El Tribunal Constitucional: Origen y Fundamentos

El Tribunal Constitucional (TC) tiene sus orígenes en el sistema constitucional, donde se establece el principio de constitucionalidad. Este principio implica que la Constitución es la norma suprema y superior del ordenamiento jurídico. Se reconoce la necesidad de un mecanismo que garantice esta posición superior de la Constitución. En este contexto, nace el sistema de justicia constitucional, que en España se materializa en el Tribunal Constitucional.

Tipos de Sistemas de Justicia Constitucional

El sistema de justicia constitucional tiene sus raíces en los Estados Unidos, a partir de la sentencia judicial de 1803 conocida como Marbury vs. Madison, pronunciada por el Juez Marshall. En esta sentencia, se declara que la Constitución es la norma suprema. El juez no puede aplicar una ley en un caso concreto si esta es contraria a la Constitución. Así, surge el sistema difuso de control de constitucionalidad de las leyes, donde cualquier juez puede inaplicar (no anular) una ley que sea contraria a la Constitución. Este sistema puede poner en peligro la seguridad jurídica y generar desigualdad ante la ley.

Los tribunales europeos, por su parte, asumen más funciones que el mero control de constitucionalidad de las leyes. Estos tribunales forman un tercer modelo de justicia constitucional, denominado modelo mixto de justicia constitucional. Además de garantizar la constitucionalidad de la ley, estos tribunales también desempeñan otras funciones, especialmente en estados compuestos como Alemania e Italia:

• Función de control de la constitucionalidad de la ley.
• Función de defensa de derechos y libertades.
• Función de resolución de conflictos competenciales.

En este contexto, nace el TC español. La Constitución de 1978 dedica el Título IX al TC, dotándolo de una serie de funciones. Su desarrollo se lleva a cabo a través de la Ley Orgánica 2/1979, que regula su composición, funciones, etc. Actualmente, se encuentra en trámite un proyecto de ley de reforma de esta Ley Orgánica.

Composición del Tribunal Constitucional

El Pleno del TC está compuesto por 12 magistrados. La elección de estos magistrados ha sido objeto de debate debido a su politización:

• 2 son escogidos directamente por el Gobierno.
• 4 son escogidos por el Senado.
• 4 son escogidos por el Congreso de Diputados (se requiere mayoría de 3/5 partes de las cámaras).
• 2 son escogidos por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta politización se debe a que el Parlamento (Congreso y Senado) está formado por personas que acceden a través de listas de formaciones políticas. El Gobierno también escoge magistrados que sintonizan con sus ideas políticas.

El mandato de los magistrados es de 9 años, sin posibilidad de reelección inmediata. Se renuevan por tercios cada tres años, rompiendo con la dinámica de la legislatura de 4 años.

Los magistrados deben ser:

• Licenciados en Derecho (juristas).
• Tener 15 años de ejercicio profesional.
• Ser juristas de reconocida competencia.

Se presume su independencia política, por lo que deben realizar sus funciones sin tener en cuenta su ideología.

Organización Interna del TC

El principal órgano del TC es el Pleno, formado por los 12 magistrados. También existen órganos menores:

• El Pleno: Resuelve todo aquello que no sea el recurso de amparo.
• Las Salas 1ª y 2ª: Cada una formada por 6 magistrados. Conocen principalmente del recurso de amparo.
• Secciones: Hay 4 secciones, cada una formada por 3 magistrados. Su función principal es admitir o inadmitir los recursos que llegan al TC.

El principal acto del TC son las sentencias.

Procesos ante el Tribunal Constitucional

Según la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, el TC conoce de:

1. Recurso y cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley.
2. Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.
3. Conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí.
4. Conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
5. Conflictos en defensa de la autonomía local.
6. Declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales.
7. Impugnaciones previstas en el número dos del artículo 161 de la Constitución.
8. Verificación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional.
9. Las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes Orgánicas.

El Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de su personal y servicios. Estos reglamentos deben ser aprobados por el Tribunal en pleno y se publican en el Boletín Oficial del Estado.