Evolución política en la zona republicana (Consecuencias de la guerra)

El fracaso del golpe militar desencadenó en la zona republicana una verdadera revolución social.

Los comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron a controlar los elementos esenciales de la economía: transportes, suministros militares, centros de producción. Mientras el gobierno se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho.

En el campo, tuvo lugar una ocupación masiva de fincas. Las grandes propiedades y, en algún caso, las medianas y pequeñas. En las zonas donde predominaban los socialistas se llevó a cabo la socialización de la tierra y su producción. En las zonas de hegemonía anarquista tuvo lugar una colectivización total de la propiedad. En algunos casos, se llegó incluso a abolir el dinero.

En septiembre de 1936 se estableció un gobierno de unidad, presidido por el socialista Largo Caballero y con ministros del PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes. En noviembre se incorporaron cuatro dirigentes anarquistas, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministra en España.

El gran desafío del nuevo gobierno era recuperar el control de la situación y crear una estructura de poder centralizada que pudiera dirigir de forma eficiente el esfuerzo de guerra. La tarea era enorme y difícil. El poder estaba en manos de miles de comités obreros y milicias que a menudo se enfrentaban entre sí, especialmente los anarquistas con socialistas y comunistas. Los gobiernos autónomos eran otro factor de disgregación. No sin dudas, el nacionalismo vasco había optado por apoyar la República y en octubre se aprobó el Estatuto vasco. Jose Antonio Aguirre se convirtió en el primer lehendakari o presidente del gobierno autónomo.

En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM que emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era «Revolución y guerra al mismo tiempo». Su zona de hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la toma de decisiones en el gobierno, respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era «Primero la guerra y después la revolución».

Las disensiones internas fueron continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica de Barcelona, en manos de un comité de la CNT desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó una insurrección y los combates callejeros se extendieron por Barcelona.

La crisis de mayo de 1937 provocó la dimisión del gobierno de Largo Caballero. El nuevo gobierno presidido por el socialista Negrín, tenía una mayoría de ministros del PSOE, pero se inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE. La ayuda soviética había hecho que los comunistas pasaran de ser un grupo minoritario a una fuerza muy influyente.

Los enfrentamientos entre stalinistas y trostkistas se reprodujeron en suelo español. El POUM fue ilegalizado y su dirigente, Andreu Nin, «desapareció» estando en manos de agentes soviéticos.

Aunque ya era tarde para cambiar el signo de la guerra, a partir de ese momento se impuso una mayor centralización en la dirección de la economía y se terminó de construir el Ejército Popular, acabando con la indisciplina de las milicias.

A partir de marzo de 1938, momento en el que las tropas de Franco llegaron al Mediterráneo y dividieron en dos la zona republicana, surgieron de nuevo dos posturas enfrentadas. Mientras la postura oficial, representada por Negrín y apoyada por el PCE y parte del PSOE, seguía defendiendo la «resistencia a ultranza», algunos dirigentes, anarquistas y socialistas, empiezan a hablar de la necesidad de negociar ante la perspectiva de la segura derrota.

Los acontecimientos internacionales: el Pacto de Munich en septiembre de 1938, la retirada de las Brigadas Internacionales, la disminución de la ayuda soviética; y los internos: la caída de Cataluña, reforzaron la idea de que la guerra estaba perdida. Así, en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado desalojó del poder a Negrín. La esperanza de negociar con Franco se disipó inmediatamente, cuando el dictador exigió la rendición incondicional.

Consecuencias: casi medio millón de muertos, de los que una buena parte corresponde a los asesinatos de las retaguardias o en las cárceles de los vencedores. Acabada la guerra, más de 250000 personas ingresaron en prisiones o en campos de trabajo forzado. Decenas de miles de españoles exiliados se concentraron en campos de internamiento en el sur de Francia, más tarde se dispersaron por países europeos, por el norte de África y sobre todo en Latinoamérica.

Las consecuencias en la cultura española fueron importantísimas. Quedó destruido todo el esfuerzo de regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata de la cultura española (1898-1936).

Las consecuencias en el terreno económico fueron desastrosas para el país. La mayoría de la población española hubo de sufrir a lo largo de las décadas de 1940 y 1950 los efectos del racionamiento y la privación de bienes de consumo.

Las consecuencias políticas fueron el final de la más importante experiencia modernizadora y democratizadora que había tenido la España contemporánea y el inicio de un larguísimo período de represión, de falta de libertad política y la supresión de derechos fundamentales de las personas.

En el ámbito internacional, España inició veinte años de aislamiento político, con excepción del reconocimiento que obtuvo de algunos estados, como el Vaticano y Argentina.

La Constitución de 1931 y el bienio reformista

Alfonso XIII marchó al exilio tras el triunfo de los republicanos en las capitales de provincia en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El 14 de abril se proclamó la Segunda República española con gran entusiasmo general, sin violencia. Se formó un Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora con personalidades de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián.

El 28 de junio de 1931 se convocaron elecciones generales a Cortes Constituyentes. Concurrieron muchos partidos. La izquierda obtuvo 279 escaños frente al centro (119) y la derecha (41). Los partidos de izquierda más votados fueron el PSOE y Acción Republicana – más tarde Izquierda Republicana – liderado por Manuel Azaña, un partido progresista de intelectuales y profesionales urbanos, partidario de modernizar y democratizar España con reformas efectuadas sin violencia.

Las Cortes Constituyentes elaboraron una nueva Constitución. Tras intensos debates fue aprobada en diciembre la Constitución de 1931. Definía a España como «una república democrática de trabajadores de todas clases que se organiza en régimen de libertad y justicia» y como un Estado único, pero con autonomía de las regiones; las Cortes unicamerales eran elegidas por sufragio universal (por primera vez con derecho a voto de la mujer). El Estado se declaraba laico, separándose Estado e Iglesia. Un gobierno de coalición republicano-socialista, presidido por Azaña, emprendió un programa de profundas reformas –Bienio reformista, 1931-1933– para solucionar los graves problemas heredados. La mala coyuntura económica internacional tras el Crac de 1929 y el afán de no aumentar la deuda del Estado hicieron fracasar parte de estas reformas por falta de medios:

– La reforma militar: Azaña trató de someter al ejército a la autoridad civil y aumentar su eficiencia reduciendo el excesivo número de oficiales que podía pasar voluntariamente a la reserva con toda su paga. La falta de presupuesto impidió la modernización y creó malestar entre los oficiales. Se encargó del orden público a la Guardia de Asalto, adicta a la República.

– La reforma religiosa: se eliminaba la subvención al clero, la religión en las escuelas, se prohibía a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, se reconocía el matrimonio civil y el divorcio y se disolvía la Compañía de Jesús. El gobierno no supo atajar la violencia anticlerical que estalló en mayo de 1931 en Madrid y otras ciudades. Muchos católicos identificaron República con ataque a Dios.

– La reforma educativa: la escuela primaria era obligatoria, gratuita, laica y mixta. Aumentó en un 50% el dinero destinado a educación, construyéndose más de 10.000 escuelas y se crearon 7000 puestos de maestros, mejor pagados. Misiones Pedagógicas llevó la cultura a regiones rurales atrasadas.

– La reforma regional: se concedió a Cataluña en 1932 el Estatuto de Autonomía: un Gobierno autónomo, la Generalitat, tenía competencias en cultura, obras públicas y orden público. Fue elegido presidente Françesc Macià. En el País Vasco el proyecto de Estatuto elaborado por el Partido Nacionalista Vasco y los carlistas, fue rechazado por tradicionalista y poco democrático. No habrá Estatuto de Autonomía hasta 1936, iniciada la guerra civil.

– La reforma agraria: en septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria, con la oposición de la derecha. Se buscaba acabar con el latifundismo, el absentismo y la miseria de 2 millones de jornaleros. Se expropian sin indemnización las tierras a los Grandes de España (nobles) y se declaran expropiables con indemnización los latifundios mal cultivados o sistemáticamente arrendados. Las tierras serían entregadas a los campesinos. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para llevarla a cabo. El ritmo de la reforma fue muy lento y sus resultados escasos; los campesinos, decepcionados con la República, se inclinaron hacia el anarquismo revolucionario (Aragón y Andalucía, con los sucesos de Casas Viejas). Por otro lado los terratenientes se mostraron claramente hostiles.

El gobierno de Azaña dimitió. Las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a las derechas.