Portada » Historia » El Golpe Militar en Argentina: Un Análisis del Proceso de Reorganización Nacional
Cuando recordamos la dictadura militar que vivimos en la Argentina, pensamos en los desaparecidos, la plata dulce, la guerra de Malvinas, etc. Lo que mucha gente no sabe es que estos hechos y muchos más fueron piezas de un macabro rompecabezas destinado a reformar, o reorganizar a la Argentina, para volver a convertirla en un país agro-exportador con participación política restringida a una élite. Los hechos destacados anteriormente son los resultados de las medidas tomadas para convertir a este país altamente movilizado y con el ingreso muy distribuido en una granja productora de materias primas.
Estado Terrorista y modelo económico neoliberal fueron las dos caras de una misma moneda: el ejército se encargó de destruir físicamente las bases de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda, y Martínez de Hoz se ocupó de acabar con sus fuentes de alimentación: el Estado Benefactor y la industria. Quizás el análisis de tan vasto tema sea un tanto utópico dentro de las limitaciones de una monografía. Hoy nos queda la sensación de que el Estado terrorista ha pasado, y no hay perspectivas de que vaya a volver, pero sus consecuencias están entre nosotros: dependencia, caída del salario real, desocupación, concentración económica, desindustrialización, y por último una de las más profundas heridas sufrida en el corazón mismo del pueblo argentino, los más de 30.000 desaparecidos, 30.000 ciudadanos de esta tierra condenados, torturados, y muertos sin ningún tipo de juicio justo, aunque todos sabemos que la tortura y demás tormentos no son justificados bajo ningún punto de vista, menos por pensar diferente como lo fue, quizás, la gran causa de la mayoría de estas desapariciones.
Gran testimonio de estos ilícitos a gran escala, es decir en el ámbito nacional, lo encontramos en las páginas del informe de la CONADEP, en donde encontramos información relevante sobre los diversos modos de secuestro y tortura de personas, los centros clandestinos de detención, testimonio de las víctimas, etc. Es decir, todos los componentes de esta sangrienta máquina, que aun hoy nos cuesta comprender lo que en nuestro país produjo.
A continuación, tal vez sea necesario ubicarnos de modo temporal, tomando como arista la cuestión económica y tratar de fijar dos aspectos del contexto global: el contexto internacional y el nacional.
Desde la Segunda Posguerra, el mundo vivió dos décadas de bonanza económica que hicieron creer que el crecimiento sostenido indefinido era posible. El consenso keynesiano imperante en el momento permitía una alta redistribución hacia los sectores de bajos recursos, necesario para poder consumir la gran cantidad de productos generados por el fordismo.
Sobre fines de la década del ‘60 y principios del ‘70 se empezó a frenar este ritmo de crecimiento, y el mundo se sumió en una recesión, sacudido por crisis múltiples: energética, de productividad, del Estado Benefactor, etc. El capitalismo debió transformarse para fortalecerse y surgió un nuevo patrón tecnológico-productivo, que a su vez provocó una mayor concentración de capitales necesaria para afrontar estas transformaciones. A mediados de la década del ‘70, el mundo industrial enfrentaba dos problemas: la sobreabundancia de petrodólares, producto de la crisis del petróleo de 1973, y el exceso de stock por la recesión mundial. Alguien encontró la solución: se concederían préstamos a bajo interés a los países periféricos para que comprasen mercaderías importadas. Desde 1975 hasta 1981 la deuda externa de América Latina creció un 25% anual, representando en 1982 el 80% del PBI de la región.
También las multinacionales; Jacques Maisonrouge, expresidente de IBM, afirma: «¿Cómo puede un gobierno nacional establecer un plan económico con un mínimo de confianza, si un Consejo Directivo reunido a ocho mil kilómetros puede estar modificando la política de compras o de producción de un modo que debe afectar fundamentalmente la vida económica de un país?».
Desde la muerte de Perón el 1º de julio de 1974 y la asunción de su esposa María Estela Martínez bajo la conducción derechista de López Rega, el país se fue sacudiendo cada vez más. Los Montoneros decidieron «volver a la resistencia» clandestina, abandonando definitivamente la esfera legal, acercándose cada vez más al ERP y al terrorismo político, cuyas víctimas muchas veces eran civiles que no integraban el gobierno ni las fuerzas de seguridad.
A pesar de que las huelgas estaban prohibidas, importantes sectores del movimiento obrero recurrieron a ellas, así como a marchas de hambre, trabajo a reglamento y manifestaciones callejeras, en un esfuerzo destinado a cambiar la política económica del gobierno. Con una inflación mayor a la de Alemania en el período 1921-1922, y al borde de la cesación de pagos internacionales, el gobierno constitucional había perdido el control de las variables claves del manejo económico.
Ya que la evolución de estas luchas no pretendía sólo provocar la caída de un gobierno, sino más bien, y fundamentalmente, transformar las relaciones socio-económicas del país y reubicar a la Argentina en el plano internacional, ésta no fue una intervención militar como tantas en la historia argentina contemporánea. Esta vez las Fuerzas Armadas y sus aliados decidieron que el «problema argentino» era estructural, por lo que aplicaron soluciones estructurales.
Es imposible dividir de forma seria los objetivos, acciones y efectos logrados por el Proceso, ya que no hay reorganización económica sin reorganización política y cambio de mentalidad cultural (y viceversa). Pero antes de ir al detalle de estos tres aspectos conviene hacer una breve reseña de los hechos, protagonistas, y cómo se proponían lograr sus objetivos.
El caos económico, las luchas facciosas, la muerte presente cotidianamente, la acción de las organizaciones guerrilleras, y el terror sembrado por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, organización de derecha, que de una forma «simbólica» estaba a favor y apoyando al ejército, pero que en realidad su fin era el de tomar el poder enemigo y político luego de acabar con la subversión), crearon las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza.
De esta manera pusieron en marcha las siguientes «operaciones de aislamiento»:
Las Fuerzas Armadas asumieron el poder con el objetivo de «terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo». Se intervino la CGT, la CGE, las 62 Organizaciones y la Cruzada de la Solidaridad. Luego se eliminó el fuero sindical, se suspendió el derecho de huelga y se prohibió, en forma absoluta, la actividad de los partidos de izquierda, como ser: Comunista Revolucionario, Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, etc. Se depuró la administración pública de agitadores mediante la Ley de Prescindibilidad y se intervinieron todas las asociaciones gremiales.
También se sacó de circulación a la prensa política: Nuevo Hombre, Nuestra Palabra, Tribuna Popular, Posición Nacional, etc. Si no eran cerrados directamente, eran «advertidos» e insinuados para que discontinúen su trabajo, como fue el caso de la revista Sucesos del Partido Intransigente, o de Cuestionario, revista que por entonces dirigía Rodolfo Terragno.
Si a esto le sumamos el implante del miedo y el «no te metás», no es difícil entender la posterior desmovilización de la sociedad.
El plan económico de Martínez de Hoz puede sintetizarse en los siguientes puntos:
«La reforma financiera acabó con una de las herramientas del Estado para la transferencia de recursos entre sectores: la regulación de la tasa de interés, la existencia de crédito a tasas negativas y la distribución de este subsidio según normas y prioridades fijadas por las autoridades». Para marzo de 1981 «existía una férrea concentración industrial, una fuerte capitalización del campo, la comercialización de los granos estaba en manos de grandes empresas cerealeras y el Estado argentino estaba endeudado en más de 17.000 millones de dólares, a los que se sumaba un endeudamiento ‘privado’ -por parte de las empresas residentes en el país- de casi 12.500 millones de dólares. «Al final de la transformación que condujo Martínez de Hoz, el poder económico se concentró de tal modo en un conjunto de grupos empresarios, trasnacionales y nacionales, que la puja corporativa y la negociación ya no fueron siquiera posibles».
Esto se logró mediante diversas acciones:
El sistema educativo fue reformado para que encajara con el régimen y su programa: Listas de antecedentes en los ingresos a las facultades, represión en los establecimientos, modificación del sistema pedagógico, etc. Se prevenían «futuros subversivos» retrasando el aprendizaje de la lectoescritura hasta tercer grado (sólo «podían» aprender 13 letras por año) y prohibiendo la enseñanza de la teoría de los conjuntos en matemáticas. La inserción de «terror» es comentada por Victor de Gennaro en un debate organizado por el diario Página/12 con motivo del vigésimo aniversario del golpe militar: «[…] Hubo un proyecto sistemático de meternos el terror en cada célula, en cada hueso, para que no nos acordemos de lo fundamental que significa querer ser, con autodeterminación, defensores de un proyecto nacional y popular. Para sobrevivir había que mentir, había que desconocer la identidad, el de al lado era un peligro, era alguien que comprometía, había que pensar nada más que en uno, como si esa fuera la opción.»
No fue sólo miedo lo que provocó el individualismo, aunque este fue su ingrediente fundamental. La ideología del «sálvese quien pueda» se acreditaba en el dinero fácil que las actividades especulativas proveían. La «economía imaginaria» de la plata dulce y el «deme dos» sumado a la represión en todos los ámbitos de la vida civil, lograron romper muchos lazos de solidaridad que había en la comunidad. En el plano educativo, la censura y la mentira también estaba presente. Así mismo, la música también estaba reprimida, los actos de protesta y los cantos populares estaban titulados en su totalidad como «subversivos».
El 17,4%, que pertenecía a la clase alta, parecía haber vivido en otro planeta, aislados del mundo.
Haciendo especial mención al tema de los desaparecidos; las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; la apropiación ilegal de niños y por último hacer una breve reseña de la Guerra de las Malvinas.
Los secuestros se realizaban generalmente a altas horas de la noche por una patota (que en «ocasiones especiales» eran más de 50). Luego, eran introducidos en vehículos (generalmente dentro de automóviles correspondientes a la marca Ford, modelo Falcón, de color verde), parte de ellos conseguidos en los operativos de secuestro, como botín de guerra.
Todas en su mayoría inocentes de cometer actos terroristas, o siquiera de compartir con alguien, o pertenecer a grupos que combatían esta guerrilla.
Massera integró las brigadas operativas de secuestros, presenció torturas e interrogatorios, en apoyo a la formación del «grupo de tareas». Antes del golpe militar de 1976 ya existían los centros ilegales de detención: «la escuelita de familia» y la Jefatura General de Policía en Tucumán, entre otros. En el sótano estaban la enfermería, un laboratorio fotográfico y varias salas de torturas.
A mediados de 1979 llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante las pruebas acumuladas sobre la ESMA, se prefirió neutralizar la visita del CIDH a la escuela. Entre 1980 y 1983 se trasladaron a la ESMA prisioneros de otros campos de concentración, que tenían determinados oficios o profesiones, para montar un servicio de impresiones y falsificación de documentos.
En resumen, la tortura funcionó como un elemento relevante en la metodología empleada. Los centros clandestinos de detención fueron concebidos para poder practicarla impunemente.
Durante el Golpe de Estado perpetuado por las Fuerzas Armadas se llevó a cabo una política de terror y avasallamiento de los derechos sociales e individuales del pueblo de la República Argentina. Luego de 13 años de ejercicio de la democracia, se espera obtener Verdad y Justicia. En un fallo dictado el 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal analizó este tema, y al respecto afirmó:
«La posibilidad de que el personal a quien se mandaba a domicilios particulares a cometer delitos de la apuntada gravedad se apoderara sistemáticamente de bienes en su propio beneficio fue necesariamente prevista y asentida por quienes dispusieron tal modo de proceder.»
Esta injusta decisión impulsó a diversos grupos de la sociedad civil, especialmente a las Abuelas de Plaza de Mayo, a realizar una búsqueda de menores desaparecidos. Los que se apropiaron de estos menores desaparecidos, usaron dos caminos supuestamente legales para borrarles la identidad y su historia familiar:
a) o fueron adoptados como hijos propios.
b) o fueron adoptados con adopción plena, la que en nuestro país borra el vínculo con la familia de sangre y el menor pasa a…
Esto obliga a actuar en dos planos jurídicos, luchando contra la impunidad: una causa penal para demostrar que ese menor…
Esto se ve claramente en el fallo que presentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diciembre de 1995:
«En efecto, dado que una de las conductas típicas previstas en el art. 146 del Código Penal reprime a quien ‘retuviere’ a un menor de 10 años, resulta evidente -dado el carácter permanente del delito- que dicha conducta habría continuado produciéndose mucho después del acto inicial de sustracción ocurrido con posterioridad al 22 de junio de 1976 y antes del 23 de marzo de 1977, lo que lleva a concluir, en principio, que en el caso no se habría operado el citado plazo de prescripción.»
Las Abuelas de Plaza de Mayo han elevado este caso a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sosteniendo que: «la gravedad de la decisión de la Corte radica en que el fallo no es sino el punto final para la búsqueda de nuestros nietos y la impunidad para los apropiadores de ellos, temas que habían sido expresamente excluidos de las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.»
Según testimonios, se logró conocer cómo eran tratadas las mujeres embarazadas que eran secuestradas: cuando llegaban a la ESMA, eran tiradas en colchonetas en el suelo, encapuchadas y boca abajo. «Alegando razones humanitarias» la Armada habría dispuesto que las embarazadas detenidas deberían dar a luz, pero para evitar que los mismos niños se contaminasen con ideas extremistas, éstos se darían en adopción a familias «normales»: marinos o allegados a ellos que, a través de haber tomado contacto con el Grupo de Tareas 3.3.2, habrían expresado el deseo de adoptar un niño.
Jorge Luis Magnasco, que hasta hace pocos meses trabajaba como obstetra en el Sanatorio Mitre de donde ya fue despedido, y sus asistentes Aldo Clemente Chiappe, Alberto Arias Duval, Carlos Octavio Capdevilla y Raúl Sanchez Ruiz, fueron responsables del acta de nacimiento que se realizaba ya con el nombre de la madre adoptiva.
El gobierno militar consideró, a finales de 1981, que a pesar de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de los esfuerzos diplomáticos y económicos argentinos, el Reino Unido no accedería a negociar sobre la soberanía.
Aprobó la idea del Almirante Jorge Isaac Anaya de recuperar las Malvinas mediante una acción sorpresiva e incruenta para las fuerzas inglesas, y posteriormente negociar el traspaso de la soberanía.
Se creó una Comisión de Trabajo Conjunta para realizar el planeamiento de la recuperación. Por lo expuesto la Junta Militar decidió recuperar las Islas Malvinas el día 1º de abril de 1982, basando la acción en las siguientes suposiciones:
Así, la Argentina buscó recuperar un espacio territorial cuya legitimidad ha sido reconocida por los organismos internacionales con injerencia en el caso: la ONU, al reconocer la naturaleza colonial del diferendo en su Resolución 1514 y la validez de los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en su Resolución 2065, invitando a ambos gobiernos a mantener negociaciones por el futuro de las islas.
Su actividad principal eran los negocios relacionados con la chatarra. En el mes de septiembre de 1979 firmó en Londres un contrato con la empresa Christian Salvensen de Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras abandonadas en las Islas Georgias, a un valor inferior a los US$ 200.000.
Davidoff gestionó en la Embajada Británica en Buenos Aires el servicio del buque antártico HMS Endurance, de la armada británica. El Foreign Office ordenó el envío del navío HMS Endurance con el objeto de obligar a los operarios a arrear la bandera y evitar además el supuesto desembarco de personal militar y armas de fuego.
El 21 de marzo zarpa de regreso el ARA Bahía Buen Suceso, dejando al grupo de Davidoff en tierra para proseguir con sus tareas. El 23 de marzo, la Junta Militar, en respuesta a los sucesos de Leith, envía el transporte ARA Bahía Paraíso, que se encontraba en Orcadas con el Grupo Alfa a bordo (formado por comandos de marina, denominados «Lagartos», al mando del Teniente de Navío Alfredo Astiz).
Su misión era la de evitar que los marines ingleses del HMS Endurance desalojaran por la fuerza a los trabajadores argentinos. Se suceden una serie de reuniones y conversaciones de alto nivel. Se había llegado a un punto sin retorno, las acciones militares eran inminentes…
Esta fuerza estaba integrada por los siguientes componentes:
Las naves habían zarpado de sus apostaderos el día 28 de marzo, hallándose a bordo del ARA Santísima Trinidad, de acuerdo con lo resuelto por el COMIL, el Comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, General de División (…). La misión de la misma establecía la reducción de la resistencia armada de la isla, constituida por 68 Infantes de Marina del Destacamento de la Marina Real Nº 8901, más algunos irregulares voluntarios pertenecientes a la población local, la ocupación de Puerto Stanley, y la toma del aeródromo para permitir el abastecimiento de las islas con medios aéreos propios. Mediante un comunicado de la Junta Militar se anuncia al país la recuperación del ejercicio de la soberanía en todo el territorio de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
En Buenos Aires, al tomar conocimiento de los hechos, en horas de la noche se realiza una manifestación en rechazo a la rendición, en la que se produjeron desmanes y fue reprimida por la policía.
Luego de la Guerra de Malvinas, la sociedad comenzó a dejar de callar, y así, unidos contra los represores, y de la mano de Raúl Alfonsín, quien dirigía al sector opositor, organizaron una protesta por la falta de información sobre las Malvinas. Lograron instalar el tema en la opinión pública, y a los represores ya no les resultó tan sencillo poder organizarse. Habían perdido credibilidad y la gente intentaba revelarse.
«CONSTITUIR UN GOBIERNO CIVIL DE TRANSICIÓN, QUE ENCABEZARÍA EL EXPRESIDENTE ILLIA». Pero dentro del gobierno de facto, las propuestas eran otras: «SEGUIR INCULCANDO LA IDEA DE TEMOR». Acude allí gran cantidad de gente, y días después se da por finalizado el Proceso de Reorganización Nacional.
En 1983 asume como presidente Raúl Alfonsín, iniciando la democracia en nuestro país. Tiempo después se realizó el Juicio a las Juntas. Se encontraron muchos culpables; pero al asumir en su primer gobierno, Carlos Saúl Menem, los indultó con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Para algunos, esta decisión fue inteligente porque ayudó a terminar con las rebeliones militares, dando vuelta de hoja en la historia de las relaciones cívico-militares. Lo que esos «algunos» no ven, es que este hecho es difícil de defender desde el punto de vista moral. El exministro de la dictadura, A. Balza, aceptó como erróneas las alteraciones de orden institucional en 1976, y admitió que las Fuerzas Armadas no supieron combatir el terrorismo desde la ley. Según la opinión de varios represores, los únicos arrepentidos deberían ser los integrantes de las organizaciones terroristas.
«Delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple órdenes inmorales, delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos, inmorales.»
Luego de esta investigación, llego a una conclusión que, creo, es a la que todo ciudadano argentino con sentido ético llegaría. Creo que el objetivo inicial de aquel Golpe de Estado nunca se cumplió, o, lo que es peor, nunca existió; que los medios utilizados para combatir a los que ellos llamaban subversivos eran peores que el mismo supuesto delito cometido por éstos; poderes para que esto suceda.
De todas formas, a pesar de lo negativo de esta conclusión, quiero sacar en limpio que, aunque haya mil y una dictaduras, mil y un asesinatos, los argentinos no olvidan; esto se demuestra en la continuidad e insistencia del grupo Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, grupo que cumplió 20 años de lucha, y como ellas dicen, sin dar «ni un paso atrás».
CONADEP: Nunca Más, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1984
Rock, David: Argentina 1516-1987 Desde la colonización española hasta Raúl Alfonsín, Alianza Editorial S.A., Buenos Aires, 1988
Artículos: 20 años de historia política argentina 1966-1986, Fascículos 18, 19, 20 y 30, R. R. Ediciones S.R.L., Buenos Aires, 1986
Diarios: Clarín, Página/12
Felix Luna: Historia Integral de la Argentina, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1995