Portada » Derecho » Suspensión y Ejecución de Penas Privativas de Libertad: Un Análisis Jurídico
La suspensión de las penas privativas de libertad, regulada en los artículos 80 a 87 del Código Penal, es una alternativa eficaz para lograr la resocialización y reinserción social del delincuente.
El plazo de suspensión puede variar entre 3 meses y 5 años. Si el sujeto no comete ningún delito durante este tiempo, la condena se considera extinguida. En caso contrario, la pena suspendida se ejecuta.
Corresponde al juez o tribunal sentenciador acordar o denegar la suspensión mediante auto motivado.
Los requisitos para la suspensión se encuentran recogidos en el artículo 81 del Código Penal.
Durante el plazo de suspensión, el juez o tribunal puede imponer ciertas condiciones, como:
El quebrantamiento de las condiciones de suspensión conlleva:
El derecho penitenciario regula la ejecución de las penas privativas de libertad, destacando su orientación resocializadora.
El sistema penitenciario español es progresivo, lo que implica una disminución de la intensidad de la pena según la conducta del recluso.
El sistema se divide en etapas:
La libertad condicional es el último grado del sistema penitenciario.
La junta de tratamiento del centro propone la libertad condicional al juez de vigilancia penitenciaria, quien la concede.
El disfrute de la libertad condicional está condicionado a no delinquir.
El incumplimiento de las condiciones conlleva la revocación de la libertad condicional y el reingreso en prisión.
Existen supuestos especiales de libertad condicional para condenados por delitos de terrorismo o cometidos en organizaciones criminales.