Portada » Historia » Transformación de España: S.XIX y Primer Tercio del S.XX
Al igual que el resto de países europeos, a lo largo del siglo XIX España experimentó un importante crecimiento de la población, pasando de 10,5 millones de habitantes en 1797 a 18,5 en 1900. Es decir, en un siglo creció un 80%. Aun así, el crecimiento fue moderado en comparación con países vecinos, debido a la pervivencia de un régimen demográfico antiguo, basado en una alta natalidad y alta mortalidad. Esto se explica por las pésimas condiciones sanitarias, las crisis alimentarias y la alta mortalidad infantil (existencia de enfermedades contagiosas y falta de vacunas). También hubo epidemias de fiebre amarilla y cólera. El crecimiento vegetativo era muy bajo, pero se incrementó a partir de 1860, especialmente tras la última epidemia de cólera en 1885.
En el primer tercio del siglo XX se produjo la transición demográfica. Primero, la caída de la tasa de mortalidad gracias a la práctica desaparición de la mortalidad catastrófica (excepto la gripe de 1918) y la mejora de las necesidades básicas e higiene: limpieza, alcantarillado y agua potable. Estas mejoras erradicaron enfermedades que causaban la elevada mortalidad infantil. Poco después, se completó el proceso con el descenso gradual de la natalidad, reducido por la modernización de la vida urbana y la incorporación de la mujer al trabajo no doméstico (introducción de medidas anticonceptivas).
La Constitución de 1869 reconoció el derecho a emigrar, aumentando el traslado de población española hacia Hispanoamérica y, en menor medida, el norte de África. Las regiones con más emigrantes fueron Galicia, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Entre 1882 y 1899, emigró un millón de españoles. La emigración a ultramar (Argentina, Cuba y Brasil) se incrementó desde el inicio del siglo XX hasta la Gran Guerra en 1914. En este contexto, se expandió el concepto de indianos para definir a los emigrantes que marchaban a América a hacer fortuna y volvían enriquecidos.
La emigración interior se aceleró en la segunda mitad del siglo XIX, dando lugar al éxodo rural: labradores pobres abandonaron sus pueblos hacia localidades más grandes, fundamentalmente del litoral mediterráneo. Las ciudades y regiones industriales que absorbieron más emigrantes fueron Cataluña (Barcelona), Madrid, Sevilla y, en menor grado, Vizcaya y Valencia. Procedían de Galicia, León, Castilla la Vieja, Aragón y Andalucía oriental (lugares con bajos niveles de vida y baja rentabilidad agrícola).
A finales del siglo XIX, solo el 9% era población urbana. España era un país rural, salvo Cataluña, donde la industrialización permitió una concentración urbana notable. En las décadas de 1910 y 1920, la urbanización se aceleró por el desarrollo industrial y la explotación minera. La modernización demográfica y económica se reflejó en la distribución de la población activa, con un descenso en la agricultura y un crecimiento en industria y servicios.
A lo largo del siglo XIX se introduce el capitalismo en España. Uno de los primeros pasos fue la aprobación de una nueva legislación liberal en la agricultura. La reforma agraria liberal quiso acabar con el Antiguo Régimen, introducir relaciones capitalistas en la tierra y consolidar la propiedad privada. Las medidas fueron: la abolición del régimen señorial, la desvinculación de la propiedad, la desamortización eclesiástica y civil, la ley de cercamientos, el fin de los privilegios de la Mesta y la libertad de arrendamientos.
El proceso desamortizador (nacionalizar bienes de la Iglesia o municipios para venderlos en subasta pública) fue esencial. Podemos distinguir tres etapas:
Las consecuencias fueron múltiples: la nobleza consolidó su patrimonio como propiedad privada; la burguesía adinerada y altos cargos se convirtieron en propietarios; los labradores, sin capacidad económica, se convirtieron en arrendatarios, pagando rentas capitalistas más altas.
En el primer tercio del siglo XX, hubo un crecimiento significativo de la producción y productividad agraria y ganadera, gracias a: aumento de la superficie cultivada, nuevos cultivos intensivos (frutales, hortícolas, plantas industriales), mecanización, abonos químicos, extensión del regadío, nuevas razas ganaderas, plantas forrajeras y piensos.
El inicio de la industria moderna en España se encuentra en el sector textil algodonero en Cataluña. Los motivos son: la existencia de una manufactura previa, la presencia de empresarios emprendedores (inversión de capitales de agricultura y comercio) y la aplicación de políticas proteccionistas.
El desarrollo industrial catalán se basó en la introducción de máquinas modernas a finales del siglo XVIII, y la incorporación de máquinas hidráulicas o de vapor a principios del siglo XIX. La primera fábrica con máquinas de vapor fue la Buena Plata en Barcelona en 1832.
La Ley de Minas de 1868 liberalizó el sector, concediendo la explotación a compañías privadas. La mayor parte de la producción se destinaba a la exportación. A finales del siglo XIX, España era la principal exportadora de hierro de Europa.
El desarrollo de la industria siderúrgica estuvo vinculado a la explotación de carbón y hierro. Uno de los primeros lugares fue Málaga (1826), pero el uso de carbón vegetal la hizo poco competitiva. El País Vasco predominó a partir de 1880, con la creación de grandes empresas como Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, una de las primeras en introducir el Convertidor Bessemer (transformación de hierro en acero).
La industria española creció moderadamente. Se incorporaron nuevas fuentes de energía: electricidad y petróleo (abaratamiento de costes); se diversificó la industria: eléctricas (Compañía Sevillana, La Canadiense), químicas (fertilizantes, medicamentos, pinturas, explosivos), mecánicas, metalúrgicas (automóvil, electrodomésticos), alimentarias (conservera de pescado, productos agrícolas) y de construcción (cemento Pórtland); y se expandió a Madrid, Valencia, Zaragoza…
Cataluña y Vizcaya diversificaron su tejido industrial, pero Cataluña continuó con el textil y Vizcaya con la siderurgia. El textil catalán, tras la pérdida de Cuba en 1898, se estancó hasta 1930. La siderurgia vasca creció notablemente (más del 50% de la producción nacional en Altos Hornos de Vizcaya). En 1917 se fundó en Sagunto Altos Hornos del Mediterráneo.
El impulso del ferrocarril llegó con la Ley General de Ferrocarriles de 1855 (Bienio Progresista), construyendo 5000 km de vía en una década. La crisis financiera de 1866 detuvo la construcción. Con la Restauración, se reanudó la construcción de 3000 km (1876-1885). La ley de 1855 fue clave: construcción por empresas privadas (francesas y británicas), subvencionadas por el Estado, con concesión de explotación por 99 años; ancho de vía; estructura radial. El ferrocarril facilitó el intercambio de mercancías, el transporte de personas y la articulación del mercado interior.
Los objetivos eran la igualdad ante el impuesto (eliminar exenciones) y la uniformización impositiva (excepto provincias forales). Se crearon dos tipos de impuestos: directos (bienes inmuebles, cultivos, ganado, industria) e indirectos (consumos). Limitaciones: no consideraba rentas personales y la carga fiscal recaía sobre los consumos.
En 1829 se creó el Banco del Estado (Banco Español de San Fernando), y en 1831 la Bolsa de Madrid. A mediados del siglo XIX, la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856) modernizó el sistema. El Banco de San Fernando se privatizó y se transformó en el Banco de España.
La política comercial enfrentó a proteccionistas y librecambistas. El proteccionismo defendía la producción nacional con aranceles. Los moderados (Isabel II) y conservadores (Restauración) lo apoyaron. El librecambismo defendía el libre cambio, estimulando la competitividad. Los progresistas (Isabelina) y liberales (Alfonso XII, María Cristina) lo apoyaron, junto a burgueses rurales exportadores. La política económica de 1900-1930 se marcó por el proteccionismo y la intervención del Estado. Efectos positivos: avance tecnológico, incremento del mercado interior, promoción de sectores industriales. El Estado fomentó infraestructuras: caminos, carreteras, electrificación, ferrocarril, telégrafo, Compañía Telefónica Nacional de España (1924). Inconvenientes: aumento del gasto público y endeudamiento.
El Antiguo Régimen tenía una sociedad estamental, basada en la desigualdad jurídica. El Estado Liberal estableció la igualdad ante la ley. Se definieron tres grupos: clases altas, clases medias y clases populares. Las clases altas: alta nobleza, nueva nobleza, alta jerarquía eclesiástica y burguesía. La vieja aristocracia perdió privilegios, pero mantuvo poder económico, social y político. La Iglesia conservó gran poder. Las clases medias («clases productivas») eran un grupo en crecimiento, defendiendo el trabajo como motor de ascenso social. Existían dos perfiles: clase media rural (campesinos propietarios) y clase media urbana (comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, militares, periodistas…). Las clases populares eran la mayoría de la población.
Hubo una modernización limitada y desigual. Motivos: caciquismo, formas de vida tradicional, falta de reformas, viejos conflictos (poder de la Iglesia), baja capacidad adquisitiva. Se extendió la cultura, reduciendo el analfabetismo y avanzando la educación profesional, pero el acceso a la educación superior seguía limitado. Aumentó la demanda de ocio cultural. Se difundió el asociacionismo cívico y el deporte-espectáculo (clubes de fútbol).
Las mujeres burguesas, relegadas a la vida doméstica («el Ángel del hogar»), se vinculaban al matrimonio y la familia, organizando actividades sociales o actos benéficos. Tenían escasa formación y moralidad rígida (Ley Moyano). Las mujeres obreras y campesinas sufrían trabajos abusivos y cobraban menos que los hombres. Muchas eran criadas. El modelo burgués: madre y esposa, encargada del hogar. Las obreras con salario inferior. El «contrato de maestras» de 1923 invadió el ámbito personal.
El feminismo incorporó demandas políticas. En 1918, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) luchó por el sufragio femenino. Líderes: María Espinosa, Clara Campoamor y Victoria Kent.
Las primeras asociaciones obreras surgieron en Cataluña (Barcelona). El primer episodio de lucha obrera fue en Alcoy (1821), con la destrucción de máquinas. En 1830, en Cataluña, surgió un asociacionismo obrero (sociedades de protección mutua). La primera fue la Sociedad de Protección Mutua de los Tejedores del Algodón (1840). Las huelgas, prohibidas, se usaron para presionar a los patrones. La primera huelga fue en 1855. Los hechos de Loja (Granada, 1861) fueron el primer alzamiento campesino, movilizando a 100.000 labradores. El primer ideología social fue el socialismo utópico (Joaquín Abreu), pero el movimiento obrero se basó en el anarquismo y el marxismo.
En 1868 surgió el primer movimiento obrero organizado, influenciado por la Primera Internacional (AIT). Karl Marx tuvo un peso relevante en su fundación (Londres, 1864). El anarquismo (M. Bakunin) llama a la abolición del Estado y defiende el apoliticismo. En 1881 se formó la Federación de Trabajadoras de la Región Española (FTRE). El anarquismo se vinculó al terrorismo. Se expandió el anarcosindicalismo, con Solidaridad Obrera (1907) y la CNT (1910). La CNT reforzó el apoliticismo, la acción directa y la huelga general. Estuvo prohibida entre 1911 y 1915.
El marxismo (Karl Marx y Frederic Engels) rechaza el capitalismo y defiende una sociedad sin clases ni Estado. Del marxismo nació el socialismo, que reivindica la propiedad y administración de los medios de producción por los trabajadores. Llegó a España con Paul Lafargue (1871). Pablo Iglesias fundó el PSOE (1879), legalizado en 1881. En 1917, tras la Revolución Soviética, hubo un debate en el PSOE entre marxismo clásico y marxismo-leninismo. Los partidarios del marxismo-leninismo fundaron el PCE (1921), con José Díaz y Dolores Ibárruri.
Entre 1918 y 1921, el Trienio Bolchevique en Andalucía: movilizaciones campesinas, control de municipios por comités de huelga y reparto de tierras. El gobierno declaró el Estado de Guerra y reprimió el movimiento. Se consiguió la jornada laboral de 8 h, aumento de salarios y readmisión de despedidos. El conflicto derivó en una «guerra social» con pistoleros y sindicalistas (Años del Plomo). El gobierno declaró el Estado de Guerra, con represión militar y terrorismo policial (Ley de Fugues). Entre 1918 y 1923, más de 800 atentados (Salvador Seguí, Presidente Dato…). La patronal creó los Sindicatos Libres para contrarrestar los sindicatos obreros.