Portada » Economía » Bienes públicos puros o polares
Los impuestos son los pagos obligatorios que realizan las personas y empresas al Estado para que este financie el gasto público impuestos directos son aquellos que recaen sobre la obtención de rentas o la riqueza de los sujetos pasivos Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Recae sobre las rentas obtenidas por los individuos, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares del contribuyente.
Se aplica a los beneficios obtenidos por las empresas.
Recae sobre la riqueza (patrimonio neto) de las personas físicas.
Grava la obtención de patrimonio por recibir una herencia (mortis causa) y otras adquisiciones de carácter gratuito entre personas vivas Los impuestos indirectos gravan la manifestación que se hace de la riqueza y de la capacidad de pago a través del consumo de bienes y servicios Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Se paga al recibir un servicio o adquirir un bien y recae sobre el consumidor final.
Se carga en operaciones como la compraventa de viviendas, la adquisición de un coche de segunda mano, cuando se realiza una escritura pública o un acta notarial, etc.
Gravan la matriculación de vehículos y el consumo de determinados bienes, como los carburantes, el alcohol, el tabaco, etc Sujeto pasivo.
Es la persona física o jurídica que tiene la obligación de pagar el impuesto.
Es la cantidad por la que corresponde pagar un impuesto.
Es la cantidad que debe ingresar el sujeto pasivo en la Agencia Tributaria por el pago del impuesto.
Es el porcentaje que se aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. Los impuestos proporcionales son aquellos en los que el porcentaje o tipo impositivo no depende de la cuantía de la base imponible, sino que es constante. Así, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades siempre supone el mismo tipo impositivo, En el caso de los impuestos progresivos, el tipo de gravamen aumenta a medida que la renta o riqueza a la que se aplica el impuesto es mayor. El IRPF es un impuesto progresivo.
Son impuestos regresivos si el tipo impositivo disminuye a medida que la base imponible es mayor. Están prohibidos en el sistema impositivo español tipo general: 21 %. Tipo reducido: 10 %. Tipo superreducido: 4 %. Coeficiente de GiniEs una medida que sirve para calcular la desigualdad de ingresos entre los habitantes de un país
Ingresos procedentes de la actividad de las empresas públicas.Tasas. Venta de patrimonio público.Impuestos extraordinarios sobre el patrimonio privado. TransferenciasRentas generadas por el patrimonio del Estado. Donaciones al Estado. .Herencias.MultasCotizaciones sociales de trabajadores y empresasLos gastos del Estado son las obligaciones de pago que se han originado como consecuencia del cumplimiento de sus funciones, especialmente el suministro de bienes y servicios públicos a la sociedad.
Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y unos bajos niveles de producción, consumo e inversión Recuperación.
Aumenta la actividad económica y la demanda empieza a crecer, lo que supone un crecimiento de la inversión y la producción. Esta situación conduce también a un incremento del nivel de empleo, que favorece el aumento del consumo.
Se da un alto nivel de empleo. El consumo es elevado, pero se estabiliza, al tiempo que lo hacen también la producción y la inversión.
Hay una caída generalizada de la actividad económica. Se produce un descenso de la producción, el consumo, la inversión y el empleo.
Los presupuestos generales del Estado son un conjunto de documentos contables que recogen la previsión de gastos e ingresos del sector público para un período de tiempo determinado, generalmente un año Administración central (formada por el Estado, los organismos autónomos y la seguridad social). Comunidades autónomas. Corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos. Empresas públicas.
Según la Constitución española de 1978 corresponde al Gobierno + Aprobación.
La Carta Magna establece que corresponde al poder legislativo, es decir, a las Cortes Generales Ejecución.
Corresponde al poder ejecutivo. +Control.
Lo ejerce el Parlamento sobre el Gobierno mediante dos organismos: la Intervención General del Estado, que controla durante todo el ejercicio, y el Tribunal de Cuentas
Equilibrio presupuestario. Se produce cuando los ingresos son igual a los gastos. Con el dinero que recauda el Estado tiene suficiente para afrontar todos los gastos presupuestados, y por lo tanto no hace falta recurrir al endeudamiento. Súperávit presupuestario. Tiene lugar cuando los ingresos del sector son superiores a los gastos. Se da en épocas de crecimiento, lo que permite tener un remanente para cuando sobrevengan épocas de crisis. Si se alarga mucho en el tiempo, el Estado puede plantearse políticas como bajar impuestos o invertir en determinados servicios o infraestructuras. Déficit presupuestario. Se da cuando los gastos del Estado son superiores a los ingresos. Esta situación se considera normal en economías fuertes, pero se debe mantener en niveles controlables, ya que el Estado tendrá que acudir a los mercados financieros y endeudarse.
El saldo presupuestario, sin embargo, puede presentar también una situación de déficit estructural, que es aquel que no depende de la fase del ciclo en la que se encuentra la economía, sino que persiste a largo plazo, lo que dificulta el desarrollo económico del país, ya que el Estado ha de endeudarse y la carga por el pago de intereses es cada vez mayor. En casos de altos niveles de déficit presupuestario el Estado tendrá que realizar políticas de ajuste, que consisten en un incremento de los ingresos, especialmente por la vía de los impuestos, y una disminución del gasto, que evidentemente conlleva una reducción de los bienes y servicios públicos que recibe el ciudadano. Por lo tanto, estas políticas de ajuste suelen ser impopulares, ya que suponen, por una parte, una mayor carga impositiva para empresas y familias y, por otra una disminución de la calidad de los servicios públicos recibidos por el ciudadano, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc. Letras del Tesoro. Se trata de títulos que emite el Estado con un período de duración desde que se emite el título hasta su vencimiento, entre tres y 18 meses. A diferencia del resto de títulos, las letras del Tesoro se emiten al descuento, es decir, el inversor paga una cantidad inferior a 1000 euros en el momento de adquisición del título, recibiendo 1000 euros en el momento de la amortización. El precio de compra se establece por subasta, y dependerá de la demanda.
Son aquellos títulos que el Estado emite por un período entre tres y cinco años. Son títulos de renta fija, ya que el inversor sabe los intereses que cobrará anualmente (son los llamados cupones ). En el momento del vencimiento se recibe el nominal del título más el último cupón de intereses.
Son títulos emitidos por el Estado a largo plazo. Tienen un vencimiento comprendido entre diez y treinta años, habiendo llegado en ocasiones a emitirse títulos amortizables a los cincuenta años. El funcionamiento es igual que el de los bonos. La emisión de deuda pública por parte del Estado compromete los presupuestos de los años siguientes, ya que una parte de los gastos tendrán que destinarse a asumir los compromisos que esta deuda supone, es decir, su devolución y el pago de los correspondientes intereses. Esto es dinero que no se puede destinar a otros fines. En 2007, con una deuda del 35 % del PIB, los intereses representaban un 4 % de todo el gasto público. En 2014 se súperó el 10 %, y en la actualidad, aunque se ha reducido, se afronta la crisis de la COVID-19 sabiendo que este porcentaje puede volver a crecer. Cuanto mayor sea la deuda del Estado, menor será su capacidad para intervenir en la economía en momentos de recesión, en los que hace falta aplicar una política fiscal expansiva, que supone aumentar el endeudamiento. Si la deuda de un país es elevada, disminuye su solvencia, es decir, su capacidad para devolverla. Los acreedores exigirán un tipo de interés más alto para compensar el riesgo que supone adquirir deuda pública, con lo que los gastos financieros del Estado se incrementarán más todavía. Cuando el Estado emite deuda pública con una alta rentabilidad para el inversor, se produce el llamado efecto expulsión o efecto crowding out.** Las empresas privadas son expulsadas del mercado financiero, ya que no pueden competir con la deuda pública. Eso disminuye su capacidad de inversión, ya que les es difícil conseguir financiación, que es acaparada por el sector público. Este descenso de la inversión, evidentemente, compromete el crecimiento económico y la generación de empleo. A medida que aumentan los intereses que hay que pagar por la deuda, los gobernantes han de incrementar los ingresos para no generar más déficits, que llevarían a una mayor deuda. Con el fin de salir de esta espiral, en ocasiones se opta por la solución de incrementar los impuestos, lo que supone un freno para el consumo y el crecimiento económico. Al referirnos a la deuda pública, cada vez se utiliza más la expresión legado intergeneracional.
Significa que la deuda contraída en la actualidad la acabarán pagando las generaciones futuras. Hay quien incluso habla de que hemos entrado en una situación de deuda perpetua.La curva de Lorenz es una representación gráfica de la distribución de la renta en un determinado territorio. En el eje de abscisas se colocan los porcentajes acumulados de población y en el eje de ordenadas los porcentajes acumulados de renta. El 0 % de la población, como es lógico, tendrá el 0 % de la renta, por lo tanto partimos del origen de coordenadas. Igualmente, el 100 % de la población tendrá el 100 % de la renta.
La debilitación de la clase media supone un freno para las expectativas de crecimiento económico de un país. Muchas familias se han empobrecido por el aumento del paro y la reducción de las ayudas sociales. Con el empobrecimiento de una gran masa social, muchos jóvenes ven dificultado el acceso a estudios que, aunque sean públicos, suponen el pago de unas tasas cada vez más altas. La incidencia de ciertas enfermedades y la mortalidad aumentan con la disminución del nivel de vida de la población porque es más difícil acceder a una asistencia sanitaria de calidad, la alimentación es deficiente, etc. La falta de unos ingresos estables a gran parte de la población puede conducir a un incremento de la delincuencia y a otros problemas sociales.
Consiste en un sistema impositivo en el que a las rentas más altas y a las grandes fortunas se les aplique un tipo impositivo mayor, y así contribuyan en mayor medida a la financiación del gasto público.
Son ayudas en forma de subsidios, pensiones, becas, etc. Por parte del Estado, favoreciendo a aquellos sectores de la población más desprotegidos económicamente.
El Estado ha de ofrecer estos bienes y servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades en materia de educación, sanidad, justicia, etc.