Portada » Ciencias sociales » Evolución y Desafíos del Estado de Bienestar en España: Un Panorama Completo
Podemos clasificar, grosso modo, el régimen de bienestar en España como una variante mediterránea del modelo corporativo de Estado de Bienestar (EB), lo que implica, por así decir, una tendencia a exagerar algunos de los rasgos menos atractivos del modelo corporativo de referencia:
Como tal Estado de bienestar, el EB español se constituye en el marco del pacto social que ha hecho posible la transición y el consenso constitucional de 1978. El problema es que la combinación de transición política y crisis económica restringió el margen de maniobra de la clase política del momento para diseñar un EB ex novo, más allá del rígido corporativismo impuesto por el legado franquista. Pero que el EB español siga atendiendo a un modelo corporativo no quiere decir que el EB estuviera ahí ya desde un principio, listo para ser actualizado, sino que el escaso margen de maniobra política de la transición agudizó el carácter evolutivo típico de estos procesos institucionales.
El gasto social ha seguido desde entonces una secuencia muy condicionada por factores políticos y económicos: los primeros fueron decisivos en la expansión del gasto en la primera (1975-1980) y tercera (1989-1996) de las cuatro etapas en que convencionalmente se subdivide el periodo, denominadas por la agitación política y la escalada de demandas sociales. Los factores económicos condicionaron, a su vez, la contención del gasto en la segunda etapa (1981-1988), dominada por políticas de ajuste y saneamiento para superar la crisis económica de los setenta. En la última etapa, la contención del gasto fue resultado de las políticas de déficit cero auspiciadas por el gobierno popular.
De los tres pilares en que se asienta el EB español, el sistema de pensiones está atravesando por un momento particularmente dulce, tras haber superado las dificultades derivadas de las crisis económicas pasadas: la de finales de los setenta, que propició el Pacto de Toledo de 1995. El aumento espectacular de la afiliación a la Seguridad Social desde la última fecha, junto con el tamaño relativamente reducido de las cohortes que están llegando a la jubilación, facilitan un respiro a la evolución del sistema de Seguridad Social en las próximas décadas, pero persisten las dudas en el medio y largo plazo.
Por su parte, el sistema educativo ha jugado un papel crucial en el paso de un sistema de estratificación dominado por clases medias patrimoniales y por pautas fuertemente adscriptivas. Pero no está claro que con ello haya triunfado el ideal meritocrático, por cuanto los estudios disponibles siguen evidenciando la fuerza del cierre social, aunque sea bajo fórmulas cada vez más credencialistas y sofisticadas.
En cuanto al sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud español ilustra bien los problemas de transición desde un modelo corporativo bismarckiano a un modelo universalista, en la tradición de Beveridge, así como los riesgos que entraña la eventual retirada de clases medias para la calidad y la legitimidad del sistema público.
La actitud general de los españoles ante el EB es, como no podía ser de otra manera, ambivalente: les gustaría que fuese más generoso y eficiente, siempre y cuando no fuese a costa suya. Más allá de lo obvio, conviene insistir en que la legitimación del Estado de bienestar en España, con estar muy extendida, no está exenta de problemas.
Por lo pronto, la presión fiscal ha llegado a un umbral a partir del cual cualquier aumento encuentra fuertes resistencias. Al mismo tiempo, sigue muy extendida la impresión de que la carga fiscal está mal repartida. De la información disponible no se deduce qué alternativa contaría con más aceptación. Asimismo, sigue arraigada la idea de un fraude fiscal bastante extendido, aunque no dispongamos de estudios recientes que lo cuantifiquen y no sepamos, por tanto, en qué medida la idea está respaldada. Hay, no obstante, una evaluación generalmente positiva de la capacidad de los gobiernos para administrar los impuestos mejor que sus predecesores.
Predomina una concepción de impuestos como intercambio o contraprestación, más que una idea redistributiva. Dentro de esta concepción de intercambio o contraprestación, el nivel de satisfacción de los españoles con el funcionamiento de los servicios públicos es, en general, aceptable, si bien los españoles siguen creyendo que el Estado debería gastar más en casi todas las partidas del gasto social. Esta demanda social parecía haberse atemperado, pero sigue estando activa, tanto más por cuanto la llegada de inmigrantes realimenta la demanda de servicios públicos.
Por lo general, dicha demanda se considera contradictoria con la idea de que la presión fiscal es alta y, por ende, hay poco margen para incrementarla, lo que ha dado lugar a hipótesis sobre el estatismo cínico de los españoles. Pero de las cuestiones estudiadas cabe deducir una interpretación alternativa que podemos formular en los siguientes términos: si hubiera menos fraude y la carga fiscal estuviera mejor repartida, habría más posibilidades de aumentar el gasto social en las partidas con mayor demanda (educación, sanidad, vivienda…).