Reinado de Fernando VII

Absolutismo (1814-1820)

Los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar el nuevo orden constitucional. Los absolutistas sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer la obra de Cádiz y volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas). Fernando VII traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz, anunciando la vuelta al absolutismo. Inmediatamente, algunos liberales fueron detenidos o asesinados, mientras otros huyeron al exilio. Era una vuelta al Antiguo Régimen que garantizaba la defensa del absolutismo y el derecho de intervención en cualquier país para frenar el avance del liberalismo. Así, en 1815, Fernando VII intentó un objetivo imposible: rehacer un país destrozado por la guerra. Sus gobiernos fracasaron uno tras otro. Por un lado, las elevadas pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado. Por otro lado, la Hacienda real entró en bancarrota por la falta de recursos económicos. Además, el campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales; la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas más allá de la rígida reglamentación gremial. Pronunciamientos militares liberales evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

Trienio Liberal (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael de Riego, al frente de una compañía de soldados acantonados en la localidad de Las Cabezas de San Juan, se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. Obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo. Inmediatamente se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los diputados liberales iniciaron una importante obra legislativa: establecieron la disminución del diezmo y reformas en el sistema fiscal, el código penal y el ejército. Asimismo, impulsaron la liberación de la industria y el comercio. Por último, iniciaron la modernización política y administrativa del país. Se formaron ayuntamientos y se reconstruyó la Milicia Nacional. Todas estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía. Las nuevas medidas liberales del Trienio provocaron el descontento de los campesinos porque no les facilitaban el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios, y los campesinos, en arrendatarios que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban. En 1822 se alzaron partidas absolutistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo. Los liberales se dividieron en dos tendencias: los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales; y los exaltados, que planteaban la necesidad de reformas radicales, favorables a las clases medias y populares.

Década Ominosa (1823-1833)

Lo que provocó el fin del régimen liberal fue la acción de la Santa Alianza, que, atendiendo las peticiones de Fernando VII, encargó a Francia la intervención en España. En abril de 1823, unos 100.000 soldados (los Cien Mil Hijos de San Luis), al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Las potencias restauradoras proclamaron una amnistía para superar la situación de violencia. Fernando VII no se avino a estas peticiones y se produjo una feroz represión contra los liberales. Las dificultades de la Hacienda, agravadas por la pérdida definitiva de las colonias americanas, forzaron a un estricto control del gasto público. A partir de 1825, el rey buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas y de los sectores ultramontanos de la corte. En la Corte, dicho sector se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.

Conflicto Dinástico (1833-1839)

En 1829, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica. La Ley Sálica, de origen francés e implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, que abrió el camino al trono a su hija y heredera. El sector más ultraconservador de los absolutistas, los llamados carlistas, se negaron a aceptar la nueva situación. En 1832, presionaron fuertemente al monarca, gravemente enfermo, para que repusiera la Ley Sálica, que beneficiaba el trono al príncipe Carlos María Isidro. María Cristina comprendió que si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo. Nombrada regente durante la enfermedad del rey, formó un nuevo gobierno reformista y se preparó para enfrentarse a los carlistas. En 1833, Fernando VII murió, reafirmando en su testamento a su hija como heredera del trono. El mismo día, don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el norte de España y, después, en Cataluña. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.