Contexto Histórico

La crisis del verano de 1917 aceleró la destrucción del régimen constitucional de 1876. Una vez que los gobiernos de coalición de 1918 fracasaron en su intento por reformar el régimen, contener la inflación y restablecer el orden social, se inició un quinquenio (1919-1923) de gobiernos mayoritariamente conservadores (hasta nueve), caracterizados por una elevada conflictividad social:

• Suspensión de las garantías constitucionales
• Irrupción de los militares en la vida política
• Afianzamiento del obrerismo
• Revueltas campesinas en Andalucía –Trienio Bolchevique–
• Pistolerismo

El asesinato del presidente del Gobierno Eduardo Dato en 1921 es un buen ejemplo de la situación que se estaba viviendo. En este contexto, el desastre de Annual (julio de 1921) y la elaboración del Expediente Picasso, que provocó fuertes debates en las Cortes y contó con la oposición del ejército por las responsabilidades que de él podían derivarse, precipitó los acontecimientos. El golpe de estado se presentó, en algunos sectores, como la única salida, tal y como enuncia Primo de Rivera en el Manifiesto que se analiza.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En la dictadura primorriverista se distinguen dos etapas: Directorio Militar (1923-1925) y Directorio Civil (1925-1929).

Directorio Militar (1923-1925)

Durante el primer directorio, el dictador desarrolló el programa que anunciaba en el Manifiesto del Golpe de Estado.

• Proclamó el estado de guerra durante dos años
• Suspendió la Constitución de 1876
• Disolvió las Cortes
• Implantó la censura de prensa
• Prohibió las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos
• Militarizó el orden público, imponiendo duras medidas represivas contra la CNT y el PCE, declarados ilegales. También se reprimió cualquier manifestación nacionalista; así se prohibió el uso de símbolos del catalanismo y del catalán.

Su gran proyecto regeneracionista fue el de liquidar la vieja estructura de poder de la Restauración y organizar el nuevo régimen mediante una reforma de la administración que destruyese el caciquismo. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares y se creó la nueva figura de los delegados gubernativos, también militares, que ejercieron el control de los ayuntamientos constituidos a partir de la aprobación del Estatuto Municipal (1924) por juntas de “vocales asociados” elegidos por los mayores contribuyentes. La reforma quedó en la práctica en la formación de una nueva administración adicta y centralizada. En Cataluña, ayuntamientos y diputaciones cayeron en manos de personas fieles al régimen y, con el Estatuto Provincial (1925), desapareció la Mancomunidad. Ello significó la ruptura definitiva, no sólo con el catalanismo conservador de la Lliga Regionalista, sino con la realidad catalana, lo que potenció el nacionalismo radical e incluso separatista.

En cuanto al problema marroquí, Primo de Rivera asumió personalmente el Alto Comisariado e intentó una solución negociada. Sin embargo, dos hechos contribuyeron a hacerle desistir de este planteamiento: el ataque en 1924 a las tropas españolas que se retiraban desde Xauen (2.000 bajas) y el avance de Abd-el-Krim en el Marruecos francés. En 1925, Francia y España acordaron una ofensiva militar conjunta por mar y tierra. La operación de desembarco de las tropas españolas en Alhucemas fue un rotundo éxito.

Directorio Civil (1925-1929)

A partir de 1925, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un gobierno civil, con clara intención de permanecer en el poder. A tal fin, institucionalizó el régimen sobre la base de dos pilares: una Asamblea Nacional Consultiva y una política económica intervencionista. En 1926 anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar una nueva Constitución. En 1927 se reunió dicha asamblea, compuesta por representantes del Estado y de los distintos niveles de la administración, de representantes de la Unión Patriótica (partido gubernamental) y de las distintas actividades económicas y clases sociales. De sus 400 miembros, dos tercios fueron designados por el gobierno. Sin embargo, la oposición de los antiguos partidos dinásticos, la negativa de los socialistas a seguir colaborando y la actitud reticente del rey, paralizaron el proyecto de Estatuto Fundamental de la Monarquía.

La política económica de la dictadura, favorecida por una coyuntura internacional expansiva, se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico, cuyos objetivos fueron regular e impulsar la industria nacional mediante unos elevados aranceles proteccionistas, la concesión de ayudas a las grandes empresas y el aumento del gasto público mediante el fomento de las obras públicas (construcción de embalses, carreteras -2.800 kilómetros-, ferrocarriles, puertos). También creó grandes monopolios estatales como CAMPSA, a la que concedió en exclusiva la importación, refinado, distribución y venta del petróleo y la gasolina, y la Compañía Telefónica Nacional de España. Esta política de gasto público no se acompañó de una reforma fiscal que aumentase los ingresos, lo que incrementó el déficit presupuestario y obligó a una emisión constante de deuda pública.

La escasa conflictividad social del período se explica en parte por la represión, en particular de los anarquistas, pero también por otros dos factores: el desarrollo de una amplia política social (construcción de viviendas baratas, escuelas, servicios sanitarios) y un nuevo modelo de relaciones laborales basado en la intervención del Estado y en la integración de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. La base de esta Organización Corporativa Nacional fueron los “comités paritarios” de cada uno de los oficios, formados por igual número de vocales obreros y patronos. A diferencia del sistema corporativo italiano, se reconocía el principio de libertad de sindicalización. El objetivo de los comités era resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación; también tenían atribuciones sobre cuestiones laborales tales como la reglamentación del trabajo, los contratos y la asistencia social. Su puesta en práctica contó con la colaboración socialista, que lo consideró ventajoso para mantener y consolidar tanto al partido como al sindicato.

Oposición y Caída de la Dictadura

Será precisamente en esta etapa cuando se fue articulando la oposición al régimen:

• Parte del ejército (enfrentados al dictador por una norma que suprimía los ascensos por estricta antigüedad)
• Dirigentes de los partidos del turno y republicanos, con el apoyo de algunos militares, quienes optaron por la vía de la conspiración civil y el pronunciamiento militar (“Sanjuanada”, 1926)
• Intelectuales (Unamuno, Ortega y Gasset), periodistas, anarquistas, PSOE y nacionalistas

El relativo consenso nacional que había tenido el golpe de estado entre las clases conservadoras se fue resquebrajando; además, Primo de Rivera se mostraba incapaz de encontrar una salida del régimen hacia un sistema constitucional y las dificultades económicas comenzaban a agudizarse (debilidad de la peseta, devaluada frente a la £ en 1928 -30,12 pts.- y 1929 -36,45 pts.-, y el incremento de la deuda pública –se duplicó-). Alfonso XIII, temeroso de que el desprestigio creciente de la Dictadura afectase a la propia imagen pública de la monarquía, optó por retirar la confianza al dictador, que dimitió el 28 de enero de 1930.

El Retorno a la Normalidad Constitucional y el Pacto de San Sebastián

Alfonso XIII encargó la formación del gobierno al general Dámaso Berenguer con el fin de retornar a la normalidad constitucional. Pero los antiguos partidos dinásticos, desarticulados por la dictadura, no confiaban en el rey; por otra parte, el republicanismo cobraba auge y aumentaba el número de sus partidarios. En estas circunstancias, resultaba imposible volver al régimen de 1876. En agosto de 1930 los diversos partidos republicanos y los nacionalistas catalanes y gallegos acordaron el Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo era proclamar la república, al que se adhirieron en octubre los socialistas. Se constituyó un comité revolucionario encargado de preparar el cambio de régimen mediante un levantamiento militar con apoyo civil, cuyos miembros formarían parte del gobierno provisional de la república. Mientras, intelectuales como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pérez de Ayala, publicaban el manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la República.