Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El Golpe de Estado y el Directorio Militar (1923-1925)

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera encabezó un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII. Las principales medidas adoptadas fueron:

• Declaración del estado de guerra.
• Suspensión de la Constitución de 1876.
• Disolución del Parlamento.
• Ilegalización de partidos políticos y sindicatos.
• Supresión de la Mancomunitat Catalana y prohibición de símbolos catalanistas.

Con el objetivo de acabar con el caciquismo, Primo de Rivera disolvió los ayuntamientos, reemplazándolos por juntas vocales. Se elaboró un estatuto municipal y provincial. Se instauró una política de orden público, prohibiendo manifestaciones y huelgas, lo que conllevó la represión del PCE y la CNT. Estas medidas redujeron los conflictos y la violencia social. Se creó el Somatén, un cuerpo armado civil para garantizar la seguridad. En política exterior, se intentó resolver la cuestión de Marruecos, interviniendo en el Rif y colaborando militarmente con Francia, lo que culminó en el desembarco español en la bahía de Alhucemas. Se impulsaron medidas regeneracionistas, denominadas legislación social, que regularon el trabajo de la mujer, la construcción de viviendas para familias obreras y numerosas obras públicas. Se formó la Unión Patriótica, partido único bajo dirección militar, siguiendo el modelo fascista de Mussolini.

El Directorio Civil (1925-1930)

Tras resolver los problemas de orden público y la cuestión marroquí, se estableció el Directorio Civil con el objetivo de institucionalizar el régimen. Se formó un nuevo gobierno presidido por Primo de Rivera e integrado por técnicos civiles, como José Calvo Sotelo (Hacienda) y el conde de Guadalhorce (Fomento).

En 1927 se creó la Asamblea Consultiva Nacional, formada mayoritariamente por miembros de la Unión Patriótica, elegidos mediante sufragio restringido, para elaborar un proyecto de Constitución. Este proyecto, presentado en 1929, resultó inoperante y generó descontento generalizado.

La economía experimentó un auge durante este periodo, coincidiendo con los «felices años veinte», aunque aumentó la deuda pública. Se aplicó una política de nacionalismo económico, estimulando a las empresas españolas y protegiéndolas con aranceles. Se decretó el intervencionismo del Estado y se creó el Consejo Económico Nacional (1924). Se promulgó la Ley de Creación y Desarrollo de Empresas Industriales (1924), el Consejo Regulador de la Producción Nacional (1927) y las Confederaciones Hidrográficas. Se establecieron monopolios estatales (CTNE, Telefónica y CAMPSA). El Plan Nacional de Infraestructuras (1926) amplió la red de carreteras y modernizó los ferrocarriles. Si bien la industria pesada se benefició, los problemas estructurales de la economía española persistieron, lo que generó un mayor endeudamiento del Estado. En política laboral, se crearon los “comités paritarios” para resolver conflictos obreros-patronales, inspirándose en el corporativismo fascista y contando con la colaboración del PSOE-UGT. Se redactó el Código de Trabajo. Estas medidas, junto con la represión, redujeron la conflictividad social.

Oposición y Caída de la Dictadura

Inicialmente, la oposición provino de liberales y conservadores. La oposición anarcosindicalista fue rápidamente liquidada. Destacó la oposición intelectual, como la de Miguel de Unamuno, cesado y desterrado. Los grupos republicanos se reorganizaron: Lerroux creó la Alianza Republicana y Azaña fundó Acción Republicana. Surgieron disensiones en el ejército, especialmente entre militares progresistas.

La crisis mundial de 1929 agravó la situación en España, con el regreso de huelgas y desorden social. El 27 de enero de 1930, Primo de Rivera dimitió. Murió exiliado en Francia dos meses después.

La Dictablanda y la Proclamación de la Segunda República

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró jefe de Gobierno al general Berenguer, iniciándose la «Dictablanda», que intentó sin éxito retornar a la situación pre-1923. La lentitud en la vuelta a las libertades constitucionales fortaleció a la oposición. En agosto de 1930, republicanos, socialistas y otros grupos firmaron el Pacto de San Sebastián para derrocar la monarquía. Berenguer dimitió en febrero de 1931, siendo sustituido por el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para abril. Estas elecciones se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. El triunfo de republicanos y socialistas en las zonas urbanas precipitó la caída del rey y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.