CONCEPTO Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL

El proceso penal se define como una serie o sucesión de actos jurídicamente reglados que se dirigen a tutelar y realizar el Derecho penal en el caso concreto. La finalidad del proceso penal es, pues, imponer la consecuencia prevista en la Ley (el castigo o pena) a una determinada acción típica, antijurídica y culpable (esto es, a un concreto delito).

En el ordenamiento jurídico español, así como en el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, el Derecho penal no se puede aplicar al margen del proceso: en un Estado de Derecho, el proceso judicial es el único instrumento válido para imponer penas a los responsables de los delitos. Este principio básico, que se suele designar con el nombre de «garantía jurisdiccional», está consagrado en el art. 1 LECrim y tiene dos consecuencias inmediatas:

1. No existen los procesos penales privados, ni tampoco pueden existir jurisdicciones penales distintas de la estatal. El Estado moderno ha asumido el monopolio absoluto del ejercicio de la jurisdicción penal dentro de su territorio, reservándose en exclusiva el llamado ius puniendi, es decir, el derecho a castigar las conductas que la Ley considera máximamente reprobables.
2. La reserva de jurisdicción es absoluta en materia penal: de entre los órganos estatales, solamente los tribunales pueden aplicar el Derecho penal. Para que las funciones de determinar la culpabilidad del presunto responsable del delito y de imponer la pena correspondiente se lleven a cabo de manera adecuada (y, sobre todo, justa), deben estar encomendadas a órganos independientes, imparciales e inamovibles. Únicamente los Juzgados y Tribunales, titulares únicos y exclusivos de la potestad jurisdiccional (consistente, según el art. 117.3 CE, en «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado»), reúnen esos requisitos en plenitud.

Característico del proceso penal es que las cuestiones que en él se ventilan son siempre de interés público. Suele afirmarse, de hecho, que en todo proceso penal hay presentes dos intereses públicos diferentes:

1. El interés público en la persecución penal (o sea, en la represión de la criminalidad), que exige una reacción del Estado siempre que se tenga noticia de la comisión de un hecho aparentemente delictivo. Es decir: siempre que hay apariencia de delito debe abrirse el correspondiente proceso penal para el esclarecimiento de los hechos y, si procede, para su persecución y castigo.
2. El interés en que se respeten los derechos fundamentales de las personas sujetas a un proceso penal («imputados» o «acusados»), que también es un interés de carácter público, especialmente en los ordenamientos que aspiran a ser respetuosos con la dignidad humana. De ahí que el proceso penal no pueda desarrollarse de cualquier manera, y que su eficacia esté siempre condicionada por el respeto a los derechos fundamentales de la persona.

Por su naturaleza, estos dos intereses tienden a enfrentarse. Durante la sustanciación del proceso penal, existen al menos dos momentos de máxima tensión entre ambos:

• Cuando se adoptan medidas cautelares respecto del sujeto que está siendo investigado (detención, prisión provisional, etc.) o sus bienes (embargos, decomisos…); pues en estos casos se le está privando, aunque sea temporalmente, de su libertad (o del poder de disponer o administrar libremente una parte de su patrimonio).
• Cuando, en el marco de la investigación criminal, se acuerdan actuaciones o diligencias restrictivas de derechos fundamentales (como sucede, por ejemplo, con la intervención de las comunicaciones telefónicas o postales, con el registro domiciliario o con las intervenciones corporales).

EL SISTEMA PROCESAL PENAL ESPAÑOL

El sistema procesal penal vigente en España, que sigue el modelo acusatorio formal o «modelo mixto», se apoya sobre tres pilares básicos:

1. la realización de tres actividades diferentes que se encomiendan a sujetos u órganos distintos;
2. como consecuencia de lo anterior, la división del proceso en dos grandes fases; y
3. la posibilidad de ejercitar las acciones para exigir la responsabilidad civil derivada del delito dentro del propio proceso penal.

1º. En un proceso penal completo tienen lugar tres actividades distintas: la de investigar, la de acusar y la de juzgar; y cada una de ellas ha de llevarse a cabo por sujetos también distintos.

• La actividad de investigar (o «instruir la causa») está encaminada a encontrar la respuesta a dos preguntas: 1ª) si efectivamente se ha cometido un delito (y en caso de que así sea, cuál); y 2ª) a quién se le puede imputar dicho delito.
  En el desarrollo de esta actividad de investigación colabora materialmente la policía judicial; ahora bien, la dirección de la investigación en nuestro ordenamiento corresponde en todo caso a un órgano jurisdiccional, el juez de instrucción (que también puede realizar por sí mismo ciertos actos de investigación). Se entiende que el hecho de que sea un juez quien dirige la investigación ayuda a preservar las garantías básicas de la imparcialidad y la independencia.
  Ha de quedar claro que, en la actualidad, la actividad de investigación es una fase de naturaleza procesal: la instrucción no es una actividad puramente administrativa o gubernativa (como lo son en general todas las actuaciones policiales), sino que forma parte del proceso penal y su régimen jurídico está previsto en las leyes procesales. Lo prueba el hecho de que, en nuestro ordenamiento, la resolución judicial que decreta la apertura de la investigación (auto de incoación del sumario, en el procedimiento ordinario por delitos graves; o auto de incoación de diligencias previas, en el procedimiento abreviado) es al mismo tiempo el momento en el que da comienzo formalmente el proceso penal.
• La función de acusar consiste en imputar o atribuir a una o varias personas los hechos investigados y solicitar para esos hechos la imposición de la pena o castigo correspondiente. En principio, acusa siempre el Ministerio Fiscal, que tiene el deber jurídico de hacerlo. Ahora bien, es una característica peculiar de nuestro sistema procesal penal que la función de acusar no está monopolizada por el Fiscal, como sucede en buena parte de los países de nuestro entorno, sino que se abre también a los particulares, tanto a los ofendidos por el delito (acusación particular), como a cualquier ciudadano español (acusación popular, para la cual es necesario prestar una caución fijada por el juez).
• La función de juzgar es la actividad consistente en decir o declarar lo que se ajusta a Derecho en un caso concreto; esto es, en determinar con exactitud, por medio de las pruebas practicadas en el juicio oral, cuáles son los hechos que se han producido en el caso que se somete a consideración del tribunal y en subsumirlos en las normas que resulten aplicables, para extraer de ahí las consecuencias jurídicas oportunas.
  Esta función la ha de llevar a cabo un órgano jurisdiccional (al que podemos llamar «juzgador» o «juez o tribunal sentenciador»), que debe ser siempre distinto del que se ha ocupado de dirigir la investigación, pues en caso contrario se vulneraría el «principio del juez no prevenido» o «principio del juez no contaminado», que veremos después.

2º. A resultas de todo lo anterior, el proceso penal español está dividido en dos grandes fases: la fase de instrucción y la de enjuiciamiento, separadas por una fase intermedia (en la que se decide si procede la apertura del juicio) y seguidas, si es que hay condena, de una fase de ejecución.

1. La fase de instrucción, cuya duración es limitada, tiene un carácter jurisdiccional, preparatorio y a la vez necesario, porque se tiene que dar siempre que el juez competente tenga noticia de un hecho que revista caracteres de delito. Su finalidad es preparar el juicio oral: se trata de llevar a cabo averiguaciones o indagaciones que permitan decidir si los hechos merecen ser enjuiciados o no.
   En definitiva, en la fase de instrucción se investiga la conducta punible y, a su término, se decide si resulta procedente pasar o no a la fase de enjuiciamiento, en la llamada «fase intermedia», que es la denominación que recibe el trámite procesal en el que, a la vista de los resultados de la instrucción, se toma la decisión sobre la procedencia de abrir el juicio oral. Por tanto, de los resultados que arroje dependerá que se abra juicio oral o que, por el contrario, se sobresea la causa.
   El sobreseimiento, que se acuerda siempre mediante un auto, puede ser:
   • Sobreseimiento provisional: consiste en el archivo temporal de las actuaciones. El proceso se sobresee provisionalmente cuando en la instrucción no se ha conseguido averiguar la identidad del presunto autor de los hechos, cuando se ha averiguado pero el sujeto no se encuentra a disposición de la justicia, y también cuando al término de la instrucción no hay elementos de prueba suficientes para sostener una acusación en juicio. El sobreseimiento provisional durará hasta que se surjan nuevos elementos de prueba, hasta que el presunto culpable sea hallado o, en su defecto, hasta que el delito prescriba.
   • Sobreseimiento libre: equivale a la absolución y, una vez firme, produce efectos de cosa juzgada, de modo que ya no se va a poder volver a perseguir a la misma persona por los mismos hechos. El sobreseimiento libre se dicta cuando al término de la instrucción se constata que los hechos en realidad no existieron, que existieron pero no eran delictivos (típicos), o cuando resulta que la persona contra la que se dirigen las actuaciones está exenta de responsabilidad criminal (p. ej., es inimputable, o ha fallecido).

   Como regla general, dar paso a la fase de enjuiciamiento (a través del auto de apertura del juicio oral) sólo será oportuno si tras la instrucción:

   • queda acreditada la comisión de un delito, esto es, se comprueba que los hechos investigados existieron y son típicos;
   • está identificado el presunto responsable y se encuentra a disposición de la justicia;
2. én llamada «fase de juicio oral», sólo se abrirá si ha tenido éxito la fase de instrucción. Por eso se suele decir que, a diferencia de esta última, tiene un carácter contingente. En la fase de enjuiciamiento las partes formularán sus pretensiones punitivas y defensivas, se practicarán las pruebas pertinentes, se concederá al acusado la última palabra y, finalmente, el tribunal dictará sentencia, en la que se pronunciará sobre la hipótesis acusatoria formulada por las acusaciones, condenando o absolviendo al procesado de los hechos que se le imputan. Además, se efectuará en su caso el correspondiente pronunciamiento sobre la responsabilidad civil derivada del delito.
   Si la sentencia penal es condenatoria, una vez firme se procederá a su ejecución. El contenido de la ejecución variará en función de la naturaleza de la pena impuesta.
   La competencia para la ejecución penal corresponde como regla general al tribunal sentenciador, pero si la condena es privativa de libertad, la competencia se comparte con los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (o, en el caso de los delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, con los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria).

3º. Finalmente, el tercer elemento definitorio de nuestro modelo de proceso penal es que en él se pueden ejercitar conjuntamente la acción penal y la acción civil derivada del delito.

En España, el proceso penal no se limita a ser un instrumento para aplicar el Derecho Penal e imponer un castigo al delincuente, sino que también se puede utilizar para exigir las consecuencias jurídicas que el hecho delictivo produce en el plano civil. Por eso, se permite reclamar la restitución de la cosa objeto del delito, o bien la reparación de los daños o la indemnización de los perjuicios ocasionados por el mismo (art. 100 LECrim; arts. 109-122 CP).

Las partes acusadoras normalmente ejercitan tanto la acción penal como la acción civil. Es más, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercitar la acción civil en beneficio del perjudicado por el delito, pues así se lo exige el art. 108 LECrim. Esta regla sólo se exceptúa en dos supuestos: 1º) cuando el perjudicado por el delito renuncia a la acción civil; 2º) cuando el perjudicado por el delito decide «reservarse» la acción civil para ejercitarla de forma separada en un proceso civil independiente o autónomo (en cuyo caso el proceso civil no podrá tramitarse hasta que no haya concluido el proceso penal).