Portada » Historia » El Sexenio Democrático (1868-1874): Crisis y Transformación en España
La Revolución de Septiembre de 1868, llamada «La Gloriosa», significó el fin de la monarquía de Isabel II. Se sucedieron seis años de gran inestabilidad con varios regímenes políticos.
En 1866 se hizo patente el inicio de una importante crisis económica. La crisis, provocada por la bajada del valor de las acciones en la Bolsa, se originó a raíz de la crisis de los ferrocarriles, ya que la construcción de la red ferroviaria implicó una gran inversión de capitales en bolsa, pero al comenzar la explotación de las líneas su rendimiento fue menor de lo esperado. La situación provocó la crisis de muchas entidades financieras, que cancelaron sus créditos y extendieron la alarma hacia particulares y empresas.
La crisis financiera coincidió con una crisis industrial, sobre todo en Cataluña. La industria textil se abastecía en gran parte con algodón importado de Estados Unidos, pero la Guerra de Secesión americana encareció la importación de esta materia prima.
La crisis de subsistencias se inició en 1866 y la causó una serie de malas cosechas que dieron como resultado una escasez de trigo. Inmediatamente los precios empezaron a subir. En el campo, el hambre condujo a un clima de fuerte violencia social y en las ciudades, a una oleada de paro.
A mediados de la década de 1860, gran parte de la población tenía motivos de descontento contra el sistema isabelino. Los grandes negociantes reclamaban un gobierno que tomase medidas para salvar sus inversiones en bolsa, los industriales exigían proteccionismo y los obreros y campesinos denunciaban su miseria.
En 1866, después de las revueltas de los sargentos de San Gil, O’Donnell fue apartado del gobierno por la reina, pero los siguientes gabinetes del partido moderado continuaron por decreto. Ante la imposibilidad de acceder al poder por los mecanismos constitucionales, el partido progresista, dirigido por Prim, firmó con el partido demócrata el Pacto de Ostende en 1866. El compromiso proponía poner fin a la monarquía isabelina y dejaba la decisión sobre la nueva forma de gobierno (monarquía o república) en manos de unas Cortes Constituyentes que serían elegidas por sufragio universal tras el triunfo del movimiento insurreccional. A dicho pacto se unieron los unionistas en noviembre de 1867 tras la muerte de O’Donnell.
En septiembre de 1868, la escuadra concentrada en Cádiz, al mando del brigadier Topete, protagonizó un levantamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim y Serrano se reunieron con los sublevados y rápidamente consiguieron el apoyo de la población, tras la publicación de un manifiesto.
El gobierno envió un ejército para enfrentarse con los sublevados. Ambas fuerzas se encontraron en el puente de Alcolea, cerca de Córdoba, donde se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas afines a la revolución. El gobierno no vio más salida que dimitir y la reina no tuvo más remedio que exiliarse.
En muchas ciudades españolas se constituyeron juntas revolucionarias que organizaron el levantamiento. Las consignas eran parecidas en todos lados: libertad, soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, sufragio universal, reparto de la propiedad o proclamación de la república. Pero el radicalismo de algunas propuestas de las juntas revolucionarias no era compartido por los dirigentes unionistas y progresistas.
En los primeros días se nombró un gobierno provisional de carácter centrista. El general Serrano fue proclamado regente, y el general Prim, presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas. El nuevo ejecutivo ordenó disolver las juntas y desarmar la Milicia Nacional.
El nuevo gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Los comicios fueron los primeros en España que reconocieron el sufragio universal masculino (varones mayores de 25 años). Dieron la victoria a la coalición gubernamental, pero también aparecieron en la Cámara dos importantes minorías: la carlista y la republicana.
Las Cortes crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva constitución, que fue aprobada el 1 de junio de 1869.
La Constitución de 1869 estableció un amplio régimen de derechos y libertades:
También proclamaba la soberanía nacional, de la que emanaban la legitimidad de la monarquía como los tres poderes. El Estado se declaraba monárquico, pero la potestad de hacer las leyes residía exclusivamente en las Cortes: el rey tan solo las promulgaba. Las Cortes se componían de un Congreso y un Senado. Cuba y Puerto Rico gozaban de los mismos derechos que las peninsulares.
Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe de gobierno. Su tarea no era fácil: los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación económica era grave y además había que encontrar un monarca para la Corona Española.