Portada » Historia » El Neoliberalismo en América Latina: Deuda, Crisis y Transformación
Los países latinoamericanos debieron aplicar recetas neoliberales de control de la inflación, desregulación y reforma del Estado como consecuencia de la crisis económica. Este modelo neoliberal, es decir, la vuelta al libre mercado sin limitaciones, fue recomendado por los funcionarios del FMI y distintos bancos acreedores. Entre algunas de esas medidas se encuentran la desregulación o eliminación de los controles estatales de la economía, la privatización de empresas públicas, y se sentaron las bases para la libre competencia.
A principios de los 80, distintos factores externos (descenso del precio del petróleo y aumento de las tasas de interés en los EE. UU.) e internos (sobrevaluación de la moneda) convirtieron la deuda en un peso insoportable para las economías latinoamericanas en crisis. En 1989, el Plan Brady, impulsado con el argumento de buscar una solución al problema de la deuda externa latinoamericana, mediante un paliativo financiero para el pago de las obligaciones contraídas. El Plan Brady fue la base para el Consenso de Washington, caracterizado por planes de ajuste estructural, proponiendo la reducción del papel económico del Estado, la disminución de gastos sociales y la desregulación de la economía.
El FMI ha cometido errores en todas las áreas en las que ha incursionado: desarrollo, manejo de crisis y transición del comunismo al capitalismo. En América Latina, las reformas neoliberales han tenido éxito en algunos casos, como por ejemplo en Chile, pero buena parte del resto del continente aún debe recuperarse de la década perdida para el crecimiento. El colapso en Argentina en 2001 fue uno de los más grandes fracasos.
Entre los años 1990 y 2002, los bancos y las compañías multinacionales obtuvieron un trillón de dólares de beneficios, intereses de la deuda y regalías provenientes de América Latina. Las políticas de «libre mercado» dieron lugar a resultados diametralmente opuestos: por un lado, beneficios intensos y la mayor presencia de empresas multinacionales en América Latina; y por otro lado, el estancamiento de América Latina como producto de la concentración y centralización de la riqueza. La privatización ha conducido a beneficios cada vez mayores y a un desempleo creciente. La desregulación bancaria permitió que los bancos norteamericanos se apropien de los ahorros locales y lleven ilegalmente ese dinero allí, mientras que, al mismo tiempo, los productores locales sufren altas tasas de interés y un crédito exiguo.
Los principales organismos financieros, como el FMI, sostienen la necesidad de aprovechar las principales ventajas comparativas, incentivando a las empresas, fundamentalmente transnacionales, para que orienten la producción hacia las exportaciones. Y se las incentiva con altas tasas de ganancia. Pero esto lleva también a facilitar la evasión y la diferenciación social de clases. En México se instalaron numerosas plantas «maquiladoras», que son industrias filiales de una empresa extranjera que opera con materias primas importadas y exporta toda su producción al país de su origen. Se impulsó para contener la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
Luego de tantos años de gobiernos militares, los partidos políticos que más chances tienen de llegar al poder son los que aceptan los postulados neoliberales impuestos desde Washington. Al mismo tiempo que entra en crisis la credibilidad de los partidos políticos, también el sindicalismo pierde gran cantidad de afiliados por la merma evidente de puestos de trabajo debido a la desindustrialización y por la postura ambigua de los sindicalistas, desacostumbrados a las prácticas democráticas luego de tantos años bajo dictadura.
A mediados de 1990, en ningún país latinoamericano quedaban en el poder gobiernos militares. Los únicos cuatro países que no sufrieron golpes y dictaduras fueron México, Costa Rica, Colombia y Venezuela. En Paraguay, de la mano de Andrés Rodríguez, se finalizó con la dictadura. En Haití, el gobierno del sacerdote Aristide terminó con una de las dictaduras más largas y represivas del Caribe. En México se destacó la violencia y los asesinatos.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se constituyó en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile y Bolivia son Estados asociados, y Venezuela está en tratativas para ser miembro. Su importancia radica no solo en la eliminación de aranceles, sino también en el peso que pueden tener estos países al negociar como bloque económico, en conjunto, frente a la UE o el ALCA. El principal objetivo es lograr la integración a través de un mercado subregional común, integrado por países que tienen características similares y buscan ampliar sus mercados nacionales. También se propuso cuidar el medioambiente y la búsqueda de desarrollo dentro de un marco de justicia social.
El NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como TLCAN) está integrado por Estados Unidos, México y Canadá a partir de 1992. El mismo elimina el proteccionismo y las barreras arancelarias entre los tres Estados, aunque, por ejemplo, la economía de Estados Unidos es 25 veces mayor que la de México. Este tratado abre acceso a las empresas monopólicas norteamericanas hacia los yacimientos de materias primas y la posibilidad de pagar mano de obra más barata que la de Estados Unidos o Canadá. La política de intervención de Estados Unidos se profundizó en 1992, al legalizarse los secuestros en el exterior de personas buscadas por la justicia norteamericana, sin respetar el derecho internacional. Muchos países reaccionaron ante esto afirmando que ningún país puede usar la violencia y el delito para hacer justicia.