Ley 1/1995 de Protección del Menor en el Principado de Asturias: Aspectos Clave

Novedades Introducidas por la Ley 21/1987 de Adopción

La Ley 1/1995 de Protección del Menor del Principado de Asturias se basa, en parte, en las novedades introducidas por la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, conocida como «Ley de Adopción». Esta última reguló de forma innovadora aspectos sustantivos como la tutela, el acogimiento familiar y la guarda, ampliando considerablemente las competencias de las entidades públicas. A partir de esta ley, la Administración adquirió la potestad de declarar situaciones de desamparo, asumiendo automáticamente la tutela de los menores en tales casos. Además, se contempló el acogimiento familiar no solo como un instrumento de integración familiar, sino también como uno de integración social.

Otro aspecto destacable de la Ley 21/1987 es la creación de la Comisión del Menor, un órgano instrumental de la Administración encargado de las funciones de protección. Asimismo, la norma estableció el alojamiento en centros como una medida de última ratio, a utilizar únicamente cuando los mecanismos de integración familiar resultasen inviables.

Definición de Protección de Menores según la Ley 1/1995

La Ley 1/1995 define la protección de menores como el conjunto de actuaciones, integradas en el marco del sistema público de servicios sociales, que la Administración del Principado de Asturias, en su condición de entidad pública, realiza con la finalidad de promover el desarrollo integral del menor. Esto incluye prevenir y remediar cualquier situación de indefensión detectada, atendiendo en todo momento al interés primordial del menor y procurando su integración familiar y social.

Principios Rectores en la Actuación en Materia de Protección de Menores

La ley establece varios principios rectores, entre ellos:

• Promoción de la participación y de la solidaridad social.
• Reconocimiento genérico de los derechos individuales y colectivos.
• Subsidiariedad de la intervención administrativa.
• Derecho a ser informado.
• Derecho a ser oído y a expresar su opinión.
• Derecho de conciencia y de religión.
• Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
• Garantías y defensa de los derechos.

Principio de Subsidiariedad de la intervención administrativa: Este principio, que se mencionó anteriormente, implica que la intervención de la Administración en la vida del menor y su familia debe ser la mínima necesaria. Se prioriza el mantenimiento del menor en su entorno familiar, recurriendo a medidas más intrusivas solo cuando sea estrictamente indispensable para su bienestar.

Derechos Específicos Reconocidos en la Ley 1/1995 (derivados de la Convención de los Derechos del Niño de 1990)

La ley recoge varios derechos específicos firmados por España en la Convención de los Derechos del Niño de 1990:

• Derecho a ser informado: Los menores tienen derecho a ser informados sobre su situación personal, las medidas a adoptar, su duración, su carácter y los derechos que les corresponden.
• Derecho a ser oído y a expresar su opinión: Los menores mayores de 12 años, e incluso los menores de esa edad si demuestran juicio suficiente, tienen derecho a que las instituciones y la Administración recaben su opinión.
• Derecho de conciencia y de religión: Se debe respetar la libertad de conciencia y de religión de los menores.
• Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: Se debe respetar el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de los menores.
• Garantías y defensa de los derechos: La Administración debe garantizar y velar por el respeto a los derechos de los menores.

Medidas de Protección del Menor y su Cese

La Administración puede tomar las siguientes medidas de protección:

• Apoyo familiar para promover el desarrollo y bienestar del menor.
• Asunción de la tutela por ministerio de la ley, previa declaración de la situación de desamparo.
• Guarda del menor.
• Acogimiento familiar del menor.
• Propuesta de adopción del menor ante el Juzgado.
• Alojamiento en centros, si el resto de las medidas no resultaran viables.
• Cualquier otra medida que redunde en interés del menor, atendidas sus circunstancias personales, familiares y sociales.

Estas medidas tienen eficacia inmediata, sin perjuicio de su impugnación en vía judicial. Cesan por los siguientes motivos:

• Mayoría o habilitación de edad.
• Adopción del menor.
• Resolución jurídica firme.
• Acuerdo de la entidad pública cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron la adopción de la medida, o el interés del menor así lo aconseje.
• Cumplimiento del plazo de duración previsto en la resolución de adopción de la medida y, en su caso, de su prórroga.

El Apoyo Familiar: Definición y Competencias

El apoyo familiar se dirige a cubrir las necesidades básicas del menor, mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo, promoviendo su desarrollo integral. Los recursos de apoyo familiar incluyen:

• Prestaciones económicas.
• Ayuda a domicilio.
• Intervención técnica.

Los ayuntamientos (Administración local) son competentes para el desarrollo de los recursos de apoyo familiar dentro de su ámbito territorial. La Administración del Principado de Asturias coordina y apoya a los servicios sociales municipales en el cumplimiento de estas funciones.