olvidara el pasado filofascista de Franco pasando a ser considerado como un potencial aliado por su declarado anticomunismo y por la ubicación estratégica de la península ibérica. A finales de 1950,

   la ONU levantó su veto al régimen y dio comienzo la política de colaboración con EEUU poniendo fin al aislamiento internacional. Como consecuencia, durante los siguientes años se produjeron los cambios más significativos de la política exterior del régimen: Firma de un nuevo un Concordato con la Santa Sede, firma de los tratados con Estados Unidos que autorizan a instalar bases militares americanas en Curso 23/24 territorio español a cambio de ayuda económica y apoyo diplomático, en diciembre de 1955 España fue admitida como miembro de la ONU y además se integraba en otros organismos internacionales como el Banco Mundial, en 1959 el presidente de los Estados Unidos Eisenhower visitó oficialmente España dando el definitivo apoyo al régimen. Poco a poco las relaciones económicas se hicieron multilaterales y la autarquía fue sustituida por una liberalización económica. España logró el apoyo de los organismos económicos internacionales. Etapas políticas Fase.1. Triunfo y asentamiento del régimen. (1939-1959) En política interior, se aplicó una política de dura represión contra los vencidos de la Guerra Civil y se sentaron las bases del nuevo Estado franquista. En las relaciones con el exterior, se pasó por diferentes fases: el estrecho acercamiento a Alemania e Italia durante la guerra mundial, el rechazo del régimen y el aislamiento internacional tras el fin de la contienda, y a partir de 1950 el paulatino reconocimiento internacional del régimen en el contexto de la Guerra Fría. Fase.2. La consolidación del régimen (1959-1973) En política interior, se consolidó la estructura del Estado franquista y se suavizó la represión política. La era del Nacional catolicismo, dio paso a la era de los tecnócratas que poco a poco irán dominando los principales ministerios y se producirá una profunda transformación económica. Se promulgó la Ley Orgánica del Estado (1967) con la que culmina el proceso de institucionalización del régimen. El sistema político franquista de los años 60 se negaba a abrirse o evolucionar hacia la democracia, de hecho, utilizaron el éxito económico de los 60 como un mérito del régimen que contribuyó a legitimarlo. Se lograron algunas medidas de liberalización, más aparentes que reales, como la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 de Manuel Fraga Iribarne (eliminaba la censura previa). En 1969, en aplicación de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, Franco nombró a Juan Carlos como su sucesor. Esto no implicaba la restauración de la monarquía parlamentaria de Alfonso XIII, sino que trataba de asegurar la continuidad del régimen franquista tras la muerte del dictador. Fase 3. Entre el inmovilismo y el aperturismo político. La crisis final del Régimen (1973-1975) En 1973 ETA asesinó al presidente del gobierno Carrero Blanco, el único líder capaz de mantener la unidad de los franquistas tras la muerte de Franco. Con este hecho la continuidad del franquismo quedaba en entredicho. El nuevo presidente del gobierno, Arias Navarro, aparentemente abría la posibilidad de una apertura política, pero esta se frustró. La crisis final del régimen franquista se produjo durante la agonía del dictador (Noviembre de 1975) por la combinación de varios factores. En el exterior: la revolución de los claveles en abril de 1974 acababa con la dictadura portuguesa y dejaba al franquismo como única dictadura de Europa occidental. Además, la firma de cinco sentencias de muerte en los juicios de Burgos en septiembre de 1975 provocó una protesta internacional contra el régimen y amenazaban nuevamente con el aislamiento internacional. En noviembre de 1975 Marruecos, aprovechando la enfermedad de Franco, organizaba la Marcha Verde que obligaba a España abandonar el Sáhara occidental. En el interior, el Partido Comunista Español intentó dar cabida a la oposición antifranquista constituyendo la Junta Democrática, que pretendía sentar las bases de un verdadero sistema democrático. Entre tanto, la crisis económica de 1973 empezaba a dejar sentir sus efectos en la sociedad española, aumentando la inestabilidad sociopolítica.