Portada » Historia » El Sistema Político de la Restauración Española: Bases, Funcionamiento y Evolución (1874-1923)
La Constitución de 1876, pilar fundamental del sistema político de la Restauración, establecía un marco legal que definía las funciones y la relación entre los diferentes poderes del Estado:
El sistema electoral se regulaba fuera de la Constitución, mediante una ley electoral específica. Esta ley implantaba el distrito uninominal, base de la influencia del cacique y la fabricación de mayorías.
La Constitución declaraba la confesionalidad católica del Estado, con mantenimiento del culto y clero. El artículo 11 permitía la «tolerancia religiosa», reconociendo el catolicismo como religión oficial, pero permitiendo el culto privado de otras religiones.
Se establecía un modelo centralista, con el Estado dividido en provincias. Los ayuntamientos se regían por una ley posterior, también de carácter centralista.
El régimen de la Restauración, de marcado carácter conservador, se sustentaba en el apoyo de los monárquicos alfonsinos, los hombres de negocios y los mandos militares. Estos grupos compartían intereses comunes: la defensa del orden social y la propiedad, la monarquía como garantía de estabilidad, la identificación de la República con la anarquía y el mantenimiento de las colonias. Las clases medias también apoyaron inicialmente el sistema, asociando el Sexenio Democrático con la crisis económica y la inestabilidad. Sin embargo, la imposibilidad de participar realmente en las elecciones generó una creciente indiferencia. A finales de la década de 1890, el sistema comenzó a resquebrajarse debido a la aparición de nuevos partidos políticos y al papel de la prensa.
Hasta 1881, gobernó el Partido Conservador, que implementó medidas de coerción política, autoritarismo y centralismo político-administrativo. Estas medidas incluyeron el recorte de libertades (supresión de periódicos de la oposición, consideración de delito a todo ataque al sistema político y social), la supresión de los fueros vascos y la depuración del funcionariado provincial. A partir de 1881, el gobierno del Partido Liberal, liderado por Sagasta, introdujo algunas reformas, como la libertad de expresión, pero evitó profundizar en ellas para no alarmar a la oligarquía.
La práctica política se basaba en la alternancia de dos partidos oficiales que aceptaban la Constitución y la monarquía alfonsina: el Partido Liberal Conservador, liderado por Cánovas del Castillo y compuesto por la antigua oligarquía, y el Partido Liberal-Fusionista, la llamada «izquierda dinástica», liderado por Sagasta y formado por antiguos progresistas y demócratas. Este bipartidismo se inspiraba en el modelo británico, pero se diferenciaba por la falta de representatividad, configurándose como partidos de notables alejados de los partidos de masas.
El sistema se caracterizaba por la coerción política, el centralismo y un sufragio censitario que limitaba el voto a aquellos con propiedades o cierta fortuna. La sociedad mostraba un gran desinterés por las elecciones, ya que el resultado estaba predeterminado.
El funcionamiento del sistema se basaba en la creación de un Parlamento «adecuado» mediante el falseamiento de la voluntad popular. Cuando el monarca retiraba su confianza al gobierno, encargaba la formación de uno nuevo al partido contrario, que se encargaba de generar una mayoría parlamentaria a través de elecciones manipuladas. El partido saliente aceptaba la derrota, asumiendo la falsificación permanente como parte del sistema.
Este sistema permitía la alternancia pacífica en el poder, pero perpetuaba un sistema político que funcionaba de arriba abajo, controlado por la oligarquía y alejado de la verdadera representación popular.