Proceso de elaboración de la Constitución Española de 1978

Por más que las elecciones del 15 de junio de 1977 no tuvieron un carácter constituyente, los diputados tomaron como primera tarea la elaboración de una Constitución. Desmantelado el régimen anterior, se iniciaba un periodo legislativo y constituyente a la vez.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar una Constitución consensuada por siete de sus miembros pertenecientes a UCD, PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana, llamados la Ponencia. El Congreso y el Senado aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978.

El 6 de diciembre de 1978, la Constitución se sometió a referéndum tras una intensa campaña favorable al sí. Votó el 67% del electorado censado y fue aprobada por el 87% de los votantes.

La carta Magna recogía en sus 169 artículos las características esenciales de las democracias occidentales y del constitucionalismo español con el fin de establecer una sociedad democrática avanzada. El articulado del Título Preliminar definía a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La libertad se convertía en el valor de valores. Proclamaba que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. Se fundamentaba en la indisoluble unidad de la Nación española, al mismo tiempo que reconocía y protegía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Garantizaba los derechos humanos y las libertades y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Establecía un Estado aconfesional. Garantizaba la libertad de enseñanza, de mercado, religiosa e ideológica. Establecía la separación de los tres poderes fundamentales del Estado:

• El legislativo, radicaba en las Cortes, formadas por dos cámaras, Congreso y Senado, elegidas por sufragio universal directo y secreto y elaboran las leyes.
• El ejecutivo recaía en el gobierno, que dirige la política interior y exterior y tiene el poder de presentar proyectos de ley a las Cortes.
• El judicial está en manos de jueces y tribunales de justicia que administran justicia que emana del pueblo a través de las leyes.

EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

El capítulo tercero del Título VIII de la Constitución recogía y regulaba la nueva organización autonómica. Satisfizo a catalanes y vascos al introducir el término nacionalidad y no desagradó a cuantos pedían el reconocimiento de la identidad propia de sus territorios. Así, la descentralización del Estado dio paso a una vertebración territorial distinta y a un nuevo mapa político en el que España pasaba a tener 17 comunidades entre 1977 y 1983, más las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

La Constitución contemplaba dos vías de acceso a la autonomía:

• La del artículo 151 para las nacionalidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia. Esta vía permitía alcanzar un mayor autogobierno y a ella podían acceder el resto de autonomías, siempre que la petición estuviese respaldada por la mayoría de la población de la región. Este fue el caso de Andalucía, que recurrió al referéndum para conseguir los mismos derechos que las nacionalidades históricas.
• La del artículo 143 para el resto de regiones con un techo de competencias menor. No obstante, algunas regiones, Valencia y Canarias, por ejemplo, alcanzaron la plena autonomía por este camino.

Tras el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el último gobierno de la UCD aprobó la LOAPA, una ley orgánica que pretendía homogeneizar todos los estatutos de las 17 comunidades y tranquilizar así a sectores sociales y militares preocupados por la unidad de España.

Tras la victoria del PSOE en 1982, se aceleró el proceso de elaboración y promulgación de los estatutos de vía lenta y en 1983 estaban todos concluidos. En la actualidad, tras la victoria en 2004 de Rodríguez Zapatero, nos hallamos inmersos en un proceso de reformas de diferentes estatutos de autonomía, que se inició con la aprobación en referéndum del Estatut catalán.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS

Es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue establecido mediante ley Orgánica 10/1982 y entrando en vigor el 16 de agosto de 1982. La redacción del estatuto comienza y es aprobada el 10 de agosto de 1982. El mismo día es aprobada la LOTRACA con la que las competencias de la Comunidad aumentaron.

El estatuto está estructurado en 65 artículos, 5 disposiciones adicionales, seis transitorias y una final, organizadas en un preámbulo, 1 título preliminar y 5 títulos.

El estatuto dispone que:

• La capitalidad de la Comunidad es compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
• Define el territorio de la Comunidad comprendido por las islas.
• La sede del presidente del gobierno de Canarias alternará las dos capitales cada periodo legislativo.
• La delegación del gobierno está en Las Palmas de Gran Canaria y el Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
• La bandera de Canarias está formada por tres colores: blanco, azul y amarillo, dispuestos en franjas verticales.
• El Parlamento de Canarias es elegido por todos los canarios que pueden votar. Es el encargado de aprobar las leyes que afecten a nuestra Comunidad, aunque algunas solo pueden ser aprobadas por el Parlamento español, como la convocatoria de referéndum. Puede nombrar un Diputado del Común, encargado de la defensa de los derechos y libertades de todos los canarios.
• El gobierno de Canarias tiene la obligación de organizar la vida política y la economía regional. El gobierno está compuesto por un presidente, un vicepresidente y hasta nueve consejeros. El presidente nombra a los miembros de su gobierno, los consejeros, que no tienen que ser necesariamente parlamentarios.
• El número de diputados del parlamento canario es de 60, distribuidos de la siguiente forma: 15 por Gran Canaria y Tenerife, ocho por La Palma y Lanzarote, siete por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro.
• El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (poder judicial) es el órgano judicial máximo de Canarias. Está integrado por los tribunales de justicia dentro de la Comunidad Autónoma Canaria.
• Las competencias de la Comunidad Autónoma son: Agricultura, ganadería y pesca, aprovechamientos hidráulicos, asistencia social y servicios sociales, cultura, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, promoción y ordenación del turismo, enseñanza, protección del medio ambiente, transporte e industria.
• Las leyes y disposiciones oficiales de las instituciones canarias se hacen públicas a través del BOC.