Objetivos y Alcance de la Directiva

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, también conocida como Directiva Bolkestein o Directiva de Servicios, es un instrumento de liberalización adoptado en el marco de la denominada Estrategia de Lisboa. Su objetivo principal es establecer principios generales para la normativa que regula el acceso y ejercicio de actividades de servicios dentro de la Unión Europea. La meta final es crear un auténtico mercado interior de servicios, facilitando la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en otros Estados miembros y la libre prestación de servicios entre los Estados miembros.

La Directiva propone cuatro objetivos principales para conseguir un mercado interior de servicios:

• Facilitar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en la UE.
• Reforzar los derechos de los destinatarios de los servicios en su calidad de usuarios.
• Fomentar la calidad de los servicios.
• Establecer una cooperación administrativa efectiva entre los Estados miembros.

Ámbito de Aplicación y Exclusiones

La Directiva se aplica a cualquier servicio prestado a cambio de una remuneración económica, salvo los sectores excluidos. Al mismo tiempo, tiene en cuenta la especificidad de determinadas actividades o profesiones. Quedan excluidos los siguientes servicios:

• Servicios no económicos de interés general.
• Servicios financieros (bancarios, de crédito, de seguros y reaseguros, de pensiones, de valores, de fondos de inversión y de pagos).
• Servicios de comunicaciones electrónicas en los ámbitos regidos por las Directivas en la materia.
• Servicios de transporte, incluidos los portuarios.
• Servicios de las empresas de trabajo temporal.
• Servicios sanitarios.
• Servicios audiovisuales.
• Actividades de juego por dinero.
• Actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública.
• Determinados servicios sociales (vivienda social, atención a los niños y apoyo a personas necesitadas).
• Servicios de seguridad privados.
• Servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la Administración.

Libertad de Prestación de Servicios y Régimen de Autorizaciones

La finalidad principal de la Directiva es facilitar la libre prestación temporal de servicios transfronterizos. Los Estados miembros deben garantizar en su territorio el libre acceso a la actividad de servicios y su libre ejercicio. El Estado miembro al que se desplace el prestador de servicios solo podrá imponer sus propios requisitos si son no discriminatorios, proporcionados y justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.

La Directiva de Servicios afecta al régimen jurídico de las autorizaciones, modificando el régimen preexistente. El objetivo liberalizador se vertebra en torno a tres instrumentos principales:

1. Sustitución del régimen de autorización previa por el de comunicación previa o declaración responsable.
2. Compensación de la flexibilización mediante la potenciación de la inspección y sanción.
3. Potenciación de la coordinación administrativa, simplificación, ventanilla única y e-Administración.

La Directiva también prevé excepciones a este principio.

Simplificación Administrativa y Ventanillas Únicas

Otro objetivo clave es la simplificación administrativa. Los Estados miembros deben verificar y simplificar los procedimientos y trámites aplicables al acceso y ejercicio de una actividad de servicios. La Directiva prevé:

• La creación de ventanillas únicas para realizar todos los trámites necesarios.
• La obligación de posibilitar la realización de estos procedimientos por vía electrónica.
• Eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades de servicios.
• Para facilitar la libertad de establecimiento, la Directiva prevé:
• La obligación de evaluar la compatibilidad de los regímenes de autorización, basándose en los principios de no discriminación y proporcionalidad, y de respetar determinados principios relativos a las condiciones y procedimientos de autorización aplicables a las actividades de servicios.
• La prohibición de determinados requisitos jurídicos restrictivos que persisten en la legislación de determinados Estados miembros y que no pueden justificarse, como las exigencias de nacionalidad.
• La obligación de evaluar la compatibilidad de otros requisitos jurídicos basándose en los principios de no discriminación y proporcionalidad.

Protección de los Consumidores y Calidad de los Servicios

En el marco de la protección de los derechos de los consumidores o destinatarios de los servicios, la Directiva:

• Formaliza el derecho de los destinatarios a utilizar servicios de otros Estados miembros.
• Establece el derecho de los destinatarios a obtener información sobre las normas aplicables a los prestadores, independientemente de su lugar de establecimiento y de los servicios ofrecidos.

En lo que atañe a la calidad de los servicios, la Directiva tiene como objetivo mejorar la calidad de los mismos.

Cooperación Administrativa y Sistema de Alerta

Para facilitar el establecimiento y la libre circulación de los servicios en la UE, la Directiva establece una obligación legal vinculante para los Estados miembros de cooperar con las autoridades de otros Estados miembros. Esto garantiza un control eficaz de las actividades de servicio y evita la multiplicación de controles. También se ha creado un mecanismo de alerta y un sistema electrónico de intercambio de información entre Estados miembros.

Transposición de la Directiva en España: La «Ley Paraguas»

El Gobierno español aprobó en abril de 2009 un Proyecto de Ley sobre acceso a las actividades de servicios, conocida como «Ley Paraguas», que suponía una transposición parcial de la Directiva (http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=123). La plena transposición implicaba la reforma de numerosas leyes y disposiciones reglamentarias (Disposición final quinta del Proyecto).

El Proyecto de Ley define su objeto como el de establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando un nivel elevado de calidad en los servicios. También busca evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que no resulten justificadas o proporcionadas.

El Proyecto de Ley se aplica a los servicios realizados a cambio de una contraprestación económica y que son ofrecidos o prestados en territorio español por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro, completando su ámbito de aplicación con los servicios excluidos.

Principio de Libertad de Establecimiento

Se proclama el principio general de que el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización, salvo que concurra una razón imperiosa de interés general que no resulte discriminatoria y sea proporcionada. Estas razones deben fundarse en la protección de los destinatarios de los servicios, la protección del consumidor, razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, y ser proporcionadas al fin perseguido. Fuera de estos casos, el régimen general será el de comunicación o declaración responsable del prestador.