Portada » Historia » Historia de España: Reyes Católicos, Austrias, Borbones y la Independencia de América
El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 marcó el inicio de la Monarquía Hispánica, una entidad política que fusionó dos Coronas en una unión dinástica. Cada reino mantuvo sus propias leyes e instituciones, creando un Estado plural y no unitario. Los Reyes Católicos fortalecieron su autoridad real al ganar apoyo popular y reducir el poder de la nobleza, manteniendo las instituciones formales. Para consolidar su autoridad, establecieron organismos e instituciones comunes, como:
Además, reorganizaron el Consejo Real, las Cortes y las Audiencias. En la Corona de Aragón, conservaron las instituciones tradicionales e introdujeron la figura del virrey. Implementaron políticas comunes, como la generalización de la Inquisición y la expulsión de los judíos en 1492, además de lograr la unificación territorial mediante la conquista de Granada en ese mismo año y de Navarra en 1512.
La Guerra de Granada (1482-1492) fue clave para Castilla, aprovechando la crisis dinástica de la familia nazarí y estrategias militares innovadoras. El proceso culminó con la firma de las capitulaciones de Boabdil el 2 de enero de 1492, marcando el fin de la Reconquista tras ocho siglos.
En abril de 1492, los Reyes Católicos pactaron con Cristóbal Colón las Capitulaciones de Santa Fe, financiando su viaje para explorar una nueva ruta hacia Asia por el oeste. El 3 de agosto, tres naves partieron de Palos hacia las Indias Occidentales, llegando el 12 de octubre a Guanahani. Este descubrimiento alimentó las esperanzas de riqueza, iniciando la conquista del Nuevo Mundo. La colonización española comenzó en las Antillas y se extendió a partir de los viajes de Colón.
Hernán Cortés conquistó México, fundando el Virreinato de Nueva España, y Francisco Pizarro sometió a los incas y estableció el Virreinato del Perú. La colonización tuvo consecuencias negativas para los indígenas, como la disminución demográfica y la pérdida cultural. Las críticas de Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria condujeron a la promulgación de leyes protectoras, como las Leyes de Burgos y las Leyes Nuevas de Indias
Carlos I heredó un vasto patrimonio europeo y el título imperial, centrando su gobierno en dos pilares: la idea de Imperio Universal y la defensa del cristianismo como elemento unificador de Europa. En política exterior, enfrentó:
Internamente, enfrentó la sublevación de las Comunidades en Castilla y las Germanías en Aragón, reprimidas por el ejército real.
Felipe II, aunque no fue emperador como su padre, gobernó sobre dominios aún más vastos. Su gobierno se caracterizó por un aumento de rebeliones debido a su autoritarismo y a la intolerancia religiosa. Enfrentó la sublevación de los moriscos en Granada y rebeliones en Aragón. En política exterior, lidió con:
La unión con Portugal en 1580 fue su único éxito en política exterior.
Durante el siglo XVII, se observa un fortalecimiento del poder real, marcado por el Absolutismo y la delegación del gobierno en poderosos válidos de confianza de los monarcas. Con Felipe III, el Duque de Lerma y su hijo el Duque de Uceda gobernaron en su propio interés, destacando la expulsión de los moriscos que agravó la crisis demográfica y económica. A nivel internacional, se firmaron la Tregua de los 12 años con Holanda y la Paz de Londres con Inglaterra. La Guerra de los Treinta Años marcó el final de su reinado, apoyando al emperador alemán y al catolicismo.
Con Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares intentó reformas para superar la crisis castellana, como la Unión de Armas, desencadenando la Crisis de 1640 con los levantamientos de Cataluña y Portugal.
Carlos II, con el Duque y el Conde de Oropesa como válidos, se enfocó en políticas y medidas económicas, pero su salud precaria impidió tener descendencia, desatando la Guerra de Sucesión tras su muerte.
La sociedad hispánica en los siglos XVI y XVII se mantuvo estamental, con la nobleza y el clero como privilegiados, y una gran población del estado llano sin privilegios, afectada por la intransigencia religiosa y étnica evidenciada en los estatutos de «limpieza de sangre». La Inquisición llevaba a cabo persecuciones por herejía, condenando a sospechosos en autos de fe públicos. La crisis económica del siglo XVII condujo a un aumento de la delincuencia y la pobreza.
La agricultura seguía siendo la actividad principal, junto con los gremios artesanales, manteniendo el monopolio del comercio americano, aunque enfrentando dificultades por la intervención de otras potencias. Mientras el siglo XVI experimentó crecimiento económico, el XVII estuvo marcado por una profunda crisis debido a los altos costos de las guerras y la crisis demográfica.
Culturalmente, el siglo XVI fue influenciado por el Renacimiento italiano, pero el XVII fue el verdadero Siglo de Oro, con destacados exponentes literarios como Calderón de la Barca y Quevedo, así como Velázquez y Ribera.
En 1700, tras la muerte de Carlos II sin descendencia, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria disputaron el trono español, desencadenando la Guerra de Sucesión Española. Mientras Felipe de Anjou fue reconocido como Felipe V, el Tratado de Utrecht (1713) y los Acuerdos de Rastatt (1714) confirmaron su posición como rey de España, aunque a cambio de concesiones territoriales y comerciales.
Durante el reinado de Felipe V (1700-1746), España mantuvo alianzas con Francia, consolidando el Primer Pacto de Familia en 1733 y el Segundo Pacto en 1743, obteniendo territorios en conflictos sucesorios europeos. Bajo el gobierno de Carlos III (1759-1788), España firmó el Tercer Pacto de Familia en 1761, interviniendo en la Guerra de los Siete Años y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, recuperando territorios y manteniendo alianzas estratégicas con Francia para reafirmar su posición en Europa.
La dinastía de los Borbones se enfocó en reformas para establecer una monarquía absoluta y centralizada. Felipe V derogó los fueros y privilegios de la Corona de Aragón con los Decretos de Nueva Planta. Se reorganizó el territorio en provincias y se suprimieron virreyes, instaurando intendentes y manteniendo las Audiencias. A nivel central, se eliminaron los Consejos y se crearon Secretarías, junto con Cortes únicas. La política regalista se fortaleció con un Concordato en 1753, otorgando a la Corona el Patronato Universal sobre la Iglesia. Estas medidas buscaban restaurar el prestigio exterior y consolidar el poder interno de la monarquía, sentando las bases de una nueva era para España bajo la dinastía Borbón.
El centralismo borbónico se extendió a América, reorganizando la administración. Se crearon nuevos virreinatos: Nueva Granada y Río de la Plata, junto a los existentes. Cada virreinato se dividió en Intendencias, gobernadas por funcionarios nombrados por el rey, con poderes financieros, militares y administrativos. Se establecieron Capitanías en regiones vulnerables a ataques extranjeros. La españolización de la administración excluyó a los criollos de cargos relevantes. Económicamente, se introdujo el Reglamento de Libre Comercio en 1778, permitiendo el comercio en numerosos puertos españoles y americanos.
En el siglo XVIII, la sociedad seguía el modelo estamental del Antiguo Régimen, con una minoría privilegiada exenta de impuestos y destinada al poder, mientras la mayoría no privilegiada formaba el estado llano. Las reformas borbónicas y la recuperación del comercio colonial transformaron la economía, con un crecimiento moderado. La agricultura enfrentó obstáculos en el régimen de propiedad y la falta de implementación de la Ley Agraria de Jovellanos. En la industria, el sistema gremial era un desafío, aunque se impulsaron manufacturas reales. La política comercial con América se liberalizó con nuevas compañías y el Reglamento de Libre Comercio. Culturalmente, España fue influenciada por la Ilustración, con difusión de ideas de razón, progreso y libertad a través de autores como Jovellanos y medios como las Academias.
Durante el siglo XIX, la agricultura española, enfrentó atrasos significativos. La tierra estaba mayormente en manos de la nobleza, la iglesia y los municipios. La desvinculación y desamortización buscaron liberar la tierra de las «manos muertas» y ponerla en el mercado libre. La desamortización de Mendizábal, iniciada en 1836, se enfocó en los bienes eclesiásticos, mientras que la de Madoz, en 1855, amplió la acción a bienes municipales y no vendidos previamente. Estas medidas tenían múltiples objetivos, incluyendo financiar la Guerra Carlista y reducir la deuda pública.
Los resultados de la desamortización incluyeron una expansión de la agricultura, aumento de la deforestación, aparición de un proletariado agrícola y consolidación de una burguesía terrateniente. Sin embargo, no lograron crear una amplia clase media agraria ni alterar significativamente la estructura de la propiedad.
En cuanto a la industria, España experimentó un desarrollo tardío debido a la inestabilidad política, la dependencia del capital extranjero y la falta de apoyo estatal. Cataluña y el País Vasco se destacan como centros industriales principales, con la industria textil catalana dominando el mercado nacional y la industria siderúrgica vasca experimentando un crecimiento significativo. El sistema financiero se modernizó con la promulgación de la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito en 1856 y la creación del Banco de España. El comercio interior comenzó a crecer gracias a medidas liberalizadoras y el desarrollo del ferrocarril, mientras que el comercio exterior se incrementó con exportaciones de aceite de oliva y vino. El ferrocarril fue fundamental para unificar el mercado interior, aunque su construcción enfrentó obstáculos como la falta de apoyo estatal y la competencia extranjera.
En resumen, el siglo XIX en España estuvo marcado por transformaciones significativas en la agricultura, la industria, el comercio y las comunicaciones, aunque con desafíos persistentes debido a la inestabilidad política y la dependencia del capital extranjero.
El periodo de la Restauración en España, marcó el retorno de la dinastía borbónica al poder y la consolidación de un sistema político basado en el moderantismo liberal. Tras el golpe de Estado de Pavía en 1874, se inició la República del 74, liderada por el general Serrano, pero persistieron los problemas de la guerra de Cuba y la guerra carlista. En diciembre de 1874, el príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, proclamó desde Sandhurst el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, abogando por la restauración de la monarquía. Martínez Campos proclamó a Alfonso XII como rey en 1874, dando inicio a la Restauración, con el objetivo de restaurar el régimen liberal moderado previo a 1868.
El sistema canovista se apoyó en la burguesía conservadora, la Iglesia y la alta oficialidad del ejército. Cánovas del Castillo lideró el gobierno, logrando la conciliación entre los monárquicos y tomando medidas para recuperar el apoyo de la Iglesia y consolidar el poder del rey. El sistema canovista se caracterizó por el turno de partidos entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, quienes se repartían el poder alternativamente cada dos o tres años. Esta práctica tenía como objetivo garantizar la estabilidad política, evitar los pronunciamientos militares y mantener el orden socioeconómico en beneficio de las clases dominantes. Sin embargo, la manipulación fraudulenta de los resultados electorales y el caciquismo fueron prácticas habituales para asegurar el control del poder.
La Constitución de 1876 estableció la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, el sistema bicameral y amplió las atribuciones del monarca. A lo largo de los años, se produjo una cierta democratización bajo los mandatos de Sagasta, con leyes que garantizaban la libertad de reunión, expresión y sindical, así como la introducción del sufragio universal masculino en 1890.
La oposición al sistema canovista surgió principalmente de los republicanos, los movimientos obreros y los nacionalismos regionales, como el catalán, el vasco y el gallego. Estos grupos criticaban la corrupción, la falta de verdadera representatividad política y la centralización del poder en Madrid. Sin embargo, el sistema canovista se mantuvo en pie hasta la proclamación de la Segunda República en 1931, marcando un periodo de estabilidad política pero también de desigualdad y corrupción.
Las Cortes de Cádiz representaron una faceta importante durante la Guerra de la Independencia española. Mientras gran parte de la sociedad luchaba contra los franceses, en Cádiz un grupo minoritario intentaba introducir ideas ilustradas. Las Cortes, compuestas mayormente por clases medias y profesionales, inauguraron sus reuniones en 1810, jurando defender la integridad de España. Con la autoconstitución en Asamblea Constituyente, las Cortes pusieron en marcha una revolución liberal inspirada en la Revolución Francesa. Surgieron dos grandes tendencias: los liberales, partidarios de reformas radicales, y los absolutistas, llamados «serviles», que buscaban mantener el orden antiguo.
La obra legislativa de las Cortes desmanteló el Antiguo Régimen, aboliendo la censura, los señoríos jurisdiccionales, los gremios, los privilegios de la Mesta y la Inquisición. La Constitución de 1812, conocida como «la Pepa», proclamó la soberanía nacional, estableció una única cámara de representantes elegida por sufragio masculino universal y limitó el poder del rey, reconociéndose como monarca constitucional. Sin embargo, la guerra y la restauración de Fernando VII impidieron la plena implementación de estas reformas. Aunque años después, otros textos inspirados en la Constitución de 1812 continuarán avanzando en la sociedad española.
El proceso de independencia de las colonias de América Hispana surgió en respuesta al vacío de poder generado en España por la invasión francesa de 1808. Las causas de este movimiento independentista incluyen el descontento de la burguesía criolla por el control económico de España, el centralismo borbónico, la influencia de las ideas ilustradas y el ejemplo de la independencia de las colonias británicas. Las revueltas comenzaron entre 1808 y 1814, cuando los criollos crearon Juntas y declararon su independencia de España, liderados por figuras como San Martín en Argentina y Bolívar en Venezuela. La segunda fase, vio una rebelión generalizada, resistiendo los movimientos de independencia el envío de tropas españolas. Finalmente, victorias como las de San Martín en Chacabuco y las de Bolívar llevaron a la independencia de Perú y Bolivia. Tras la independencia, las nuevas repúblicas enfrentaron desafíos como la fragmentación territorial, el caudillismo, las desigualdades sociales y la dependencia económica de Gran Bretaña y Estados Unidos. A pesar de la independencia política, América Latina seguía siendo influenciada por potencias extranjeras, marcando el inicio de un periodo de inestabilidad política y económica en la región.