Portada » Historia » La Constitución Española de 1931: Un Pilar de la Segunda República
Naturaleza jurídica: Se trata de la ley suprema del país, por lo tanto, una fuente primaria. Se redactó en Madrid y fue aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Fue escrita por los miembros de estas Cortes de la II República, elegidas el 28 de junio del mismo año para dar legitimidad a la República. Su carácter es público.
Esta Constitución representaba para la República la estabilización social española, tras las elecciones democráticas que habían resultado en una victoria para la izquierda.
En el artículo 1 se reflejan dos ideas principales:
El artículo 3 y el 27 están vinculados, ya que en ellos se indica la laicidad y aconfesionalidad del país, suprimiendo las ayudas para la Iglesia Católica. Para finalizar, el artículo 52 refleja la imposición del sufragio universal para escoger a los representantes.
La república es una forma de gobierno en la que el poder se divide en legislativo, judicial y ejecutivo. La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes mediante votación. La república democrática es la combinación de ambos sistemas.
Término al que se alude en el artículo 11, en el que ciertos territorios pueden tener un grado de autonomía total o parcial. Estas regiones son consideradas dentro de la división política del país que las contiene.
Consiste en el derecho a voto de toda la población adulta del estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o posición social.
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales mediante sufragio universal masculino, triunfando las candidaturas republicano-socialistas. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional que se presentó en el Ministerio de Gobernación y proclamó oficialmente la Segunda República. El gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes.
Las promesas de cambio de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular y, en las elecciones generales, salió victoriosa la coalición republicano-socialista. Los diputados elegidos formaron las Cortes Republicanas y el poder ejecutivo recayó en manos de Alcalá Zamora. Las Cortes formaron una comisión para elaborar un proyecto de constitución que se aprobaría en diciembre de ese mismo año.
Esta Constitución tenía carácter progresista y democrático. Se establecía que el poder recaía sobre el pueblo y tenía como principios:
También se reflejaba la declaración de derechos y libertades, y se establecía la concesión del voto a las mujeres.
Se produjeron grandes diferencias entre izquierda y derecha, sobre todo en temas religiosos y autonómicos. Posteriormente, Manuel Azaña ocupó el puesto de Alcalá Zamora.
Uno de los principales objetivos de la República fue limitar a la Iglesia. En la Constitución se dejó clara la aconfesionalidad del Estado. Este proceso se completó con la Ley de Congregaciones, que limitó la posesión de bienes de la Iglesia. Se produjo un resurgimiento de movimientos populares en contra de la Iglesia, con actos vandálicos hacia todo lo relacionado con ella. Se produjo la expulsión del territorio del Cardenal Segura y del Obispo de Vizcaya.
El gobierno republicano defendía que el ejército necesitaba transformarse. Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, en la que se suprimieron algunos rangos tradicionales y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, entre otras reformas. Más tarde, se creó la Guardia de Asalto.
También se creó una Ley de Reforma Agraria, cuyo objetivo era la modernización de la agricultura. La aplicación de esta ley se dejó en manos del Instituto de la Reforma Agraria, provocando una mayor tensión social.
En Cataluña, Francesc Macià había proclamado la República Catalana, pero esta proclamación daba problemas, ya que, según el Pacto de San Sebastián, solo la Constitución podía establecer ese nuevo tipo de Estado y las diferentes nacionalidades. El régimen autonómico catalán tenía un gobierno y un parlamento propios. Las primeras elecciones legislativas dieron la victoria a Esquerra Republicana de Catalunya y a Francesc Macià como presidente de la Generalitat.
En el País Vasco se llevó a cabo un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella), pero su aprobación se pospuso indefinidamente, ya que era incompatible con la Constitución republicana. En 1936 se aprobó un estatuto con el consenso de los partidos nacionalistas, socialistas y republicanos, y José Antonio Aguirre fue elegido primer Lehendakari.
Finalmente, debido a una gran conflictividad social, se produjo un desgaste del gobierno que fue utilizado por los partidos contrarios a la República para acabar con ella.