En septiembre de 1833 murió Fernando VII, y su viuda, María Cristina, heredó, en nombre de su hija Isabel, la corona de España. Carlos María Isidro no aceptó esta decisión y se puso al frente de los últimos defensores del Antiguo Régimen, los carlistas, que llevaban unos meses preparando su levantamiento. Comenzó así una guerra civil que duraría hasta 1839, la primera guerra carlista.

El Carlismo

El carlismo es un movimiento político que surgió en la última etapa del reinado de Fernando VII y que defendía el absolutismo frente al liberalismo. Toma su nombre del pretendiente al trono, don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. En un comienzo contó con amplios sectores de la Iglesia que no aceptaban los principios de soberanía nacional y la política anticlerical del liberalismo plasmada en la desamortización de bienes eclesiásticos. Por otro lado, el campesinado sin acceso a las tierras desamortizadas recibió las reformas liberales con hostilidad. De esta manera, el liberalismo aparece como enemigo del orden tradicional que representaba, para muchos, un mundo más seguro y estable. En definitiva, el carlismo fue un movimiento rural que no perdió nunca su condición de insurrección popular.

La ideología del carlismo, defensora de los principios «Dios, Patria, Rey», se basaba en el absolutismo monárquico, la intransigencia religiosa y el régimen tradicional de propiedad de la tierra. Aunque a lo largo del siglo XIX hubo tres guerras carlistas, la primera fue la más importante.

Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Las zonas de mayor implantación de la sublevación fueron el País Vasco y Navarra y las áreas montañosas de Cataluña, Levante y Aragón. En la primera de ellas, los ejércitos carlistas tuvieron como dirigente más destacado al general Tomás de Zumalacárregui. Dominaron con facilidad las áreas rurales, pero no llegaron a ocupar ciudades de importancia. Zumalacárregui murió a consecuencia de las heridas recibidas en el sitio de Bilbao, objetivo estratégico de los carlistas para obtener reconocimiento en el exterior. El general carlista Ramón Cabrera, acompañado por el pretendiente a la Corona, llegó en una expedición desde la zona del Maestrazgo hasta las puertas de Madrid (Expedición Real de 1837). Finalmente, en 1839, se llegó a un acuerdo de paz, el Convenio de Vergara, entre los generales Maroto (carlista) y Espartero (isabelino). El acuerdo garantizaba la conservación de algunos derechos forales vascos y reconocía los empleos y grados militares a los miembros del ejército carlista que se enrolasen en el ejército isabelino. El pretendiente don Carlos no aceptó el convenio y se exilió en Francia.

Las Regencias y la Lucha por el Poder Liberal

A lo largo del reinado de Isabel II se alternarán en el poder, mediante pronunciamientos, los liberales de uno y otro signo. De 1833 a 1868 se suceden los siguientes períodos:

• Primer período moderado (1833-1835): Bajo la dirección de doceañistas como Martínez de la Rosa, político andaluz de ideas liberales, comenzó la regencia de María Cristina. Las medidas más notables fueron la promulgación del Estatuto Real, que era una especie de carta otorgada que marca el intento de efectuar una transición pacífica del absolutismo al liberalismo, y la nueva organización territorial del Estado en provincias, con criterios de centralismo y uniformidad.
• Los progresistas en el poder (1836-1843): En el contexto de la guerra civil que atraviesa España en estos años, el liberalismo progresista tomó el poder mediante el Motín de los Sargentos de la Granja, que exigió la restauración de la Constitución de 1812. Sin embargo, las nuevas Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1837, que resultó del consenso con los moderados: sufragio censitario (entre el 4,5 y el 6%), libertades públicas, unidad jurisdiccional, Milicia Nacional organizada por los ayuntamientos, soberanía compartida entre el rey y las Cortes.

Con este marco constitucional se pudieron promulgar algunas leyes revolucionarias, como la supresión de pagar diezmos a la iglesia, la eliminación de aduanas interiores, la eliminación de los gremios para favorecer el crecimiento de la industria, etc. Los progresistas, bajo la dirección política de Mendizábal, acometieron la desamortización de gran parte de los bienes del clero que pretendía, entre otras medidas: sanear la Hacienda, obtener apoyo de la burguesía compradora y ganar la guerra con los beneficios de las ventas de los bienes desamortizados.

La Ley de Ayuntamientos de 1840 hizo dimitir a la regente. El general Espartero, reciente vencedor de los carlistas, con el apoyo de los progresistas gobernó de forma dictatorial reprimiendo a los moderados hasta 1843. El regente se ganó el rechazo de todos con su política radicalmente librecambista que ponía en peligro la incipiente industria textil catalana. Ante las protestas desencadenadas, ordenó el bombardeo de Barcelona.

Algunos sectores progresistas que habían apoyado inicialmente a Espartero, se enfrentaron a él pues no aceptaban las formas autoritarias y represivas del regente. En 1843 una revuelta militar encabezada por Narváez hizo caer al gobierno. Espartero se exilió en Londres.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

• La Década Moderada (1844-1854): A los trece años, Isabel II fue coronada en 1843. Durante los primeros diez años de su reinado se acometieron reformas que limitaron las efectuadas por los progresistas: fundación de la Guardia Civil (1844), Concordato con el Vaticano (1851), promulgación de un nuevo Código Penal (1848), Código Civil, leyes de educación, etc. Pero el cambio político fundamental se recoge en la nueva Constitución moderada de 1845, que sustituye a la de 1837 y asume los principios del liberalismo censitario: Senado de nombramiento real y vitalicio, supresión de la Milicia Nacional, sufragio restringido, pérdida de autonomía municipal, soberanía compartida entre la Corona y las Cortes.
• El Bienio Progresista (1854-1856): En 1854, tras años de corrupción y autoritarismo por parte de los gobiernos moderados, un nuevo pronunciamiento progresista encabezado por generales como Serrano y O’Donnell, en Vicálvaro, provocaba la caída del Gobierno moderado. La reina llamó a Espartero, que volvió a ostentar la jefatura de Gobierno. En estos dos años se comenzó a redactar una nueva Constitución progresista (1855), que quedó en proyecto (la non-nata); se reanudó la desamortización, que bajo la dirección de Pascual Madoz enajenó bienes sobre todo municipales, y se restauraron la Milicia Nacional y la autonomía municipal. Del año 1855 es también la Ley de Ferrocarriles, a partir de la cual se planificó la red ferroviaria. Además, el Bienio Progresista coincidió con un buen momento de la economía española, caracterizado por las exportaciones de productos agrícolas e industriales favorecidas por la guerra de Crimea (1853-56) y las buenas cosechas de estos años. Las acciones reivindicativas de obreros y campesinos y los intentos políticos de distinto signo para acabar con el Gobierno precipitaron una nueva crisis política.
• La Unión Liberal y el final del reinado (1856-1868): En 1856, bajo la dirección de O’Donnell, un nuevo golpe de fuerza paraliza las reformas progresistas. O’Donnell funda un nuevo partido, la Unión Liberal, que pretende sobre todo el mantenimiento del orden ante el desarrollo creciente del movimiento obrero y demócrata. El gobierno del general O´Donnell (1858-1863) coincidió con una época de expansión económica en la que se inició la reconstrucción del imperio colonial a imitación de las potencias europeas. En este sentido, se enviaron tropas a Conchinchina (en la actual Vietnam), norte de África y México, principalmente.

El Auge del Republicanismo y la Crisis Final

Entre las capas ilustradas se implantaba el Partido Demócrata (escisión de los progresistas) y aparecía el republicanismo, al tiempo que se creaban las primeras organizaciones obreras y se producían agitaciones entre el campesinado jornalero. Las demandas de libertad de estas tendencias eran reprimidas por los gobiernos moderados. A partir de 1864 vuelve Narváez al Gobierno. La corrupción y descrédito de la Corte de Isabel II, unida a una gravísima crisis industrial y financiera, hicieron que arreciaran las agitaciones sociales. Tras reprimir con fusilamientos la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil y las manifestaciones estudiantiles (noche de San Daniel) por la destitución de los catedráticos republicanos Castelar y Sanz del Río, se produjo la alianza de progresistas y demócratas, el llamado Pacto de Ostende, que llevaría a la revolución de septiembre de 1868, la Gloriosa, que supuso la caída de Isabel II.

La Cuestión Sucesoria: Pragmática Sanción y Ley Sálica

En 1829 murió sin descendencia la esposa de Fernando VII. El sector «reformista» del gobierno reaccionó rápidamente forzando un nuevo matrimonio del rey con María Cristina de Borbón, quien le dio una hija, Isabel, a finales de 1830. Antes del nacimiento de Isabel, su padre había hecho publicar la Pragmática Sanción, una ley que restablecía la sucesión tradicional de la Monarquía Hispana, permitiendo reinar a las mujeres. La mencionada ley reemplazó a la Ley Sálica establecida en España con Felipe V (1713) que legitimaba el derecho al trono solo a los varones. En este contexto, la sucesión pasó a ser un asunto fundamental. En las elecciones de 1839 ganaron los moderados que proclamaron una nueva Ley de Ayuntamientos, mediante la cual los alcaldes eran elegidos por el gobierno directamente y no por sufragio universal como venía sucediendo con la Constitución de 1837.